En este discurso de 1997 de Hans-Hermann Hoppe, ahora disponible como libro electrónico del Instituto Mises bajo el título Lo que hay que hacer, Hoppe presenta un plan de acción para los anarcocapitalistas contra el Estado moderno.
Hoppe comienza examinando la naturaleza del Estado como «un monopolio de la defensa y la provisión y aplicación de la ley y el orden». Como todos los monopolios estatales, el monopolio de la aplicación de la ley también conduce a precios más altos y a una menor calidad de los servicios. ¿Por qué se tolera este estado de cosas? Los Estados democráticos modernos, mucho más que las monarquías y los Estados principescos de antaño, se consideran morales y necesarios a pesar de las abundantes pruebas de lo contrario.
En este análisis inicial, encontramos mucho de lo que Hoppe acabó ampliando en su libro de 2001 Democracia: el dios que falló, que desmonta sistemáticamente los argumentos modernos a favor del Estado democrático.
En la parte final de su discurso, Hoppe pasa a discutir cómo un partidario moderno de la libertad podría actuar para contrarrestar la marcha de la centralización y la destrucción de la propiedad, la cultura, el aprendizaje y las jerarquías sociales naturales.
Una revolución de abajo a arriba
Para acabar, la explicación detallada del significado de esta estrategia revolucionaria de abajo arriba. Para esto, volvamos a mis anteriores comentarios acerca del uso defensivo de la democracia. Es decir, el uso de medios democráticos para libertarios no democráticos a favor de la propiedad privada. He llegado ya aquí a dos ideas preliminares.
Primero, de la imposibilidad de una estrategia arriba-abajo, se deduce que se debería emplear poca o ninguna energía, tiempo y dinero en disputas políticas nacionales, como las elecciones presidenciales. Y tampoco en disputas por el gobierno central, en particular, menos esfuerzos en carreras senatoriales que al Congreso, por ejemplo.
Segundo, de la idea del papel de los intelectuales en la conservación del sistema actual, la presente extorsión de protección, se deduce que igualmente se debería emplear poca o ninguna energía, tiempo y dinero tratando de reformar la educación o la universidad desde el interior. Por ejemplo, dotando de cátedras de libre empresa o propiedad privada dentro del sistema universitario establecido, solo se ayuda a dar legitimidad a la misma idea a la que intentamos oponernos. La educación oficial y las instituciones de investigación deben dejar de financiarse y secarse sistemáticamente. Y para hacerlo, todo apoyo a la obra intelectual, como tarea esencial de esta tarea general que afrontamos, debería por tanto darse a instituciones y centros decididos a hacer precisamente esto.
Las razones para ambos consejos son claras: ni la población en su conjunto ni todos los educadores e intelectuales en concreto son ideológicamente completamente homogéneos. Y aunque sea imposible conseguir una mayoría para un programa decididamente antidemocrático a escala nacional, no parece que sea una dificultad insuperable obtener dicha mayoría en distritos suficientemente pequeños o para funciones locales o regionales dentro de la estructura general del gobierno democrático. De hecho, no parece haber nada irrealista en suponer que esas mayorías existan en miles de ubicaciones. Es decir, ubicaciones dispersas en todo el país, pero no dispersas por igual…
¿Pero qué pasa entonces? Todo lo demás resulta casi automáticamente del objetivo final, que debe mantenerse permanentemente en mente, en todas las actividades: la restauración de abajo arriba de la propiedad privada y el derecho a la protección de la propiedad; el derecho de autodefensa, a excluir e incluir y a la libertad de contratación. Y la respuesta puede dividirse en dos partes.
Primero, qué hacer dentro de estos muy pequeños distritos, en los que pueda ganar un candidato a favor de la propiedad privada y de personalidad antimayoritaria. Y segundo, qué hacer con los niveles superiores del gobierno y especialmente con el gobierno federal central. Primero, como paso inicial, me refiero ahora a lo que debería hacerse a nivel local, cuál debería ser el asunto esencial del programa: debe intentar restringir el derecho de voto en impuestos locales, en particular en impuestos y regulaciones de la propiedad, a los dueños de propiedades e inmuebles. Solo debe permitirse votar a los dueños de propiedades y su voto no ha de ser igual, sino de acuerdo con el valor de la propiedad y la cantidad de impuestos pagados.
Además, todos los funcionarios (maestros, jueces, policías) y todos los receptores de ayudas sociales deben quedar excluidos de votar sobre asuntos de impuestos y regulaciones locales. Esta gente está pagada con impuestos no debería tener nada que decir respecto de los altos que sean estos. Con este programa, por supuesto, uno no puede ganar en todas partes: no puedes ganar en Washington DC con un programa como este. Pero me atrevo a decir que en muchos lugares esto puede conseguirse fácilmente. Estas ubicaciones tienen que ser suficientemente pequeñas y tienen que tener un buen número de gente decente.
Por consiguiente, los impuestos locales, así como el ingreso fiscal local disminuirán inevitablemente. Los valores de las propiedades y la mayoría de las rentas locales aumentarían, mientras que la cifra y los emolumentos de los funcionarios bajarían. Ahora, y este es el paso más decisivo, deben hacerse las siguientes cosas y tener siempre en mente que estoy hablando de distritos territoriales y pueblos muy pequeños.
En esta crisis de financiación pública que se produzca una vez que el derecho de voto se haya quitado a la masa, para salir de esta crisis, todos los activos públicos locales deben privatizarse. Debería hacerse un inventario de todos los edificios públicos, y al nivel local no es mucho (escuelas, bomberos, comisarías de policía, tribunales, carreteras, etc.) y luego distribuirlo a los propietarios locales de acuerdo con los impuestos pagados toda su vida (impuestos a la propiedad) que hayan abonado. Después de todo, esto es suyo, pagaron esas cosas…
Sin aplicación local por parte de autoridades locales cumplidoras, la voluntad del gobierno central es poco más que aire caliente. Pero este apoyo y cooperación locales son precisamente lo que tiene que faltar. Es verdad que mientras el número de comunidades liberadas sea menor, las cosas pueden parecer algo peligrosas. Sin embargo, incluso durante esta fase inicial en la lucha de liberación, se puede mantener la confianza.
Parecería prudente durante esta fase evitar una confrontación directa con el gobierno central y no denunciar abiertamente su autoridad o incluso abjurar del país. Más bien parece recomendable realizar una política de resistencia pasiva y no cooperación. Simplemente se deja de ayudar a la aplicación de todas y cada una de las normas federales. Se supone la siguiente actitud: «Esas son tus normas y tú las aplicas. No puedo impedírtelo, pero tampoco te ayudaré, ya que mi único compromiso es con mis electores locales…»
