Desde los primeros días de la campaña de Donald Trump, su política de inmigración ha estado centrada en gastar mucho dinero en la aplicación de medidas contra la inmigración. Desde su famoso muro en la frontera a más operaciones federales de deportación, pocos escribirían las políticas de Trump como de laissez-faire y la mayoría implican aumentar el tamaño y ámbito del gobierno.
Sin embargo, hay otras maneras de ocuparse de las preocupaciones en torno a la inmigración y no todas requieren gastar dinero de los contribuyentes.
He aquí cuatro maneras de mejorar la política de inmigración que no harían al gobierno, ni mayor, ni más intrusivo en nuestras vidas:
Una: Libre comercio, siempre
Una de las posturas más extrañas y más contraproducentes, adoptada a menudo por activistas contra la inmigración, es la oposición al libre comercio.
De lo que no se dan cuenta estos nacionalistas económicos es de que el libre comercio, que aumenta la prosperidad de todos los países implicados, ayuda a reducir el incentivo para la emigración desde el principio.
Los beneficios económicos del libre comercio son evidentes. Los países que liberalizan su comercio se hacen más ricos y los países que restringen su comercio empobrecen a sus ciudadanos.
Pero también hay beneficios sociológicos en el libre comercio. Al dedicarse al comercio, personas y comunidades pueden obtener acceso a capital, productos y servicios ofrecidos por otros en otras naciones. Por ejemplo, en el contexto de las relaciones EEUU-México, esto significa que los trabajadores y consumidores mexicanos pueden beneficiarse del capital y el know-how empresarial estadounidenses sin tener que desarraigarse, alejarse de la familia ni aprender una nueva cultura.
En el contexto de las relaciones exteriores, los defensores del libre comercio hace tiempo que han señalado que “si los bienes no cruzan las fronteras, lo harán los ejércitos”. Esto es todavía más cierto en el contexto de la inmigración: “si los bienes y servicios no cruzan las fronteras, lo harán los emigrantes”. Y el muro no será bastante para detenerlos.
Por desgracia, muchos opositores a la inmigración no entienden cómo funciona el comercio y creen que es un juego de suma cero en el que un lado gana a costa del otro. Peor aún, cuando los oponentes a la inmigración y el comercio tienen éxito en sus intentos de castigar y prohibir el comercio, solo consiguen empobrecer a todas las partes implicadas, al tiempo que crean los impulsos para flujos todavía mayores de emigración en el futuro.
Ver también:
Dos: Restringir los programas sociales
La semana pasada, el Washington Post informaba de que la administración Trump estaba planeando cambios en las políticas de inmigración que sancionarían a los inmigrantes que reciben prestaciones financiadas por gobierno:
Las normas actuales penalizan a los inmigrantes que reciben pagos sociales en efectivo, considerándolos una “carga pública”. Pero los cambios propuestos desde el Departamento de Seguridad Nacional ampliarían la definición de prestaciones del gobierno para incluir las ampliamente usadas desgravaciones del impuesto de la renta, así como las subvenciones al seguro sanitario y otras “prestaciones públicas sin uso de efectivo”.
Dado que en Estados Unidos una parte considerable de las prestaciones financiadas por los contribuyentes viene en forma de prestaciones sin uso de efectivo, este es un cambio importante. También es importante señalar que esto es aplicable a los inmigrantes legales y no a los ilegales, a los cuales ya se les prohíbe técnicamente recibir la mayoría de las prestaciones.
Para inmigrantes legales que reciban beneficios tanto en efectivo como sin efectivo, los cambios propuestos significan que a los receptores de ayudas sociales les será más difícil mantener su residencia legal en EEUU.
Los defensores de más inmigración señalan a menudo que la proporción de inmigrantes que reciben prestaciones públicas no es más alta que entre la población nativa. Es correcto, pero ¿por qué subvencionar a los inmigrantes en absoluto?
Aun así, la política de Trump podría mejorarse proporcionando una manera en la que los inmigrantes puedan sencillamente renunciar a todos los programas sociales públicos. Además, cualquier potencial emigrante que estuviera de acuerdo en renunciar a todas las prestaciones públicas debería obtener rápidamente la residencia legal. Igualmente, familias privadas, empresas y grupos sin ánimo de lucro necesitan flexibilidad para “patrocinar” inmigrantes y garantizar que los emigrantes en cuestión no reciban prestaciones públicas.
Ver también:
- “Switzerland Bans Welfare Recipients From Obtaining Citizenship”
- “Private Sponsorship of Immigrants Is a Viable Alternative”
- “A Private Solution to the Syrian Refugee Crisis”
Tres: No confundir ciudadanía con inmigración
Un aspecto problemático del debate sobre la inmigración es que a menudo se supone que los residentes legales deben también convertirse rápidamente en ciudadanos.
Es un mal supuesto, y de este no se deduce que solo porque una persona viva en un país deba concedérsele asimismo la ciudadanía de ese país. Después de todo, la ciudadanía no es un “derecho” como la propiedad privada, sino un tipo de estatus administrativo que permite a una persona influir más en el sistema político. Por supuesto, los ciudadanos pueden votar legalmente.
Relajar esta relación entre residencia y ciudadanía también rebajaría la presión política para usar el poder del estado para restringir aún más la emigración de trabajadores. Después de todo, mucho del miedo que hay detrás de las situaciones de emigración masiva (tanto en EEUU como en otros lugares) deriva del hecho de que los residentes nativos se dan cuenta de que, en muchos casos, para los nuevos residentes, es excepcionalmente sencillo obtener la ciudadanía y así obtener el derecho de voto. Por ejemplo, para la mayoría de los inmigrantes legales en EEUU, todo lo que hace falta son cinco años de residencia. En algunos casos, como el de los inmigrantes casados con ciudadanos, solo hacen falta tres años de residencia.
En lugar de buscar expandir la ciudadanía, los estados tendrían que tratar de expandir los derechos de propiedad privada a los emigrantes, de forma que la ciudadanía se convierta en bastante irrelevante. Además, un emigrante que tiene seguridad en su empleo y posesiones tiene mucha menos motivación para participar en el proceso político. Como señalaba Ludwig von Mises en su propio comentario sobre la inmigración, cuanto más laissez aire hay en un sistema político, menos relevante resulta la política en nuestra vida cotidiana.
Ver también:
- “Los inmigrantes no son los únicos que no deberían poder votar”
- “For the Dreamers: No Deportation, No Citizenship”
Cuatro: Darse cuenta de que el uso de la fuerza por el gobierno es un desastre
En lo que se refiere a la aplicación de las leyes y regulaciones sobre la inmigración, el gobierno de EEUU actúa con toda la precisión y competencia que usa en la atención sanitaria a los veteranos y la entrega del correo.
En lo que Lew Rockwell ha llamado “la tragedia de la aplicación de la ley de inmigración”, la regulación federal de la inmigración adopta a menudo la forma de agentes federales entrando en empresas privadas, incautando propiedad privada y regulando contratos privados entre empresarios y empleados. Los agentes también amenazan a los empresarios con multas draconianas y penas de cárcel.
El resultado final es la destrucción de capital y un desincentivo para que los empresarios contraten a cualquiera. Como señala Rockwell, esto solo estimula la delincuencia:
Si los empresarios normales temen ser encarcelados de por vida, no contratarán. Y eso deja solo a empresarios marginales para hacerlo. Esto incluye operaciones con drogas, negocios oscuros irresponsables, mercados grises, redes de prostitución y otras cosas del lado más oscuro de la vida.
O el resultado podría ser ningún empleo en absoluto, lo que significa dedicarse directamente al crimen. En otras palabras, estos esfuerzos acaban por detener a la mejor parte de la inmigración y reforzar la peor. De esto le tenemos que dar las gracias al gobierno.
Además, las cuotas de inmigración establecidas por los legisladores federales son números meramente arbitrarios creados de la nada. Los planificadores federales no tienen ni idea de cuál es el número correcto de inmigrantes, ni de qué tipo de inmigrantes son los más apropiados como mano de obra. Solo los empresarios emprendedores privados pueden saber esto.
Todavía peores son los esfuerzos actuales por implantar “E-Verify” como medida contra la inmigración. Como una especie de base de datos pública de “permiso para vivir”, E-Verify puede usarse para negar el empleo en el sector privado y la vivienda a personas que no reciban el “OK” apropiado del gobierno para contratos y transacciones privados. No hace falta decir que el potencial de abuso es alarmante.
Aumentar el poder federal para planificar centralizadamente las actividades de trabajadores, empresarios y otros traería todos los inconvenientes que podemos esperar de la regulación pública.
Ver también:
- “Only the Private Sector Can Determine the “Correct” Number of Immigrants”
- “E-Verify Threatens Us All“
En definitiva, una buena pregunta que nos deberíamos hacer es si una política propuesta en relación con la inmigración aumenta o no el poder del estado o lo disminuye.
Demasiado a menudo, las “respuestas” asumidas se basan en más gasto público, más agentes públicos, más leyes, más normas y más regulación. De hecho, hay numerosas opciones que pueden implantarse en el proceso de rebajar el poder del estado. Y esto es algo bueno por sí mismo.
