Cuando viajo a Argentina, a menudo oigo a los políticos que debe aumentarse la cuña fiscal porque “los ingresos son insuficientes”.
La primera pregunta que me viene a la cabeza es qué significa “insuficientes”. El problema del déficit fiscal de Argentina no se ha generado por una baja carga impositiva, sino por una confiscatoria y excesiva.
El Informe de Competitividad Global del World Economic Forum 2017-2018 muestra que Argentina está clasificada en el número 92 de los 138 países analizados. El aspecto más preocupante es que la carga fiscal de Argentina es la más alta de las 138 economías.
Entre 2002 y 2017 la carga fiscal del país (incluyendo nación, provincias y municipios) aumentó en más de 10 puntos del PIB, mientras que la inflación (el impuesto de los pobres) también aumentó.
Estos dos factores, inflación y altos impuestos, impactan negativamente en la competitividad y en la facilidad para atraer capital, invertir y crear empleo, relegando a una nación con un enorme potencial como Argentina a las posiciones finales del índice del World Economic Forum, cuando debería estar en lo más alto.
Inflación excesiva e impuestos altos son dos factores casi idénticos que esconden un excesivo gasto público que ha actuado como freno sobre la actividad económica, ya que no se considera un servicio que la facilite, sino un fin en sí mismo. El gasto público consolidado llegó al 47,9% del PIB en 2016, una cifra claramente desproporcionada. Incluso si consideramos el gasto público primario, es decir, excluyendo el coste de la deuda, se dobló entre 2002 y 2017.
Según el ministro de trabajo, el empleo público constituye más del 11% del presupuesto y solo dos provincias tienen un porcentaje de empleo público por debajo del 30% del total. Si tomamos todas las provincias, siete tienen una fuerza laboral en el sector público que excede a la del privado (entre el 51% y el 69%) y más del 65% de las provincias tienen un porcentaje de empleo público que excede el 40% del total. El ministro de trabajo estima que más de 3,5 millones de empleos se pagan con impuestos en las administraciones nacional, provinciales y municipales, una cifra que ha aumentado en un 60% desde 2002.
No es un problema exclusivamente de empleo público. Las tres partidas con el mayor aumento en el gasto público entre 2002 y 2017 son claramente salarios, seguridad social y subvenciones al sector privado, según el ministro de finanzas. Esta tercera partida es muy relevante.
Argentina se enfrenta a un modelo que ha aumentado desproporcionadamente la carga fiscal sobre los sectores más productivos para subvencionar a los sectores con la menor productividad y paga el enorme aumento en el empleo público. Es decir, es un modelo fiscal que desanima la inversión privada no subvencionada y estimula los sectores de búsqueda de rentas. Así que no es sorprendente que el aumento en la productividad sea muy bajo y que los ingresos fiscales no mejoren, haciendo aumentar los déficits al incrementar los gastos y los ingresos fuera del presupuesto.
Como los ingresos son insuficientes y se deterioran los flujos de entrada de capital, el diferencial se financia a través de represión fiscal y monetaria e imprimiendo dinero para pagar los gastos del sector público al mismo tiempo, lo que desplaza a los sectores más productivos, desanima la actividad privada y reduce la inversión a largo plazo. Y esto no se resuelve con aumentos de impuestos.
Si nos fijamos en las economías europeas, podemos también ver cómo los aumentos de impuestos no solo no han resuelto el déficit fiscal, sino que han generado un retraso en la salida de la crisis, aumentando asimismo el endeudamiento a lo largo del proceso. Los déficits se han reducido, pero no lo suficiente, y la deuda pública excede el 89% del PIB. Un estudio del Center for European Economic Research (ZEW) advierte acerca del riesgo de pérdidas de inversiones en la Unión Europea al centrarse en mantener unos impuestos no competitivos y casi confiscatorios cuando las empresas y ciudadanos pagan hasta el 40% de su renta en impuestos directos e indirectos.
Las soluciones que se han impuesto en la mayoría las economías desarrolladas han fracasado precisamente porque implantan un modelo extractivo, que penaliza la inversión y a los sectores más productivos para sostener un excesivo gasto público.
Si nos fijamos en la tendencia global, EEUU demuestra que unos impuestos atractivos y orientados al crecimiento generan más y mejor empleo y mayores inversiones. Argentina, con la mayor carga fiscal de Latinoamérica, sufre un efecto negativo y acumulativo. Los sectores que dependen de las subvenciones y los ingresos fiscales se convierten en extractivos para la sociedad. Y la inversión productiva y el empleo privado sufren.
Todos estos equilibrios se mantienen por un exceso de liquidez y tipos bajos de interés. Pero esos factores externos cambian y, cuando lo hacen, lo hacen muy drásticamente.
Los impuestos en Argentina deberían dirigirse a mejorar las bases fiscales y aumentar la inversión productiva y el empleo privado, al tiempo que se evalúan los gastos para hacerlo sostenibles. Si no, el futuro ajuste será mucho más doloroso de lo que imaginamos.
