Un legislador del estado de Virginia Occidental planea reintroducir un proyecto de ley en la próxima sesión que requeriría que el Congreso declare la guerra o llame a la milicia estatal antes de que la Guardia Nacional de Virginia Occidental pueda ser liberada del control estatal y enviada a combate. Actualmente, como dice The Intelligencer (de Wheeling): «La autoridad para activar la Guardia recae en el gobernador de Virginia Occidental».
Pero esto no describe la realidad. Se espera que los gobernadores estatales envíen tropas de la Guardia Nacional donde y cuando el Pentágono lo ordene.
Así que, en las últimas décadas, siempre que los estados o gobernadores han intentado tener algo que decir sobre lo que el Pentágono hace con las tropas estatales, el Departamento de Defensa ha respondido con amenazas.
Por ejemplo, en el caso de la factura de McGeehan:
Los líderes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental se opusieron a la medida de «Proteger a la Guardia» y dijeron que podría haberle costado millones al estado, ya que las misiones militares se habrían postergado a otros estados si se hubiera promulgado la medida.
Según McGeehan, «Después del éxito del lunes, el ayudante general de la Guardia Nacional de Virginia Occidental (James Hoyer), junto con el jefe militar del Pentágono, trabajó agresivamente entre bastidores para matar el proyecto».
El Pentágono amenazó con retirar tanto el gasto militar federal como el material del estado, con un vocero de la Guardia Nacional diciendo:
Si se promulga, el (Departamento de Defensa de los EE.UU.) no podría contar con nosotros para ser desplegados.... Las misiones y proyectos irían a otros estados, y habría una pérdida de millones de dólares en Virginia Occidental.
Esta no es la primera vez que el Departamento de Defensa ha sobornado esencialmente a políticos estatales para que se dobleguen ante las demandas de aceptación total del estado a las demandas del Pentágono.
La revuelta de los gobernadores de 1986
A mediados de la década de los ochenta, el uso de tropas estadounidenses en Centroamérica por parte de la administración Reagan se había vuelto cada vez más controvertido. La política de la administración fue criticada por favorecer a regímenes brutales en las guerras civiles de la región. Además, a poco más de una década del final de la guerra de Vietnam, muchos estadounidenses no estaban muy entusiasmados con otra ronda de intervención militar estadounidense.
En consecuencia, muchos dentro del Partido Demócrata estaban motivados ideológica y políticamente para encontrar nuevas formas de oponerse al uso de las tropas de la Guardia Nacional en América Central por parte del Pentágono.
En un informe para el Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, el historiador Coronel James Burgess, el Coronel Reid K. Beveridge y el Teniente Coronel George Hargrove escriben:
El gobernador Joseph Brennan de Maine fue el primero en actuar. Ese año, prohibió el despliegue de 48 guardias del Ejército de Maine a Honduras. ... La declaración de Brennan fue recogida inmediatamente por varios otros gobernadores demócratas, que dijeron que rechazarían el despliegue de sus tropas o que se negarían si se les asignaba un despliegue. Los principales gobernadores fueron Michael Dukakis de Massachusetts, Madeline Kunin de Vermont, Rudy Perpich de Minnesota, Bruce Babbitt de Arizona (aunque finalmente se desplegaron guardias de Arizona), Richard Celeste de Ohio, Richard Lamm de Colorado y [Toney] Anaya de Nuevo México. Los gobernadores Mario Cuomo, de Nueva York, y Mark White, de Texas, también expresaron algunas reservas en ese momento.
Obviamente, esto fue un inconveniente para el Pentágono, que estaba acostumbrado a utilizar tropas estatales para complementar los despliegues con un mínimo de alboroto, o cualquiera de los controles y equilibrios que se supone que se utilizan en un sistema federal.
Los políticos de Washington, D.C. ciertamente consideraron la resistencia de los gobernadores como un problema significativo, y el congresista Sonny Montgomery de Mississippi lo recordó: «El general Walker me decía seis o siete meses antes de que todo esto llegara a su fin que tenían problemas con los gobernadores. Incluso el gobernador de Mississippi era reacio a dejar que las tropas entraran en América Central. Así que sabía que había un problema desarrollándose allí».
Montgomery señaló que «los comandantes del Departamento de Defensa» estaban preocupados de que las acciones de los gobernadores «afectaran la estructura de la fuerza militar». No podían enviar a la gente... [el Pentágono] sentía que si no podían usar a estos Guardias donde se los necesitaba en Centroamérica, toda la estructura de la fuerza estaba en problemas».
Además, James Webb, el secretario de defensa adjunto para asuntos de la reserva, advirtió: «La autoridad del gobernador se ha convertido en un vehículo para debatir o influenciar la política exterior.» Webb también señaló que existen precedentes históricos de que los gobernadores se niegan a enviar tropas cuando se les llama a filas, incluso en tiempos de guerra.1
La respuesta en el Congreso consistió en aprobar lo que ahora se conoce como la Enmienda Montgomery.
El Congreso fue reacio a anular totalmente la autoridad del gobernador sobre el despliegue de las tropas estatales, ya que tales poderes han sido reconocidos desde los primeros días de la república. Pero en un esfuerzo por limitar aún más estos poderes, la Enmienda establece que ningún gobernador puede retener el despliegue de una unidad debido a «la ubicación, el propósito, el tipo o el calendario de dicho despliegue».
Los gobernadores conservaron el poder de negar el despliegue si éste interfería con las necesidades de tropas del estado, tales como sofocar los disturbios civiles o proporcionar actividades de ayuda en caso de desastre.
Pero esto no terminó el debate. El 22 de enero de 1987, el gobernador Rudy Perpich de Minnesota presentó una demanda ante la Corte de Distrito de St. Paul impugnando la constitucionalidad de la Enmienda Montgomery, alegando que viola la Cláusula de Milicia de la Constitución.
Los eventos se intensifican en Ohio
Mientras Perpich v. el Departamento de Defensa se dirigía hacia la Corte Suprema de los Estados Unidos, la controversia entre el Pentágono y los gobernadores alcanzó su punto más tenso en Ohio.
En 1987, el Pentágono ordenó al general adjunto de la Guardia Nacional de Ohio que desplegara equipos de inspección e ingeniería en Honduras a principios de 1988. El gobernador Richard Celeste intervino y ordenó a la Guardia que no se desplegara. Dado que el ayudante general del estado responde al gobernador como su comandante en jefe, la Guardia declinó la orden del Pentágono.
El Departamento de Defensa respondió jugando duro.
El personal del Departamento de Defensa comenzó a desarrollar un plan para retirar todas las unidades de la Guardia Nacional de Ohio, excepto una sola. Específicamente:
la Guardia de Ohio subestimó enormemente lo que [el Teniente General en Jefe de la Oficina de la Guardia Nacional Herbert R.] Temple tenía en mente para ellos. Al parecer, la mayoría de ellos creían que iban a perder el cuartel general de la brigada de ingenieros (incluido un oficial general como comandante) y tal vez los batallones de ingenieros subordinados. Ninguno, sin embargo, soñó (al parecer) que la Guardia Nacional de Ohio podría desaparecer en un período de unos pocos meses, excepto la 73ª Brigada de Infantería. Y, en particular, que la Guardia Nacional Aérea de Ohio dejara de existir.
El propósito principal de todo esto era utilizar el poder financiero del Pentágono para sacar recursos del estado, reduciendo así los ingresos estatales y la actividad económica generada por el gasto federal dentro del estado. Los medios de comunicación locales comenzaron a publicar historias sobre cómo la mudanza llevaría a la pérdida de empleos.
Además, el movimiento del Pentágono habría forzado al estado a financiar todas sus propias unidades restantes de la Guardia Nacional. El proyecto de ley habría sido de 256 millones de dólares.
Eventualmente, el gobernador cedió, y la Guardia Nacional de Ohio se desplegó según lo deseaba el Departamento de Defensa.
En 1990, la Corte Suprema de los Estados Unidos se puso del lado del Departamento de Defensa y dictaminó que la Enmienda Montgomery era vinculante.
Por el momento, el asunto está resuelto.
Por qué el Pentágono tiene tanto poder sobre las tropas estatales
Hoy, cuando se menciona la cláusula de milicia de la Segunda Enmienda, no es raro escuchar la afirmación de que «la Guardia Nacional es la milicia».
Esto estira la verdad, por no decir más.
La actual Guardia Nacional no se parece en nada a las milicias estatales independientes que existieron durante todo el siglo XIX hasta la aprobación de la Ley de la Milicia de 1903. Antes de la ley de 1903, las milicias estatales eran financiadas principalmente por el estado y no estaban integradas en la estructura militar del gobierno federal, excepto en tiempos de guerra declarada.
La Ley de Milicia creó un nuevo tipo de «milicia» que sustituyó el viejo modelo descentralizado por un nuevo sistema en el que las unidades de la Guardia Nacional estatal debían recibir financiación federal y ser integradas en el ejército nacional como una fuerza de reserva permanente.
Pero incluso después de 1903, la Guardia Nacional del estado mantuvo un alto grado de independencia en comparación con la actualidad. Esto se vio aún más erosionado por la Ley de Defensa Nacional de 1916, que permitía a la Guardia Nacional Unida desplegarse fuera de sus propios estados (e incluso fuera del país) por períodos de tiempo mucho más largos de lo que se había permitido anteriormente. La Ley de 1916 aumentó aún más la financiación federal (y por lo tanto el control federal) de las unidades de la Guardia Nacional.
Otro cambio importante se produjo en 1933. En ese momento, se aprobaron nuevas enmiendas a la Ley de Defensa Nacional que hicieron que los miembros de las unidades de la Guardia Nacional fueran miembros tanto de la Guardia Nacional de su estado como de las fuerzas armadas federales.
A lo largo de las décadas siguientes se produjo una mayor integración, que culminó con la adopción de la «Política de Fuerza Total» en 1970. Según Burgess, et al., esto significó que las unidades de la Guardia Nacional se «entretejieron completamente en la estructura del establecimiento de la Defensa».
Para 1986, la idea de una Guardia Nacional estatal independiente estaba casi muerta. Como hemos visto, algunos gobernadores trataron brevemente de revivir la idea, pero fue rechazada por los tribunales y por el inmenso poder del Pentágono sobre los recursos militares dentro de cada estado.
Esto no quiere decir que los gobiernos estatales, si así lo quisieran, no podrían ser una molestia para el Pentágono. Las amenazas del Departamento de Defensa contra West Virginia en el caso del proyecto de ley McGeehan ayudan a ilustrar esto.
El Pentágono está acostumbrado a que los gobernadores de los estados pregunten «¿hasta dónde?» Pero el Pentágono tiene un as en la manga en caso de que los políticos estatales se vuelvan engreídos. El Pentágono simplemente amenazará con retirar millones de dólares en gastos de cualquier estado que se niegue a cumplir inmediatamente.
Mientras la mayoría de los estadounidenses acepten alegremente las nuevas guerras e invasiones que el Pentágono planea, esta estrategia probablemente seguirá funcionando.
- 1Durante la guerra de 1812, los estados de Connecticut y Massachusetts se negaron a responder a las demandas federales de tropas estatales. Durante la Guerra Civil, el gobernador de Kentucky (que se había negado a separarse), sin embargo, retuvo las tropas del servicio federal. Esto se revirtió cuando los políticos pro-Lincoln tomaron el control del gobierno del estado.
