[Esta es la primera de una serie en tres partes sobre la acción policial. Ver Parte dos y Parte tres.]
El debate acerca de la muerte de Philando Castile ha iniciado un debate acerca de la forma en que la policía, en general, trata a menudo pequeñas faltas con bajas penas con una fuerza a menudo abrumadora. En el caso de Castile, la polémica versa en parte sobre si estaba detenido o no como sospechoso de un crimen real (como robo a mano armada) o si fue detenido y acosado por una infracción menor no violenta, como posesión de drogas o un faro trasero roto.
La gente sabe instintivamente que hay una diferencia real entre ambas situaciones. Además, cabe suponer que, en el caso de robo a mano armada, alguien habría requerido realmente los servicios de la policía, mientras que es extremadamente improbable que ningún ciudadano se haya quejado o se haya visto dañado por un faro trasero roto o por poseer marihuana. Si resultara cierto que Castile fue en realidad detenido por una pequeña infracción, entonces que se llegara a una situación en la que este muriera por un disparo podría considerarse como algo completamente innecesario e innecesariamente violento.
Pero, por supuesto, no necesitamos el caso de Castile para demostrar lo que queremos decir. Todos los días se detiene a gente por parte de la policía por lo que deberían considerarse como actividades pacíficas no criminales. Pero esas situaciones a menudo se convierten en confrontaciones tensas e incluso en algunos casos en interacciones violentas.
No tiene por qué ser así.
La policía no siempre patrulla áreas en busca de gente a arrestar
La vigilancia moderna es en buena parte una invención del siglo XIX y, antes de las fuerzas policiales modernas, a los agentes del estado se les llamaba solo por episodios de agitación social general.
Antes de la época de las patrullas modernas de policía, los agentes estatales (a menudo un oficial similar a un sheriff) se usaban principalmente para obligar a los acusados a acudir a un tribunal cuando otro ciudadano había presentado una demanda en un tribunal contra esa persona, normalmente para reclamar una indemnización por algún daño infligido. No fue hasta el siglo XX que los agentes policiales empezaron a patrullar rutinariamente una zona en busca de lugares en los que intervenir. En Estados Unidos, por ejemplo, como señala Jack Greene, «el servicio policial americano se concebía como una fuerza reactiva, no como una fuerza preventiva de interdicción. (…) La policía de Estados Unidos existía para proveer ayuda a solicitud, no para intervenir proactivamente en la vida de la comunidad».
En Inglaterra, la tradición de que la acción legal solo empieza en respuesta a una demanda privada es muy antigua y se espera que los agentes de la ley actúen solo en respuesta a órdenes de los tribunales. Michael Giuliano escribe:
Desde la Inglaterra altomedieval, mucho antes de la invasión normanda de Inglaterra, las acciones criminales se planteaban por las partes privadas agraviadas. Se resolvían principalmente por indemnización o restitución y no por prisión, pena capital o incluso las peleas a sangre que eran comunes en buena parte de Europa. Para la mayoría de los crímenes, se establecieron penas e indemnizaciones civiles concretas. (…) El papel afirmativo de la víctima o familiar más cercano iniciaba el proceso legal. Los crímenes especialmente crueles que requerían más que el “mero” homicidio intencional, se excluían a menudo del ámbito de la indemnización compensatoria. Respecto de los procesos, los jueces se nombraban para presidir los tribunales y aplicar las sentencias dictadas por los hombres libres reunidos de un distrito. Vigilancia y ley soportan los elementos de la democracia.
Este apoyo en un modelo basado en la indemnización privada continuó hasta finales del siglo XIX y fue defendido ardientemente por muchos ingleses bajo la presunción de que un cambio hacia la persecución «pública» (persecución iniciada por el propio Estado) llevaría a una destrucción de las libertades civiles inglesas. Giuliano continúa:
La transición formal de la acusación privada a la pública en Inglaterra no se produjo hasta 1879 y pasaron años antes de que se pudiera implantar en la práctica. La aristocracia inglesa había sido por mucho tiempo sospechosa de tanto un sistema de acusación pública como de las fuerzas policiales profesionales.
De hecho, la iniciación privada de acusación penal en Inglaterra era una curiosidad para sus visitantes. Entre ellos estuvo el jurista francés Charles Cottu, quien, como muchos, desconocía los “argumentos tradicionales de los caballeros ingleses con una acusación policial y estatal”, según el historiador legal Douglas Hay. Aquellos ingleses, creían, según dice Hay, que el poder de las instituciones acusatorias podría llevar a «una policía política sirviendo a la Corona». Esta oposición a la acusación pública ha sido aludida por el profesor Bruce P. Smith como un ejemplo del «compromiso tradicional [de Inglaterra] con las libertades civiles».
Evidentemente, hoy vemos pocas trazas de un sistema legal que siquiera se parezca al sistema inglés del derecho común que se basaba en la existencia de una víctima real para que tuviera lugar un crimen. Hoy la policía patrulla vecindarios activamente buscando a potenciales infractores, aunque nadie haya requerido el «servicio».
En respuesta, esto ha llevado a algunos observadores a sugerir que la policía debería de funcionar por el contrario siguiendo un «modelo departamento de bomberos», en el que respondería solo a quejas reales, en lugar de buscar «infractores» por sí misma.
Indudablemente, esto podría ser un paso en la dirección correcta, pero el mayor problema está en el hecho de que no solo pueden iniciarse arrestos y persecuciones en ausencia de ninguna queja o víctima, sino en que la lista de crímenes y faltas por los que puede arrestarse y encarcelarse a una persona se ha hecho desastrosamente larga.
Todo enfrentamiento con la policía es una oportunidad para el arresto y la acusación policial
Solo una pequeña minoría de los tratos policiales diarios son con crímenes violentos. Por ejemplo, en 2014, de 11.205.833 arrestos en toda la nación (en EEUU), 498.666 fueron por crímenes violentos y 1.553.980 por crímenes contra la propiedad.
Esto significa un 82% de arrestos realizados por algo distinto a crímenes violentos o contra la propiedad.
Además, muchas de estas infracciones no violentas, como uso de drogas, ebriedad, portar un arma blanca ilegal u otras infracciones que deberían considerarse como pequeñas faltas pueden llevar a mucho tiempo de cárcel o prisión, así como a serias multas y ganancias perdidas.
Por ejemplo, la muy publicitada muerte de Eric Garner a manos de agentes de policía fue un altercado provocado por la venta de cigarrillos de contrabando. Los agentes de policía que mataron a Freddie Gray en custodia en Baltimore afirmaron más tarde que el arresto era necesario porque Gray portaba una navaja que infringía las ordenanzas municipales.
Y además están los incontables casos de personas que no son delincuentes que han sido detenidos, registrados, arrestados y encarcelados por pequeñas faltas relacionadas con drogas, como su posesión.
De hecho, los departamentos de policía gastan una inmensa cantidad de tiempo y recursos en estas infracciones no violentas. En su libro, The Challenge of Crime, Henry Ruth y Kevin Reitz observan:
Sí sabemos que el intento de contener la oleada de drogas ilegales ha sido enorme… y caro. A nivel local, el 93% de las policías de condado y el 83% de las municipales con más de un centenar de agentes tenían una unidad de narcóticos a tiempo completo, igual que el 60% de las policías estatales y casi el 70% de los departamentos de sheriffs. Solo en la ciudad de Nueva York en 1997 se reportaron más de 2.500 agentes de policía dedicados a unidades y fuerzas de trabajo de narcóticos. Más del 90% de todas estas policías recibieron dinero y propiedades incautadas a vendedores de drogas para su uso en operaciones de cumplimiento de la ley. (…)
Las policías estatales y locales hicieron aproximadamente 1,6 millones de arrestos por infracciones por abuso de drogas en 2000, cuatro quintos de ellos por posesión de drogas. (…) Y en 1998, el 35% de los delincuentes convictos en tribunales estatales lo fueron por infracciones relacionadas con drogas.
En Gangs and Gang Crime, Michael Newton informa: «En 1987, las infracciones por drogas produjeron un 7,4% de todos los arrestos americanos, casi doblándose hasta el 13,1% en 2005».
Como señalan Ruth y Reitz, hay incentivos financieros para que las policías persigan a los infractores relacionados con las drogas. La naturaleza de estas infracciones también da a la policía más razones para hacer arrestos en general. Como explicaba Lawrence Travis en Introduction to Criminal Justice:
Con un creciente énfasis en los crímenes relacionados con las drogas. Agentes y agencias del sistema judicial han descubierto infracciones que han estado presentes durante años. Como las infracciones relacionadas con las drogas no se habían reportado en el pasado, Zeisel (1982) señalaba que presentaban una oferta casi ilimitada de trabajo para la policía. Cambiar la percepción pública de la gravedad de las infracciones relacionadas con las drogas ha apoyado un mayor esfuerzo en contra de las mismas.
[Peter] Kraska observaba que, con los delincuentes de las drogas, la policía “puede intentar detectar activamente crímenes relaciones con drogas, frente a crímenes violentos y contra la propiedad, para los cuales tienen pocas alternativas, salvo reaccionar ante denuncias”. Así que el volumen de delincuentes de drogas entrando en el sistema judicial es más un producto de la actividad policial que el de los delincuentes violentos o contra la propiedad. La presión política para tratar las infracciones relacionadas con drogas más seriamente, unido a dar incentivos como beneficiarse de la incautación de propiedad de los infractores, estimula una acción policial más agresiva.
En otras palabras, en lugar de reaccionar a denuncias sobre crímenes violentos o crímenes contra la propiedad, las infracciones relacionadas con drogas proporcionan a la policía oportunidades ilimitadas para registrar, interrogar y arrestar a sospechoso por cualquier tipo de infracciones relacionada con ellas. Además, si la policía trata de detener y registrar a una persona y esta no coopera, entonces aquella puede justificar un arresto por «resistirse al arresto» o alguna infracción similar si no se encuentran drogas.
Los arrestos a su vez impulsan la carrera de un agente de policía, aunque haya dedicado poco tiempo a investigar crímenes violentos o a recuperar propiedad robada.
Los resultados de este énfasis entre los agentes de la ley pueden verse en los datos de encarcelamiento. Erinn Herbermann y Thomas Bonczar informan de que, de los 3.910.647 adultos en libertad provisional en EEUU afínales de 2013, el 25% (aproximadamente 977.662 personas) tenían una acusación relacionada con drogas como crimen más grave.
Según el Justice Policy Institute: «aproximadamente la cuarta parte de esas personas en prisiones y cárceles de EEUU ha sido condenada por crímenes relacionados con drogas. Estados Unidos encarcela a más gente por este tipo de crímenes que cualquier otro país. Con una estimación de 6,8 millones de americanos luchando contra la dependencia y el abuso de drogas, el crecimiento de la población reclusa continúa estando motivado principalmente por la encarcelación por infracciones relacionadas con drogas».
Consecuentemente, más de una quinta parte de los prisioneros (el 21%) en prisiones estatales están ahí por infracciones relacionadas con drogas, mientras que más de la mitad (el 55%) de los prisioneros en prisiones federales están ingresados por las mismas razones. Esto no incluye a los infractores en cárceles de condado por sentencias más cortas.
Los efectos de un código penal expansivo sobre las interacciones policía-sospechoso
Los efectos de estas tendencias deberían ser predecibles.
Imaginemos, por ejemplo, un mundo en el que solo los crímenes que signifiquen largos plazos de prisión o grandes multas fueran los crímenes violentos o contra la propiedad. Evidentemente, en este caso, el rango de acción disponible para la policía se reduciría enormemente y los ciudadanos detenidos por la policía tendrían que preocuparse poco con respecto a sentencias duras de cárcel. La posesión de una navaja automática o de cierto tipo de cigarrillo preocuparía poco a la policía o al sospechoso. Aunque los políticos no legalizaran estas actividades sino solo las despenalizaran, sería mucho más probable que en las interacciones policía-ciudadano temieran solo una denuncia y multa en lugar de entrar en prisión por cualquier infracción que no implique robo, fraude, violencia o destrucción de la propiedad.
Cuando los sospechosos saben que es improbable que sean arrestados o afronten una acusación criminal grave, es improbable que entren en pánico y se resistan a la policía de una manera que lleve a un aumento en la violencia.
Además, dada la relativa rareza del crimen real frente a las infracciones por crímenes relacionados con drogas y otras pequeñas faltas, la policía se vería obligada a concentrar sus esfuerzos en el crimen violento y contra la propiedad.
Después de todo, dada la realidad de recursos escasos para cualquier empeño, incluyendo la vigilancia, el coste de oportunidad de perseguir infracciones relacionadas con drogas lleva a dedicar menos recursos policiales a recuperar propiedad robada y perseguir a delincuentes violentos.
Contrariamente a las afirmaciones poco serias y absurdas de que la policía «aplica todas las leyes», esta usa constantemente su discreción con respecto a cuáles aplicar y cuáles no. Las leyes que se aplican son a menudo leyes que pueden llevar a beneficios para el departamento de policía —como leyes relacionadas con drogas que lleven a la incautación de activos— o leyes que puedan llevar a arrestos sencillos —como mendicidad y otras pequeñas faltas— lo que mejora el historial de arrestos de los agentes de policía.
Si queremos ser serios con respecto a rebajar el grado de las interacciones policiales con la gente que puedan llevar a escaladas de violencia, debemos primero rebajar en número de infracciones que puedan llevar a multas y encarcelamientos graves a personas normales, trasladando la concentración de esfuerzos policiales hacia el crimen violento y contra la propiedad. El énfasis debe volver a crímenes que tengan víctimas reales y que sean denunciados por ciudadanos buscando propiedad privada y criminales violentos. Esto no solo aumentaría el valor de la vigilancia, sino que también mejoraría las relaciones con la mayoría de la gente, al tiempo que reduciría el impacto del estado sobre las vidas de la gente común.
