El próximo mes de enero, Alabama se convertirá en el 25º estado en permitir la portación de armas ocultas sin permiso. Alabama se unirá pronto a Indiana, que en marzo de este año aprobó una nueva ley que permite la portación oculta sin permiso en ese estado, a veces llamada «portación constitucional». Sólo en 2021, al menos seis estados aprobaron sus propias disposiciones para legalizar la portación oculta sin permiso: Arkansas, Iowa, Montana, Tennessee, Texas y Utah. Esencialmente, cualquier ciudadano respetuoso de la ley y mayor de cierta edad (normalmente 18 o 21 años) puede ahora llevar un arma de fuego oculta en estos estados. Hace 20 años, sólo Vermont permitía la portación oculta sin restricciones. Sin embargo, a partir de hace diez años, más de veinte estados adoptaron nuevas leyes que desregulan el porte de armas de fuego.
¿Por qué ocurre esto ahora? En su nivel más simple, estas leyes se aprueban porque los legisladores y los electores a nivel estatal han abogado por su aprobación. Además, cualquier oposición que haya existido entre los grupos de interés y el público ha sido insuficiente para bloquear su aprobación.
En un nivel ideológico más profundo, el aumento del acceso a la portación oculta es probablemente el resultado de un sentimiento creciente entre gran parte del público de que necesitan un mayor acceso a las armas de fuego para su autoprotección. En otras palabras, la difusión de la portación constitucional apunta a un sentimiento creciente de que las autoridades estatales y locales son insuficientes para proporcionar una expectativa razonable de seguridad frente a la delincuencia violenta, y que la autodefensa privada es por tanto más necesaria ahora que en el pasado.
Además, muchas de estas leyes que amplían el acceso a la portación oculta se han aprobado a pesar de las objeciones de las fuerzas del orden locales. Las organizaciones policiales han sido las que más se han opuesto a las nuevas medidas de portación constitucional, pero los legisladores republicanos -un grupo que a menudo se complace en anunciar lo mucho que «apoya a los azules»- han aprobado estas leyes de todos modos. Una cosa es apoyar a los agentes de la ley en un nivel filosófico vago, por supuesto, pero la continua difusión del porte constitucional sugiere que este apoyo tiene límites incluso entre los conservadores. Más bien, la aprobación de estas leyes sugiere una creciente falta de fe en que incluso las fuerzas del orden bienintencionadas puedan o vayan a proporcionar una defensa significativa frente a los criminales violentos cuando llegue el momento.
Disminución de la fe en las instituciones
Los datos de la encuesta siguen apuntando a la disminución de la fe de los ciudadanos en las instituciones públicas, y esto incluye a las fuerzas del orden y al sistema judicial. A medida que disminuye la fe en estas instituciones, aumenta naturalmente la necesidad percibida de proporcionar la propia defensa. Como dice un sociólogo, el «cinismo legal» conduce a una mayor demanda de «posesión de armas de protección» y «los niveles más bajos de legitimidad policial están significativamente relacionados con una mayor probabilidad de adquirir un arma de fuego para protegerse».
En los peores casos, esto puede llevar incluso a la «auto-ayuda» extralegal con un arma de fuego, y este fenómeno ha sido explorado por el historiador Randolph Roth, quien señala que la disminución de la percepción de la legitimidad del Estado puede conducir a altas tasas de delitos violentos. Es decir, cuando el público cree que la coerción oficial será insuficiente para frenar la delincuencia, los ciudadanos particulares pueden sentir la necesidad de tomar el asunto en sus propias manos.
Además, los datos sobre delincuencia sugieren en algunos casos una correlación entre la posesión de armas y los altos niveles de delincuencia. Los defensores del control de armas interpretan naturalmente esta correlación como una prueba de que la presencia de armas es la causa de más delitos. Sin embargo, lo más probable es que la causalidad vaya en la otra dirección: el aumento de la delincuencia hace que más personas se armen. En cualquier caso, los estudios estadísticos no son suficientes para demostrar la causalidad, como señala un estudio de la Rand sobre la violencia armada:
No está claro si [la correlación entre las armas y la delincuencia] es atribuible a que la prevalencia de las armas provoca más delitos violentos. Si la gente es más propensa a adquirir armas cuando los índices de criminalidad están aumentando o son altos, entonces se esperaría el mismo patrón de evidencia. ... los estudios y datos de investigación existentes incluyen una gran cantidad de información descriptiva sobre el homicidio, el suicidio y las armas de fuego, pero, debido a las limitaciones de los datos y métodos existentes, no demuestran de forma creíble una relación causal entre la posesión de armas de fuego y las causas o la prevención de la violencia criminal o el suicidio.
Y, como concluyó un estudio de Nueva Jersey tras encuestar a jóvenes residentes en zonas de alta criminalidad,
La mayoría de los participantes dijeron que llevaban armas para aumentar su sensación de seguridad. «Tenían la creencia generalizada de que podían ser víctimas en cualquier momento, y las armas les servían para protegerse de las amenazas reales o percibidas de otros portadores de armas».
La necesidad percibida de protección personal es probablemente más urgente e inmediata en las zonas de alta criminalidad, pero el sentimiento no es ciertamente exclusivo de estas zonas. Los defensores de la ampliación de la portación oculta en las zonas suburbanas y rurales invocan con frecuencia la necesidad de protección personal frente a los delitos violentos como justificación de nuevas leyes que amplíen el derecho a la portación en casi todas las situaciones.
Leyes aprobadas con la oposición de la policía
Aunque muchos policías individuales apoyan la posesión de armas casi sin trabas por parte de los ciudadanos respetuosos de la ley, muchos otros no lo hacen. En el caso de la batalla legislativa de Alabama sobre la portación sin permiso, por ejemplo, «los proyectos de ley han sido rotundamente criticados por la policía y los defensores del control de armas, que argumentan que la eliminación de los permisos supone un riesgo para la seguridad de los ciudadanos y los agentes». El jefe de la Asociación de Alguaciles de Alabama quiere cambiar la Segunda Enmienda para prohibir totalmente la portación oculta. Y en otros lugares «Algunos de los más ruidosos opositores a las leyes de portación sin permiso son los policías. Se manifestaron en Indiana, Texas y Kentucky, pero eso no impidió que los legisladores aprobaran leyes de «porte constitucional». En Georgia, muchos agentes de la ley expresaron su oposición a la portación oculta, para alegría del partido demócrata del estado. En Ohio, el porte constitucional ha contado con la oposición de la Orden Fraternal de la Policía, el sindicato público que proporciona abogados gratuitos a los policías abusivos e incompetentes. Incluso en las asambleas legislativas controladas por los Republicanos —donde el apoyo a la policía es elevado— los esfuerzos de la policía por acabar con la portación oculta han fracasado repetidamente.
La continua propagación del porte constitucional está, por supuesto, relacionada con el aumento que hemos visto hacia una mayor propiedad privada de armas en general. Por ejemplo, los americanos en 2020 y 2021 se embarcaron en lo que la CNN denomina una «carrera de compra de armas» y esto incluyó un aumento del 58% en la compra de armas en 2021 entre los hombres y mujeres negros. Las violentas y destructivas protestas «mayoritariamente pacíficas» expusieron la limitada capacidad de las fuerzas del orden para hacer mucho más que proteger la propiedad del gobierno durante los períodos de disturbios. Tras los cierres, que clausuraron instituciones sociales vitales como iglesias y escuelas, la delincuencia se disparó en los EEUU, y no sólo en los lugares «habituales», como los núcleos urbanos. La legitimidad de la policía también sufrió un duro golpe con el abyecto fracaso de las fuerzas del orden locales, estatales y federales en el tiroteo de la escuela de Uvalde en mayo de este año. Los agentes que optaron por no hacer nada mientras los niños eran masacrados probablemente no se enfrentarán a ninguna repercusión legal seria, y esto pondrá aún más de relieve que los agentes de policía no tienen ninguna obligación legal de proteger realmente al público de los delitos violentos.
No es de extrañar que la portación oculta sin permiso siga ganando terreno en los estados americanos. En el pasado, muchos americanos se limitaban a confiar en que el régimen proporcionara «ley y orden». Pero parece que ese sentimiento es cada vez más raro.
