Alfie Evans, de veintitrés meses, murió el sábado en un hospital británico. Aunque la causa oficial de la muerte fue una enfermedad degenerativa cerebral, Alfie puede considerarse asesinado por el sistema sanitario y los tribunales británicos. Los doctores en el hospital que trataban a Alfie decidieron desconectar su soporte vital contra la voluntad de sus padres. El tribunal nos solo apoyó la autoridad de los doctores por encima de los deseos de los padres, sino que rechazó permitirles llevar a Alfie al extranjero para tratarlo.
Al mantener la autoridad del gobierno sustituyendo con su juicio el de los padres de Alfie, el tribunal sigue los pasos de los autoritarios a lo largo de la historia. Desde Platón, los defensores del gran gobierno han tratado de poner al gobierno al cargo de criar a los niños. El autoritarismo de un sistema en el que los “expertos” pueden imponerse a los padres se ve acrecentado por una advertencia policial de que estaban “monitorizando” los posts en las redes sociales con respecto a Alfie.
El caso de Alfie no es solo un ejemplo de los peligros de permitir al gobierno usurpar la autoridad parental o de los fallos de la medicina socializada. Muestra el resultado lógico de la extendida aceptación de la idea de que los derechos son meros privilegios concedidos por el gobierno. De esta idea se deduce que los derechos pueden retirarse siempre que lo reclamen los funcionarios públicos o la voluntad popular.
Por supuesto, la mayoría de los políticos occidentales niegan creer que los derechos provengan del gobierno. Por el contrario, afirman que el gobierno debe poner límites “razonables” a los derechos para poder avanzar en objetivos políticos importantes, como limitar el derecho a la libre expresión para proteger a ciertos grupos frente a los delitos de odio o limitar los derechos de propiedad para promover la igualdad económica. Pero un derecho, por su propia naturaleza, no puede limitarse o derogarse y sigue siendo un derecho.
Este desdén por una comprensión real de los derechos se encuentra tanto entre progresistas como entre conservadores. Ambos apoyan un estado de bienestar y guerra financiado a través del robo de los impuestos de la renta y el robo indirecto de la inflación. Ambos apoyan el encarcelamiento de personas por acciones no violentas, como beber lecha cruda. Muchos políticos, independientemente de su ideología, apoyan restricciones a los derechos de los padres, como las leyes de vacunación obligatoria.
Mientras afirman apoyar el derecho a la vida, la mayoría de los progresistas modernos no solo apoyan la legalización del aborto, sino que quieren obligar a los pro-vida a financiar a los proveedores de abortos. Tanto los neocones de derechas y como los intervencionistas humanitarios de izquierda desdeñan a los inocentes asesinados en acciones militares de EEUU como un “daño colateral” intrascendente.
Los Padres Fundadores de Estados Unidos rechazaban la idea de que los derechos vinieran del gobierno. Por el contrario, adoptaron la opinión de que los derechos eran concedidos por el creador o eran un atributo básico de la humanidad.
Como los derechos no vienen del gobierno, este no tiene más autoridad legítima para violar nuestros derechos que una persona individual. Así que, si una persona individual no puede usar la fuerza para hacerte que ayudes a otro, tampoco puede hacerlo el gobierno. Si una persona no puede usar fuerza para impedirte apostar en línea o contar bromas políticamente incorrectas, tampoco puede hacerlo el gobierno. Si una persona no puede usar la fuerza para impedir que los padres busquen tratamiento médico para sus hijos, tampoco puede hacerlo el gobierno.
La extendida aceptación de los derechos naturales y el principio de no agresión que derivan de los derechos naturales es clave para obtener y mantener una sociedad libre. Así, educar a la gente en los beneficios de los mercados libres, la libertad individual y una política exterior de paz y libre comercio es clave para proteger a los futuros Alfie Evans y otras víctimas del estado de bienestar y guerra, así como para restaurar el respeto por los principios morales de la libertad entre una masa crítica de gente.
