Mientras se calienta el ciclo electoral de 2024 y se acercan las convenciones veraniegas de los partidos, Donald Trump —el actual favorito— se ha visto atrapado en un juzgado de Nueva York. El expresidente está acusado de treinta y cuatro delitos graves de falsificación de registros comerciales con la intención de cometer, ayudar u ocultar otro delito.
Este es el primero de los cuatro casos de delitos graves contra Trump que irán a juicio, y podría muy bien ser el único caso que se decida antes de que los votantes acudan a las urnas este noviembre. También es el más absurdo de los cuatro.
El caso se refiere a una aventura que supuestamente tuvo lugar hace casi dos décadas entre Trump y una actriz de cine para adultos conocida como Stormy Daniels. La semana pasada, Daniels dijo que la aventura comenzó después de conocer a Trump en un torneo de golf de celebridades en 2006. Trump niega que la aventura haya existido.
Sea como fuere, en el periodo previo a las elecciones de 2016, el abogado de Trump, Michael Cohen, pagó a Daniels 130.000 dólares para que firmara un acuerdo de confidencialidad. Él mismo cubrió los pagos y luego envió facturas a Trump para su reembolso.
Tras recibir la factura, los contables de Trump autorizaron doce pagos mensuales para reembolsar a Cohen. Los pagos al abogado se etiquetaron como «gastos legales», una de las limitadas opciones del menú desplegable del campo de etiquetado del sistema informático interno utilizado por el equipo contable de Trump.
No hay nada ilegal en tener una aventura y luego pagar a la otra parte para que firme un acuerdo de confidencialidad al respecto. No se trata de eso en este juicio. La razón por la que Trump está en las cortes es porque el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, decidió acusarle por etiquetar erróneamente esos pagos como «gastos legales».
Pero etiquetar mal los registros comerciales es casi siempre un delito menor. Entonces, ¿por qué se acusa a Trump de treinta y cuatro delitos graves?
Pues bien, etiquetar mal los registros comerciales se convierte en delito si se hace para ayudar a cometer o encubrir otro delito. En este caso, el otro presunto delito es una violación de la Ley Federal de Campañas Electorales. La fiscalía está tratando de argumentar que estos pagos, que habían sido reportados como gastos legales, eran en realidad gastos de campaña. Bragg presentó entonces una acusación única cada vez que la etiqueta aparecía en cualquier tipo de documentación en los doce pagos mensuales. Así es como un pago supuestamente mal etiquetado se convirtió en treinta y cuatro cargos de delito grave.
En el centro de todo el caso está la idea de que el pago enviado a Daniels para que firmara el acuerdo de confidencialidad era en realidad un gasto de campaña. Lo que significa que Trump debería haber utilizado fondos de campaña y haber informado públicamente del pago porque mantener callada a Daniels ayudó a su campaña. Eso es ridículo.
No hay precedentes de que se considere gasto de campaña un pago de dinero por silencio perfectamente legal. De hecho, la ley es muy estricta al prohibir que los candidatos utilicen fondos de campaña para este tipo de gastos personales. Los fondos de campaña se destinan a pagar los sueldos del personal de campaña, el alquiler de las oficinas de campaña, la producción y difusión de anuncios de televisión, etcétera. Son gastos de campaña.
Los candidatos no pueden utilizar fondos de campaña para comprar joyas o ropa caras o para pagarse un blanqueamiento dental porque un mejor aspecto pueda mejorar sus posibilidades electorales. Tampoco pueden utilizar fondos de campaña para pagar a un abogado que resuelva un pleito contra su empresa, por ejemplo, aunque sea explícitamente para ocultar al público información que pueda no gustar a los votantes. Nada de eso se considera gasto de campaña.
Sin embargo, todo este caso de delito grave contra Trump se basa en la noción sin precedentes de que los pagos para reembolsar a su abogado por un pago de silencio legal constituyen un gasto de campaña. Todas las demás partes del caso se derrumban si Bragg y su equipo no logran establecer y promover esta novedosa teoría legal.
Debería estar claro para cualquier observador honesto que el impulso detrás de este caso y toda la cobertura obsesiva no está motivado por alguna preocupación profundamente arraigada por la santidad de las prácticas contables de la Organización Trump. Es un esfuerzo por apartar a Trump de la vida política.
La clase política quiere que Trump se vaya y que los posibles sucesores no aprovechen la energía populista del movimiento MAGA. Y los progresistas quieren que Trump sea castigado por toda la angustia mental que les ha causado. Acusarlo de un delito grave, cualquier delito grave, podría parecer una forma sencilla de lograr todos esos objetivos. Por eso Trump ha estado esquivando acusaciones criminales desde que ganó la presidencia.
El supuesto central subyacente ha sido que Trump es la causa de toda la furia dirigida hacia las élites y el statu quo por el movimiento MAGA más amplio. Si Trump es descalificado, estos derechistas furiosos se calmarán y volverán a unirse en torno a conservadores afines al establishment como Mitt Romney y Liz Cheney.
Esta suposición nunca ha resistido bien a la realidad. Trump no ha hecho más que ganar apoyos a medida que se acumulaban las acusaciones contra él. Desde el lunes, supera al presidente Joe Biden en cinco de los seis estados indecisos más importantes del ciclo electoral.
El esfuerzo por descalificar a Trump no está calmando a sus partidarios; está convenciéndoles de que el sistema político que les educaron para considerar una democracia no es más que una ilusión.
Y es difícil ver cómo este caso de dinero-silencio hará otra cosa que acelerar esa tendencia. Si el jurado ve a través del caso de la fiscalía y absuelve a Trump, se alimenta la percepción de que la clase política está lanzando cualquier cargo posible a un hombre inocente para sacarlo de la votación. Y, lo que es más probable, si Trump es declarado culpable, se confirma que ni siquiera necesitan un crimen real para hacerlo.
