La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó una ley para aumentar el techo de la deuda. El proyecto contó con el apoyo de todos los Republicanos menos cuatro. Para algunos Republicanos, era la primera vez que votaban a favor de un aumento del techo de deuda. Quizás la razón por la que lo hicieron esta vez fue porque la legislación también prometía reducir el gasto federal en 4,5 billones de dólares durante la próxima década. La mayor parte de estas reducciones del gasto se consiguen haciendo retroceder el gasto del año fiscal a los niveles de 2022 y limitando después el aumento del gasto al 1% durante los diez años siguientes. El proyecto de ley también devuelve al Tesoro de EEUU el dinero no gastado de la ayuda COVID y elimina los programas de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Biden.
Quizá la parte más significativa del proyecto sea la Ley REINS. Esta legislación exige la aprobación del Congreso de cualquier nueva regulación federal que tenga un impacto superior a 100 millones de dólares, que tenga un impacto perjudicial significativo en la economía o que aumente los precios al consumo. Aunque el proyecto de ley aumenta el gasto y la deuda, hay razones por las que un partidario del gobierno limitado podría votar a favor.
Sin embargo, incluso en el improbable caso de que este proyecto de ley sea aprobado en el Senado y convertido en ley por el presidente Biden, es poco probable que el límite de gasto del uno por ciento permanezca en vigor durante los diez años. Históricamente, los límites de gasto impuestos como parte de un presupuesto equilibrado o de un acuerdo sobre el techo de la deuda no duran más de una o dos legislaturas. Esto se debe a que cada programa de gasto está «protegido» por miembros del Congreso cuyos electores y/o donantes se benefician del programa. Este proceso ya ocurrió con este proyecto de ley antes incluso de que fuera votado, ya que el presidente McCarthy tuvo que eliminar disposiciones que limitaban las subvenciones al etanol para apaciguar a varios Republicanos de estados agrícolas.
Seguramente los grupos de presión del complejo militar industrial ya están tramando utilizar la histeria sobre China, Putin, Irán o alguno de los muchos otros enemigos diseñados de EE.UU. para justificar un aumento del gasto militar superior al uno por ciento.
La única razón por la que el gobierno de EEUU es capaz de incurrir en déficits tan enormes sin experimentar un colapso económico total es el estatus del dólar como moneda de reserva mundial. Pero el creciente movimiento de desdolarización, alimentado por la imprudencia fiscal del gobierno de EEUU y su política exterior hiperintervencionista, debería ser una llamada de atención al Congreso.
Lamentablemente, pocos en DC parecen estar prestando atención.
La situación fiscal del gobierno empeorará pronto, ya que tanto los fondos fiduciarios de la Seguridad Social como los de Medicare estarán probablemente en bancarrota en la próxima década, obligando al Congreso a encontrar 116 billones de dólares adicionales para financiarlos totalmente.
La crisis económica que se avecina es un síntoma de nuestra crisis moral y filosófica. Demasiados americanos se han creído la mentira de que el gobierno puede y debe proporcionarles seguridad económica y física mientras promueve la «democracia global» en el extranjero. Por lo tanto, el paso más importante en el movimiento por la libertad ahora es convencer a más personas para que apliquen el mismo código moral al robo y al asesinato cometidos por el gobierno que el que aplican a esos mismos delitos cometidos por ciudadanos particulares. El gobierno, como mínimo, debería estar sujeto a los mismos códigos morales que las personas a las que gobierna.
Garantizar que el gobierno siga el mismo principio de no agresión que los ciudadanos respetuosos de la ley es la clave para una sociedad de libertad, paz y prosperidad.
