En todo el frenesí mediático y del régimen por los disturbios del 6 de enero y el filtrador del Pentágono de los últimos meses, es interesante examinar el contraste entre cómo trata el régimen los «crímenes» contra sus propios intereses y los crímenes reales cometidos contra ciudadanos particulares de a pie.
Sea testigo, por ejemplo, de cómo la administración Biden y los medios de comunicación corporativos han tratado los disturbios del 6 de enero como si fueran una especie de golpe militar, exigiendo que se dicten sentencias draconianas incluso contra vándalos e intrusos de poca monta. La paranoia del régimen ha llevado al Departamento de Justicia a pedir una condena de 30 años para Enrique Tarrio, un hombre que fue condenado por el no crimen de «conspiración sediciosa» a pesar de que ni siquiera estaba en Washington el 6 de enero. En los últimos meses, Jacob Chansley, el «chamán de QAnon», recibió una condena de tres años y medio, a pesar de que los fiscales admiten que no hizo nada violento. A Riley Williams le cayeron tres años por simple allanamiento de morada en el despacho de Nancy Pelosi. Los miembros de la Policía del Capitolio han sido leonizados en los medios de comunicación como grandes protectores de los edificios «sagrados» del gobierno, y cualquier amenaza a la propiedad o a las personas de los políticos de Washington ha sido equiparada a un asalto a la «democracia.»
Sin embargo, si estos supuestos insurrectos hubieran infligido estas mismas acciones contra un particular corriente, es muy probable que los autores ni siquiera hubieran sido detenidos, y mucho menos condenados a años de prisión. Pensemos, por ejemplo, en las turbas que saquean negocios privados en las ciudades americanas, robando decenas de miles de dólares en mercancías mientras la policía y los fiscales lo consideran todo de baja prioridad. La delincuencia violenta y los crímenes contra la propiedad se disparan en muchas zonas de los Estados Unidos; en 2022, los crímenes violentos aumentaron un 30% en la ciudad de Nueva York. Los asesinatos sin resolver en EEUU alcanzan una cifra récord. Mientras tanto, progresistas y socialdemócratas buscan formas de reducir las sanciones penales contra los delincuentes violentos. Los departamentos de policía suelen dedicar sólo una mínima parte de su presupuesto a la investigación de homicidios, y si te roban una propiedad, lo más probable es que te olvides de volver a verla.
La situación es muy distinta cuando se trata de proteger al Estado, sus agentes y sus bienes de cualquier amenaza. Durante los disturbios urbanos, como los ocurridos en Ferguson (Misuri) y Minneapolis (Minnesota), la policía hizo todo lo posible por protegerse a sí misma y a los bienes del Estado. Sin embargo, si eras un simple comerciante privado o un ciudadano de a pie, estabas solo. En el tiroteo de la escuela de Uvalde en 2022, cientos de agentes del orden de todos los niveles de gobierno optaron por protegerse a sí mismos en lugar de a los niños que estaban siendo asesinados en el interior. Cuando los padres de Uvalde exigieron a la policía que actuara, la policía atacó a los padres.
Encontramos fenómenos similares a nivel federal. Existen, por supuesto, leyes federales especiales contra la violencia perpetrada contra los empleados federales. Los contribuyentes ordinarios no reciben tal consideración. Obsérvese cómo las agencias federales se arman hasta los dientes al tiempo que intentan desarmar al sector privado. Los agentes federales no repararán en gastos para encontrar a alguien que haya puesto los pies sobre la mesa de Nancy Pelosi, pero la cosa cambia por completo cuando hablamos de crímenes violentos graves contra personas normales. Los agentes federales, por supuesto, permitieron que el 11-S ocurriera delante de sus narices, se negaron a investigar al conocido violador Larry Nasser y se encogieron de hombros ante los informes sobre el hombre que acabaría masacrando a niños en un instituto de Parkland, Florida. Contrasta esto con el tiempo que el gobierno federal ha estado conspirando para vengarse de Julian Assange por el mero hecho de contar la verdad sobre los crímenes de guerra de EEUU.
Naturalmente, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley rara vez se enfrentan a sanciones por no preocuparse por la propiedad privada, la vida o la integridad física. Los tribunales federales han dejado claro que los agentes del orden no están obligados a proteger realmente al público. En otras palabras, los contribuyentes siempre deben pagar impuestos para cumplir su parte del imaginario «contrato social» o enfrentarse a multas y penas de prisión. Pero la otra parte de ese «contrato», el Estado, no tiene ninguna obligación legal de cumplir su parte. Por supuesto, los contratos reales no funcionan así.
La fastidiosa devoción del Estado por protegerse a sí mismo, en comparación con su despreocupada preocupación por la seguridad de los meros contribuyentes, ilustra un importante principio del comportamiento estatal. En su ensayo La anatomía del Estado, Murray Rothbard señala
Podemos poner a prueba la hipótesis de que el Estado está más interesado en protegerse a sí mismo que a sus súbditos preguntando: ¿qué categoría de crímenes persigue y castiga el Estado con mayor intensidad, los cometidos contra ciudadanos particulares o los cometidos contra sí mismo? Los crímenes más graves en el léxico del Estado casi siempre no son invasiones de personas o propiedades privadas, sino peligros para su propia satisfacción, por ejemplo, la traición, la deserción de un soldado al enemigo, la no inscripción en el servicio militar obligatorio, la subversión y la conspiración subversiva, el asesinato de gobernantes y crímenes económicos contra el Estado como la falsificación de su dinero o la evasión de su impuesto sobre la renta. O compárese el grado de celo dedicado a perseguir al hombre que agrede a un policía, con la atención que el Estado presta a la agresión de un ciudadano corriente. Sin embargo, curiosamente, el hecho de que el Estado asigne abiertamente prioridad a su propia defensa frente al público no parece coherente con su presunta razón de ser.
Este doble rasero se ha puesto de manifiesto repetidamente en los últimos años, a medida que el régimen se ha consumido cada vez más en la paranoia por las amenazas contra sí mismo —propagandísticamente denominadas «amenazas contra la democracia»—, mientras que la atención prestada a la delincuencia real contra ciudadanos particulares no es, aparentemente, una prioridad en absoluto.
