Hemos entrado en una nueva era de la política y el gobierno en Estados Unidos, y la izquierda está bastante contenta con ello. Esta semana, por ejemplo, The Guardian anunciaba que «el proyecto de ley de Biden para aliviar Covid de $ 1,9tn marca el fin de cuatro décadas de reaganismo».
Desde este punto de vista, el «reaganismo» es un código para la política pública libertaria de libre mercado extrema. O como algunos lo llaman: «neoliberalismo».
La idea de que este tipo de reaganismo se apoderó del país contradice la realidad, por supuesto. En prácticamente todas las mediciones —desde los ingresos fiscales y el gasto federal per cápita, hasta el tamaño del Estado regulador— el tamaño del Estado estadounidense se ha expandido sin cesar durante más de 40 años.
Pero en muchos aspectos el titular es correcto. El nuevo proyecto de ley de alivio de Covid señala que cualquier restricción del gasto público que existiera antes de 2020 ha desaparecido. Y el proyecto de ley representa el comienzo de una nueva era: una era que puede compararse con el New Deal. Esto ha sido durante mucho tiempo parte del plan según los socialdemócratas y los progresistas. Al fin y al cabo, la izquierda lleva años hablando de la necesidad de un «New Deal», ya sea centrado en el medio ambiente o en la sanidad, todos en estos círculos están de acuerdo en una cosa: necesitábamos un nuevo aumento del tamaño y el alcance del sector gubernamental.
Y ahora ha sucedido. Estamos en una nueva era en la que una crisis continua justifica cualquier número de nuevas medidas drásticas promulgadas por los gobiernos. Cuestionar esto, insisten los medios de comunicación y los expertos, constituye «negar la ciencia» o «querer que se muera la abuela» La única cuestión ahora es cuánto durará esta nueva era de expansión gubernamental desenfrenada.
Además, al igual que el New Deal convirtió una recesión ordinaria en una depresión de una década —y no hizo nada para «acabar» con la depresión—, este nuevo acuerdo sólo garantizará que cualquier recuperación real esté a años vista.
Un gran salto adelante en el gasto público
El aspecto más visible de todo esto son los inmensos aumentos del gasto público que se han producido en el último año.
Si bien es cierto que el gobierno de Biden está firmando un inmenso paquete de «alivio» de 1,9 billones de dólares, el hecho es que el gobierno de Trump ya aprobó 4 billones de dólares en nuevos gastos para los proyectos de ley de estímulo y alivio covid-19. La adición de Biden se sumará a eso. Para poner esto en perspectiva, hay que tener en cuenta que durante la mayor parte de los años de Obama, los gastos federales totales oscilaron entre 3,5 y 3,9 billones de dólares. Trump elevó esas cifras aún más, superando los 4,4 billones de dólares en el año fiscal 2019. En el año fiscal 2020 (que terminó en septiembre) los gastos se dispararon a 6,5 billones. Esto ni siquiera recoge todo el gasto de estímulo de Trump. Parte de él se contabilizará en el año fiscal 2021, y aún queda mucho por hacer.
Ahora Biden ha añadido casi 2 billones de dólares a ese total, y es probable que haya más «alivio» y «estímulo» en el futuro.
Mientras tanto, el déficit de un año se disparó hasta los 3,3 billones de dólares en 2020, duplicando con creces el déficit de 1,4 billones de dólares que se acumuló en 2009.
Para hacer todo esto posible, por supuesto, el banco central ha creado furiosamente dinero recién «impreso», bañando a Washington y a Wall Street con dólares mientras la Fed compraba deuda estadounidense en el mercado secundario e incluso comenzaba a comprar deuda corporativa. Naturalmente, el balance de la Fed está ahora muy por encima de los siete billones.
La masa monetaria global ha aumentado casi un tercio desde el pasado mes de marzo.
Los dos principales partidos de EEUU lo han aprobado. La disidencia política en el Congreso está ausente más allá de un pequeño puñado de republicanos como Thomas Massie. La victoria de los New New Dealers ha sido casi total.
Un nuevo auge del Estado ejecutivo y del Estado regulador
Un segundo cambio importante que ha tenido lugar ha sido el aumento del poder ejecutivo y regulador en toda la nación. Esto también refleja lo que ocurrió durante el New Deal original. Como señaló Garet Garret en su momento, la transformación de Estados Unidos en un régimen dominado por el ejecutivo es una de las principales características del New Deal. Lo que antes eran tres poderes separados, con un poder legislativo dominante, el nuevo régimen era otra cosa. Ahora, señaló, las leyes se crean habitualmente dentro del propio poder ejecutivo, y son interpretadas por el derecho administrativo que se juzga dentro del mismo poder. Los antiguos controles y equilibrios habían desaparecido.
Sin embargo, esta vez es un poco diferente, ya que esto ha sido quizás más notable a nivel estatal. En casi todos los estados de EEUU, los gobernadores estatales se otorgaron a sí mismos nuevos y amplios poderes de regulación, y gobernaron por decreto.
Cada pocas semanas —o incluso cada pocos días en algunos casos— los gobernadores anunciaban nuevas regulaciones a un nivel de microgestión que habría sido considerado impensable antes de 2020. Los gobernadores emitieron continuamente nuevas regulaciones sobre cuántas personas podían entrar en una tienda de comestibles o en un restaurante. Emitieron edictos sobre qué tipo de máscaras debían llevar los empleados y los clientes. Dictaron horarios de funcionamiento para todo tipo de empresas. Durante marzo y abril, estos gobernadores incluso pusieron a millones de sus ciudadanos bajo arresto domiciliario, amenazando con detener a los residentes pacíficos que salieran a la calle por razones «no esenciales».
A nivel federal, el presidente Trump emitió nuevos edictos sobre el gasto federal, la atención sanitaria y los viajes internacionales. En septiembre, la Casa Blanca declaró unilateralmente que los propietarios ya no podían desalojar a los inquilinos que no pagaran el alquiler. Millones de contratos de alquiler quedaron anulados de un plumazo por el presidente.
Todo esto se hizo en la mayoría de los casos sin la aprobación de ninguna ley a través de los métodos «tradicionales» de debate público y procesos legislativos. Los jefes de gobierno de todo el país simplemente hicieron lo que quisieron.
Corporativismo ascendente
Al igual que el New Deal original, gran parte de nuestro New Deal se construye en torno a cómodas asociaciones entre el gobierno central y los inmensos intereses corporativos.
Wall Street, por ejemplo, ya se ha acostumbrado a ser rescatada repetidamente mediante transferencias de dinero en efectivo a los grandes bancos y otras empresas, como ocurrió en 2008. Pero Wall Street también se beneficia constantemente del llamado «Pacto de Greenspan», que es un acuerdo entre el banco central y las altas esferas de Wall Street.
Gracias al «Pacto de Greenspan», Wall Street sabe que si los mercados de valores y el sector financiero se enfrentan a pérdidas sustanciales debido a la «inestabilidad» del mercado, la Fed intervendrá con inyecciones de dinero fácil, y programas de compra de activos.
La Reserva Federal sigue sentada sobre billones de activos basura que compró durante la Gran Recesión para apuntalar las carteras de Wall Street.
Con el pánico del covid llegó una nueva ronda de rescates. Claro, estos rescates no fueron como los de 2008. Esta vez las cosas estaban más ocultas. Las compras de activos del banco central continuaron y se ampliaron. Además, esta vez el dinero gratis y los préstamos baratos estaban orientados ostensiblemente a las medianas y pequeñas empresas. Sin embargo, las grandes empresas fueron las más beneficiadas.
Por ejemplo, se suponía que los Programas de Protección del Salario (PPP) iban a apuntalar al «pequeño». Pero, como señala Alana Abramson en Time, la realidad fue otra:
La aplicación del programa, según John Arensmeyer, director general de Small Business Majority, un grupo de defensa que representa a más de 65.000 empresas independientes, era estructuralmente defectuosa. Como el PPP requería que los bancos actuaran como intermediarios, creó una dinámica en la que las empresas más grandes y establecidas -que a menudo tenían relaciones y líneas de crédito con los bancos- recibían los fondos antes que las operaciones más pequeñas, que temían su colapso inminente.
Las definiciones de la ley también eran problemáticas. Aunque la APP definía a las «pequeñas empresas» como entidades con un máximo de 500 empleados, la ley incluía una disposición relativa a los sectores de la alimentación y la hostelería en la que las empresas con locales individuales de menos de 500 personas seguían siendo elegibles. Eso significaba que grandes cadenas multimillonarias, como Ruth’s Chris Steakhouse y Shake Shack, podían solicitarlo, a menudo dejando fuera a las pequeñas empresas familiares que la ley pretendía apoyar.
Esto no debería sorprender a nadie. Desde 2008, y con una oleada de nuevas regulaciones impuestas al sector financiero, Wall Street y los bancos se han orientado aún más a trabajar con las grandes empresas establecidas, mientras que las empresas más pequeñas, los agricultores y otras pequeñas empresas tienen cada vez más dificultades para obtener préstamos y aprovechar los tipos de interés ultrabajos que favorecen a las grandes empresas establecidas.
No esperes que esto termine con el covid. El primer New Deal preparó el camino para la regimentación económica y el racionamiento de la Segunda Guerra Mundial. También sentó las bases para la guerra contra la libertad de expresión y la persecución de la «sedición» durante la guerra. No se puede tolerar la disidencia durante la «crisis», y una vez que el régimen tiene el control de las palancas de la economía, no lo suelta fácilmente.
Por otro lado, hay signos de esperanza. Los estadounidenses de la década de los treinta hicieron dócilmente lo que se les dijo. Por ejemplo, cuando FDR dijo a los estadounidenses que entregaran todo su oro mediante una orden ejecutiva, la inmensa mayoría lo hizo sin rechistar. Los ingenuos estadounidenses de esa época generalmente creían lo que sus políticos les decían. Gran parte de los Estados Unidos de hoy parece menos preparada para cumplir. La confianza del público en las instituciones gubernamentales, los medios de comunicación y los funcionarios de salud pública ha entrado en franco declive. Por eso Biden se quejó la semana pasada de que la confianza en el régimen «ha ido cayendo en picado desde finales de los años 60 hasta lo que es ahora». Así que ahora está «en una misión para restaurar la fe en el gobierno». La buena noticia es que es probable que fracase.
