El Estado es la gran entidad ficticia por la que todos buscan vivir a costa de todos los demás. —Frédéric Bastiat
Permítanme comenzar con la definición de un Estado. ¿Qué debe hacer un agente para ser considerado un Estado? Este agente debe ser capaz de insistir en que todos los conflictos entre los habitantes de un territorio determinado sean llevados a él para la toma de decisiones finales o estén sujetos a su revisión final. En particular, este agente debe poder insistir en que todos los conflictos que le afecten sean resueltos por él o por su agente. Y el poder de excluir a todos los demás de actuar como juez último, como segunda característica definitoria de un Estado, lleva implícito el poder del agente de cobrar impuestos: determinar unilateralmente el precio que los solicitantes de justicia deben pagar por sus servicios.
Partiendo de esta definición de Estado, es fácil entender por qué puede existir el deseo de controlar un Estado. Porque quien tiene el monopolio del arbitraje final en un territorio determinado puede legislar. Y quién puede legislar también puede gravar. Sin duda, se trata de una posición envidiable.
Más difícil de entender es cómo alguien puede salirse con la suya en el control de un Estado. ¿Por qué los demás soportarían una institución así?
Quiero abordar la respuesta a esta pregunta de forma indirecta. Supongamos que usted y sus amigos tienen el control de una institución tan extraordinaria. ¿Qué harías para mantener tu posición (siempre que no tuvieras escrúpulos morales)? Seguramente utilizarías parte de tus ingresos fiscales para contratar a algunos matones. En primer lugar: para poner paz entre tus súbditos, para que sigan siendo productivos y haya algo que gravar en el futuro. Pero, sobre todo, porque podrías necesitar esos matones para tu propia protección en caso de que el pueblo despertara de su sueño dogmático y te desafiara.
Sin embargo, esto no servirá, sobre todo si tú y tus amigos son una pequeña minoría en comparación con el número de sujetos. Porque una minoría no puede gobernar duraderamente a una mayoría sólo por la fuerza bruta. Debe gobernar por «opinión». Hay que conseguir que la mayoría de la población acepte voluntariamente su gobierno. Esto no quiere decir que la mayoría deba estar de acuerdo con cada una de sus medidas. De hecho, puede creer que muchas de sus políticas son erróneas. Sin embargo, debe creer en la legitimidad de la institución del Estado como tal y, por lo tanto, que aunque una política concreta pueda ser errónea, ese error es un «accidente» que hay que tolerar en vista de algún bien mayor que proporciona el Estado.
Sin embargo, ¿cómo se puede persuadir a la mayoría de la población para que lo crea? La respuesta es: sólo con la ayuda de los intelectuales.
¿Cómo conseguir que los intelectuales trabajen para ti? La respuesta es fácil. La demanda del mercado de servicios intelectuales no es precisamente alta y estable. Los intelectuales estarían a merced de los valores fugaces de las masas, y las masas no están interesadas en las preocupaciones intelectuales-filosóficas. El Estado, en cambio, puede acomodar los egos típicamente sobreinflados de los intelectuales y ofrecerles un lugar cálido, seguro y permanente en su aparato.
Sin embargo, no basta con emplear sólo a algunos intelectuales. Hay que emplearlos esencialmente a todos, incluso a los que trabajan en ámbitos muy alejados de los que a usted le interesan principalmente: es decir, la filosofía, las ciencias sociales y las humanidades. Porque incluso los intelectuales que trabajan en las matemáticas o las ciencias naturales, por ejemplo, pueden pensar por sí mismos y convertirse así en un peligro potencial. Por lo tanto, es importante asegurar también su lealtad al Estado. Dicho de otro modo: hay que convertirse en un monopolio. Y esto se consigue mejor si todas las instituciones «educativas», desde el jardín de infancia hasta las universidades, se ponen bajo el control del Estado y todo el personal docente e investigador está «certificado por el Estado».
¿Pero qué pasa si el pueblo no quiere ser «educado»? Para ello, hay que hacer obligatoria la «educación»; y para someter al pueblo a la educación controlada por el Estado durante el mayor tiempo posible, hay que declarar a todos igualmente «educables.» Los intelectuales saben que ese igualitarismo es falso, por supuesto. Sin embargo, proclamar tonterías como «todo el mundo es un Einstein en potencia si se le presta suficiente atención educativa» complace a las masas y, a su vez, proporciona una demanda casi ilimitada de servicios intelectuales.
Nada de todo esto garantiza un pensamiento estatista «correcto», por supuesto. Sin embargo, ciertamente ayuda a llegar a la conclusión «correcta», si uno se da cuenta de que sin el Estado podría quedarse sin trabajo y podría tener que probar sus manos en la mecánica de la operación de la bomba de gasolina en lugar de preocuparse por problemas tan urgentes como la alienación, la equidad, la explotación, la deconstrucción de los roles de género y sexo, o la cultura de los esquimales, los hopis y los zulúes.
En cualquier caso, aunque los intelectuales se sientan menospreciados por ti —es decir, por una administración estatal concreta— saben que la ayuda sólo puede venir de otra administración estatal, pero no de un asalto intelectual a la institución del Estado como tal. Por lo tanto, no es de extrañar que, de hecho, la inmensa mayoría de los intelectuales contemporáneos, incluida la mayoría de los intelectuales conservadores o del llamado libre mercado, sean fundamental y filosóficamente estatistas.
¿El trabajo de los intelectuales ha dado sus frutos para el Estado? Yo creo que sí. Si se les pregunta si la institución del Estado es necesaria, no creo que sea exagerado decir que el 99% de la gente diría sin dudarlo que sí. Sin embargo, este éxito se apoya en una base bastante inestable, y todo el edificio estatista puede ser derribado, si el trabajo de los intelectuales es contrarrestado por el trabajo de los antiintelectuales intelectuales, como me gusta llamarlos.
La inmensa mayoría de los partidarios del Estado no son estatistas filosóficos, es decir, porque han pensado en el asunto. La mayoría de la gente no piensa mucho en nada «filosófico». Se dedican a su vida cotidiana, y eso es todo. Así que la mayor parte del apoyo proviene del mero hecho de que un Estado existe, y siempre ha existido hasta donde uno puede recordar (y eso no suele estar más lejos que la propia vida). Es decir, el mayor logro de los intelectuales estatistas es el hecho de que han cultivado la pereza (o incapacidad) intelectual natural de las masas y nunca han permitido que «el tema» se discuta seriamente. El Estado es considerado como una parte incuestionable del tejido social.
La primera y más importante tarea de los antiintelectuales intelectuales, por tanto, es contrarrestar este letargo dogmático de las masas ofreciendo una definición precisa del Estado, como he hecho al principio, y preguntando después si no hay algo verdaderamente notable, raro, extraño, torpe, ridículo, incluso ridículo, en una institución como ésta. Confío en que un trabajo de definición tan sencillo produzca unas primeras y serias dudas sobre una institución que hasta ahora se daba por supuesta, un buen comienzo.
Además, se pasa de argumentos pro-estatales menos sofisticados (aunque, no por casualidad, más populares) a otros más sofisticados: En la medida en que los intelectuales han considerado necesario argumentar a favor del Estado, su argumento más popular, que se encuentra ya en la edad del jardín de infancia, es el siguiente: Se señalan algunas actividades del Estado: el Estado construye carreteras, guarderías, escuelas; reparte el correo y pone al policía en la calle. Imaginemos que no existiera el Estado. Entonces no tendríamos estos bienes. Por tanto, el Estado es necesario.
A nivel universitario, se presenta una versión algo más sofisticada del mismo argumento. Dice así: Es cierto que los mercados son los mejores para proporcionar muchas o incluso la mayoría de las cosas; pero hay otros bienes que los mercados no pueden proporcionar o no pueden proporcionar en cantidad o calidad suficiente. Estos otros, llamados «bienes públicos», son bienes que otorgan beneficios a las personas más allá de quienes los han producido o pagado. Entre estos bienes destacan la «educación y la investigación». «La educación y la investigación», por ejemplo, se argumenta que son bienes extremadamente valiosos. Sin embargo, su producción sería insuficiente debido a los «free riders», es decir, los «tramposos», que se benefician -mediante los llamados efectos de vecindad- de la «educación y la investigación» sin pagar por ello. Por lo tanto, el Estado es necesario para proporcionar bienes (públicos) que de otro modo no se producirían o serían infraproducidos, como la educación y la investigación.
Estos argumentos estatistas pueden refutarse mediante una combinación de tres ideas fundamentales: En primer lugar, en cuanto al argumento de la guardería, no se deduce del hecho de que el Estado proporcione carreteras y escuelas que sólo el Estado pueda proporcionar esos bienes. A la gente le cuesta poco reconocer que esto es una falacia. Del hecho de que los monos puedan montar en bicicleta no se deduce que sólo los monos puedan montar en bicicleta. Y en segundo lugar, inmediatamente después, hay que recordar que el Estado es una institución que puede legislar y gravar; y por tanto, que los agentes estatales tienen pocos incentivos para producir de forma eficiente. Las carreteras y escuelas estatales sólo serán más costosas y su calidad será menor. Porque siempre existe la tendencia de los agentes estatales a consumir el mayor número de recursos posible haciendo lo que sea que hagan, pero en realidad trabajan lo menos posible haciéndolo.
En tercer lugar, en cuanto al argumento estatista más sofisticado, implica la misma falacia encontrada ya en el nivel de jardín de infancia. Porque incluso si se aceptara el resto del argumento, sigue siendo una falacia concluir del hecho de que los Estados proporcionan bienes públicos que sólo los Estados pueden hacerlo.
Sin embargo, lo más importante es señalar que todo el argumento demuestra una total ignorancia del hecho más fundamental de la vida humana, a saber, la escasez. Es cierto que los mercados no proporcionan todas las cosas deseables. Siempre habrá deseos insatisfechos mientras no habitemos el Jardín del Edén. Pero para que existan esos bienes no producidos hay que gastar recursos escasos, que en consecuencia ya no pueden utilizarse para producir otras cosas igualmente deseables. El hecho de que los bienes públicos existan junto a los privados no importa a este respecto; el hecho de la escasez permanece inalterado: más bienes «públicos» sólo pueden producirse a expensas de menos bienes «privados». Pero lo que hay que demostrar es que un bien es más importante y valioso que otro. Esto es lo que se entiende por «economizar».
Sin embargo, ¿puede el Estado ayudar a economizar los escasos recursos? Esta es la pregunta que hay que responder. Sin embargo, existen pruebas concluyentes de que el Estado no economiza ni puede economizar: Porque para producir algo, el Estado debe recurrir a los impuestos (o a la legislación), lo que demuestra irrefutablemente que sus súbditos no quieren lo que el Estado produce, sino que prefieren otra cosa como más importante. En lugar de economizar, el Estado sólo puede redistribuir: puede producir más de lo que quiere y menos de lo que quiere la gente, y, para recordar, todo lo que el Estado produzca entonces será producido de manera ineficiente.
Por último, hay que examinar brevemente el argumento más sofisticado a favor del Estado. Desde Hobbes en adelante, este argumento se ha repetido sin cesar. Es el siguiente: En el estado de naturaleza —antes del establecimiento de un Estado— reina el conflicto permanente. Todo el mundo reclama un derecho a todo, y esto dará lugar a una guerra interminable. No hay manera de salir de este aprieto por medio de acuerdos; porque ¿quién haría cumplir estos acuerdos? Cada vez que la situación pareciera ventajosa, una o ambas partes romperían el acuerdo. De ahí que la gente reconozca que sólo hay una solución al desiderátum de la paz: el establecimiento, por acuerdo, de un Estado, es decir, de una tercera parte independiente como juez y ejecutor último. Sin embargo, si esta tesis es correcta y los acuerdos requieren un ejecutor externo para que sean vinculantes, entonces nunca podrá existir un Estado por acuerdo. Porque para hacer cumplir el propio acuerdo que va a dar lugar a la formación de un Estado (para que este acuerdo sea vinculante), ya tendría que existir otro ejecutor externo, un Estado anterior. Y para que este estado haya llegado a existir, debe postularse otro estado aún anterior, y así sucesivamente, en una regresión infinita.
Por otro lado, si aceptamos que los estados existen (y por supuesto que existen), entonces este mismo hecho contradice la historia hobbesiana. El propio Estado ha llegado a existir sin ningún ejecutor externo. Es de suponer que, en el momento del supuesto acuerdo, no existía ningún estado anterior. Además, una vez que existe un estado por acuerdo, el orden social resultante sigue siendo un orden autoimpuesto. Sin duda, si A y B se ponen de acuerdo en algo, sus acuerdos se hacen vinculantes por una parte externa. Sin embargo, el propio Estado no está vinculado por ningún ejecutor externo. No existe un tercero externo en lo que respecta a los conflictos entre los agentes del Estado y los sujetos del Estado; y tampoco existe un tercero externo para los conflictos entre los diferentes agentes u organismos del Estado. En lo que respecta a los acuerdos celebrados por el Estado frente a sus ciudadanos o de un organismo estatal frente a otro, es decir, dichos acuerdos sólo pueden ser autovinculantes para el Estado. El Estado no está obligado a nada más que a sus propias normas autoaceptadas y aplicadas, es decir, a las limitaciones que él mismo se impone. Con respecto a sí mismo, por así decirlo, el Estado sigue estando en un estado natural de anarquía caracterizado por el autogobierno y la imposición, porque no hay ningún Estado superior que pueda obligarlo.
Además: Si aceptamos la idea hobbesiana de que el cumplimiento de las normas mutuamente acordadas requiere de algún tercero independiente, esto descartaría de hecho la creación de un Estado. De hecho, constituiría un argumento concluyente en contra de la institución de un Estado, es decir, de un monopolio de la toma de decisiones y del arbitraje en última instancia. Porque entonces, también debe existir un tercero independiente que decida en cada caso de conflicto entre yo (ciudadano privado) y algún agente del Estado, y del mismo modo debe existir un tercero independiente para cada caso de conflicto intraestatal (y debe haber otro tercero independiente para el caso de conflictos entre varios terceros) —pero esto significa, por supuesto, que tal «Estado» (o cualquier tercero independiente) no sería un Estado como lo he definido al principio, sino simplemente uno de los muchos árbitros de conflictos de terceros que compiten libremente.
Permítanme concluir: el caso intelectual contra el Estado parece ser fácil y sencillo. Pero eso no significa que sea fácil en la práctica. En efecto, casi todo el mundo está convencido de que el Estado es una institución necesaria, por las razones que he indicado. Así que es muy dudoso que se pueda ganar la batalla contra el estatismo, por muy fácil que parezca en el plano puramente teórico e intelectual. Sin embargo, aunque resulte imposible, al menos divirtámonos un poco a costa de nuestros adversarios estatistas.
Y para ello te sugiero que les enfrentes siempre y con insistencia al siguiente acertijo. Supongamos un grupo de personas, conscientes de la posibilidad de conflictos entre ellas. Alguien propone entonces, como solución a este problema humano, que él (o alguien) se convierta en el árbitro último en cualquier caso de conflicto, incluyendo aquellos conflictos en los que él esté involucrado. ¿Es éste un trato que usted aceptaría? Estoy seguro de que se le considerará un bromista o un inestable mental. Sin embargo, esto es precisamente lo que proponen todos los estatistas.
Este texto es el capítulo 1 de La gran ficción y apareció originalmente en Libertarian Alliance en 2008.
