A los brasileños se les dijo que la forma de reducir la pobreza y la desigualdad social estaba ampliando el papel del gobierno en la economía a través de la expansión de los servicios públicos y las obras públicas. Y los votantes lo creyeron. Los socialdemócratas fueron elegidos con la esperanza de que trajeran una sociedad más próspera e igualitaria.
Pero entonces, las cosas no salieron según lo planeado.
La Operación Autolavado, una importante operación anticorrupción a nivel nacional llevada a cabo por la policía federal, descubrió un escandaloso plan de pagos ilegales en el que participaban importantes políticos y grandes ejecutivos corporativos. El injerto ascendió a miles de millones de dólares en sobornos pagados durante más de una década.
Resultó que, lejos de lograr el progreso socioeconómico prometido, el gobierno socialdemócrata había hecho sitio para un Leviatán que actuaba como Robin Hood a la inversa: los funcionarios del Estado tomaban de los pobres y daban a los ricos.
Operación autolavado: un resultado sorprendente
La Operación autolavado fue lanzada a principios de 2014 e inicialmente concentró sus esfuerzos en los comerciantes de dinero del mercado negro que utilizaban sus negocios (especialmente gasolineras y autolavados) para lavar las ganancias de las empresas criminales. Lo que nadie podía prever es que esta investigación ordinaria sobre el lavado de dinero (que no era nada especialmente inusual) llegaría a descubrir una vasta e intrincada red de extorsión política y corporativa, de hecho, fue el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.
El 14 de enero de 2015, Néstor Cerveró, ex ejecutivo de la empresa petrolera estatal brasileña Petrobras, fue detenido por haber pagado en exceso de forma deliberada los contratos con varias empresas para la construcción de oficinas, plataformas de perforación, refinerías y buques de exploración.
Ahora, los brasileños están acostumbrados a ver que los ricos y poderosos se las arreglan fácilmente para escabullirse de la ley. Durante mucho tiempo ha prevalecido en el país una notoria cultura de impunidad. Sin embargo, este caso sería diferente: Cerveró permaneció en prisión preventiva, fue juzgado y declarado culpable (y condenado a 12 años).
Y pronto, muchos otros (hombres que antes eran considerados intocables) compartirán el mismo destino. La Operación Autolavado puso tras las rejas (para cumplir sentencias de larga duración) a empresarios prominentes y políticos muy importantes. Entre ellos se encontraban un senador (Delcídio do Amaral), el presidente de la Cámara de Diputados (Eduardo Cunha), varios ministros (Antonio Palocci, José Dirceu y Guido Mantega) y (por último, pero no menos importante) el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Cómo los socialdemócratas permiten la corrupción
A muchos brasileños no les pareció sorprendente que algunas personas se enriquecieran cada vez más a través de estos esquemas, incluso mientras el país luchaba por lidiar con la pobreza. El factor clave aquí fue la colusión entre las corporaciones (lo suficientemente poderosas como para capturar el estado) y el gobierno socialdemócrata (cuyo marco se basa en el gasto público). A medida que los nuevos proveedores de la socialdemocracia fomentaban niveles cada vez mayores de gasto gubernamental, los bureauacratas y las élites empresariales más ricos podían sacarse más y más de la cima.
Esto no es sorprendente. Después de todo, los socialdemócratas presionan para que el gobierno desempeñe un papel más importante en la prestación de servicios gubernamentales (por ejemplo, atención de la salud, educación, gas, agua, alcantarillado, teléfono, transporte, radio y televisión). Esto plantea entonces una pregunta sobre la contratación pública: ¿a quién contratará el Estado para entregar todos esos bienes y prestar todos esos servicios? Es decir, el estado necesita contratar a alguien para que construya las carreteras, las viviendas de propiedad del gobierno y los programas de atención de la salud. Teóricamente, la ley brasileña dicta que estos contratistas del gobierno serán elegidos a través de un proceso en el que los licitadores competirán y el mejor precio (el más barato) ganará.
Pero no es así como funciona.
La Operación autolavado expuso un sistema en el que grandes empresas formaban una especie de club, una hermandad que sustituía a este proceso competitivo. Las propuestas se acordaban previamente en reuniones secretas en las que los empresarios decidían quién obtendría el contrato y cuál sería el precio. El cártel incluso había establecido normas para la distribución de obras públicas entre sus miembros.
Para aquellos que no se beneficiaron de este sistema, sin embargo, las cosas fueron menos bien. En los últimos veinte años, la crisis ha golpeado repetidamente al país (2001; 2003; 2008-09; 2014-2016) y el poder adquisitivo del brasileño ha disminuido casi 100 mil millones de dólares (2014-2015), sumergiendo el mercado en la recesión. Según el FMI, Brasil ocupa el puesto 80 en el PIB (nominal) per cápita (16.154 dólares).
Brasil sigue siendo un país de bajos ingresos. Pero esto no es por falta de intentar eliminar la pobreza a través de programas gubernamentales. Entre 2003 y 2015, se gastaron 59.600 millones de dólares a través de Bolsa Família, un programa social de redistribución de ingresos que proporciona un estipendio mensual (hasta 62 dólares) y beneficia a unos 14 millones de familias (46 millones de personas o el 21% de la población) cada año.
Mientras tanto, los fondos desviados sólo de Petrobras (la compañía petrolera nacional) pueden alcanzar hasta 14.000 millones de dólares estadounidenses, o sea, casi un cuarto del tamaño de Bolsa Familia durante este período. En otras palabras: 59.000 millones de dólares se repartieron entre el 21% de la población. Pero 14.000 millones de dólares (el valor puede llegar a ser aún mayor) se repartieron entre menos del 0,01%de la población.
En Brasil, el dinero gastado en programas para los pobres ha ido en aumento durante décadas. Pero el dinero en gran parte no va a parar a los pobres. En la práctica, los pobres reciben sólo las migajas de estos programas. El dinero real va a los consultores y a las grandes empresas que construyen viviendas subvencionadas por el Estado, a los funcionarios públicos y, sobre todo, a los miembros de la burocracia que gestionan todo el proyecto. Mientras tanto, los pobres son maliciosa e intencionalmente convertidos en una subclase perpetua y dependen de los pagos del gobierno. Esta pobreza perpetua permite que los intereses de los ricos justifiquen cada vez más el gasto del gobierno, que en última instancia llena los bolsillos de los más ricos de Brasil. Cuando se amplía el papel del gobierno (supuestamente para resolver las desigualdades sociales), la casta gobernante que opera el aparato público (y sus amigos que ya no quieren competir en un mercado justo) encuentra rápidamente la manera de beneficiarse de él.
