Si el Senado sigue el ejemplo de la Cámara de representantes y aprueba la Ley de modernización de la infraestructura de inmunización (HR 550), los americanos que no reciban el número recomendado de vacunas de covid pueden esperar recibir un texto como éste: «Soy el Dr. Anthony Fauci. Según los registros del gobierno, aún no ha recibido su vacuna mensual de refuerzo contra el covid. Hasta que no demuestre que sigue los protocolos de vacunación, se le revocará el pasaporte vacunal, lo que supondrá la pérdida de su privilegio de trabajar, practicar su religión y visitar a su familia».
Según la principal promotora del proyecto de ley, la diputada de New Hampshire Ann Kuster, la HR 550 «reforzará y acelerará nuestro despliegue de vacunas a nivel nacional» al «mejorar y ampliar el intercambio de información entre los gobiernos estatal y federal, así como los proveedores de atención sanitaria pública y privada». Según un comunicado emitido por la diputada Kuster, la HR 550 permitirá al gobierno «...recordar a los pacientes cuándo deben recibir una vacuna recomendada». No hace falta decir que este poder probablemente también permitirá al gobierno castigar a aquellos que se nieguen a cumplir con los mandatos de vacunación.
La HR 550 logra su objetivo al facultar a los burócratas federales para crear normas nacionales para las bases de datos que contienen registros de vacunas. Se sobornará a los gobiernos estatales y locales y a las empresas sanitarias privadas (con dinero tomado de los contribuyentes actuales y futuros) para que adopten los estándares nacionales.
Los «recordatorios» del gobierno sobre cuándo debemos vacunarnos se extenderán casi con toda seguridad a otros procedimientos médicos. Si el gobierno puede recordarnos cuándo necesitamos las vacunas de covid, ¿por qué no va a empezar a recordarnos que nos hagamos revisiones médicas y limpiezas dentales periódicas, que repongamos nuestras recetas y que sigamos los consejos de nuestros médicos en cuanto a dieta y ejercicio?
El gobierno también podría utilizar estos registros para negar la atención a las personas que no sigan las «recomendaciones» federales de atención médica. Aquellos tentados a desestimar estas preocupaciones deberían considerar que hay llamamientos a negar el tratamiento médico a los «no vacunados». También se ha intentado negar el tratamiento médico a las personas que fuman o son obesas. El racionamiento es habitual en los países que luchan contra las cargas de la medicina socializada. En el Reino Unido incluso se intenta negar la asistencia sanitaria a quienes utilizan un lenguaje racista o sexista.
Según el último informe de los fideicomisarios de Medicare, el Fondo Fiduciario del Seguro Hospitalario de Medicare sólo podrá pagar el 91% de sus facturas en 2026. Cuando se produzcan estos déficits, el Congreso probablemente subirá los impuestos, recortará las prestaciones o hará ambas cosas.
El Congreso intentará apoyarse en la monetización de la deuda por parte de la Reserva Federal para subir los impuestos de forma encubierta. Pero eso sólo puede llegar hasta cierto punto. A la larga, el coste de Medicare, Medicaid, Obamacare y otros programas provocará la denegación de atención médica a aquellos que el Dr. Fauci y sus cohortes financiados con fondos federales consideren indignos.
El impulso de un sistema centralizado para controlar el estado de las vacunas de cada americano se está utilizando para justificar la derogación de la prohibición de utilizar el dinero de los contribuyentes para desarrollar un «identificador único de paciente». Dar a cada americano un identificador único de paciente sería el paso final hacia la creación de un sistema de vigilancia gubernamental, y de control, sobre nuestras elecciones personales en materia de salud.
Si el gobierno puede vigilar y controlar algo tan fundamental como nuestras opciones de atención sanitaria, entonces ninguna parte de nuestras vidas está fuera de los límites del Estado niñera. Todos los que valoran la libertad deberían unirse a la lucha por la libertad sanitaria.
