Cuando Donny Clark fue arrestado en 1990 como parte de una conspiración de 28 hombres para cultivar marihuana, fue el único acusado que se negó a aceptar un acuerdo de culpabilidad. Clark insistió en que era inocente. Cinco años antes, Clark fue condenado en una corte de Florida por cultivar marihuana, pero cumplió su condena y ahora trabaja legalmente como agricultor de sandías. El nuevo caso, que fue construido por un fiscal federal en Tampa, involucraba a un grupo de cultivadores de marihuana que incluía a dos de los hijos de Clark. Clark fue incluido en los cargos por haber enseñado a sus hijos a cultivar marihuana antes de su condena original.
Al llevar su caso a las cortes, Clark se enfrentó a una posible cadena perpetua. Pero su supuesta participación en la conspiración, según admitió el propio fiscal, no fue más allá del crimen original por el que ya había cumplido condena. La Quinta enmienda protege a los ciudadanos de una doble incriminación (ser procesados dos veces por el mismo crimen) y dado que el juicio de Clark no involucró un nuevo crimen, debería haber sido descartado. La única diferencia fue que los nuevos cargos fueron presentados por el gobierno federal, mientras que los cargos originales fueron hechos por el estado de Florida. Los gobiernos federal y estatal son soberanos separados, explicó el juez, por lo que no se aplicó el principio de la doble incriminación. Donny Clark fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua, a pesar de no haber cometido nuevos delitos.
El caso de Clark es único en el sentido de que se negó a aceptar un acuerdo de culpabilidad, pero no había nada inusual en su arresto o en el caso en su contra. En la década de 1990, como parte de la Operación Triggerlock, los fiscales federales buscaron casos estatales que ya habían sido cerrados para cualquiera que hubiera violado las leyes federales sobre armas de fuego. En el caso original de Donny Clark, por ejemplo, sólo se le dio libertad condicional por cultivar marihuana, pero cumplió condena por violar su libertad condicional al mantener un rifle de caza en su granja; nunca fue acusado de un delito violento. Para aumentar las tasas federales de arresto y enjuiciamiento, el Departamento de Justicia buscó casos fáciles de personas que ya habían sido condenadas en cortes estatales o locales, y a veces incluso las arrestó el día de su liberación de la prisión. Más de 6.000 acusados fueron acusados de delitos federales en el primer año de la Operación Triggerlock, que sigue siendo reintroducida periódicamente.
La estrategia de presentar cargos federales contra personas por crímenes que las cortes estatales y locales ya habían procesado es una manera fácil para el Departamento de Justicia de inflar sus propios registros de condenas. En lugar de construir nuevos casos desde cero, el fiscal federal sólo tiene que duplicar el caso ya ganado en un Corte estatal. Pero pocas personas son conscientes de que esto ocurre realmente, o de que ha estado ocurriendo durante casi un siglo.
La práctica del doble enjuiciamiento nació durante la prohibición del alcohol. La Sección 2 de la Decimoctava enmienda establece que el Congreso y los Estados tienen poder concurrente para hacer cumplir la prohibición. No hay razón para creer que esta cláusula tenía la intención de anular la protección de la Quinta enmienda contra la doble incriminación, pero así fue interpretada en última instancia por la Corte Suprema. Después de que Vito Lanza fuera condenado como contrabandista en el estado de Washington, el gobierno federal presentó cargos por separado por violar la Ley de Prohibición Nacional (normalmente conocida como la Ley Volstead). Después de su condena federal, Lanza impugnó el fallo por violar la Quinta Enmienda, y el caso Estados Unidos v. Lanza llegó hasta la Corte Suprema. La Corte dictaminó unánimemente que debido a que los gobiernos federal y estatal eran soberanías separadas, el caso de Lanza no constituía un doble peligro. En otras palabras, la segunda condena fue la primera vez que el gobierno nacional lo puso en peligro.
Es difícil interpretar este fallo como algo más que una bastardización de la soberanía dual. Cuando se redactó la Constitución, el sistema de soberanía dual diseñado por los redactores era una forma de delinear la jurisdicción legislativa entre los estados y el gobierno federal. Al gobierno federal se le otorgó la autoridad para elaborar legislación en áreas específicas de la ley que garantizaban la uniformidad entre los estados, como la inmigración y la bancarrota. Sin embargo, en la mayoría de las áreas, especialmente en lo que respecta al derecho penal, se deja a los Estados legislar como les pareció conveniente. La doble soberanía se concibió como una forma de especificar la jurisdicción legislativa, lo que evitaría la legislación redundante. Con Lanza, la Corte Suprema no sólo reconoció la redundancia de la autoridad legislativa, sino que también invocó la estipulación de «poder concurrente para hacer cumplir» para descartar la protección contra los juicios redundantes.
La sentencia de Lanza sólo se aplicaba a la Decimoctava Enmienda, por lo que las implicaciones legales de la sentencia eran limitadas, especialmente después de que la prohibición fue revocada, pero la lógica legal empleada por SCOTUS sobrevivió. En 1959, dos casos reestablecieron rápidamente la excepción de doble soberanía a la Quinta Enmienda, ampliando la aplicación a cualquier ley estatal y federal superpuesta. En Bartkus v. Illinois, SCOTUS dictaminó que los estados podían enjuiciar por un delito que ya había sido juzgado en cortes federales, y en Abbate v. Estados Unidos, la Corte amplió la lógica en la otra dirección, al decidir que el gobierno federal podía enjuiciar por delitos que ya habían sido juzgados en cortes estatales. Juntos, los dos casos establecieron la regla de Bartkus-Abbate, permitiendo el doble enjuiciamiento en cualquier caso que involucrara la superposición de las jurisdicciones estatal y federal.
Una de las principales justificaciones de la regla de Bartkus-Abbate fue que ayudaba a prevenir posibles vías de anulación. Este temor fue explicado por primera vez en la decisión de Lanza por el Presidente de la Corte Suprema William Howard Taft. Argumentó que si un estado decidía castigar las violaciones de la prohibición «con multas pequeñas o nominales, la carrera de los delincuentes hacia los de ese estado para declararse culpables y obtener inmunidad frente a la acción judicial federal por tales actos no contribuiría al respeto de la ley federal». En Bartkus, el juez Felix Frankfurter adoptó la misma lógica, ofreciendo su opinión en términos más generales que se aplicarían a todo tipo de legislación.
En otras palabras, la sentencia Bartkus-Abbate redujo la amenaza potencial de anulación. En un artículo para la Stanford Law Review, James King dio un ejemplo de cómo un estado podría anular una ley federal si la regla Bartkus-Abbate no estuviera en vigor:
Supongamos que el gobierno federal prohíbe la compra de armas de puño, estableciendo una pena mínima de 1 año de prisión por la compra de tales armas. Un estado contra el control de armas podría anular la nueva ley federal al promulgar una ley similar que establece una pena máxima de 5 dólares de multa por la compra de armas de fuego. Todas las personas que compran armas de puño podrían teóricamente correr a la corte estatal y declararse culpables, inmunizándose así de la responsabilidad federal.
El miedo a la anulación es absurdo incluso para las personas que piensan que la anulación es realmente peligrosa. Históricamente, cuando los estados anulan las leyes federales, tales como las muchas anulaciones de la Ley de Esclavos Fugitivos o las más modernas anulaciones de las leyes federales de marihuana, se niegan explícitamente a hacer cumplir o procesar la ley anulada, en lugar de emplear el engaño legal por el que se preocupaban los jueces Taft y Frankfurter. En la práctica, los juicios dobles ocurren casi exclusivamente por leyes en las que las penas estatales y federales son comparables. El resultado es un aumento drástico en la pena impuesta al acusado, cuyas penas de prisión no se consideran superpuestas; la condena estatal tiene que cumplirse en una prisión estatal, y la condena federal se cumple por separado en una prisión federal.
En 2018, la regla Bartkus-Abbate fue cuestionada. En Gamble v. Estados Unidos, el juez Gorsuch argumentó que «una sociedad libre no permite que su gobierno juzgue al mismo individuo por el mismo crimen hasta que esté satisfecho con el resultado. Desafortunadamente, la Corte hoy respalda una colosal excepción a esta antigua regla contra el doble peligro». Con sólo el Juez Ginsburg uniéndose a él en la disidencia, la Corte Suprema confirmó una vez más la excepción de doble soberanía a la Quinta enmienda.
La idea original de soberanías separadas tenía por objeto limitar la autoridad legislativa del gobierno federal. En cambio, la Corte Suprema la ha transformado en una doctrina que permite que todos los niveles de gobierno compartan la opresión de la ciudadanía.
