Desconfío de la policía en general, pero aunque la desconfianza puede ser sana, trato de dirigir mi antipatía hacia la institución de la policía, en lugar de hacia las personas. Después de todo, no todos los agentes de policía son culpables de matar accidentalmente a niños de seis años, jugar sádicamente con civiles desarmados antes de ejecutarlos o matar mascotas familiares. Aunque se equivoquen, realmente hay personas que se incorporan a la policía con el noble objetivo de proteger a sus comunidades y trabajan sin maltratar ni ejecutar a civiles inocentes.
Pero la institución de la policía (el monopolio público del sector de la aplicación de la ley) significa que incluso estos bienintencionados agentes de policía tienen que enfrentarse al dilema de llevar a cabo aspectos moralmente cuestionables de su trabajo. Qué constituye algo “moralmente cuestionable” vería de una persona a otra, pero al ir creciendo el gobierno, parece que más personas van identificando determinadas obligaciones de aplicación de la ley como moralmente cuestionables para ellas, si no abiertamente inmorales.
El ejemplo más claro de esa reacción ha nacido de los propios agentes de aplicación de la ley. Me refiero al grupo Law Enforcement Action Partnership (LEAP), que originalmente era Law Enforcement Against Prohibition. El cambio de nombre refleja la preocupación creciente por las leyes moralmente cuestionables que se espera que apliquen los agentes de policía. La LEAP se fundó originalmente en 2002 por cinco agentes de policía que habían llegado a la conclusión de que la Guerra contra las Drogas no solo era un fracaso, sino que iniciarla había sido inmoral y dañino.
En enero de 2017, la LEAP cambió las dos últimas letras del acrónimo a “Sociedad de Acción” como indicación de que las leyes sobre drogas ya no eran las únicas leyes injustas que la policía se veía obligada a aplicar. Los problemas del sistema de justicia penal, como las encarcelaciones masivas, no son únicamente el producto de la prohibición de las drogas. Estos agentes se daban cuenta de que al menos algo que se esperaba que hicieran es lo contrario de lo que se nos dice que hace la policía: no están “protegiendo y sirviendo”, sino destruyendo vidas inocentes. Muchos agentes de policía que se han dado cuenta de estas cosas han abandonado el cuerpo.
Pero permanece la institución de la policía y el resultado de que los policías conscientes renuncien es que están retirándose los policías que es menos probable que sean violentos y abusadores, mientras que los reemplazan los que se ven atraídos por un empleo que les permite ser violentos de forma casi impune. El resultado es que aunque puede que siga habiendo buenos policías (a quienes defino generosamente ahora como policías que quieren sinceramente proteger a sus comunidades, aunque crean erróneamente que eso incluye aplicar malas leyes), la tendencia natural de este sistema es que los “policías malos” permanezcan y los “policías buenos” se larguen.
Apreciar esto no es un “guerra contra los polis”, como argumentan algunos comentaristas conservadores. Puede que sea una guerra contra los policías malos, pero debería ser una guerra contra una mala institución, una institución que tiene incentivos internos para atraer personalidades peligrosas y erradicar a los ponderados y responsables. Las declaraciones que repiten la letanía de la “guerra contra los polis” solo sirven para apoyar un sistema que no consigue que los policías culpables sean responsables, manteniendo este incentivo negativo. Los conservadores de “ley y orden” deberían ser los principales opositores a un sistema así, pero pocos parecen haber llegado a esta conclusión.
Pero la institución no es la única razón por la que la gente cree cada vez más que no se puede confiar en los policías. La otra razón son las leyes. Leyes locales, leyes estatales y leyes federales. Al ir creciendo el gobierno, lo mismo pasa con las normas y los códigos penales. La policía no tiene que estar de acuerdo con la ley, solo tiene que aplicarla. Al menos eso es lo que se nos recuerda cada vez que se critica a los policías por “limitarse a hacer su trabajo”.
Pero hay verdad en esa frase. Muchos policías “solo se limitan a hacer su trabajo” cuando realizan un arresto que parece difícil de justificar. La mayoría de los policías no tienen ningún deseo de echar abajo un puesto ilegal de limonada de unos niños. Es solo su trabajo. Igualmente, al menos esperaría que la mayoría de los agentes de policía no quisieran arrestar a un anciano por pasar flores de contrabando (aunque a los policías de la noticia parecían disfrutar con ello). Pero, les guste o no, es su trabajo.
Cuando veo a gente criticando noticias como estas, a menudo parece que están criticando a los policías, en lugar de las leyes. Entiendo la crítica a estos policías (nadie les obliga a llevar una placa), pero las leyes son el problema real y la policía a menudo es solo el síntoma.
Así que los problemas que encontramos en la institución de la policía derivan de dos áreas distintas. La primera es la que se reconoce normalmente y es la de las políticas del gobierno al dirigir la policía. Los incentivos negativos que atraen a personas peligrosas, la falta de consecuencias para errores y abusos de autoridad y los bajos criterios para ganarse una placa. Muchos libertarios defienden la privatización de la policía como forma de revertir estos incentivos para que tengan un efecto positivo. La reciente cadena de alegatos de acoso sexual muestra los distintos niveles de responsabilidad entre personas privadas y personas en cargos públicos.
Pero cuando los libertarios defienden privatizar la policía (una posición que admito que comparto), normalmente están defendiendo la privatización de la seguridad. El lema de la policía es “Proteger y servir”. Este es el lema del sector de la seguridad. Pero a pesar de continuar agitando esta bandera, la policía hoy difícilmente constituye un ser vicio de “seguridad”. De hecho, el sector de la seguridad ya está privatizado y hay contratados más guardias privados de seguridad que agentes de policía en Estados Unidos y otros países.
La expresión sinónima de “policía” es “aplicación de la ley” y esta es una distinción que merece la pena recordar. El papel del policía no es, ni hay sido nunca, mantener a la gente a salvo: siempre ha sido solo aplicar la ley.
Cuando se creó por primera vez una fuerza de policía, la idea de “aplicación de la ley” y “seguridad pública” iban prácticamente de la mano. La mayoría de las leyes estaban en realidad pensadas para proteger a la persona y propiedades de los ciudadanos privados (con excepciones, por supuesto). Así que aunque una fuerza pública de policía era menos eficiente que una alternativa privada, su trabajo todavía era, en su mayor parte, mantener a la gente a salvo mediante la aplicación de leyes pensadas para protegerla frente a delincuentes violentos.
Pero al convertirse el gobierno en el monstruo que hoy conocemos, la ley se ha expandido mucho más allá de un pequeño código penal pensado para proteger vida, libertad y propiedad. Pero la policía, fiel a su papel como agentes que aplican la ley, está tan obligada a aplicar estas leyes (las que prohíben el uso de marihuana, puestos de limonada y recogida de agua de lluvia, por nombrar solo unos pocos absurdos legales citados a menudo) como a aplicar leyes que protegen a la gente frente a delincuentes violentos. De hecho, si tenemos en cuenta los incentivos negativos que tienen los departamentos de policía para asignar sus recursos, es razonable concluir que un agente está más obligado a aplicar las leyes contra los delincuentes no violentos que las leyes contra los violentos.
Si realmente queremos resolver los problemas que la gente asocia cada vez más a la policía, privatizar la policía es sin duda un buen comienzo. Pero la solución real es privatizar la ley.
