Con la introducción de la Ley de Igualdad, el Partido Demócrata y sus aliados continúan con la ya consolidada tradición de utilizar las leyes «antidiscriminatorias» y de «acomodación pública» para seguir atacando al sector privado y a las instituciones del sector privado.
Históricamente, estas leyes, actos y sentencias judiciales—encontradas inicialmente en la Ley de Derechos Civiles de 1964—se han centrado en gran medida en la regulación de la contratación y la prestación de servicios en instituciones privadas. Estos actos legislativos y judiciales regulan el modo en que los propietarios privados de restaurantes y hoteles—y una amplia variedad de otros establecimientos privados—celebran contratos verbales o escritos con posibles empleados, clientes y consumidores.
Inicialmente, estos mandatos se centraban en regular el servicio a las minorías religiosas y a lo que los canadienses llaman «minorías visibles». Sin embargo, la Ley de Igualdad amplía enormemente estos poderes federales. En primer lugar, la Ley sigue ampliando los grupos que se consideran «protegidos», sobre todo los grupos LGBT. En segundo lugar, mientras que las disposiciones anteriores tendían a dirigirse a las empresas corrientes, la Ley amplía ahora el poder federal para regular también las instituciones religiosas. También amplía el control federal sobre las instituciones médicas y los empleados. Esta es la progresión natural de las leyes y reglamentos antidiscriminatorios. Son un vehículo fructífero y conveniente—desde la perspectiva del legislador federal—para avanzar en el control federal sobre toda la vida privada. Comenzaron regulando únicamente a los «transportistas públicos» privados con ánimo de lucro y a las organizaciones conocidas por ofrecer «alojamiento público» de necesidades básicas. Luego se ampliaron los grupos protegidos y las empresas privadas afectadas. La nueva fase consiste en incluir también a las instituciones religiosas sin ánimo de lucro en estos mandatos. A medida que pase el tiempo, espere que los legisladores recurran una y otra vez a estas leyes como medio para ampliar el control gubernamental de las organizaciones privadas de cualquier tamaño, forma, propósito, misión y religión.
¿Qué es la Ley de Igualdad?
La Ley de Igualdad forma parte de esta progresión general y hace mucho por redefinir una amplia variedad de actividades como una nueva forma de discriminación ilegal contra grupos protegidos recientemente definidos. Por ejemplo, la ley convertiría en discriminatorio negar ciertos procedimientos médicos a las personas transgénero:
La Ley de Igualdad obligaría a los hospitales y a las aseguradoras a proporcionar y pagar las terapias [de transición sexual] en contra de cualquier objeción moral o médica [planteada por el personal médico]. Politizaría la medicina al obligar a los profesionales a actuar en contra de su mejor criterio médico y a proporcionar terapias que afirmen la transición.
Además, la ley amplía la definición de las organizaciones que entran en el ámbito de las leyes de alojamiento público:
El texto del proyecto de ley incluye explícitamente... «cualquier establecimiento que proporcione un bien, servicio o programa, incluyendo una tienda, un centro comercial, un minorista o proveedor de servicios en línea, un salón de belleza, un banco, una gasolinera, un banco de alimentos, un centro de servicios o de atención, un refugio, una agencia de viajes o una funeraria, o un establecimiento que proporcione atención médica, contabilidad o servicios legales».
Destaca la ampliación a los «refugios», que incluyen los de violencia doméstica. En virtud de la Ley de Igualdad, estas organizaciones estarían obligadas a alojar en los refugios a hombres que se identifiquen como mujeres junto a las mujeres maltratadas.
La inclusión de los salones de belleza también es notable, ya que—como se demostró en el notorio caso de Jessica Yaniv en Canadá—los mandatos de alojamiento público probablemente borrarían la capacidad de los salones de belleza de limitar los servicios de depilación a las mujeres, ya que los empleados de estas instituciones podrían ser fácilmente obligados a depilar los genitales de los hombres siempre que estos se identifiquen como mujeres.
La Ley también podría interpretarse fácilmente como una prohibición general de negarse a realizar abortos:
La Ley de Igualdad prohíbe la discriminación por motivos de «embarazo, parto o una condición médica relacionada», y los tribunales y el gobierno federal han interpretado que «condición médica relacionada» significa «aborto». Por lo tanto, es bastante concebible que los tribunales pronto interpreten que la Ley de Igualdad exige que los seguros privados y los programas gubernamentales de atención sanitaria financien el aborto.
La abolición de las exenciones religiosas
Pero quizás lo más importante de la Ley son sus disposiciones para reducir las exenciones para las personas e instituciones religiosas. Históricamente, la legislación federal y las decisiones de los tribunales federales han señalado en muchos casos que las instituciones religiosas—si la Primera Enmienda de la Carta de Derechos tiene algún significado—deben poder comportarse de forma compatible con las creencias religiosas. Así, en algunos casos, una iglesia u otra organización religiosa puede negarse a contratar a personas que defiendan una ideología o un comportamiento contrario a las creencias del grupo religioso. Del mismo modo, en algunos casos, un médico o enfermero religioso podría haber encontrado cierta protección en estas disposiciones por negarse a realizar procedimientos médicos religiosamente objetables, como la cirugía de reasignación de sexo o los abortos.
Esto siempre ha sido un té bastante débil en lo que respecta a la limitación de los poderes federales, ya que restringe la discreción privada sólo a aquellos actos que tienen una motivación religiosa. Además, los propios agentes del gobierno—es decir, los jueces del gobierno—también se han arrogado a menudo el poder de determinar si una decisión discriminatoria encaja en alguna categoría religiosa conocida. En otras palabras, el gobierno le dirá si su defensa legal puede ser definida como una defensa religiosa. Además, como han demostrado el caso de Masterpiece Cake Shop y otros similares, incluso las objeciones religiosas no proporcionan mucha protección frente a estos mandatos legales.
Pero incluso estas pocas y débiles lagunas son demasiado para los partidarios de la Ley de Igualdad, que está diseñada para restringir aún más la libertad religiosa:
El profesor de derecho de la Universidad de Virginia, Douglas Laycock, ha advertido que la Ley de Igualdad «aplastará» a los disidentes religiosos. «Va muy lejos para acabar con las exenciones religiosas.... Regula las organizaciones religiosas sin ánimo de lucro. Y luego dice que [la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa] no se aplica a ninguna reclamación en virtud de la Ley de Igualdad. Esta sería la primera vez que el Congreso limita el alcance de la RFRA. No se trata de un intento de buena fe de conciliar intereses contrapuestos. Es un intento de una parte de acaparar todo el territorio en disputa y aplastar a la otra parte».
Una puerta a la regulación generalizada de la vida privada
Esto era de esperar. Las disposiciones sobre alojamientos públicos han servido durante mucho tiempo como puerta de entrada para que los reguladores federales entren y gestionen las minucias diarias de la vida privada y del sector privado. La ampliación de estos poderes en virtud de la Ley de Igualdad no es más que el siguiente paso lógico. Al fin y al cabo, este cuerpo legal siempre ha constituido un asalto directo al sector privado y a la institución de la propiedad privada, poniendo cada vez más la vida privada bajo la mirada de los burócratas del gobierno. Ha proporcionado una excusa para que los reguladores gubernamentales investiguen, multen, demanden y acosen y destruyan a los propietarios de empresas de muy diversas maneras. Para los propietarios de empresas que no pueden permitirse una defensa legal, no existe ningún recurso.
Naturalmente, todo esto beneficia al propio régimen. Como ha señalado Ludwig von Mises, la propiedad privada es una institución absolutamente central y esencial para limitar el poder del gobierno y proporcionar un pequeño ámbito de libertad fuera del alcance de la coerción del régimen. Al igual que las instituciones del mercado y la familia, las instituciones religiosas están dentro del sector privado y son una parte clave de lo que los primeros liberales del laissez-faire llamaban «sociedad». La sociedad representa esas instituciones no coercitivas que deben contrastarse con el Estado y sus mandatos, impuestos bajo la amenaza de multas y prisión. En igualdad de condiciones, es bueno que las organizaciones religiosas hayan podido ejercer la discreción en la «discriminación», aunque estas mismas libertades se hayan negado a otros. Es preferible un poco de libertad—lo que algunos podrían llamar lagunas jurídicas—a ninguna libertad.
Pero eso nunca fue suficiente para los defensores de la Ley de Igualdad, y ahora van más rápido en la dirección equivocada. El pequeño margen de libertad de las instituciones religiosas se está reduciendo aún más, y es probable que pronto las instituciones religiosas se consideren más o menos indistinguibles de las organizaciones comerciales, a las que hace tiempo que no se les da importancia.
La respuesta está en la propiedad privada
Pero, ¿qué podemos hacer con el problema de la discriminación en el sector privado que está realmente diseñada para perjudicar a algún grupo minoritario específico? Irónicamente, la respuesta está en la protección de la propiedad privada.
Para quienes nos preocupamos por aumentar el acceso a los bienes y servicios de los grupos minoritarios—étnicos o de otro tipo—lo más eficaz es combatir las restricciones del régimen a las actividades del sector privado y reducir las barreras de entrada en el mercado. El edificio legal de la acomodación pública se construye en gran medida sobre la idea de que las empresas dirigidas por fanáticos podrán establecer monopolios parciales o totales que puedan dictar a los consumidores quién puede comprar qué. Sin embargo, en una economía razonablemente libre, esto es extremadamente improbable. Como he mostrado en el pasado, podemos encontrar muchos ejemplos de japoneses americanos y latinos muy discriminados—y en otros grupos que han construido enclaves económicos étnicos—que se apresuran a proporcionar una base económica de respuesta de bienes y servicios construida en torno a las necesidades de su grupo. Si nuestro objetivo es ampliar y expandir los servicios—y los que pueden contar con ellos—lo último que necesitamos es un régimen legal cada vez más represivo construido sobre la amenaza constante de demandas y multas para las organizaciones que incumplan las preferencias ideológicas del régimen.
Por otro lado, es poco probable que los partidarios de la Ley de Igualdad estén realmente motivados por asegurar la prosperidad económica de los electores. Se trata más bien de un ajuste de cuentas político—de privilegiar a ciertos grupos de interés a costa de otros. En otras palabras, es una guerra cultural. Y eso significa maximizar la capacidad del régimen para repartir favores y castigos.
