El 9 de marzo de 2018, el gobernador de Florida, Rick Scott, sancionó la Ley de Seguridad Pública de la Marjory Stoneman Douglas High School. Como es habitual en la legislación escrita apresuradamente y motivada por acontecimientos emotivos, la ley está llena de errores, contradicciones, fallos en entender el problema subyacente, llena de páginas y páginas de texto que no tienen nada que ver con el título de la norma y, en último término, solo empeorará los problemas que trata de resolver. En otras palabras, lo que siempre pasa con nuestros cargos públicos.
Dejando aparte el hecho documentado de que la mayor parte de las armas de fuego usadas en delitos ya son ilegales bajo la legislación actual, de que los rifles raramente se usan como armas homicidas y de que el término “rifle de asalto” es solo una denominación cosmética sin sentido, la ley de Florida tiene problemas importantes.
La clave, por decirlo rápidamente, es que la ley en realidad no prohíbe nada. Vendida en parte como una prohibición de “repetidores”, el siguiente texto de la sección relacionada con estos presenta una falta no sorprendente de conocimiento de la función de las armas por parte del Congreso de Florida. En la página 26 de la ley enlazada más arriba se lee:
790.222 Prohibición de repetidores de disparos. —Una persona no puede importar en este estado o transferir, distribuir, vender, guardar para venta, poseer o dar a otra persona un repetidor de disparos. La persona que viole esta sección comete un delito de tercer grado, castigado como se prevé en las secciones s. 775.082, s. 741 775.083 o s. 775.084. Tal y como se usa en esta sección, el término “repetidores de disparos· significa un kit de conversión, una herramienta, un accesorio o un dispositivo usado para alterar el ritmo de disparo de un arma de fuego para imitar el disparo de un arma automática o que se use para aumentar el ritmo de disparo a un ritmo más rápido del que sea posible a una persona disparar esa arma semiautomática sin ayuda de un kit, herramienta, accesorio o dispositivo.
Fijémonos en cómo se define el repetidor de disparos. Se define como cualquier herramienta de conversión que permita imitar disparos automáticos o permita un ritmo de disparo más rápido que un arma semiautomática. El problema de esta definición es que las armas automáticas no disparan más rápido que las semiautomáticas en la misma familia. Si es igual todo lo demás, receptor, gatillo, etc., un AR-15 con una conversión automática dispara exactamente igual de rápido que la variedad semiautomática. Esto lo demostró perfectamente Jerry Miculek disparando al mismo tiempo que otra persona con un rifle idéntico con la única diferencia del “repetidor”. Jerry disparó igual de rápido que Eric en el vídeo y en realidad fue más preciso al hacerlo. Ni siquiera es necesario convertir un rifle para “imitar” un arma automática de fuego.
La razón de esto es física. La única diferencia entre un rifle semiautomático y un rifle automático es que un semiautomático está limitado a un disparo cada vez que se aprieta el gatillo. Lo que limita el ritmo de fuego de cualquier arma es la velocidad del ciclo, que es lo rápido que se eyecta la recámara, se carga una nueva ronda y se reinicia el pistón de disparo. Fuera de las armas de rotación electrónica, que serían demasiado costosas como para preocuparse por poseerlas incluso si fueran legales, los únicos factores que afectan a la velocidad disparó un arma son el peso del receptor, la fuerza de disparo de la ronda y la fuerza de impulso del cargador. Eso es todo, e incluso así, cuando se optimizan estos factores, esto solo facilita vaciar un cargador en unos pocos milisegundos, modificaciones que sólo son útiles para competiciones en las que cuenta cada milisegundo. Como el repetidor de disparos se ha definido como una modificación para hacer que el fuego en un arma semiautomática sea más rápido que el de una semiautomática y eso es un enunciado imposible, la ley en la práctica no ha prohibido nada.
El verdadero problema son las disposiciones sobre salud mental
Sin embargo, esto solo es semántica. El verdadero problema (aparte de las 75 páginas de leyes sin relación con esto) son las disposiciones sobre salud mental. Bajo la subdisposición indicada como la “Ley de orden de protección del riesgo”, el Estado de Florida se autoriza a sí mismo a realizar una evaluación unilateral de la salud mental de una persona y a imponer una completa orden de restricción de armas de fuego sobre esa persona sin juicio previo. Esta acción es una orden ex parte u orden temporal, por la que cualquier agente de policía puede señalar a una persona como un riesgo y generar una orden judicial para confiscar armas de la persona objetivo sin audiencia previa. La ley también permite a la policía acusar públicamente a la persona por todos los miembros de la familia y demás residentes en la vivienda individual acerca de que éste sea un riesgo potencial de violencia. La justificación para esta acción pueda hacerse sobre bases tan endebles como “abuso del alcohol” o testimonio de un testigo.
Más pavoroso es que Florida ha acabado con siglos de derecho común y jurisprudencia estadounidense decidiendo que el Estado no tiene ninguna obligación de hacer nada para demostrar que la persona debe sufrir una confiscación y desplaza la carga únicamente en la persona para que demuestre lo contrario. En la página 37:
En demandado tendrá la carga de demostrar con evidencias claras y convincentes de que el demandado no genera un peligro importante de causar daños personales a sí mismo o a otros por tener bajo su custodia o control, adquirir, poseer o recibir un arma de fuego o munición.
Y mientras pasa todo esto, el reloj va avanzando. Quien esté sometido a confiscación tiene un año para lavar su nombre o el Estados destruirá todas las armas y munición confiscadas. Dado lo atareados que ya están los tribunales, esta orden no es más que una confiscación permanente garantizada.
Esta no es ni siquiera la peor de las disposiciones. Lo peor viene de las leyes de salud mental. Según la nueva ley, todos los estudiantes que soliciten servicios de salud mental tienen que registrar en la escuela el tipo y razón de estos servicios. Incluso una simple derivación basta para generar una calificación permanente como amenaza potencial. Las posibilidades de abuso son claramente evidentes, pero lo peor es que probablemente haga que menos padres requieran servicios de salud mental para sus hijos, para evitar que se les califiquen como amenazas. Ahora el Estado de Florida obligará a todos los estudiantes que realicen algo calificado bajo la amplia categoría de “delincuente” a que registren sus nombres y dirección con la Superintendencia. Es verdad que habrá declaraciones de que estos registros son confidenciales y están protegidos, pero los registros protegidos tienen frecuentemente la costumbre de filtrarse.
Debido a estas restricciones draconianas, es menos probable que los padres busquen algún tipo de servicios, haciendo que empeoren los verdaderos problemas y se genere más violencia. Gente como Nikolas Cruz son frecuentemente objeto de acoso y ostracismo social. Las disposiciones de esta ley que busca ayudar en estos casos probablemente generen el doble efecto de mayor ostracismo si se filtra la información y rechazo de la búsqueda de ayuda para evitar el riesgo. De hecho, el 71% de los que han disparado en escuelas han sido identificados como objeto de ataques sociales y físicos por sus compañeros y también es el doble de probable que sientan que necesitan estar armados en un entorno escolar. Crear más presiones para verse excluido por tener problemas solo aumentará la tensión.
A esto se añaden las normas habituales sin relación con ello, como el hecho de que, en la página 54, el Estado decidió enmendar su código penal para hacer que clonar un móvil y amenazar a un inspector administrativo sea un delito peor (15 años máximo por delito de segundo grado) que el abuso de menores (5 años máximo por delito de tercer grado).
Es poco probable que la ley genere algunos de los resultados positivos promovidos por los que votaron a favor de ella. Dado que hay en ella numerosos errores, algunos arreglados a última hora (como cambiar la palabra revólver por arma de fuego en la sección del periodo de cuarentena, si no se hubiera corregido solo habría repetido una ley ya en vigor), está claro que pocos, si es que ha habido alguno, de los políticos realmente han leído el texto antes de votarlo o sancionarlo como ley, extendiendo gran tradición de políticos que solo votan lo bien que suena el título de la ley, Con esta ley de Florida siendo tal desastre y disposiciones incluidas tan fáciles de abusar, el camino de las buenas intenciones en el Estado es un Camino de servidumbre solo superficialmente disfrazado.
