La última tendencia en prohibir las cosas de plástico es la tendencia nacional hacia la eliminación de las pajillas de los restaurantes. Una justificación comúnmente dada para la prohibición es el hecho de que hay una gran cantidad de basura plástica flotando en el océano. Por supuesto, este razonamiento parece un poco extraño para algunos lugares. En Fort Collins, Colorado, por ejemplo, que está a unos mil kilómetros de cualquier océano, los residentes locales sienten la necesidad de “hacer su parte” al convencer a los restauradores locales de que prohíban los objetos ofensivos.
Ya se puede ver que esto será un inconveniente para los niños pequeños y sus padres, y para las personas con discapacidades físicas, pero con las empresas privadas que eligen usar pajillas o no, en realidad no es un problema que requiera una opinión firme.
Por otro lado, cuando se trata de prohibiciones de pajillas patrocinadas por el gobierno, las cosas son considerablemente diferentes.
Esto se debe a que en el corazón de cada ley, regla y regulación del gobierno está el hecho de que la violencia debe finalmente emplearse para hacer cumplir esas leyes. De hecho, Santa Bárbara, California, ha anunciado una nueva prohibición de pajillas que conlleva castigos considerables, si se infringe:
La violación de la prohibición de pajillas de Santa Bárbara podría llevarlo a la cárcel por hasta 6 meses y una multa de hasta $ 1,000 por violación.
Sin embargo, la Ciudad dice que en realidad no castigará a nadie tan severamente si infringe la regla.
¿Y cómo sabemos que el Estado no castigará a las personas en consecuencia? Bueno, no tenemos nada más que la promesa de su vocero. Después de todo,
el código municipal establece una violación que podría llevar al proveedor a prisión por hasta 6 meses y conducir a una multa de hasta $ 1,000; sin embargo, no hay planes para imponer esa penalidad. En cambio, la ciudad hará educación y alcance para lograr que los proveedores cumplan.
En otras palabras, el estatuto actual deja en claro que los infractores están sujetos a grandes multas y tiempo de cárcel por cada infracción. Eso significa que repartir 5 pajitas podría llevar a años de prisión y miles de dólares en multas.
En el futuro, ¿los jueces y los fiscales de la ciudad se abstendrán de aplicar estas sanciones porque algún empleado de la ciudad dijo que no respaldarán una noticia de 2018? No apueste su sustento en eso.
La ciudad sostiene que es libre de comenzar a repartir multas y penas de cárcel cuando lo desee. Después de todo, si la ciudad se comprometió a no utilizar estos castigos, ¿por qué no escribir la ordenanza de tal manera que sea legalmente imposible hacerlo?
Es más probable que estos castigos más bien draconianos permanezcan en los libros de leyes, y cada vez que le plazca a la ciudad atacar a cualquier enemigo político o excéntrico que reparta algunas pajillas, las víctimas deben prepararse para arruinarse financieramente, o algo peor.
La violencia es la moneda del gobierno
No hay nada nuevo sobre esto, por supuesto. Cuando un gobierno aprueba nuevas leyes, confía en sus agentes con armas de fuego para aplicarlas.
Al Estado le gusta recordarle a la gente que impone leyes contra los delitos graves como asesinatos y agresiones. Esas son buenas relaciones públicas para el Estado. Pero en realidad, el Estado pasa mucho más tiempo aplicando pequeños actos no violentos como delitos menores, e incluso contra empresarios de poca monta que incumplen las normas que prohíben el trenzado de cabello, los viajes en automóvil o cualquier otro acto “sin licencia” o sin la aprobación del gobierno.
Tomemos, por ejemplo, la prohibición del gobierno de vender leche cruda. Los gobiernos continúan cerrando compradores y vendedores de leche cruda. Sin embargo, términos como “cerrar” son eufemismos que ocultan la realidad detrás de estos cierres.
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Cuando un regulador del gobierno ordena que una empresa privada cese sus operaciones, no está haciendo una sugerencia. Si la empresa “ofensora” dijera “gracias, pero no, gracias”, el regulador del gobierno regresaría con agentes armados que luego harían arrestos y llevarían a los “perpetradores” a una celda de la cárcel. Si se resisten lo suficiente, es probable que sean disparados por burócratas armados.
Esto, por supuesto, es exactamente lo que sucedió en las redadas federales de 2011 en un club privado exclusivo para miembros dedicado a comprar leche cruda. Como ocurre a menudo con la aplicación de las reglamentaciones gubernamentales sobre actividades pacíficas, los agentes del gobierno no solo realizaron arrestos, sino que también incautaron dinero en efectivo y otras propiedades privadas, con el fin de llenar los bolsillos de las agencias gubernamentales.
Después del arresto llegó la acusación, con multas draconianas sobre la mesa. Como notó Atlantic en 2011:
el estado de ánimo en la sala de audiencias fue casi cómico cuando se anunció la fianza inicial de $ 121,000 [del organizador del club James] Stewart. “Habíamos estado viendo a abusadores de menores y golpeadores de mujeres recibir la mitad de esa cantidad. James es acusado de cosas como procesar leche sin pasteurización y recibe una fianza tan alta ... los delincuentes en el tribunal se echaron a reír”.
Sin embargo, cuando los políticos y activistas apoyan nuevas regulaciones, siempre minimizan la realidad de que algún día es probable que la gente termine en la corte o prisión, arruinando sus vidas por nada más que querer comprar un cierto tipo de leche o planta, o querer participar en algún otro tipo de comercio sin la documentación adecuada del gobierno.
A menudo, las personas que están sujetas a enjuiciamiento ni siquiera saben que están en violación de alguna ley. La mayoría de las personas normales no se mantienen al día con todas las regulaciones gubernamentales que rigen las actividades pacíficas. La gente normal sabe que el robo, el fraude y el asalto son ilegales. Esto está integrado en la experiencia humana. La ilegalidad de todo lo demás, sin embargo, se basa principalmente en los caprichos arbitrarios de los legisladores. ¿Quién puede hacer un seguimiento? A menudo, lo primero que oyen las víctimas de la regulación estatal sobre su “violación de la ley” es la demanda de un burócrata de pagos de multas considerables.
Apoyo a la regulación gubernamental = Apoyo a la violencia
Al final, sin embargo, el apoyo a cualquier ley del gobierno es lo mismo que apoyar la violencia necesaria para hacer cumplir esas leyes. El apoyo a la guerra contra las drogas, después de todo, es equivalente a encerrar a padres, maridos, esposas y madres en la cárcel por poseer ciertas sustancias. Apoyar las leyes contra la leche cruda es equivalente a apoyar las incursiones estilo SWAT en las personas que venden leche, y posteriormente arruinarlas con enormes multas. Apoyar las leyes contra la compra o venta de ciertos bienes extranjeros es lo mismo que apoyar el encarcelamiento y multas de seis cifras por el “delito” de comprar y vender.
Para ocultar esta realidad violenta, sin embargo, los intervencionistas han inventado una gran variedad de ficciones. En algunos casos, no debemos quejarnos debido a la “democracia”. En otros casos, nos dicen que el “contrato social” lo justifica todo. Como Jeff Deist ha señalado:
Los progresistas odian oír que los impuestos son robos, que el gobierno es la fuerza, y que cada regla y regulación implica violencia por incumplimiento. Les ofende en un nivel visceral, porque toda su cosmovisión depende del mito del contrato social.
Los partidarios de la prohibición de la paja de Santa Bárbara probablemente reaccionen de la misma manera. “Por qué, simplemente ‘educamos’ a la gente”, dirán. ¿Y si la gente se niega a ser reeducada adecuadamente? Bueno, luego se va a una celda de la cárcel, por supuesto, con el estado mientras canta el estribillo de un marido abusivo: “¿ves lo que me hiciste hacer?”
