A principios de este mes, el senador estatal de Virginia Occidental, Charles Trump, presentó una resolución del Senado en la que se solicitaba a los ciudadanos del Condado de Frederick que consideraran la posibilidad de unirse a Virginia Occidental. Es decir, el Senado de Virginia Occidental invitó al condado a separarse de Virginia y unirse a Virginia Occidental. El Senado adoptó más tarde la resolución.
Resoluciones como estas no cambian ninguna ley, pero el voto del Senado fue en parte una respuesta a la insatisfacción expresada por algunos virginianos sobre la agenda legislativa del nuevo gobierno en Richmond. Como señaló Tho Bishop el lunes aquí en Mises.org, muchos residentes del Condado de Frederick, como los residentes de otros condados fuera de las áreas controladas por los demócratas en el este y noreste del estado, están preocupados por los crecientes esfuerzos del gobierno estatal para imponer nuevas restricciones a la posesión de armas –entre otras nuevas regulaciones- a los residentes de Virginia.
Si los opositores a los vientos ideológicos que soplan actualmente en Virginia se encuentran en una minoría permanente, es muy posible que el único método para defender la posición minoritaria sea abandonar el estado. Pero la «salida» puede obtenerse teóricamente de más de una manera. Puede hacerse de forma individual, por supuesto, cuando una sola persona se traslada. O puede hacerse a través de la secesión jurisdiccional.
En el caso de Virginia, no sería nada nuevo que algunas partes del estado se separaran del gobierno controlado por Richmond. Lo mismo ocurrió durante y después de la Guerra Civil Americana. En ese momento, la montaña del Sur estaba menos inclinada a apoyar la esclavitud -y más inclinada a ser unionista- que las zonas de plantación. Esto fue cierto para las áreas montañosas de Virginia también.
Los políticos del norte aprovecharon esta división y prometieron la independencia -y por lo tanto mayor autodeterminación a los condados del oeste de Virginia- si se separaban del gobierno de Virginia controlado por los plantadores ricos. Aunque el proceso por el cual esto sucedió fue legalmente incompleto, la Corte Suprema de los Estados Unidos, sin embargo, puso su sello de aprobación a la secesión de West Virginia en 1871.1
Algunas consideraciones prácticas
Hay obstáculos prácticos para la secesión, por supuesto. Los negocios estarían sujetos a diferentes regulaciones, y el código penal sería ligeramente diferente para los residentes del condado, ya que el condado se cambió a un nuevo estado. Los presupuestos estatales tendrían que ser modificados para reflejar las nuevas fronteras.
La ley federal, por supuesto, permanecería sin cambios en todas las áreas, y los asuntos de la diplomacia global no se verían virtualmente afectados. La participación del Congreso no necesita extenderse mucho más allá de la distribución de los miembros del Congreso una vez que el próximo censo decenal llegue.
Desafortunadamente, el sesgo del status quo causaría que muchos rechazaran emocionalmente cualquier cambio. La forma en que las cosas se han hecho «siempre» será presentada como una justificación para mantener las cosas como están, esencialmente para siempre.
La secesión: un imperativo moral
¿Pero hay un argumento moral contra la secesión de Virginia? No si tomamos en serio las ideas de autodeterminación y derechos humanos.
Si los grupos minoritarios se encuentran permanentemente en la minoría, ¿qué recurso tienen si los límites también están fijados de forma permanente? Algunos podrían sugerir que estas personas pueden moverse a través de las fronteras estatales. Pero como las líneas estatales podrían estar a cientos de millas de distancia en un estado grande como Virginia, una diáspora forzada probablemente requeriría que las poblaciones minoritarias disolvieran sus comunidades. Algunos sugieren que los miembros de la minoría deben confiar en que el sistema judicial protegerá sus derechos. Sin embargo, la historia de Estados Unidos está llena de decisiones del Tribunal Supremo en las que los tribunales se negaron a tomar medidas o se pusieron explícitamente del lado de los gobiernos en contra de los derechos de los ciudadanos.2
Incluso si las decisiones de la corte van a la minoría a corto plazo, no hay que luchar contra la mayoría a largo plazo. Después de todo, los jueces no son inmunes a las corrientes de cambio ideológico impuestas por los grupos mayoritarios y las facultades de derecho que controlan. Así, como el economista y teórico social Ludwig von Mises señaló en su libro de 1927 Liberalismo:
Cuando [un miembro de la minoría] comparece ante un magistrado o cualquier funcionario administrativo como parte de una demanda o petición, se presenta ante hombres cuyo pensamiento político le es ajeno porque se desarrolló bajo diferentes influencias ideológicas... A cada paso se hace sentir al miembro de una minoría nacional que vive entre desconocidos y que es, aunque la letra de la ley lo niegue, un ciudadano de segunda clase.
Al escribir en las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial –cuando se estaban redefiniendo las fronteras nacionales según criterios étnicos–, Mises era muy consciente de los problemas que presentaban las comunidades minoritarias que se encontraban en jurisdicciones más amplias controladas por grupos que diferían en sus antecedentes e ideologías.
Cuando se trataba de proteger sus derechos, los grupos minoritarios no podían simplemente depositar su confianza en la próxima elección, o en las manos de los jueces del gobierno, y esperar lo mejor. A menudo, la estrategia más pacífica y fiable es volver a trazar las fronteras para que las comunidades minoritarias puedan aliarse con otros grupos simpatizantes. Mises continúa:
El derecho de autodeterminación con respecto a la cuestión de la pertenencia a un Estado significa, por lo tanto, que cuando los habitantes de un territorio particular, ya sea una sola aldea, todo un distrito o una serie de distritos adyacentes, hagan saber, mediante un plebiscito libremente celebrado, que ya no desean permanecer unidos al Estado al que pertenecen en ese momento, sino que desean formar un Estado independiente o adherirse a algún otro Estado, sus deseos deben ser respetados y cumplidos. Esta es la única manera factible y efectiva de prevenir revoluciones y guerras civiles e internacionales.
Mises reconoció que con el tiempo, las poblaciones e ideologías cambian en varios tiempos y lugares. La gente migra y la cultura cambia. Las mayorías pueden convertirse en minorías y viceversa. Esto, reconoció Mises, sin embargo no anula los derechos legales y de propiedad de los grupos minoritarios. Las comunidades siguen teniendo derecho a la libre determinación, incluso cuando son minoritarias. Por lo tanto, se deben adoptar estrategias para proteger a estos grupos minoritarios. Una de las estrategias más prácticas, como lo entendió Mises, fue cambiar las fronteras de las jurisdicciones políticas para que se ajustaran a las realidades de las poblaciones dentro de esas fronteras.
Como señaló Mises, obligar a los miembros de los grupos en conflicto a vivir juntos dentro de una única jurisdicción es, cuando menos, problemático. Sólo alienta a cada lado a volverse cada vez más fanático en su afán de obtener el control de la maquinaria del gobierno para oprimir al otro lado. Por eso Mises presentó su plan como un medio para evitar la violencia: la competencia cada vez más intensa sobre las instituciones centralizadas del poder político tiende a conducir a la violencia a largo plazo. La respuesta está en la descentralización y la secesión. Por el contrario, el potencial de violencia se minimiza al minimizar el poder del Estado. En presencia de un gobierno mayoritariamente laissez-faire, ninguna de las partes tiene muchas razones para preocuparse por quién controla el Estado. Pero lo que está en juego es cada vez más importante a medida que el Estado adquiere más poder sobre la vida de las personas.
Pero «minimizar el poder del Estado» ciertamente no es lo que está sucediendo en Virginia en este momento. En todo caso, el estado se está moviendo mucho en la dirección opuesta. En un sistema político prudente y flexible, aquellas partes del estado dominadas por los grupos ahora fuera del poder podrían unirse a regímenes más acordes con sus culturas y puntos de vista ideológicos. Pero no vivimos en un sistema político prudente y flexible. Vivimos en un sistema en el que los dictados de la «democracia» son tales que cualquier grupo que se encuentre en la minoría debe someterse al régimen gobernante elegido, «o si no», no se permite ninguna otra opción. Este es un camino que a menudo conduce a la violencia, ya sea por parte de particulares o por el régimen contra el pueblo.
1. No hay ninguna razón en particular por la que los secesionistas de Virginia necesiten unirse a West Virginia, por supuesto. Podría tener tanto sentido unir los condados de Virginia a Carolina del Norte, Tennessee o Kentucky en su lugar. Además, ni siquiera es necesario que estos condados en secesión sean contiguos a los estados vecinos. Podrían funcionar perfectamente bien como exclavas.
2. Los ejemplos son numerosos. Los tribunales estadounidenses, por ejemplo, aprobaron el internamiento de ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa. Los tribunales federales no intervinieron para preservar los derechos de propiedad de los méxico-americanos de acuerdo con el tratado de Guadalupe Hidalgo. Los tribunales federales no intervinieron cuando la ley de California prohibió la propiedad de los estadounidenses de origen japonés. Los tribunales federales han aprobado disposiciones obviamente inconstitucionales de la Ley Patriota de los Estados Unidos. Los tribunales federales no respetaron las disposiciones de los tratados de los Estados Unidos con las tribus indígenas cuando el gobierno de los Estados Unidos obedeció ilegal y unilateralmente a las personas tratadas. Los tribunales, por supuesto, también se invierten en cuestiones importantes. Los tribunales abandonaron la idea de que los gobiernos no pueden anular los contratos privados con el fin de la era de Lochner. Los tribunales se inventaron la idea de que el derecho a la «privacidad» significa que el asunto del aborto, considerado como un asunto estatal y local durante 190 años, iba a ser regulado repentinamente por la ley federal. Poner la confianza en los tribunales es una idea fantasiosa en el mejor de los casos.
