En 2010, el comandante de la policía de Chicago, Jon Burge, fue declarado culpable de los cargos de perjurio y obstrucción de la justicia y condenado a cuatro años y medio de prisión. Aunque fue condenado por mentir bajo juramento, su verdadero crimen fue sobre lo que estaba mintiendo. A lo largo de su carrera, participó o supervisó la tortura de cientos de sospechosos para obtener confesiones por crímenes violentos. Las historias de las torturas de Burge, que incluían electrochoques y asfixia, entre otras cosas, mostraron suficientes similitudes entre los presos que, de otra manera, no estarían conectados, por lo que fue a juicio en 1989. Después de un jurado en desacuerdo, el juez ordenó un nuevo juicio, que nunca llegó. En el transcurso de los años noventa, apareció más información sobre la tortura policial bajo el liderazgo de Burge, pero el fiscal de distrito se negó a seguir adelante con un nuevo juicio. Por último, después de que el estatuto de limitaciones había expirado en la acusación original de Burge, la ciudad trajo a un fiscal especial, que presentó cargos contra Burge por perjurio durante su juicio original.
Después de un corto período en prisión, Burge se retiró a Florida, donde vivió con una pensión de 4.000 dólares al mes hasta su muerte en 2018. El legado de sus métodos de extracción de confesiones sigue asolando Chicago, sin embargo, a medida que se siguen reexaminando los casos —Shawn Whirl, la primera de sus víctimas en ser exonerada después de veinticinco años de prisión salió libre en 2015. En 1990, Whirl fue arrestado después de que se descubrieran sus huellas dactilares en la parte trasera de un taxi cuyo conductor había sido asesinado (evidencia difícilmente condenatoria contra un hombre que no tenía antecedentes penales). Cuando su caso fue finalmente reabierto como una de las cientos de víctimas del departamento de policía de Burge, los fiscales se negaron a presentar cargos ya que el caso original se había construido enteramente sobre la confesión coaccionada de Whirl.
«El tercer grado» y la justicia adversarial
Las confesiones forzadas tienen una larga historia en la policía estadounidense. En 1845, varios centros urbanos iniciaron la transición de la aplicación de la ley privada con el establecimiento de fuerzas policiales y fiscales de distrito a cargo de la ciudad. Este cambio marcó una transición del sistema de justicia tradicional, en el que las disputas eran llevadas por ciudadanos privados y procesadas por abogados privados, y el orden era mantenido por ciudadanos voluntarios que servían como vigilantes nocturnos o agentes de policía, no muy diferente de una moderna vigilancia de vecindario.
En los décadas siguientes, las fuerzas de policía y los fiscales dirigidos por el Estado se extendieron por todo el país y se desarrolló un nuevo sistema de justicia penal. A diferencia del sistema anterior, la policía se encargaba de llevar a las personas a juicio por los delitos, independientemente de que otro ciudadano iniciara o no la disputa. Para obtener una condena, la policía tenía que reunir pruebas —un trabajo que antes se dejaba al abogado privado que actuaba como fiscal— pero la ciencia forense estaba en sus comienzos y la policía obtenía su trabajo a través de conexiones políticas y patrocinio en lugar de la calificación. La forma más fácil de obtener una condena, entonces, era extraer una confesión. Como pocos delincuentes están dispuestos a confesar voluntariamente, la policía comenzó a recurrir con mayor regularidad a las palizas y otras torturas hasta que el sospechoso firmaba una confesión. En la década de 1880, las acusaciones de torturas policiales se generalizaron.
Con las confesiones forzadas más comunes, surgió un nuevo lenguaje para describir los métodos. Uno de los primeros eufemismos de tortura policial era «sudor», que originalmente se refería a un método específico y popular de tortura en el que se confinaba a una persona en una pequeña sauna y se la privaba de agua, aunque el término «sudor» acabó refiriéndose a métodos generales de interrogatorio violento en el léxico policial. Sin embargo, la jerga no se pegó, ya que un eufemismo más suave, el «tercer grado», ganó mayor aceptación.
Los métodos para dar a los sospechosos el tercer grado variaban mucho entre las fuerzas policiales. Algunos métodos eran más físicos, desde simples palizas hasta choques eléctricos (cuando la tecnología estaba disponible). Otros métodos eran más psicológicos, generalmente destinados a inducir miedo, como cuando los agentes de policía rociaban de gasolina a un sospechoso de quince años, encendían un fósforo y amenazaban con prenderle fuego si no confesaba su delito. Otros métodos psicológicos, generalmente impuestos a los cónyuges de los sospechosos, consistían en traumatizar a las personas con los restos brutales de las víctimas de asesinatos u otras experiencias similares. Un sospechoso de un caso de doble asesinato fue obligado a permanecer de pie en silencio durante veinte minutos mientras llevaba el chaleco manchado de sangre de la víctima masculina de asesinato mientras sostenía el vestido manchado de sangre de la víctima femenina en su mano izquierda y la biblia en la derecha.1
Estos métodos favorecían el nuevo sistema de justicia «adversarial», que daba un valor primordial al veredicto de culpabilidad y, por extensión, a la confesión. La justicia inquisitiva tradicional —común en la historia de Europa— consideraba más que la mera culpabilidad al decidir el destino de un delincuente, y esta tradición se mantuvo en los sistemas judiciales comunitarios privados. Sin embargo, con la formalización de la policía y el enjuiciamiento a cargo del gobierno, la culpabilidad objetiva en violación de la ley uniforme adquirió primacía y la confesión simplificó el proceso de obtención de pruebas y presentación de un caso. La tortura era la forma más fácil de obtener una confesión.
Reforma y centralización
Con el tiempo, la gente llegó a cuestionar la fiabilidad de las confesiones forzadas y la ética de tales métodos de interrogatorio. La policía defendió sus tácticas levantando el espectro de la criminalidad desenfrenada. Cuando los tribunales supremos de los Estados comenzaron a anular ocasionalmente las condenas basadas en confesiones obtenidas bajo coacción, los defensores de la policía formularon acusaciones contra los abogados «embaucadores» que obtenían beneficios fáciles aprovechando «lagunas» legales para liberar a los delincuentes, devolviendo así a las personas peligrosas a una sociedad respetable. Las referencias a una «clase criminal» entraron en el debate, y la proliferación de ficción barata avivó las llamas con sensacionales historias de criminales violentos.
Los fiscales y jueces municipales y estatales, por supuesto, tenían pocos incentivos para rechazar las confesiones forzadas. Al igual que con los acuerdos modernos, las confesiones aligeraron considerablemente su carga de trabajo. Incluso cuando los estados aprobaron leyes «antisudor» y otros estatutos contra las confesiones forzadas, los jueces los ignoraron rutinariamente y los fiscales se negaron a presentar cargos contra los policías que violaron la ley.
La prohibición del alcohol aumentó drásticamente estos problemas, ya que la policía local y los tribunales estatales tenían la tarea de hacer cumplir una ley federal de gran alcance que, de la noche a la mañana, convirtió en delincuentes a millones de ciudadanos que antes cumplían con la ley. Con las salas de los tribunales abarrotadas y la policía enfrentada a una población criminal más numerosa, la eficiencia de las confesiones coaccionadas estimuló una mayor tolerancia de la práctica. Esto provocó una mayor protesta contra el sistema de justicia penal, obligando a los defensores de la prohibición a presionar al nuevo presidente, Herbert Hoover, para que arregle la policía antes de que ésta socave la prohibición. Hoover respondió con la Comisión Wickersham.
La Comisión Wickersham —que formalmente se denominaba Comisión nacional de observancia y aplicación de la ley— formaba parte de la ambición más amplia de Hoover de centralizar y modernizar la aplicación de la ley en los Estados Unidos. Un resultado importante de la Comisión Wickersham fue la recopilación de estadísticas nacionales sobre la delincuencia. Las estadísticas nacionales, que en su mayoría reflejan las grandes zonas urbanas, eran un instrumento que los demagogos y los políticos utilizarían para inflamar los temores de «epidemias criminales» y los consiguientes aumentos del estado carcelario al dar la impresión de epidemias de delincuencia en comunidades por lo demás pacíficas.
Pero la comisión también dedicó un informe completo a la tortura policial, titulado «El Tercer Grado». En este informe, la comisión excusó a las fuerzas policiales locales por su recurso común a la tortura para obtener confesiones. Aunque el informe recomendaba reformas de las leyes estatales y municipales para evitar las confesiones forzadas, muchos políticos se resistieron. Cuando Nueva York aprobó una ley anti tercer grado, uno de los pocos estados que lo hizo en respuesta a la comisión, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Fiorello La Guardia, dijo que la ley era una «Carta Magna» para «punks, pimps, crooks, gangsters, chantajistas y los abogados timadores».2
Para ayudar a impulsar a las fuerzas policiales locales en la dirección correcta, J. Edgar Hoover creó el Laboratorio de detección científica de delitos para su Buró de investigación (que pronto pasará a llamarse Buró federal de investigación) y dio el ejemplo de la policía moderna con la ciencia forense. Con el uso de nuevas tecnologías, el tercer grado podría quedar obsoleto. Por supuesto, el uso de estos nuevos métodos de investigación requería capacitación, equipo y personal, y esto significaba aumentos sustanciales en los presupuestos de la policía. De esta manera, la protesta contra la tortura policial apoyó inadvertidamente el crecimiento de la policía tanto a nivel nacional como local.
Fiscales y acuerdos de declaración de culpabilidad
El uso del tercer grado no murió con el nacimiento de la ciencia forense, como demuestra el caso de Jon Burge; sin embargo, marcó el fin de cualquier defensa pública de la tortura policial. Los estados ya no eran tan reacios a aprobar leyes contra la tortura, y el Tribunal Supremo Federal emitió una serie de fallos que ampliaron la Carta de Derechos a los estados, incluido el caso de 1936 Brown v. Mississippi, que declaró inconstitucionales e inadmisibles las confesiones obtenidas mediante coacción, incluso en los juicios penales estatales. El gobierno federal reclamó ahora el poder regulador de los sistemas de justicia penal estatales y locales.
Pero incluso si las confesiones violentas declinaron, las confesiones forzadas sólo han tomado una nueva forma. A medida que las legislaturas estatales se hicieron cargo de gran parte de las facultades de los jueces para dictar sentencias, establecieron directrices para las sentencias que limitan la discreción judicial. Debido a que los fiscales conservan la discreción sobre los cargos que deben presentarse —con una lista amplia de categorías de delitos graves que no existían durante los primeros días de los interrogatorios coercitivos- los fiscales de distrito y de estado pueden amenazar con presentar cargos más severos contra un acusado a fin de convencerlo de que acepte un acuerdo de culpabilidad. Aunque esto puede no ser tan impactante visualmente como rociar a un adolescente con gasolina y amenazarlo con prenderle fuego, el uso del miedo para obtener confesiones criminales continúa la larga tradición del «tercer grado».
