Mientras escribo, el Congreso demócrata está contemplando varias medidas destinadas a aliviar los niveles de pobreza en Estados Unidos. Entre ellas: la duplicación del salario mínimo; la ampliación de los créditos por hijos. Repasemos ambas.
La subida del salario mínimo
El Congreso pretende aumentar el salario mínimo federal de 7,25 a 15 dólares. Esto hace varias suposiciones: en primer lugar, que los propios trabajadores del salario mínimo son realmente pobres. Esto es erróneo: proceden de familias con una renta media de 66.000 dólares; además, su edad media es de veinticuatro años, y el 60 por ciento sigue estudiando. En segundo lugar, esta política parte del supuesto de que no tendrá un impacto estadísticamente significativo en el desempleo. Esto también es erróneo. La ciudad de Seattle promulgó un salario mínimo de 13 dólares en 2016, lo que provocó una caída del 9 por ciento en las horas trabajadas entre estos empleos. La tasa de rotación del empleo disminuyó un 8%, y los trabajadores con menos experiencia del salario mínimo de la ciudad no vieron un aumento neto en el pago.
De hecho, un estudio aparte encontró que la política de Seattle redujo el empleo de bajos salarios en un 6-7 por ciento, y debido a la reducción en el empleo, los trabajadores de esta categoría en realidad vieron una disminución neta en el salario. El tercer supuesto de esta subida del salario mínimo es que los trabajadores verán efectivamente incrementados sus ingresos ajustados a la inflación. Una lección crucial de la economía es que el nivel de vida no está determinado únicamente por los salarios nominales, sino también por la cantidad que puede consumir ese salario. La literatura sugiere que el aumento del mínimo se corresponderá con un aumento del coste de vida, debido a que las empresas compensarán el aumento de los costes laborales, y por tanto perjudicará precisamente a aquellos a los que la política pretende ayudar: los trabajadores con salarios bajos. Por ejemplo, el trabajador medio de las guarderías en Estados Unidos gana 11 dólares por hora, por debajo del umbral que el Congreso pretende establecer. Por lo tanto, el aumento de los costes laborales significará simplemente un aumento del coste de las guarderías.
Según una estimación, esta política provocaría, por término medio, un aumento del 21% de los costes de las guarderías en Estados Unidos, lo que supone un incremento de 3.700 dólares. Algunas zonas se verían inevitablemente más afectadas que otras: por ejemplo, el estado de Mississippi sufriría un aumento de costes de un 43%. Otro componente esencial del coste de la vida es el de los alimentos. Muchos trabajadores de la alimentación trabajan por debajo de los 15 dólares en Estados Unidos: y el aumento de los costes laborales significará simplemente una mayor inflación en el precio de los alimentos, lo que afectará claramente a los trabajadores con salarios bajos más que a los de salarios altos. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Zúrich descubrió que todas las ganancias de ingresos obtenidas por los trabajadores que habían disfrutado de un aumento del salario mínimo fueron simplemente compensadas por el aumento de los precios de los alimentos. Hay pruebas más generales de que el aumento del salario mínimo aumenta la tasa de inflación, por lo que afecta negativamente a esos mismos trabajadores. Un estudio realizado en Canadá reveló que las subidas del salario mínimo pueden aumentar el IPC en al menos un 0,1%. Aunque esto no parezca estadísticamente significativo, el estudio especificaba que este pequeño aumento hacía subir los tipos de interés, lo que tenía efectos negativos sobre el empleo. Por otra parte, un estudio estadounidense (pág. 19) estimó que una disminución de un tercio del salario mínimo entre 1979 y 1995 redujo el IPC en un 1% (lo que tiene importancia estadística).
El aumento del salario mínimo perjudicará precisamente a los que pretende ayudar con el aumento del desempleo y del coste de la vida.
Ampliación del Estado de bienestar
Algunos economistas tienen predicciones halagüeñas sobre el plan del Congreso de ampliar los créditos por hijos en los niveles de pobreza. Dicho esto, en la década de 1960, el presidente Lyndon Johnson esperaba acabar con la pobreza y la injusticia racial al iniciar los programas de la Guerra contra la Pobreza. 20 billones de dólares después, la tasa de pobreza estadounidense ha oscilado entre el 12% y el 15% desde que se iniciaron esos programas.
Se puede decir que una ley del Estado del Bienestar es ésta: los aumentos de las transferencias de ingresos públicos se compensan sencillamente con reducciones de los ingresos privados. El famoso Experimento de Mantenimiento de la Renta de Seattle-Denver (SIME/DIME) descubrió que un aumento de 1.000 dólares en las prestaciones sociales se ve compensado por una reducción de 660 dólares en los ingresos privados. Por lo tanto, las familias de bajos ingresos sólo experimentan un escaso aumento de su nivel de vida, y están sujetas a la dependencia del gasto en asistencia social del Estado.
Además, el gasto en bienestar aumenta los niveles de monoparentalidad. Esta fue una preocupación cuando se iniciaron los programas de bienestar de Johnson, y fue confirmada por un estudio de 1993 que el estado de bienestar era realmente responsable del aumento de la monoparentalidad. El estudio postulaba que un aumento del 50% en el gasto en bienestar social producía un aumento del 43% en los niveles de monoparentalidad.
Ya he argumentado en el pasado que la monoparentalidad y la falta de trabajo a tiempo completo son factores fundamentales que contribuyen a la pobreza en Estados Unidos, y que ambos se ven reforzados por el estado del bienestar (de hecho, los economistas Isabelle Sawhill y Ron Haskin predijeron famosamente que si se erradicara la monoparentalidad y se universalizara el trabajo a tiempo completo, entre otros factores, la pobreza en Estados Unidos podría reducirse en un 70%).
Además, el Estado del bienestar puede tener un impacto negativo en la movilidad social. Según una investigación realizada por el economista Raj Chetty, existe una fuerte correlación negativa entre la prevalencia de la monoparentalidad en toda la OCDE y los niveles reales de movilidad infantil ascendente en cada uno de esos países. De hecho, incluso parece haber una conexión entre la prevalencia de la monoparentalidad entre los estados de EE.UU. y los niveles de pobreza/movilidad social.
Los datos sugieren claramente que el estado de bienestar no alivia la pobreza en Estados Unidos y, por tanto, que estas proyecciones de pobreza para apoyar las propuestas del Congreso son exageradas. Un estudio pionero postuló una relación similar a la de la curva de Laffer entre la pobreza y el gasto en bienestar social (en la que el gasto aliviará la pobreza hasta cierto punto, pero más allá de un punto determinado aumentará de hecho la pobreza). El estudio sostenía que el exceso de gasto público era el responsable de que la tasa de pobreza fuera un 50% mayor que sin esa ayuda adicional (debido al efecto empobrecedor de la dependencia, la monoparentalidad y la desincentivación del trabajo). Esta estadística debería preocupar al Congreso, y hacer que se piense dos veces estas propuestas de asistencia social.
Conclusión:
Las dos políticas que están en el Congreso no conseguirán, ni han conseguido nunca, beneficiar realmente a los estadounidenses de bajos ingresos. Para lograr este objetivo, deberían centrarse en la reforma de la asistencia social, en la reducción del coste de la vida mediante la desregulación de productos básicos como la vivienda, la energía y el cuidado de los niños, en la eliminación de las regulaciones laborales que excluyen del empleo a los trabajadores pobres e inexpertos, y en pensarse dos veces el inflado de la oferta monetaria durante las recesiones, que erosiona los cheques de los trabajadores con bajos ingresos.
