El martes, un jurado del Distrito de Columbia condenó a Stewart Rhodes y Kelly Meggs por conspiración sediciosa en relación con los disturbios del 6 de enero de 2021 en el edificio del Capitolio de EEUU. Otros tres acusados fueron absueltos de conspiración sediciosa pero condenados por otros delitos. Las condenas por conspiración sediciosa representan una victoria política —no sólo jurídica— para quienes llevan mucho tiempo insistiendo en que el motín del 6 de enero no fue un simple motín, sino una rebelión armada organizada de algún tipo. Esta afirmación ha sido clave en la continua y vaga afirmación de la administración de que la «democracia» —sea cual sea su definición— está de alguna manera «en peligro».
Sin embargo, pocos de los procedimientos judiciales derivados de los procesos del Departamento de Justicia contra los alborotadores han contribuido a impulsar esta narrativa. De las aproximadamente 850 personas acusadas de delitos de diversa índole, sólo un pequeño número ha sido acusado de algo parecido a la traición o la insurrección violenta. En concreto, lo más cerca que ha estado el Departamento de Justicia es la acusación de «conspiración sediciosa» aplicada a 11 acusados en total. Hasta ahora, sólo 2 han sido condenados por este cargo.
Sin embargo, la conspiración sediciosa no debe confundirse con el acto de traición legalmente definido en la Constitución de los EEUU. En términos generales, mientras que la traición requiere un acto manifiesto de algún tipo, la conspiración sediciosa es una acusación de que una persona ha dicho cosas destinadas a socavar la autoridad del gobierno. En otras palabras, es un «delito» de intención según la interpretación de las autoridades estatales. Esto es fundamentalmente diferente de coger un arma y usarla contra los agentes de un gobierno.
Por supuesto, como ya hemos señalado aquí en mises.org, la propia idea de traición es en sí misma problemática, ya que asume que la violencia contra un agente del gobierno es de alguna manera peor que un crimen contra un ciudadano privado. A los gobiernos les encanta este doble rasero porque refuerza la idea de que el régimen es más importante que el sector privado voluntario. Sin embargo, en última instancia, la violencia contra una persona o una propiedad debe ser procesada exactamente como eso, y no como una categoría separada de crimen contra los seres humanos «especiales» que trabajan para un régimen.
La conspiración sediciosa adolece de este mismo problema, pero es aún más problemática porque se basa principalmente en pruebas circunstanciales para «demostrar» que una persona decía cosas a favor de obstruir o derrocar a un gobierno. De hecho, la supuesta necesidad de un «delito» de este tipo queda desmentida por el hecho de que dicho delito ni siquiera existió en la legislación federal entre la derogación de las odiadas Leyes de Extranjería y Sedición, y el advenimiento de la Guerra Civil. Las leyes de conspiración sediciosa tampoco desempeñaron un papel importante en el éxito militar del régimen de EEUU contra los secesionistas de la Confederación del Sur.
En cambio, lo que encontramos es que la conspiración sediciosa es un delito que es propenso a los abusos por parte de las autoridades estatales y es innecesario en términos de prevención de la violencia contra la vida y la propiedad. En casos como el de los disturbios del 6 de enero, los delitos contra las personas y la propiedad deberían considerarse simplemente delitos violentos y delitos contra la propiedad del tipo habitual. En contra de las absurdas nociones románticas de que los alborotadores del 6 de enero asestaron algún tipo de golpe contra la «democracia», el hecho es que cualquier interrupción contra los procedimientos del Congreso puede tratarse como asalto, allanamiento y otros delitos relacionados. La conspiración sediciosa, en cambio, es simplemente un tipo de «delito de pensamiento».
Los orígenes de la conspiración sediciosa
Cuando los redactores de la Constitución de los Estados Unidos escribieron el texto del documento, definieron la traición en términos muy específicos y limitados:
La traición contra los Estados Unidos consistirá únicamente en hacer la guerra contra ellos, o en adherirse a sus enemigos, prestándoles ayuda y consuelo. Ninguna persona podrá ser condenada por traición, a menos que dos testigos declaren el mismo acto manifiesto o que lo confiesen en un tribunal abierto.
Obsérvese el uso de la palabra «sólo» para especificar que la definición de traición no debe interpretarse como algo más amplio de lo que figura en el texto. Al igual que gran parte de lo que ahora encontramos en la Carta de Derechos, este texto tiene su origen en el temor de que el gobierno federal de los EE.UU. se entregara a algunos de los mismos abusos que se habían producido bajo la corona inglesa, especialmente en la época de los monarcas Estuardo. Los reyes habían interpretado a menudo la «traición» como actos, pensamientos y «conspiraciones» que iban mucho más allá del acto de tomar las armas contra el Estado. En cambio, en la Constitución de EEUU, la única flexibilidad que se otorga al Congreso es la de determinar el castigo por traición.
Naturalmente, aquellos que estaban a favor de un mayor poder federal se quejaron de estas limitaciones y buscaron más leyes federales que castigaran los supuestos crímenes contra el Estado. Los federalistas sólo tardaron diez años en elaborar las Leyes de Extranjería y Sedición, que establecían:
Que si alguna persona se combina o conspira ilegalmente con la intención de oponerse a cualquier medida o medidas del gobierno de los Estados Unidos, que sean o sean dirigidas por la autoridad correspondiente, o para impedir la aplicación de cualquier ley de los Estados Unidos, o para intimidar o impedir que cualquier persona que ocupe un lugar o cargo en el gobierno de los Estados Unidos o bajo éste, y si cualquier persona o personas, con la intención antes mencionada, aconsejan, aconsejan o intentan promover cualquier insurrección, disturbio, asamblea ilegal o combinación, ya sea que dicha conspiración, amenaza, consejo, consejo o intento tenga o no el efecto propuesto, él o ellos serán considerados culpables de un delito grave
Obsérvense las referencias a la «intención», el «consejo» y el «asesoramiento» como actos delictivos siempre que estos tipos de discurso se empleen en un presunto esfuerzo por obstruir a los funcionarios del gobierno. Sin embargo, esta parte de la ley nunca fue utilizada por el régimen. Los procesados en virtud de las Leyes de Extranjería y Sedición fueron acusados en virtud de la sección sobre calumnias sediciosas, a la que se opusieron de corazón por ser evidente y descaradamente contraria a los derechos básicos de la libertad de expresión. No obstante, se permitió que la Ley de Sedición expirara gracias a la elección de Thomas Jefferson y los republicanos (más tarde conocidos como demócratas).
Durante sesenta años, el gobierno de los Estados Unidos no tuvo leyes sobre la sedición en los libros. Pero el corazón de la Ley de Sedición de 1798 sería revivido. Tal y como se aprobó en julio de 1861, la nueva ley de Conspiración Sediciosa establecía
Que si dos o más personas dentro de cualquier Estado o Territorio de los Estados Unidos conspiran juntas para derrocar, o derrocar, o destruir por la fuerza, al Gobierno de los Estados Unidos, o para oponerse por la fuerza a la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos; o para impedir, obstaculizar o retrasar por la fuerza la ejecución de cualquier ley de los Estados Unidos; o por la fuerza para apoderarse, tomar o poseer cualquier propiedad de los Estados Unidos en contra de la voluntad o en contra de la autoridad de los Estados Unidos; o por la fuerza, o la intimidación, o la amenaza para evitar que cualquier persona acepte o desempeñe cualquier cargo, o confianza, o lugar de confianza, bajo los Estados Unidos . . será culpable de un delito grave
Dado el momento en que se promulgó la legislación —es decir, en 1861 tras la secesión de varios estados del sur— se supone que el origen de la legislación en aquel momento era hacer frente a la supuesta traición confederada. Esto no es del todo cierto. De hecho, la legislación gozó de un apoyo considerable por parte de aquellos que eran especialmente militantes en su oposición a la confederación. Por ejemplo, el representante Clement Vallandigham de Ohio —que más tarde se exiliaría a la Confederación por oponerse a la guerra— apoyó el proyecto de ley precisamente porque pensaba que ayudaría a castigar a los implicados en «conspiraciones para resistir la ley de esclavos fugitivos». De hecho, el Congreso se había puesto en serio a castigar las «conspiraciones» no en respuesta a la secesión del sur, sino en respuesta a la incursión de John Brown en Harper’s Ferry en 1859.1
La secesión del Sur y el temor a la rebelión contribuyeron a ampliar la coalición a favor de una nueva ley de sedición. La nueva ley de sedición representaba una importante ampliación de la idea de «crímenes contra el Estado», ya que la ley de sedición no exigía actos manifiestos contra el gobierno, sino simplemente «conspirar», vagamente definidos. Douglas lo entendió perfectamente, explicando así los beneficios de su proyecto de ley:
Hay que castigar la conspiración, la combinación con intención de hacer el acto, y entonces se suprimirá por adelantado. No hay principio más conocido por la profesión jurídica que el de que, siempre que proceda declarar un acto como delito, procede castigar la conspiración o la combinación con intención de perpetrar el acto. . . . Si es ilícito e ilegal invadir un Estado y expulsar a los esclavos fugitivos [por ejemplo], ¿por qué no declarar ilícito formar conspiraciones y combinaciones varios Estados con la intención de realizar el acto?
Sin embargo, otros se mostraron más recelosos de ampliar el poder federal de esta manera. El senador Lazarus Powell y otros ocho demócratas presentaron una declaración en la que se oponían a la aprobación del proyecto de ley.2 En concreto, Powell y sus aliados creían que la nueva ley de conspiración sediciosa sería un movimiento de facto en la dirección de permitir al gobierno federal ampliar efectivamente la definición de traición que ofrece la constitución federal. La declaración decía:
la creación de un delito, que descansa en la intención solamente, sin acto manifiesto, haría nugatoria la disposición citada anteriormente, [es decir, la definición de traición en la Constitución] y se abriría la puerta para esas opresiones y crueldades similares que, bajo la excitación de las luchas políticas, han deshecho tan a menudo la historia pasada del mundo.
Y lo que es peor, la nueva legislación proporcionaría al gobierno federal «la máxima libertad para las persecuciones fundadas en la enemistad personal y la animosidad política y las sospechas sobre la intención que inevitablemente engendran».
La legislación sobre conspiración sediciosa otorga al gobierno federal un margen de maniobra mucho mayor para castigar a los opositores políticos. Ciertamente, dicha legislación podría haberse utilizado contra los opositores a las leyes sobre esclavos fugitivos, así como contra los opositores al reclutamiento federal. Después de todo, los opositores al reclutamiento de la Guerra Civil y al de la Guerra de Vietnam —como en la heroica quema de tarjetas de reclutamiento de los Nueve de Catonsville, por ejemplo— «conspiraron» para destruir la propiedad del gobierno. Sería mucho más difícil demostrar en los tribunales que tales actos constituían traición. Desgraciadamente, la nueva legislación fue finalmente aprobada en 1861, y el gobierno de los Estados Unidos tuvo sus primeras leyes permanentes contra la conspiración sediciosa.
Ahora tenemos las mismas razones para temer las leyes de conspiración sediciosa que Powell tenía en 1861. Tales medidas permiten al gobierno federal construir leyes que abordan la intención, los pensamientos y las palabras, en lugar de los actos manifiestos. Esto amplía enormemente el poder federal y permite perseguir la mera retórica incendiaria contra el gobierno federal. De hecho, antes de su condena esta semana, los abogados de Rhodes recordaron a los miembros del jurado que Rhodes ni siquiera entró en la capital el 6 de enero. También señalaron que Rhodes había expresado su oposición verbal a entrar en la capital. Sin embargo, aparentemente fue condenado porque la «conspiración» puede abarcar muchos actos, especialmente en la mente de los jurados.
Sin embargo, una base de sentido común para abordar la violencia en el edificio del Capitolio sería simplemente procesar a los que participan en la violencia real y la invasión. Está claro, sin embargo, que conseguir condenas por conspiración sediciosa ha sido un objetivo importante para la administración porque ayuda a la narrativa de que los partidarios de Donald Trump intentaron algún tipo de golpe. Desafortunadamente, este tipo de procesamientos políticos son justo el tipo de cosas que hemos llegado a esperar del Departamento de Justicia. Mientras que el FBI no puede ser molestado con la investigación de los criminales sexuales como Larry Nassar, van a sacar todas las paradas para procesar a cientos de los que entraron en el Capitolio el 6 de enero, muchos de los cuales simplemente se quedaron mirando el paisaje. Pero cuando el Congreso da al FBI casi carta blanca como ha hecho con las leyes de conspiración sediciosa, deberíamos esperar lo mismo.
