En los últimos años, hablar de secesión se ha vuelto más frecuente y más urgente. Durante años, una cuarta parte de los estadounidenses encuestados han afirmado apoyar la idea de la secesión. En 2018, una encuesta de Zogby concluyó que el 39 por ciento de los encuestados están de acuerdo en que los residentes de un estado deben «tener la última palabra» en cuanto a si ese estado sigue siendo parte de Estados Unidos o no.
¿Las necesidades de la geopolítica impiden la secesión?
Pero si la idea de la secesión sigue repitiéndose entre un número creciente de estadounidenses—como parece probable—es de esperar una oposición más seria a la idea por motivos de política exterior. La afirmación será que la secesión debe ser rechazada porque esto haría que los Estados Unidos fueran presa de las potencias extranjeras—especialmente China y Rusia—y la independencia podría incluso llevar a los nuevos estados a hacer la guerra entre ellos.
Estos críticos se están adelantando. Por ahora, es poco probable que los llamamientos a la secesión lleguen al punto de una separación total que acabe con el statu quo en cuanto a la forma en que el régimen estadounidense interactúa con el mundo exterior. Por ejemplo, en el caso de Hawái —donde los secesionistas tendrían que enfrentarse a un gobierno federal dispuesto a luchar con uñas y dientes para mantener el control sobre las bases militares que allí se encuentran— los defensores de la secesión se darán cuenta rápidamente de la gigantesca tarea que supone luchar contra el estado de seguridad nacional para conseguir una secesión en toda regla.
En este momento, parece que pocos están interesados en una lucha así.
Después de todo, por mucho que la «América de los estados rojos» y la «América de los estados azules» estén en conflicto sobre la política y el alcance del poder de EEUU a nivel interno, el hecho es que los desacuerdos sobre la política exterior son bastante discretos. En consecuencia, esto significa que una separación formal de EEUU en dos o más estados plenamente soberanos y separados sería considerada por muchos estadounidenses —en este momento— como innecesaria.
Esto significa que todavía estamos en la fase del primer paso: descentralizar radicalmente la política interior primero. Por ahora, esto evita el problema de cómo la secesión podría afectar a la política exterior. Pero, no obstante, supone un cambio radical.
Unidad en la política exterior, desunión en la política interior
Cuando se trata de la libre determinación y la protección de los derechos humanos mediante el control local, la solución ideal radica en una descentralización radical. Esto significaría un número considerable de entidades totalmente independientes en lugar del antiguo e inmenso régimen estadounidense unificado.
Sin embargo, las consideraciones prácticas no siempre se prestan a esta solución a corto plazo. Al igual que los abolicionistas de antaño, los descentralistas y los localistas pueden mirar hacia el ideal y aceptar, sin embargo, victorias parciales.
Desgraciadamente, el estado actual de la opinión pública sugiere que todavía hay que trabajar para traducir esa apertura a la secesión que muestran las encuestas de Zogby en un impulso palpable para la secesión entre una masa crítica de la población. Por ahora —salvo que se produzca un cataclismo económico de la magnitud de la Unión Soviética— es más probable un estado intermedio de desunión interna y unidad en política exterior.
La guerra cultural que se libra en el BLM, el Obamacare, los confinamientos por el covid, el control de armas y el aborto se basan abrumadoramente en desacuerdos sobre políticas domésticas. Sí, la coalición Trump ciertamente no se ha entusiasmado con las nuevas guerras, pero virtualmente nadie de los principales constituyentes de Trump se opuso cuando Trump presionó por enormes aumentos en el presupuesto del Pentágono. De hecho, Trump y sus partidarios parecían estar a favor de una política más agresiva contra China. Al mismo tiempo, el centro de la izquierda y los demócratas, como quedó claro bajo el gobierno de Obama —no tienen interés en reducir el militarismo de EEUU.
Así pues, incluso cuando la unidad política nacional resulte demasiado costosa para que las élites de Washington la mantengan—quizás a través de un ciclo continuo de disturbios y de oposición a nivel estatal al poder federal—los disidentes pueden ser simplemente aplacados con la descentralización de la política interna. Mientras tanto, el gobierno de Washington seguiría (lamentablemente) firmemente controlado por la política exterior.
Como F.H. Buckley sugiere en su libro American Secession, bajo un plan como este, temas como el aborto y el control de armas son simplemente llevados a los estados y localidades, donde los residentes podrían pelearse entre ellos. Los residentes también podrían trasladarse a regiones del país que reflejen mejor sus posiciones políticas particulares. El Estado de seguridad de EEUU, que vive por encima de los conflictos internos sobre la política social, seguiría teniendo un poder ilimitado sobre la maquinaria detrás del poder internacional.
Y no habría nada sin precedentes en esto. La historia está repleta de ejemplos de regiones y etnias rebeldes a las que se les ha concedido «autogobierno» a cambio de ceder la política exterior al gobierno central. Este fue el caso durante gran parte del siglo XIX dentro del Imperio Británico. Ha sido el caso de innumerables poblaciones difíciles de unir en América Latina, África y Asia. Los Estados han dejado muy claro en innumerables ocasiones que están dispuestos a tolerar la autonomía local de diversas poblaciones nacionales mientras el gobierno central conserve la preponderancia del control sobre los asuntos militares y diplomáticos. Esta fue la intención original de los Estados Unidos: ser un grupo de estados autónomos unidos sólo para fines de política exterior.
Pero esto no sería un cambio suave. Significa que no hay más estado de bienestar federal. Los estados y municipios pueden tener el suyo propio. Significa no más Estado regulador federal. De nuevo, esto puede hacerse a nivel de estados, condados y áreas metropolitanas.
Significa que no hay más aparato policial federal. Como en Europa, los estados pueden trabajar juntos como entidades independientes para abordar los problemas de la delincuencia.
Significa una devolución radical a los niveles estatal y local de la mayoría de las políticas que afectan a la vida cotidiana de los estadounidenses.
Un modelo político conocido
Históricamente, esto no tendría nada de inédito. Es fácil encontrar innumerables ejemplos de regiones y etnias rebeldes a las que se les ha concedido el «autogobierno» a cambio de ceder competencias en política exterior al gobierno central. Los Estados han dejado muy claro en innumerables ocasiones que están dispuestos a tolerar la autonomía local de diversas poblaciones siempre que el Estado conserve la preponderancia del control sobre los asuntos militares y diplomáticos. Este fue el caso durante gran parte del siglo XIX dentro del Imperio Británico. Ha sido el caso de innumerables poblaciones difíciles de unir en América Latina, África y Asia. Esta realidad se refleja en la existencia de estados clientes autogobernados y «regiones autónomas».
Al fin y al cabo, ésta era la estructura original de Estados Unidos: debía ser un grupo de estados autónomos unidos con fines de política exterior y, en mucha menor medida, de comercio.
Bajo un régimen de estados autónomos, el Estado americano —tal y como lo ven otras potencias mundiales— no sería fundamentalmente diferente. Las armas nucleares seguirían estando donde siempre. La armada no desaparecería.
Con el tiempo, por supuesto, esta situación híbrida subóptima se abandonaría en favor de la plena autonomía de todos los estados sucesores.
