«Traición» se está convirtiendo rápidamente en la palabra favorita de los políticos de Washington y sus aliados mediáticos. No hay que buscar mucho para encontrar innumerables ejemplos. Por ejemplo, un presentador de un programa de entrevistas nocturno llamó al motín del 6 de enero en el Capitolio el «final de traición» de la era Trump. Un columnista del Washington Post concluye que «los fundadores» lo habrían «denunciado como traición». El alcalde de Nueva York dice que Trump es culpable de «traición» por su supuesto papel en el motín.
Lo que quizás sea sorprendente sobre el uso de la palabra esta vez es que está siendo usada por la Izquierda contra los adversarios de la Derecha. Normalmente es al revés. Durante la segunda mitad del siglo XX, no fue particularmente inusual escuchar a los Guerreros Fríos de derecha denunciar como traidores a aquellos que supuestamente eran demasiado blandos con sus enemigos comunistas. La columnista conservadora Ann Coulter, entre otros, se ha referido durante mucho tiempo a los adversarios de izquierda como el «lobby de la traición». Es un viejo tropo conservador, y sospecho que la ironía de usar el término contra los conservadores que apoyan a Trump no se pierde entre los izquierdistas que lo emplean.1 Podemos ver la efectividad de esta táctica en el hecho de que muchos políticos republicanos y conservadores se han apresurado a distanciarse de la revuelta sobre la base de que constituye una traición, o que violó la propiedad «sagrada» del Estado. Según el criterio de la propia derecha, que tiende a enfatizar la reverencia por las instituciones y edificios del gobierno, el motín fue una violación.2
El «contrato social» y el mito de la traición
La verdad, sin embargo, es que el uso del término —independientemente de quién lo use— siempre ha sido caótico y fundado en falsedades. Términos como «traición» y «traidor» perpetúan el mito de que los estadounidenses le deben algo al régimen, o que el monopolio coercitivo del régimen se basa de alguna manera en un acuerdo libre y voluntario —un imaginario «contrato social»— entre el régimen y quienes viven bajo él.
Nada de esto es cierto. Como lo demostró Lysander Spooner en su ensayo de 1867 «No traición», los estadounidenses no están moralmente obligados por la Constitución de EEUU o sus agentes. La relación entre el americano medio y el gobierno de EEUU no es contractual. En el mejor de los casos, la Constitución fue sólo un contrato entre los que la ratificaron y el régimen. Esas personas ahora están todas muertas.
Para Spooner, a menos que una persona dé su consentimiento y aprobación explícita de la constitución y sus nociones de traición (entre otras nociones), entonces no se puede decir que una persona es un traidor:
Claramente este consentimiento individual es indispensable para la idea de la traición; porque si un hombre nunca ha consentido o acordado apoyar a un gobierno, no rompe su fe al negarse a apoyarlo. Y si le hace la guerra, lo hace como un enemigo abierto, y no como un traidor, es decir, como un desleal o un amigo traicionero.
La resistencia a un régimen tampoco constituiría traición aunque la persona supuestamente traidora hubiera dado voluntariamente su consentimiento al régimen en el pasado. Sólo los Estados insisten en que tienen derecho a exigir que una de las partes de un contrato (es decir, el contribuyente o el ciudadano) esté sujeta a una obligación jurídica perpetua e inquebrantable para siempre. En el mundo más razonable de las relaciones pacíficas y voluntarias (es decir, las relaciones no estatales moralmente legítimas) los contratos son rompibles, y el consentimiento es negociable y anulable. Además, señala Spooner, el régimen hace tiempo que anuló todas las obligaciones contractuales que pudieran haber existido debido a las violaciones generalizadas de los derechos naturales cometidas por el propio régimen. El contrato social, si es que alguna vez existió, ha sido anulado desde hace mucho tiempo por el incumplimiento del régimen de su parte del acuerdo.
Así, en estas condiciones, es difícil ver cómo cualquier persona o grupo que se niegue a cumplir las leyes y edictos dictados por el gobierno «constitucional» viola cualquier principio de patriotismo, lealtad u obligaciones con el Estado.
Por qué el Estado tiene un odio especial hacia los «traidores»
Como es de esperar, los regímenes tienen una visión especialmente sombría de los «traidores». Esto se debe en gran medida a que los llamados traidores, ya sea a través de palabras o actos de violencia manifiesta, amenazan los poderes de monopolio del Estado. Murray Rothbard explica en «Anatomía del Estado»:
Lo que el Estado teme por encima de todo, por supuesto, es cualquier amenaza fundamental a su propio poder y a su propia existencia. La muerte de un Estado puede ocurrir de dos maneras principales: a) por la conquista de otro Estado, o b) por el derrocamiento revolucionario de sus propios súbditos, en resumen, por la guerra o la revolución.
Obsérvese el doble estándar inherente: en caso de guerra, el Estado alienta abiertamente a sus propios ciudadanos a tomar las armas y participar en una guerra abierta contra las posibles violaciones de los derechos infligidos por un Estado extranjero. «Lucha por tu libertad», nos dicen. Pero cuando se trata de violaciones de derechos cometidas por el «propio» estado, Rothbard señala, «no se permite ninguna ‘defensa’».
No es sorprendente, por tanto, que los Estados a menudo persigan castigos aún mayores contra los que amenazan al Estado, que para los que amenazan a la gente común:
Podemos probar la hipótesis de que el Estado está en gran medida interesado en protegerse a sí mismo y no a sus súbditos preguntando: ¿qué categoría de delitos persigue y castiga más intensamente el Estado, los que se cometen contra ciudadanos particulares o los que se cometen contra sí mismo? Los delitos más graves del léxico del Estado casi siempre no son invasiones de personas o bienes privados, sino peligros para su propia satisfacción, por ejemplo, traición, deserción de un soldado al enemigo, no inscripción en el registro de reclutamiento, subversión y conspiración subversiva, asesinato de gobernantes y delitos económicos contra el Estado como la falsificación de su dinero o la evasión de su impuesto sobre la renta. O comparar el grado de celo dedicado a perseguir al hombre que asalta a un policía, con la atención que el Estado presta al asalto de un ciudadano común.
Así que podemos concluir que el motín del Capitolio no fue una traición, y al menos teóricamente, fue potencialmente un acto de autodefensa. Sin embargo, si ese es o no el caso, es mucho menos claro. Como señala Spooner, los que se levantan en armas contra el régimen bajo el que viven están, no obstante, participando como «un enemigo abierto», y están llevando a cabo acciones violentas. El hecho de que el motín del Capitolio no fuera una traición no lo convierte necesariamente en algo prudente, ni moral, ni mucho menos legal.
Tal vez la parte más desafortunada de la revuelta del Capitolio es que muchos parecían no tener intención de cometer ningún acto que pudiera ser interpretado como traición. Muchos alborotadores parecían contentos con registrar su insatisfacción con la elección. Vagaron por el edificio como turistas y agitaron banderas. No obstante, muchas de estas personas se enfrentarán al salvajismo de los fiscales federales por lo que los «autores» probablemente pensaron que era una infracción menor. Por otro lado, algunos alborotadores atacaron al personal del Capitolio. Algunos otros vandalizaron el edificio. Algunas de esas personas son culpables de delitos reales, como los que aparentemente participaron en enfrentamientos violentos con la policía del Capitolio. Sus crímenes pueden ser asalto, vandalismo y allanamiento de morada. Algunos pueden incluso ser culpables de intento de asesinato. Pero ninguno es culpable del «crimen» imaginario e inventado que es la traición.
