Una de las suposiciones más fundamentales detrás de la democracia moderna es que los funcionarios electos de alguna manera representan los intereses de quienes los eligieron.
Los defensores del statu quo político influyen en esta posición repetidamente, afirmando que los impuestos y el estado regulador son moralmente legítimos porque los votantes están “representados”. Incluso los conservadores, que a menudo dicen ser de “gobierno pequeño”, a menudo se oponen al radicalismo de cualquier tipo, como la secesión, porque los movimientos de resistencia política como la Revolución Americana solo son aceptables cuando hay “impuestos sin representación”. Dado que los Estados Unidos celebran elecciones de vez en cuando, no se permite ninguna acción política fuera de la votación apenas quizás un pequeño saludo con la mano.
Esta posición, sin embargo, se basa en la idea de que los funcionarios electos son verdaderamente representativos. Si los impuestos con representación hacen que el gobierno sea legítimo, como algunos argumentan, entonces primero debemos establecer que las afirmaciones de representación del gobierno son creíbles.
A nivel teórico, Gerard Casey ya ha puesto serias dudas sobre estas afirmaciones. Casey se basa en el trabajo de Hanna Pitkin, quien admite que es plausible que:
Tal vez la representación en la política sea solo una ficción, un mito que forma parte del folklore de nuestra sociedad. O tal vez la representación debe ser redefinida para que se ajuste a nuestra política; quizás debamos simplemente aceptar el hecho de que lo que hemos estado llamando gobierno representativo es en realidad una competencia de partido para un cargo.
Después de todo, como señala Casey, la representación en el sector privado generalmente significa que hay una relación agente-principal en la que el agente está legalmente obligado a intentar representar los intereses materiales de una persona o grupo de personas claramente definido. Claramente, esto no describe la representación política. No solo no está claro cuáles son los intereses materiales de los votantes - como grupo - sino que el supuesto agente en la relación - el funcionario electo - no está legalmente obligado a representar los intereses de los votantes que supuestamente representa.
Para concluir, por lo tanto, que cualquier votante específico ha dado su consentimiento, por ejemplo, a un aumento de impuestos porque su “representante” lo aprobó, es un esfuerzo extremadamente incompleto, en el mejor de los casos.
Tampoco hay ninguna razón para que podamos esperar que tal esquema de representación pueda ser significativo en las concepciones modernas de gobierno representativo y democracia. Ni el sistema en sí, ni el tipo de personas que se postulan para un cargo, nos dan ninguna razón para creer en la viabilidad de tal sistema.
La representación de dos vías no funciona
Específicamente, hay dos formas en que la representación política del mundo real no se ajusta a las nociones de la población de cómo funciona todo.
En primer lugar, incluso si los políticos quisieran representar fielmente a las personas dentro de su distrito electoral, esto sería imposible. Es imposible porque los políticos no pueden conocer las opiniones de toda la población de su circunscripción. Y es imposible porque cuanto más diverso se vuelve un distrito electoral, más improbable es que cualquier legislación pueda ser elaborada para servir a los intereses de todos los miembros del distrito electoral por igual.
En segundo lugar, no debemos caer en la trampa de asumir que los representantes políticos incluso intenten responder a los deseos políticos de los votantes del distrito. La idea de que la coacción gubernamental se legitima a través de la representación política se basa en gran medida en la idea de que los políticos se adhieren a un modelo de representación política de delegado en el que tratan de promover o proteger los intereses de sus electores. Desafortunadamente, esta es una mala suposición.
La imposibilidad de representar “al pueblo”
Casey ilustra que incluso en un nivel muy básico, la representación política no funciona en un nivel teórico. Pero seamos tipos “prácticos” por unos minutos e imaginemos que, en teoría, podríamos formar un grupo de personas con intereses económicos, culturales y religiosos similares. Entonces podríamos al menos considerar la idea de que podría ser posible representar a este grupo. Es decir, con una circunscripción altamente homogénea, al menos podríamos afirmar que podemos entender y perseguir los intereses del grupo.
Pero incluso si este es nuestro estándar, ¿existen tales legisladores?
Al limitar nuestro análisis a los Estados Unidos, podríamos encontrar ejemplos en algunas áreas pequeñas, culturalmente homogéneas. Esto puede ser cierto a nivel de una comisión del condado o en la legislatura de un estado pequeño como New Hampshire, donde los legisladores representan solo unos pocos miles de personas por distrito.
Sin embargo, a nivel del Congreso, donde un solo distrito incluye típicamente a cientos de miles de personas, las afirmaciones de homogeneidad son, obviamente, tonterías. Y, cuanto mayor sea el distrito electoral, peor se pone. Como señalan Frances Lee y Bruce Oppenheimer en su libro Sizing Up the Senate:
Los estados grandes... abarcarán más intereses políticos que los estados pequeños, en igualdad de condiciones. ... [A]unque la población pequeña no garantiza la homogeneidad, la población grande tiene como resultado la heterogeneidad.
Entonces, lógicamente, se deduce que es poco probable que una población más heterogénea tenga un representante político que comparta muchas de sus opiniones ideológicas. En su libro Congressional Representation and Constituents, Brian Frederick concluye:
[U]na expansión del tamaño de los electores no es una contribución insustancial al nivel de divergencia ideológica de los electores de los miembros de la Cámara. ... En las circunscripciones más pequeñas, ideológicamente cohesionadas, es más fácil para los legisladores satisfacer los deseos políticos de los ciudadanos. El crecimiento en las poblaciones del distrito de la Cámara de Representantes parece haber aumentado la distancia entre el representante y los constituyentes del área de representaciones de políticas.
En consecuencia, no es sorprendente que una vez que alcancemos el nivel del Senado de los Estados Unidos, los representantes no muestren prácticamente ninguna congruencia con las ideologías de las personas a las que se supone que deben representar. En su estudio empírico de la representación, Michael Barber escribe:
[L]as preferencias de los Senadores diverge dramáticamente de la preferencia del votante promedio en su estado. El grado de divergencia es casi tan grande como si los votantes fueran asignados al azar a un senador.
Naturalmente, esto puede verse afectado por factores distintos a la mera heterogeneidad de la población, como la necesidad de cultivar una relación con aquellos que pueden proporcionar fondos para la campaña. Sin embargo, la imposibilidad de representar los intereses de una población tan grande lleva a un legislador a elegir y elegir a qué intereses decide escuchar. En el caso del Senado, Barber encuentra que quienes sí se representan son a menudo los constituyentes “que escriben cheques y asisten a eventos para recaudar fondos”.
Pero no es necesario concluir que los legisladores escuchan a los donantes ricos por razones cínicas. Incluso si un senador en estas circunstancias quisiera representar a los cinco millones de sus electores (como sería el caso en un estado mediano como Minnesota o Colorado) es importante reiterar que esto es simplemente una tarea imposible según el modelo de representación de delegado.1
Fideicomisarios versus delegados
Hasta este momento, hemos asumido que los funcionarios electos se imaginan a sí mismos en gran parte como delegados de las poblaciones que representan. Esto, después de todo, es la suposición detrás del marco básico de la teoría política de Madison: que los representantes electos representarán a los diferentes grupos socioeconómicos y culturales en el Congreso, y estos grupos perseguirán sus propios intereses, por lo tanto, proporcionarán controles y equilibrios entre sí. .
Pero, ¿y si los funcionarios electos no se ven de esta manera?
¿Qué pasa si se ven a sí mismos como fideicomisarios cuyo trabajo es hacer lo que es “mejor” para las personas en su distrito, independientemente de cuáles sean las preferencias de los votantes en realidad?
Quienes hayan trabajado con funcionarios electos verán poca novedad en esta sugerencia. Si se me permite una anécdota personal, señalaré que en mis días trabajando con legisladores estatales, no era raro que un legislador le dijera que él o ella no estaban seguros de si votar de una manera “que los votantes quieren” o hacer “lo correcto”. Lo “correcto”, en la mente de un legislador, es simplemente aquello que corresponde a su ideología personal.
Si el legislador optó por invalidar lo que percibía como la opinión de “la gente”, al menos ese día, el legislador actuaba como fideicomisario en lugar de como delegado.
Hay numerosos estudios que sugieren que este tipo de comportamiento no es raro. La literatura sobre ciencia política que muestra una desconexión entre los votos de los legisladores y la opinión de los constituyentes ha ido en aumento durante años. Un estudio particularmente interesante es un artículo de 2017 de John Matsusake en el que concluyó:
[C]uando las preferencias de los legisladores difirieron de la opinión del distrito sobre un tema, los legisladores votaron congruentes con la opinión del distrito solo el 29 por ciento del tiempo. Los datos no muestran una conexión confiable entre la congruencia y la elección competitiva, los límites de términos, las contribuciones de campaña o la atención de los medios. La evidencia es más consistente con la suposición del modelo de ciudadano-candidato de que los legisladores votan sus propias preferencias.
Por supuesto, no existe una “opinión del distrito”, pero la idea general es lo suficientemente clara: cuando se enfrenta a cómo votar sobre un tema, un legislador, al menos en el estudio de Matsusake, generalmente vota de acuerdo con sus propias opiniones ideológicas, incluso cuando sospecha que la mayoría de sus propios votantes prefieren lo contrario.
Si bien es ciertamente posible defender a los legisladores que votan de acuerdo con el director personal por varios motivos, tampoco podemos afirmar que este tipo de gobierno es un sistema “representativo” en línea con las nociones populares de cómo la representación política es equivalente al consentimiento de los votantes para diversas agendas políticas.
Si los funcionarios electos tienen el hábito de votar para adaptarse a sus propias ideologías, incluso cuando esto signifique anular las preferencias ideológicas de muchos votantes, entonces es difícil ver cómo también podemos llamar a esto “representante” o un sistema que transmite “consentimiento” de Los electores a sus representantes políticos.
Y, sin embargo, a pesar de toda la evidencia de que los funcionarios electos no conocen la preferencia de los votantes, ni votan de acuerdo con ellos, se nos sigue diciendo que los Estados deben ser respetados y obedecidos porque tienen legitimidad que les otorga el hecho de que lo son “democrático” y “representativo”.
Durante siglos, este mito de la representación ha servido para sofocar la oposición al abuso del Estado y para afirmar que la sumisión al Estado es “voluntaria”. Es hora de abandonar los mitos.
- 1Esto es cierto incluso si el representante de alguna manera representa perfectamente al "votante medio". Los científicos políticos a menudo reducen una circunscripción política a un votante mediano para medir qué tan bien un político representa al votante "típico" en su distrito. El "votante medio", por supuesto, no existe realmente. En la vida real, los puntos de vista ideológicos de la mayoría de los electores y votantes difieren notablemente de un votante mediano imaginado que es básicamente una suma de todos los votantes. La mayoría de las personas no se ajustarán a la descripción de los medios de comunicación, lo que significa que la mayoría de las personas no estarán representadas, incluso si un legislador pudiera averiguar exactamente cuáles son los puntos de vista políticos "típicos" de sus electores.
