En el debate del martes, el ex vicepresidente Joe Biden declaró que se oponía al movimiento «Desfundar la policía». En una elección general, esta no es una declaración terriblemente audaz por parte de Biden. De acuerdo con numerosas encuestas, el público tiene poco entusiasmo por los recortes considerables a las agencias de policía.
Al parecer, la mayoría de las personas reconocen que algún tipo de organismo de seguridad o de aplicación de la ley desempeña un papel valioso en la mayoría de las comunidades.
Esto no significa, por supuesto, que esta agencia de lucha contra el crimen tenga que ser necesariamente una organización monopólica, o una agencia gubernamental. Lamentablemente, sin embargo, hoy en día se acepta generalmente como un hecho que la aplicación de la ley es un trabajo para una burocracia gubernamental financiada por los impuestos y sin competidores legales.
Pero cualesquiera que sean las ventajas de un organismo policial controlado por el gobierno, siempre nos encontramos con un gran problema con los monopolios gubernamentales: ofrecen servicios de menor calidad a un precio más alto que el que tendrían las empresas privadas.
No debería ser sorprendente, entonces, que en un nuevo y extenso artículo de próxima aparición en la Alabama Law Review, el autor descubriera que los organismos policiales tienen un historial muy pobre en la resolución de crímenes y en el enjuiciamiento de los delincuentes.
La falta de eficacia y responsabilidad de la policía
Es notablemente difícil encontrar datos sobre la habilidad y la eficacia de la policía para encontrar y detener a los culpables, y la frecuencia con que estas detenciones conducen a una condena.
Con demasiada frecuencia, los investigadores y los periodistas terminan confiando en las «tasas de aprobación», que son la tasa a la que la policía hace detenciones por los delitos denunciados y entrega los sospechosos detenidos a los fiscales. En algunos casos, se puede decir que la policía ha «aclarado» un caso cuando un sospechoso muere antes de poder ser detenido o si la policía ha determinado que el caso se ha resuelto de alguna otra manera. Los propios organismos policiales suelen publicar esta información, y estas cifras pueden ser fácilmente manipuladas, porque la policía determina si un caso se ha resuelto sobre la base de su propio juicio acerca de un sospechoso cuya culpabilidad nunca se ha demostrado.
Así pues, los lectores más hábiles comenzarán a ver inmediatamente algunos de los problemas que plantea el uso de las tasas de autorización como medida de la eficacia de la policía. Sólo porque la policía haga un arresto no significa que hayan atrapado al culpable. Sólo porque la policía haga un arresto no significa que la policía haya recogido suficientes pruebas para llegar a un veredicto de culpabilidad.
Además, en las tasas de liquidación rara vez se intenta tener en cuenta los delitos que se producen pero que nunca se denuncian a la policía. (Estas cifras no son ciertamente insignificantes).
Sin embargo, incluso utilizando estos datos de autorización publicados por la propia policía, nos quedamos con un cuadro de mediocridad policial en el que menos de la mitad de los crímenes violentos llevan a algún tipo de resolución satisfactoria.
Pero una nueva investigación del jurista de la Universidad de Utah, Shima Baradaran Baughman, sugiere que incluso estas cifras tradicionales de «éxito» de la policía, basadas en la tasa de aprobación, son en realidad demasiado altas. Si medimos la eficacia de la policía teniendo en cuenta «el abrumador número de delitos que no se denuncian a la policía, las personas que son detenidas pero no entregadas a los fiscales, [y] los delitos resueltos sin arresto a través de medios alternativos», las cifras parecen muy diferentes. Tomando en cuenta factores que no se encuentran en los datos habituales de la tasa de depuración, Baughman concluye que «la policía es ineficaz en la resolución de delitos graves [y] la policía es mucho menos eficaz de lo que podríamos pensar en la resolución de todos los delitos graves, y no ha mejorado significativamente en los últimos treinta años».1
Cuando se trata de delitos denunciados, las estadísticas son bastante sombrías:
En 2006 se denunciaron 14.948 asesinatos y, de ellos, 8.845 personas fueron condenadas (a nivel federal y estatal), lo que supone un total del 59% de los asesinatos que dieron lugar a una condena. Así que, en otras palabras, el 41% de los asesinos se salieron con la suya. Para otros crímenes, es mucho peor. Si hubo un total de 760.753 denuncias de agresiones con agravantes en 2006 y 101.108 condenas por agresión con agravantes, eso significa que el 13% de los individuos que cometieron agresiones son considerados responsables, o en otras palabras, el 87% de las personas que cometen agresiones con agravantes no son condenados por ello.2
Pero estos son sólo crímenes denunciados. Por otra parte, las encuestas sugieren desde hace tiempo que es común que las víctimas no denuncien los delitos a la policía. Y en muchos casos, entre el 35 y el 40 por ciento de las veces, las víctimas no denuncian los delitos a la policía precisamente porque «creían que la policía no ayudaría o no podría ayudar».3
Se estima, por ejemplo, que si bien la abrumadora mayoría de los homicidios se denuncian a través de los canales oficiales, sólo el 17% de las violaciones se denunciaron en 2018, y menos de la mitad de los robos se denunciaron a las autoridades.
Una vez que se incluyen estos «crímenes conocidos», encontramos que las tasas de autorización de la policía son mucho más bajas:
A partir de 1990, el porcentaje real de crímenes aclarados fue del 10,03%. En 1998, el porcentaje real de delitos aclarados fue de 7,92. En 2004 y 2006, el porcentaje real total de delitos aclarados fue del 9,26% y el 9,19% respectivamente. Para 2009, la policía mejoró el porcentaje de delitos aclarados hasta el 12,10% del total de delitos, y en 2014 fue del 11,71%. Finalmente, en 2018 el porcentaje real de delitos resueltos volvió a bajar al 10,61%. En general, las tasas de esclarecimiento real en los últimos treinta años se mantuvieron alrededor del 10%.
Las tasas de condenas son aún peores. Al examinar el número total de condenas contra el número total de crímenes conocidos, Baughman encuentra:
La tasa de condenas reales fue del 1,65% en 1990, el 1,35% en 1998, el 1,81% en 2004 y el 1,95% en 2006. Es decir que la tasa de condenas por los principales delitos en estos años de muestra es inferior al 2% anual.4
Esta «verdadera tasa de condenas» fue por lejos la más alta para el homicidio: 59 por ciento. Pero a partir de ahí, las condenas caen precipitadamente. Sólo el 12 por ciento de las violaciones y sólo el 7 por ciento de los asaltos agravados condujeron a condenas.
Los organismos policiales, por supuesto, no pueden ser considerados totalmente culpables por la falta de condenas, pero desempeñan un papel importante en la construcción de un caso y en proporcionar a los fiscales las pruebas necesarias. Aparentemente, la policía no lo hace en muchos casos.
Los contribuyentes están pagando mucho dinero por pocas condenas
¿Y cuánto pagan los contribuyentes por estos «servicios»? Mucho.
En un reciente artículo para Vox, Sean Collins examinó el gran y creciente número de dólares entregados por los funcionarios a los departamentos de policía. Sin embargo, a pesar de que los contribuyentes pagan sumas cada vez mayores por los departamentos de policía, «las tasas de liquidación se han mantenido bastante estables durante varias décadas a pesar de los aumentos en los presupuestos de la policía... lo que sugiere que dar a los departamentos más dinero no necesariamente se traduce en mejores resultados».
Además, Collins encuentra:
Según los datos más recientes de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en 2017 los gobiernos estatales y locales gastaron 114.000 millones de dólares en fuerzas policiales y 78.800 millones en prisiones. La policía puede ocupar una gran parte de los presupuestos de las ciudades; por ejemplo, Chicago planeó gastar 2.000 millones de dólares, el 15 por ciento de su presupuesto, en su fuerza policial en 2020.
Mientras tanto, los departamentos de policía de todo el país han estado pagando cientos de millones de dólares en dinero de los contribuyentes para resolver los casos legales derivados de los incidentes de brutalidad policial.
Los contribuyentes están siendo estafados
A pesar de todo esto, los residentes americanos informan regularmente de un alto grado de confianza en los departamentos de policía. Según una encuesta de 2020 de Pew Research, «Una mayoría del 58% de los americanos dice que la policía de todo el país hace un excelente o buen trabajo protegiendo a la gente del crimen, lo cual no cambia mucho en comparación con la parte que dijo esto hace cuatro años (62%)».
Sin embargo, los altos costos y el bajo rendimiento son exactamente lo que deberíamos esperar de un organismo gubernamental monopolista que no se enfrenta a la competencia y puede confiar en una infusión regular de dólares de los impuestos.
En un mercado privado, una empresa que ofrece tan poco «bang for the buck» es probable que sea rápidamente reemplazada por sus competidores. La presencia de múltiples empresas en la industria de la «vigilancia» haría bajar los precios, mientras que las empresas tratarían de anunciar su capacidad para «atrapar a los malos» a un precio más alto que el de sus competidores.
Algunos podrían argumentar, por supuesto, que un sistema de empresas de seguridad privada que compiten entre sí es indeseable e impracticable, y que no responde suficientemente a «el público». Esta noción, sin embargo, debe sopesarse con el hecho aparente de que los departamentos de policía del statu quo tienen poco que mostrar en cuanto a llevar a los criminales ante la justicia, incluso con enormes presupuestos financiados por los contribuyentes.
Por otra parte, la realidad política actual no parece ser un problema importante para estos organismos policiales. El debate actual sobre las facultades y la eficacia de la policía se concentra en el tratamiento policial de los sospechosos y la brutalidad policial, y no en el historial que tiene la policía para encontrar y detener a ladrones y asesinos.
Incluso esto se puede rastrear hasta el monopolio de que gozan las organizaciones policiales. Los sindicatos de empleados públicos y la protección de la inmunidad de la policía han hecho mucho para proteger a la policía de la responsabilidad pública. Los trabajadores de seguridad del sector privado no disfrutan de tales ventajas.
Sin embargo, sigue sin estar claro que todos estos esfuerzos de la policía por acosar e investigar a los residentes por infracciones menores como la posesión de drogas y el cruce de peatones hagan algo para ayudar a la policía a hacer frente a actos delictivos más graves como robos y violaciones. Los departamentos de policía dedican enormes sumas a la búsqueda de pequeños traficantes de drogas e infractores de las leyes de tráfico. Menos del 5 por ciento del personal de la policía en muchas ciudades se dedica a la investigación de homicidios. Mientras tanto, la mayoría de las víctimas de delitos violentos nunca verán que se haga justicia por los delitos que han sufrido.
- 1Shima Baradaran Baughman, «How Effective Are Police? The Problem of Clearance Rates and Criminal Accountability», Alabama Law Review (a publicar). Véase también el documento de trabajo del mismo nombre (documento de trabajo, Documento de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah Nº 362), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3566383.
- 2Ibídem, pág. 49.
- 3Ibídem, pág. 22.
- 4Ibídem, pág. 51.
