Los responsables políticos saben que tienen un inmenso poder para regular y castigar a las empresas que no juegan. Los líderes del sector también lo saben. Así que es probable que ambas partes acaben «jugando a la pelota».
Los Demócratas en el Congreso quieren una regulación exhaustiva de las redes sociales que, en última instancia, permitirá a los reguladores del régimen decidir qué es y qué no es «desinformación». Esto ha quedado muy claro cuando el Congreso ha celebrado una serie de audiencias destinadas a presionar a los líderes tecnológicos para que hagan aún más para silenciar a los críticos del régimen y sus narrativas preferidas de centro-izquierda.
En febrero, por ejemplo, Glen Greenwald informó:
Por tercera vez en menos de cinco meses, el Congreso de Estados Unidos ha convocado a los directores generales de las empresas de redes sociales para que comparezcan ante ellos, con la intención explícita de presionarlos y coaccionarlos para que censuren más contenidos de sus plataformas.
Los demócratas de la Cámara de Representantes no han ocultado su objetivo final con esta audiencia: ejercer un control sobre los contenidos de estas plataformas online. «La autorregulación de la industria ha fracasado», han dicho, y por ello «debemos comenzar la labor de cambiar los incentivos que llevan a las empresas de medios sociales a permitir e incluso promover la desinformación y la desinformación». En otras palabras, pretenden utilizar el poder del Estado para influir y coaccionar a estas empresas para que cambien los contenidos que permiten y no permiten publicar.
(La audiencia de febrero ni siquiera fue el final. Las grandes tecnológicas fueron citadas de nuevo el 25 de marzo).
Greenwald probablemente tenga razón. Es probable que el resultado final sea la creación de una «asociación» permanente entre las grandes empresas tecnológicas, en la que los reguladores gubernamentales decidirán en última instancia hasta qué punto estas plataformas eliminarán a los usuarios y borrarán los contenidos que sean contrarios a los mensajes del régimen.
A muchos lectores les puede parecer extraño que esto sea necesario. Ya ha quedado bastante claro que los grandes medios sociales no son enemigos de las fuerzas pro-régimen de Washington. Todo lo contrario.
Jack Dorsey, por ejemplo, es exactamente el tipo de apparatchik del régimen partidista que uno espera del Silicon Valley actual. Por ejemplo, en octubre del año pasado, Twitter bloqueó la cuenta del New York Post porque éste publicó un artículo sobre Hunter Biden que amenazaba con perjudicar las posibilidades de Biden en las elecciones. Más del 90% del dinero de las donaciones políticas que salen de Facebook y Twitter va a parar a los demócratas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no va a ser suficiente para convencer a los políticos de que hagan las maletas y decidan dejar en paz a las empresas de medios sociales. Es poco probable que el régimen se conforme con otra cosa que no sea el control total de las redes sociales por parte del Estado a través de organismos reguladores permanentes que, en última instancia, puedan poner en cintura a la industria. Independientemente de las inclinaciones ideológicas de los actores de la industria involucrados, es probable que vean la escritura en la pared. Como ocurre con cualquier régimen en el que los reguladores y los legisladores tienen un inmenso poder -como es el caso de Washington en la actualidad-, el régimen generalmente podrá ganarse la «cooperación» de los líderes del sector, que acabarán adoptando la postura de «si no puedes vencerlos, únete a ellos».
Silicon Valley está aliado ideológicamente con el régimen. Pero eso no es suficiente.
Desde hace al menos una década ha quedado claro que, desde el punto de vista ideológico, Silicon Valley es lo más políticamente posible. La vieja noción de principios de la década de 2000 de que Silicon Valley alberga inclinaciones secretas libertarias y antisistema ha sido desmentida docenas de veces.
Además, Washington tiene un largo historial de cooptación de «genios» de la tecnología al servicio de los caprichos del régimen. Ya en 2013 Julian Assange vio la «unión cada vez más estrecha» entre los agentes del gobierno y Silicon Valley. Assange vio cómo las agencias federales contrataban a trabajadores de Silicon Valley como «consultores» y vio hacia dónde se dirigía la «asociación». Concluyó «El avance de la tecnología de la información personificado por Google anuncia la muerte de la privacidad para la mayoría de la gente y desplaza el mundo hacia el autoritarismo.»
Pero incluso si Silicon Valley está repleto de títeres de la NSA —como parece ser el caso— esto no significa que las empresas de Silicon Valley estén dispuestas a entregar alegremente su propiedad al gobierno federal. Al fin y al cabo, los directores generales, los gerentes y los accionistas de Silicon Valley siguen estando, al menos en parte, por el dinero. En igualdad de condiciones, prefieren los beneficios a las pérdidas y quieren tener libertad para tomar decisiones sin control normativo. Probablemente no les importa la libertad en abstracto, pero sí para ellos mismos.
La amenaza de la regulación crea apoyo al régimen
Por otro lado, una vez que los responsables políticos y los reguladores federales empiezan a lanzar amenazas, el juego cambia por completo. De repente, tiene mucho sentido mantener relaciones «amistosas» con el Estado por una cuestión de autopreservación. Si Washington tiene la capacidad de destruir su negocio —y si se ha vuelto imposible «pasar desapercibido»—, entonces tiene mucho sentido hacer que Washington sea su amigo.
En estas circunstancias, hay poco que ganar con una oposición generalizada a la regulación federal, y mucho que ganar si se acepta la regulación y se trabaja simplemente para garantizar que la regulación le beneficie a usted y a sus amigos.
Grandes empresas frente a pequeñas empresas
Por lo tanto, nunca debería sorprendernos que las grandes empresas acaben poniéndose del lado del régimen. Sería una locura no hacerlo, sobre todo si se tienen los medios para contratar a grupos de presión, abogados y consultores de relaciones públicas que puedan ayudar a las grandes empresas a negociar eficazmente con los reguladores. Ni que decir tiene que los resultados de estas negociaciones probablemente acaben ayudando a los grandes actores a costa de los más pequeños, que ni siquiera están presentes en la mesa de negociación.
Para las pequeñas empresas que tienen pocas esperanzas de influir en la política federal, sigue teniendo sentido simplemente oponerse por completo al activismo federal y esperar lo mejor. Pero si su empresa consigue un asiento «en la mesa», es mejor aprovechar la oportunidad. Citando un viejo dicho entre los lobistas: «si no estás en la mesa, estás en el menú».
Pero no olvidemos que incluso cuando las empresas privadas pueden aportar inmensas cantidades de recursos para influir en la política pública y negociar con los burócratas: el propio régimen tiene en última instancia la ventaja. Ninguna empresa privada del mundo tiene los recursos necesarios para ignorar o vetar los deseos del ejército de reguladores, fiscales y recaudadores del régimen. Ninguna empresa privada goza de nada parecido al poder de monopolio coercitivo del Estado.
Pero esto no significa que esas empresas no puedan compartir este poder. Y eso es lo que ocurre muy a menudo. Ante un ultimátum de «únete a nosotros o sé destruido» por parte de los reguladores federales o los legisladores, la mayoría de las empresas privadas eligen la opción «únete a nosotros». Por supuesto, a muchas empresas pequeñas ni siquiera se les ofrece la opción.
