Dominion Voting Systems está demandando al CEO de MyPillow, Mike Lindell, por 1.300 millones de dólares. Esto llega tras otras demandas de Dominion contra los asesores de Trump Rudy Giuliani y Sidney Powell. Todos están acusados de mentir sobre la supuesta complicidad de Dominion en el uso del software de conteo de votos de la compañía para favorecer al candidato presidencial Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.
La empresa afirma que las acusaciones de Lindell «han causado un daño irreparable a la buena reputación de Dominion y han amenazado la seguridad de nuestros empleados y clientes». En el caso de Giuliani, la empresa afirma: «Para Dominion -cuyo negocio es la producción y el suministro de sistemas de votación para las elecciones- no hay acusaciones [aparte de las afirmaciones de Giuliani sobre fraude y amaño de elecciones] que puedan hacer más daño al negocio de Dominion o impugnar la integridad, la ética, la honestidad y la integridad financiera de Dominion.»
Detrás de todo esto está la lógica habitual de una demanda por difamación. A los propietarios de Dominion les preocupa que Lindell, Giuliani y Powell hayan hecho perder dinero a la empresa al decir cosas que podrían perjudicar a Dominion financieramente.
Es muy posible que Dominion tenga un caso, al menos legalmente hablando. Dominion es nominalmente una empresa privada. Pero tendrá que demostrar los elementos habituales de una demanda por difamación, es decir, que Lindell y otros hicieron declaraciones falsas sobre Dominion y que sabían que esas declaraciones eran falsas. Dominion también debe demostrar que ha sufrido daños y perjuicios.
Afortunadamente, esto es muy difícil de hacer en los tribunales estadounidenses. Esto es especialmente cierto en el caso de los funcionarios del gobierno y las «figuras públicas» de cualquier tipo. En esos casos, el demandante debe demostrar también que la difamación se cometió con intención maliciosa e imprudencia.
Esto supone un estándar legal muy alto que cumplir. Y con razón.
En cualquier caso, el respeto a la libertad de expresión anularía la mayoría, si no todas, las demandas por difamación. Como he señalado en el pasado, la ley de difamación abre una caja de Pandora de estrategias legales que pueden emplearse para silenciar a las personas que el régimen y sus aliados consideran incómodas.
En el caso de Dominion Voting Systems, sin embargo, la empresa no debería poder demandar por difamación en absoluto. Esto se debe a que Dominion es una empresa privada sólo de nombre, y en realidad es una agencia gubernamental de facto.
Los gobiernos (en Estados Unidos) no pueden demandar por difamación
En el caso New York Times v. Sullivan de 1964, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos concluyó:
Por una buena razón, «ningún tribunal de última instancia de este país ha sostenido nunca, ni siquiera sugerido, que los juicios por difamación del gobierno tengan cabida en el sistema de jurisprudencia estadounidense».
Las razones de esto deberían ser obvias. Las agencias gubernamentales gozan de privilegios de monopolio y se financian mediante la recaudación coercitiva de impuestos. Incluso el simpatizante más azul del régimen puede ver probablemente el peligro que surge de conceder también a esta agencia monopolística el derecho a demandar a la gente por criticarla. Después de todo, la noción liberal de «libertad de expresión» se codificó en documentos como la Carta de Derechos principalmente con el fin de garantizar que los críticos del régimen fueran legalmente inmunes a los intentos del régimen de tomar represalias.
Esto nos lleva a organizaciones «privadas» como Dominion.
En sus demandas contra Lindell, Giuliani y Powell, la empresa procede como si fuera una empresa privada más. El argumento básico es «¡sólo somos un pobre e inocente grupo de empresarios a los que se difama!».
Pero está claro que «privado» no es un término apropiado para describir una empresa como Dominion. Y «espíritu empresarial» tiene muy poco que ver. Se trata de una empresa que está orientada de forma abrumadora a servir únicamente a organismos gubernamentales y a realizar lo que sólo puede describirse como servicios gubernamentales. Dominion proporciona software de recuento de votos y servicios relacionados. Sus únicos «clientes» son aparentemente agencias gubernamentales. Como tal, los ingresos de Dominion provienen de los ingresos fiscales. La empresa y sus fundadores no son «emprendedores» en ningún sentido, excepto en el sentido de «emprendedor político», que busca beneficios a través de subvenciones y contratos gubernamentales. La empresa no interactúa en un mercado libre y abierto donde los clientes reales intercambian dinero con la empresa a cambio de un bien o servicio. Más bien, los contribuyentes se ven obligados a apoyar a Dominion a través de los impuestos, y los contribuyentes no tienen ninguna opinión significativa sobre si «pagan» o no a Dominion. En resumen, la relación entre Dominion y la gente que en última instancia financia a Dominion es una relación de coerción y explotación.
En este sentido, Dominion es como muchas otras agencias gubernamentales de facto que afirman de forma poco convincente ser «privadas» en cualquier sentido que no sea el legal. Un ejemplo de ello es Academi —antes conocida como Blackwater—, que suministra tropas mercenarias y servicios relacionados a las agencias gubernamentales. La empresa fue fundada y dirigida por antiguos agentes de la CIA y otros burócratas que presumiblemente querían sacar provecho del lucrativo negocio de los contratos gubernamentales. Los ingresos de Academi proceden en su inmensa mayoría de estos contratos y, como tal, se financia con el sudor y el trabajo de los contribuyentes.
Por supuesto, esto no ha impedido al fundador de Academi, Erik Prince, afirmar ridículamente que es una especie de empresario de libre mercado.
También podríamos señalar otras empresas «privadas» que atienden a los gobiernos. Esto incluiría fabricantes de armas como Lockheed Martin, o incluso empresas de construcción de carreteras cuyo plan de negocio se basa en la construcción de proyectos gubernamentales.
No es raro encontrarse con ingenieros y propietarios de empresas como éstas que hacen comentarios sarcásticos sobre los «burócratas del gobierno». En realidad, estas personas sólo se describen a sí mismas. Si sus ingresos proceden principalmente de los impuestos, son de facto empleados del gobierno.
Naturalmente, podríamos ver el peligro que supone permitir que estas empresas demanden a sus detractores por difamación. Por ejemplo, dado que Academi ha sido un componente clave de la brutal y sangrienta ocupación estadounidense de Irak, muchos críticos han afirmado a lo largo de los años que Academi ha asesinado a innumerables iraquíes. ¿Son estas afirmaciones difamatorias? Un tribunal podría estar de acuerdo. Sin embargo, si Academi demandara a esos críticos, la empresa sólo estaría utilizando el dinero de los impuestos para demandar a los contribuyentes por atreverse a criticar a una agencia que lleva a cabo la política del gobierno.
Lo mismo ocurre con Dominion cuando intenta demandar a los críticos por difamación.
Entonces, ¿fue Dominion difamado por sus críticos? ¿A quién le importa? Esto no debería considerarse más importante que si se difama o no a la ATF (Oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos) cuando los críticos de la masacre de Waco sostienen que los agentes federales asesinaron a las mujeres y niños de la Rama Davidiana. Permitir que una agencia gubernamental demande en estos casos sería un ataque directo a la libertad de expresión y a la libertad de atacar verbalmente los abusos percibidos por el régimen.
No se debe permitir que agencias gubernamentales de facto como Dominion (o Academi o Raytheon) se hagan pasar por empresas privadas legítimas que merecen la protección legal del sector privado. Si no les gusta, estas empresas pueden dedicarse a ofrecer servicios reales y voluntarios en el mercado sin la generosidad de los contribuyentes.
