Donald Trump y el gobernador de California, Jerry Brown, no han conseguido llegar a un acuerdo sobre cómo deberían usarse las tropas de la Guardia Nacional de California en la frontera EEUU-México. El gobernador Brown ha acordado enviar las tropas de California, pero ha declarado que no les permitirá desempeñar un papel de “policía de fronteras”.
Trump había alabado antes a Brown por enviar algunas tropas de la Guardia de California, pero parece que en la cabeza de Brown las tropas solo tendrían que estar ahí para actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado. Trump expresó luego su desacuerdo con estas limitaciones impuestas por el estado.
El Drudge Report en días recientes ha resaltado el conflicto entre los gobiernos estatal y federal con titulares como “DESAFÍO: California despliega 400 tropas, pero no como policía de inmigración” y “LA BATALLA DE LA FRONTERA”.
Otras publicaciones, como el Daily Mail de Reino Unido, reportan cierto grado de sorpresa por el hecho de que un gobernador de un estado rechace enviar tropas cuando se lo requiere el presidente de EEUU.
Legalmente hablando, es mucho ruido y pocas nueces. Mientras el presidente no federalice las tropas de la Guardia Nacional para una “emergencia nacional”, un gobernador estatal, que es el comandante en jefe de las tropas de la Guardia Nacional del estado, puede rechazar enviar el personal solicitado.
Por supuesto, los presidentes pueden federalizar la Guardia Nacional y desplegarla contras su voluntad si lo desean, pero Trump no ha hecho eso (y hacerlo seguiría siendo un problemas político importante cuando el presidente pretende usar las tropas en territorio estadounidense).
En caso de usar tropas de la Guardia Nacional en el lado estadounidense de la frontera EEUU-México, por supuesto, el presidente podría incumplir la Ley Posse Comitatus, que prohíbe usar tropas federalizadas estadounidenses dentro de Estados Unidos.
Como explica Tim Macarthur, ni siquiera esa prohibición es una norma inflexible, pero enviar tropas estadounidenses federalizadas a la frontera invitaría a medidas legales y resistencia política.
1986: Cuando los gobernadores rechazaron enviar tropas a Latinoamérica
Por supuesto, no es sorprendente políticamente que los demás estados fronterizos (Arizona, Nuevo México y Texas), que tienen todos gobernadores republicanos, hayan enviado voluntariamente tropas, aparentemente sin limitaciones impuestas por los gobernadores en cuestión.
Por el contrario, Jerry Brown, un demócrata, ha adoptado una postura distinta.
Sin embargo, no es la primera vez que un gobernador ha ofrecido resistencia a una solicitud de despliegue u órdenes de los presidentes.
Durante la década de 1980, cuando el presidente Reagan pretendió enviar tropas de la Guardia Nacional a Centroamérica, varios gobernadores demócratas (incluyendo a Toney Anaya de Nuevo México y Joseph Brennan de Maine) rechazaron enviar sus tropas, iniciando una batalla legal.
El Christian Science Monitor resumía la situación en 1986:
El gobernador Brennan tomó la iniciativa en enero cuando rechazó una solicitud federal de que su Guardia Armada participara en un ejercicio de construcción de carreteras en el centro de Honduras. A continuación, los gobernadores de Ohio y Arizona rechazaron solicitudes para enviar a maniobras a sus guardias nacionales desde sus estados y dos gobernadores más dijeron que no enviarían guardias a Honduras si se lo pedían.
Honduras desempeña un papel esencial en la guerra de Washington contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Los rebeldes de la Contra, respaldados por EEUU, tienen su base en Honduras, las fuerzas estadounidenses han construido pistas de aterrizaje e instalaciones de radar en todo el país y las tropas de EEUU han realizado varias maniobras a gran escala en Honduras desde 1983.
Alarmada por la rebelión de los gobernadores, la administración Reagan actuó para sofocar esa especie de motín. En julio, el subsecretario de defensa para asuntos de la reserva, James H. Webb Jr., decía en un subcomité del Senado que “la autoridad de los gobernadores se ha convertido en un instrumento para debatir o influir en la política exterior”.
Sin embargo, la legislación federal permitía una interpretación por la que los gobernadores estatales podían ejercitar algún control propio sobre a dónde se podían enviar a sus tropas de la Guardia Nacional en misiones de formación en tiempo de paz.
Muchos de los gobernadores de la nación continuaron reafirmando un mayor control sobre las tropa de la Guardia Nacional, como informaba el Chicago Tribune en su momento:
A los gobernadores normalmente no les entusiasman los asuntos de política exterior o defensa, pero ahora están ejercitando su derecho derecho a hablar sobre ellos, al menos en lo que se refiere a las unidades de la Guardia Nacional. Una resolución adoptada en la conferencia de gobernadores dice que solo estos tienen derecho a decidir cuántas unidades de la guardia se usarán y a dónde se enviarán.
Washington todavía puede nacionalizar unidades de la guardia en tiempo de guerra u otras emergencias. Pero, fuera de eso, los gobernadores reclaman en la práctica un poder de veto. Si el Departamento de Defensa quiere que la Guardia Nacional de un estado se envíe a una misión de formación en el extranjero, la nueva resolución requeriría la aprobación del gobernador de ese estado. Y es mejor que el destino no sea Centroamérica.
Esto reflejaba por sí mismo un papel ya enormemente reducido para los gobernadores, comparado con el poder que tenían sobre las tropas estatales en el siglo XIX. Pero incluso esta pequeña cantidad remanente de poder de veto era demasiada para el representante C.V. (Sonny) Montgomery (D), de Mississippi, quien, en respuesta a la resistencia de los gobernadores, impulsó con éxito la aprobación de nueva legislación que quitaba a los gobernadores su derecho a rechazar el despliegue en casos similares:
Montgomery presentó su enmienda argumentando que “unos pocos gobernadores sencillamente no pueden decir: ‘No voy a dejar que mis guardias se formen en cierta parte del mundo porque no me gusta la política de ese lugar’”.
Esta “enmienda Montgomery” fue impugnada posteriormente en los tribunales federales e incluso fue derogada en apelación. En diciembre de 1988, el
Tribunal de Apelación del Circuito 8º de Estados Unidos sentenció por dos votos a uno el martes que la llamada enmienda Montgomery, que eliminaba el control del gobernador sobre las unidades de la Guardia Nacional, era inconstitucional (…) La enmienda fue impugnada por el gobernador de Minnesota, Rudy Perpich, que se oponían a la orden del Departamento de Defensa de enviar las unidades de la Guardia de Minnesota a Centroamérica. También se habían opuesto los gobernadores de otros estados y los estados de Massachusetts, Ohio, Colorado, Vermont y Maine apoyaban la demanda de Minnesota.
Por desgracia, las cosas no acabaron aquí. En 1990, la administración de George H.W. Bush había apelado el caso, ahora conocido como Perpich v. DoD. En el proceso, el estado de Minnesota argumentó que “los Padres Fundadores temían un gran ejército permanente y creían que el control estatal podía servir como control sobre gobierno federal”. La administración Bush, por el contrario, buscaba un mayor control federal sobre los estados. El Tribunal se puso del lado del gobierno federal y apoyó la enmienda Montgomery. El resultado fue que los estados se vieron de nuevo debilitados con respecto a reclamar cualquier control sobre el uso federal de las que históricamente habían sido consideradas milicias estatales.
Una breve historia de la federalización de las tropas estatales
El conflicto por el control del personal militar se remonta más de 200 años hasta los días de la Revolución Americana. Los conflictos que rodearon la Guerra Civil Inglesa llevaron a una tradición legal muy arraigada de evitar grandes ejércitos permanentes y confiar en milicias no profesionales para suministrar fuerzas de tierra. Se adoptaron posturas similares por parte de los colonos americanos que mantenían opiniones en contra de los ejércitos permanentes con un entusiasmo aún mayor que los propios ingleses.
Muchos de los debates entre federalistas y antifederalistas se centraron en el control de las milicias estatales y en cuánto ejército permanente debería permitirse al gobierno federal.
Hasta la Guerra de Secesión, el ejército permanente en Estados Unidos era diminuto y la mayor parte del personal militar fuera de la Armada eran milicias estatales.
Hoy en día, las historias militares “oficiales” (la mayoría de las cuales han sido escritas por investigadores militares empleados por el propio gobierno federal) retratan a las milicias como ineptas, poco importantes e irrelevantes. En realidad, las tropas de las milicias estatales fueron eficaces y clave en la Guerra Mexicana y en numerosos enfrentamientos fronterizos durante el siglo XIX.
Además, en varios episodios clave del siglo XIX (en concreto en Vermont, Connecticut, y Kentucky) los gobernadores estatales rechazaron explícitamente proporcionar tropas al gobierno federal en tiempo de guerra. Esos casos fueron raros, pero seguía manteniéndose la idea de que los estados podían controlar sus propios recursos militares independientemente del gobierno federal.
Esos ideales fueron resumidos por el legislativo de Connecticut durante la Guerra de 1812, cuando declaró que no enviarían las tropas solicitadas: “no debe olvidarse que el estado de Connecticut es un estado LIBRE, SOBERANO e INDEPENDIENTE, que Estados Unidos es una confederación de estados, que somos una república confederada y no consolidada” (mayúsculas originales).
Incluso durante la Guerra de Secesión la mayoría de los equipos militares del norte fueron organizados por gobiernos estatales, aunque posteriormente se pusieran bajo mando federal. Los soldados a tiempo parcial que se presentaron voluntarios en la Guerra de Secesión por el norte (solo el 8% de los soldados eran reclutas) continuaban considerándose “ciudadanos soldados” al estilo de las milicias estatales.
Sin embargo, a principios del siglo XX el ideal de milicias a nivel estatal, aunque se conservara filosóficamente, se colocó legalmente bajo un control federal mucho mayor y las milicias se convirtieron en la “Guardia Nacional”. Según George J. Stein:
La Guardia Nacional moderna empezó con la Ley Dick de 1903, que establecía las diversas milicias estatales como el sistema de milicia de los 1 Estados Unidos y daba al presidente la autoridad para “llamar a la guardia” en tiempo de guerra o seguridad nacional.
Esto consolidaba las milicias estatales como esencialmente auxiliares del gobierno federal. Esto se reforzó todavía más con la Ley de Defensa Nacional de 1916, que
reconocía a la Guardia como la primera línea de defensa después de las tropas regulares y ordenaba que los guardias tuvieran que realizar un doble juramento tanto al gobierno federal como estatal y podrían ser reclutados para el servicio federal.2
Así que se esperaba explícitamente de las milicias estatales que fueran leales simultáneamente tanto a los oficiales federales como estatales.
Sin embargo, persistía la idea de que los gobiernos estatales ejercitaban algún control sobre las tropas de la Guardia Nacional, al menos en circunstancias concretas.
Las cosas tampoco mejoraron para el ejército federal por la impopular y desastrosa Guerra del Vietnam en la que las tropas de la Guardia Nacional estuvieron en buena medida ausentes del conflicto. Esto puede haber creado la impresión en algunos casos de que el ejército federal regular no estaba tan libre de defectos como se imaginaba.
En todo caso, en la década de 1980 algunos gobernadores estatales se sintieron con poder suficiente para reclamar de nuevo una pizca de control estatal sobre las tropas estatales, que cada vez se habían puesto más bajo un control federal directo.
Sin embargo, con la aprobación y las consiguientes sentencias de los tribunales apoyando la enmienda Montgomery, el control estatal sobre las tropas de la Guardia Nacional es actualmente muy débil.
El actual conflicto con el gobernador de California es muy concreto para uno de los pocos casos en los que un estado puede rechazar una solicitud federal de tropas de la Guardia Nacional. Sin embargo, en general, la apropiación federal de las tropas estatales es casi completa en términos legales. Hoy en día, los presidentes pueden reclamar tropas de la Guardia Nacional para largos despliegues de tareas activas en territorios extranjeros lejanos en los que no puede detectarse ninguna amenaza perceptible para Estados Unidos. Más aún, todo esto puede hacerse sin ninguna declaración específica de guerra del Congreso. Incluso las antiguas normas acerca de que las tropas de la Guardia Nacional no podían ser reclamadas “en tiempo de paz” ha desaparecido en buena parte en la práctica.
Por supuesto, todo esto es malo, ya que en su primer siglo después de la Revolución, los estadounidenses tenían muchas más reticencias hacia un gran ejército centralizado que podía usarse para satisfacer los caprichos de los presidentes. Incluso sin llamar a las tropas de la Guardia Nacional, el ejército permanente de EEUU es ahora enorme de acuerdo con los patrones históricos y la actual política con la Guardia Nacional es solo un factor de los muchos que han abierto el camino a un gobierno federal que está casi continuamente implicado en el inicio de nuevas guerras o la amenaza de nuevas guerras.
Hubo un tiempo en que los ideales detrás de la idea de milicias estatales controladas localmente ofrecían un control importante contra el poder ejecutivo centralizado y proporcionaban una dosis de verdadero federalismo como antídoto frente a un poder federal en constante crecimiento.
- 1Stein, George J., “State Defense Forces: The Missing Link in National Security”. Military Review, Septiembre de 1984.
- 2Coffman, Edward M. ”The Duality of the American Military Tradition: A Commentary”. The Journal of Military History; Lexington Vol. 64, Iss. 4, (Octubre de 2000): 967-980.
