Los únicos crímenes reales son los que constituyen violencia contra personas y bienes concretos y reales. Se trata de crímenes como el robo, la agresión, la violación, el homicidio y el fraude. Los Estados y los gobiernos civiles de todo tipo han justificado durante mucho tiempo su existencia con el argumento de que castigan a los autores de estos crímenes y proporcionan así «seguridad pública». (Se ignora cuidadosamente el hecho de que los propios Estados a menudo cometen estos crímenes, es decir, mediante la tortura, la brutalidad policial, los impuestos y el servicio militar obligatorio).
A lo largo de la historia, sin embargo, los Estados también han creado una categoría distinta de «crímenes» conocidos como crímenes políticos. Estos no se describen como meros ataques a personas y bienes concretos. Más bien, estos actos son ataques a «la sociedad» o «el orden social» o «la nación». Estos crímenes reciben nombres como «traición» o «libelo sedicioso». En las sociedades comunistas, a menudo se etiquetan como «actividades antirrevolucionarias». La propaganda estatal siempre intenta presentar los crímenes políticos como agresiones contra toda la sociedad, pero en realidad, el Estado persigue los crímenes políticos porque son actividades que los regímenes consideran amenazas para los intereses y la legitimidad del régimen. Como tales, estas actividades suelen castigarse con mayor severidad que los crímenes violentos cometidos contra particulares. Los crímenes políticos ni siquiera tienen por qué ser acciones físicas contra un régimen o sus agentes. Los crímenes políticos suelen ser también actos que se cree que socavan al Estado mediante la difusión de opiniones contrarias al régimen. Por esta razón, algunos investigadores y autoridades estatales han sugerido el término «crimen ideológico» para designar muchos crímenes políticos.1
En una sociedad libre, los crímenes políticos son escasos y poco frecuentes, y los regímenes se centran en prevenir las violaciones de personas y bienes por parte del propio régimen o de «criminales callejeros» privados. En los regímenes despóticos, en cambio, la atención se centra en prevenir los crímenes contra el Estado. En estos regímenes, la lista de crímenes políticos aumenta, y los ciudadanos particulares corren cada vez más peligro de ser procesados por actividades que en las sociedades libres se considerarían crímenes comunes o actos no delictivos.
Los orígenes del concepto de crimen político
En términos generales, la idea de crimen político es muy antigua, y sus raíces se encuentran en el concepto de lesa majestad, que los regímenes consideraban generalmente como cualquier difamación u ofensa contra el monarca (u otro jefe de Estado). Una de las principales características de los crímenes políticos —desde la perspectiva del Estado— es que se consideran más graves y merecedores de castigo que los crímenes comunes. Sin embargo, no está claro por qué debería ser así. En la práctica, una agresión física a un príncipe o a uno de sus agentes podría tratarse simplemente como una agresión y perseguirse como tal. Pero los crímenes políticos tratan estos actos como aún peores que las agresiones ordinarias porque violan la seguridad de la clase dirigente, que se considera a sí misma sinónimo de orden público y civilización. Así, una característica del crimen político ha sido —al menos antes del siglo XIX— que normalmente se castigaba con la pena de muerte. Además, los crímenes políticos suelen estar sujetos a menos normas que protejan los derechos de los acusados, y a menudo son perseguidos por autoridades que dependen más directamente del poder ejecutivo central.
En las monarquías, los crímenes políticos como la traición, la sedición y la insurrección se consideraban históricamente ofensas contra un grupo gobernante o una persona concreta, ya fuera un antiguo emperador romano o un rey feudal del siglo IX. En el siglo XVI, sin embargo, los monarcas eran cada vez más sólo una parte del aparato estatal, que adquiría vida propia más allá del control del monarca. Así, los crímenes políticos pasaron a considerarse cada vez más crímenes contra «el Estado» y no simplemente contra el rey o la corona.
Estos «crímenes» solían ser actos físicos, por supuesto, pero con el auge del absolutismo en los siglos XVI y XVII, la mera crítica al príncipe también podía acarrear cargos de traición. El mero hecho de decir cosas —o sostener opiniones «incorrectas»— podía constituir un crimen político. Pensemos, por ejemplo, en la condena por traición de Santo Tomás Moro por el «crimen» de negarse a confirmar el divorcio del rey Enrique. Muchos procesos por crímenes políticos también se llevaron a cabo bajo la apariencia de violaciones religiosas. La Inquisición española, por ejemplo, era sólo aparentemente una institución religiosa y servía principalmente para erradicar a los opositores ideológicos de la corona. Como ha señalado Martin Van Creveld, «se ha dicho que ninguna institución estuvo tan completamente bajo el control real como la Inquisición española».2 A medida que aumentaba el poder del Estado, también lo hacían los esfuerzos por criminalizar las amenazas ideológicas al régimen. En el siglo XVII, combatir los crímenes ideológicos era una actividad habitual de los regímenes. Surgieron burocracias estatales enteras diseñadas para controlar el flujo de documentos impresos que pudieran suscitar resistencia al régimen. La violación de las leyes de censura de un estado solía acarrear penas «severas», incluida la muerte. En el derecho consuetudinario inglés, los procesos por «libelo sedicioso» servían para silenciar a los críticos del régimen.
Fue durante este periodo cuando los Estados utilizaron cada vez más la táctica, aún en uso, de trasladar los juicios de los acusados de crímenes políticos a tribunales especiales que estaban bajo el control directo del gobierno central, y en los que las normas del debido proceso eran más flexibles. Szabo señala que en la Francia del siglo XVII, «el poder central primaba sobre el de los grandes barones» y, por lo tanto, «los crímenes políticos imputados fueron retirados de los tribunales ordinarios» y entregados a los tribunales especiales. «[El primer ministro del rey Luis XIII] Richelieu defendió estos tribunales especiales diciendo que en los tribunales ordinarios la justicia exigía conocimientos y pruebas, pero que no era así en los asuntos de Estado, ya que las conjeturas debían sustituir a menudo a las pruebas».3 Tendencias similares se impusieron en Inglaterra ya en el siglo XVI, cuando el régimen empleó los famosos juicios de la «Cámara de las Estrellas» para perseguir con más entusiasmo los crímenes políticos de los presuntos enemigos del régimen.
La justificación de los enjuiciamientos por crímenes políticos pronto se amplió incluso más allá de la noción de crímenes contra el aparato del Estado. En la década de 1640, los republicanos ingleses ejecutaron a Carlos I por traición contra «el pueblo libre de esta nación», estableciendo la idea de que era posible cometer crímenes políticos contra un grupo nacional vagamente definido.4 Los revolucionarios franceses adoptaron un enfoque similar, declarando al rey Luis XVI culpable de traición porque había violado «la soberanía del pueblo». Por supuesto, en ninguno de estos casos «el pueblo» juzgó al rey. Estos reyes fueron realmente ejecutados por supuestos crímenes contra los nuevos regímenes que sustituyeron a los antiguos.
Sin embargo, la abolición de los monarcas no suprimió los enjuiciamientos por crímenes políticos. Un año después de la ejecución de Carlos, el activista libertario John Lilburne fue procesado bajo el gobierno republicano de Cromwell por apoyar causas monárquicas y criticar a Cromwell. (Fue declarado inocente por un jurado, pero más tarde exiliado por el crimen ideológico de «difamación»). Y, por supuesto, miles de «traidores» fueron ejecutados en los primeros años de la república revolucionaria francesa. Muchos fueron ejecutados por el mero hecho de ser ricos o miembros del clero. Como veremos, esta noción de que las personas pueden ser consideradas criminales políticos por el hecho de pertenecer a un determinado grupo cobrará especial importancia en los regímenes totalitarios.
La proliferación del crimen político en el siglo veinte
Los crímenes de Estado proliferaron en el siglo veinte, como dejan bien claro las historias jurídicas del Tercer Reich y de la Unión Soviética.
Bajo el régimen nacionalsocialista, la delincuencia política adoptó muchas formas. Naturalmente, cualquier tipo de resistencia física a la policía estatal o a las instituciones militares se traducía en represalias draconianas. A nadie sorprendió, por ejemplo, que los planificadores del complot de julio fueran ejecutados como criminales políticos. Pero la resistencia pacífica encontró respuestas histéricas por parte de las autoridades con el argumento de que estos disidentes eran criminales peligrosos. Los miembros de la Rosa Blanca —es decir, Sophie Scholl y otros— fueron ejecutados por diversos crímenes ideológicos tras distribuir panfletos críticos con el régimen. El campesino austriaco Franz Jägerstätter fue ejecutado por el crimen político de objeción de conciencia.
Algunos súbditos del régimen fueron declarados criminales políticos y condenados a penas más severas simplemente por su asociación con diversos grupos. Naturalmente, los judíos fueron declarados culpables de crímenes políticos conocidos como «crímenes raciales» por relacionarse con no judíos. Innumerables comunistas fueron considerados criminales políticos por actos que habrían sido ignorados o considerados crímenes comunes de haber sido cometidos por otros. Por ejemplo, Christian Goeschel detalla el caso del delincuente de poca monta «Willi H.». «Willi» fue condenado a quince años de prisión por homicidio involuntario, aunque su culpabilidad se estableció sin pruebas y basándose principalmente en sus laxas asociaciones con comunistas.5 Su «comunismo» le valió la etiqueta de criminal político, que se tradujo en su envío al campo de concentración de Buchenwald en 1943.
La Unión Soviética ofrece innumerables ejemplos similares. Esto fue especialmente cierto en los días de Stalin, pero innumerables criminales políticos fueron procesados a lo largo de la vida de la URSS por diversos crímenes contra el Estado.
La propensión soviética a englobar nuevas categorías de comportamiento humano bajo el paraguas de la delincuencia política se afianzó a principios de la década de 1930. Los primeros dirigentes soviéticos habían intentado controlar la delincuencia común para afirmar que el Estado soviético había establecido el orden tras el golpe y la guerra civil que habían llevado a los bolcheviques al poder. Así, se impusieron muchas penas severas a los culpables de actos apolíticos de robo y asesinato. Sin embargo, rápidamente se hizo cada vez más difícil evitar ser acusado de delincuente político tras la introducción del nuevo crimen político conocido como robo de «propiedad socialista», es decir, propiedad del Estado. En una época y un lugar en los que el Estado socialista era el principal propietario de todos los bienes, el robo de propiedad estatal era bastante habitual. Por ello, los partidarios del régimen declararon que estos robos eran «ataques a las formas básicas de la sociedad soviética» y, como tales, eran punibles como crímenes políticos.6 Naturalmente, definir el robo de una barra de pan «socialista» como un ataque a la «sociedad» hizo que innumerables súbditos soviéticos tuvieran más probabilidades de ser tachados de criminales políticos.
En los 1930, muchos crímenes se consideraban políticos si se consideraba que el acusado formaba parte de los «elementos antisoviéticos».7 Durante esta época,
Los funcionarios definían los crímenes como más o menos peligrosos en función del origen de clase de quienes los cometían. Así, los obreros sorprendidos robando no eran considerados criminales peligrosos, mientras que los antiguos burócratas zaristas o los terratenientes kulak sorprendidos robando eran castigados como contrarrevolucionarios.8
Después de 1935, sin embargo, incluso los «trabajadores» fueron considerados criminales políticos si robaban bienes del gobierno. Todos esos crímenes fueron tachados entonces de contrarrevolucionarios por naturaleza y de ser el resultado de tendencias hacia la «anarquía pequeñoburguesa»9 que amenazaban la «disciplina socialista».10 Es fácil ver cómo, en esas condiciones, prácticamente cualquiera podía ser acusado de un crimen político, ya que prácticamente cualquier acto podía ser interpretado como un tipo de decadencia burguesa y, por tanto, como una amenaza para todo el orden social.
Los prejuicios contra los criminales políticos no desaparecieron tras la muerte de Stalin. Como señaló la abogada defensora soviética Dina Kaminskaya, los derechos de los acusados políticos estaban mucho más restringidos que los de los criminales comunes. La acusación era preparada por el KGB, que gozaba de libertad de acción ilimitada para llevar a cabo su investigación. Además, los abogados soviéticos que aceptaban casos políticos estaban sujetos a más restricciones legales que los abogados ordinarios. En 1982, Kaminskaya llegó a la conclusión de que, mientras que los criminales comunes podían esperar razonablemente un juicio justo basado en un examen imparcial de las pruebas, en los casos políticos «los derechos tanto de los abogados como de los acusados son gravemente vulnerados por el Estado».11
Esta dicotomía entre los juicios penales ordinarios y los juicios políticos no era exclusiva de los monarcas absolutos de antaño ni de los regímenes totalitarios modernos. Tácticas similares persisten ciertamente en el mundo moderno y son empleadas hoy por regímenes como el de Arabia Saudí. Otra táctica consiste en utilizar procedimientos judiciales secretos, como se hace en los Estados Unidos. Cortes como la de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA) inclinan las normas sobre pruebas y otras cuestiones procesales en contra de los acusados de formas que no se tolerarían en un proceso penal ordinario.
Todo crimen político es relativo
Una característica clave del crimen político es que su definición depende en gran medida del contexto político en el que se producen los actos en cuestión. Como señala Szabo, el hecho de que un acto político se considere o no verdaderamente delictivo «depende de los puntos de vista actuales y de los principios dominantes en cualquier sociedad».12 Esto es cierto hasta cierto punto con todos los crímenes, por supuesto. Lo que constituye un homicidio justificable puede variar de una sociedad a otra. Sin embargo, las definiciones de los crímenes comunes tienden a ser relativamente estables a lo largo del tiempo, mientras que la condición de delincuente político puede cambiar rápidamente, prácticamente de la noche a la mañana en muchos casos. Stephen Schafer señala, por ejemplo,
La revolución húngara ofrece un ejemplo moderno de cambios bruscos y rápidos en la estructura del poder normativo. Durante la revolución de 1956, los criminales se convirtieron en héroes y luego volvieron a ser criminales, mientras que los ciudadanos respetuosos de la ley se convirtieron en criminales y luego volvieron a ser conformistas, todo ello en un plazo de ocho días».13
Este fenómeno fue cada vez más documentado y evidente en el siglo XIX a raíz de acontecimientos como la Revolución americana, la Revolución francesa y otros similares. Nikos Passas escribe: «Después de la Revolución francesa de 1830, la frecuencia de las revoluciones y la continua diferenciación de los regímenes políticos hicieron evidente la relatividad de la noción de «crimen político».14 Acontecimientos como éstos plantean un problema a los partidarios dogmáticos de los regímenes contra los criminales políticos, especialmente los de tipo ideológico. Si se puede observar que la misma persona —sin ningún cambio de comportamiento— puede ser un criminal político el lunes pero un no criminal el viernes, resulta más fácil ver cómo muchas personas razonables podrían detectar lo absurdo de la noción de que la lealtad o el apoyo a cualquier régimen político concreto está ligado a cualquier código moral inmutable o universal.
En consecuencia, como describió Otto Kirchheimer «... el siglo XIX se mostró cada vez más indulgente con quienes se desviaban de la norma política y social aceptada. Esto no ocurrió de forma furtiva o solapada. Poco a poco, aunque de forma irregular, se fue reconociendo abiertamente el derecho del hombre a poner en duda los fundamentos de los modelos políticos establecidos».15 En otras palabras, cada vez estaba más claro para muchos que el criminal político de un hombre es simplemente el héroe de otro. Lo que muchos regímenes calificaban de «crímenes» políticos se definía cada vez más como protesta política moralmente legítima.16
Escepticismo liberal clásico ante la persecución del crimen político
Sin embargo, este cambio no se debió simplemente a acontecimientos históricos. El crecimiento del liberalismo «clásico» como fuerza ideológica en toda Europa occidental confirmó la legitimidad moral de la oposición al régimen gobernante. La Revolución americana —que siguió inspirando a innumerables activistas políticos de toda Europa en el siglo XIX— confirmó que incluso la rebelión armada podía ser justificable. Esto, por supuesto, fue expresamente respaldado por Thomas Jefferson y otros secesionistas americanos en la Declaración de Independencia de América. Un ejemplo individual de cómo los criminales políticos pueden transformarse fácilmente en legítimos «padres fundadores» es John Adams. Considerado traidor por la corona británica de 1776 a 1783, en 1785 Adams fue recibido en la corte como un respetable diplomático por Jorge III.
Fiel a su estilo, la facción más liberal de los americanos —es decir, los «Antifederalistas»— insistió en imponer límites estrictos a los crímenes políticos, tal y como se recoge en la Primera Enmienda de la nueva Constitución. La Enmienda prohíbe al Congreso criminalizar el discurso, las protestas, las peticiones y otras formas de disidencia política a menudo calificadas de crímenes políticos por otros regímenes. Desgraciadamente, los liberales de esta época se inclinaron por incluir un crimen político en el texto de la nueva Constitución de EEUU: la traición. Sin embargo, incluso en este caso, la definición de traición se limitaba a «hacer la guerra» contra los Estados Unidos, para evitar el problema histórico habitual de los regímenes que definen la traición como cualquier número de actividades que no gustan al régimen.
Por desgracia, el escepticismo liberal sobre la legitimidad de los crímenes políticos —cada vez más prominente en el siglo XIX en todo Occidente— se eclipsó en gran medida en el siglo XX y en el siglo XXI. Esto ha sido así incluso en el Estado más conocido por su sentimiento liberal: los Estados Unidos. El aumento en EEUU de las cortes secretas, los crecientes procesamientos por «conspiración sediciosa», los ataques a periodistas independientes y los llamamientos cada vez más frecuentes a la censura estatal directa de la «desinformación» ilustran varias formas en que el régimen americano puede apretar las tuercas a los opositores al régimen. Los esfuerzos por perseguir tales «crímenes», dondequiera que tengan lugar, representan una amenaza directa a la libertad y a la disidencia política.
- 1M. Denis, Szabo, «Political Crimes: A Historical Perspective», Denver Journal of International Law and Policy 2, nº 1 (enero, 1972): 10.
- 2Martin Van Creveld, The Rise and Decline of the State, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999) p. 67.
- 3Szabo, «Crímenes políticos», p. 13.
- 4Samuel Rawson Gardiner, ed., The Constitutional Documents of the Puritan Revolution, 1625-1660 (Oxford: Clarendon Press, 1906) p. 373.
- 5Christian Goeschel, «The Criminal Underworld in Weimar and Nazi Berlin», History Workshop Journal, nº 75 (primavera de 2013): 69-70.
- 6David R. Shearer, «Crime and Social Disorder in Stalin’s Russia», Cahiers du Monde russe 39, nº 1 (enero-junio de 1998): 137
- 7Khlevniuk, O. V., La historia del Gulag: De la colectivización al Gran Terror. Traducido por Vadim Staklo. (New Haven: Yale University Press, 2004), p. 145.
- 8Shearer, «Crime and Social Disorder», p. 138.
- 9Ibid.
- 10Ibídem.
- 11Dina Kaminskaya, Juicio final: My Life as a Soviet Defense Attorney (Nueva York: Simon and Schuster, 1982) p. 31.
- 12Szabo, «Political Crime», p. 10.
- 13Stephen Schafer, «The Concept of the Political Criminal», Journal of Criminal Law and Criminology 62, no. 3 (1972): 381.
- 14Nikos Passas, «Political Crime and Political Offender: Theory and Practice», Liverpool Law Review (enero de 1986): 25-26.
- 15Otto Kirchheimer, Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1961), p. 32.
- 16En muchos sentidos, esto supuso un retorno a la ideología política medieval que había limitado los poderes de los príncipes y había diferenciado entre traición y resistencia legítima a un tirano. De hecho, el derecho a rebelarse contra los gobernantes tiránicos está específicamente reconocido en la Carta Magna de Inglaterra de 1215, en la Bula de Oro de Hungría de 1222, en la Paz de Fexhe del Principado de Lieja y en la Joyeuse Entrée de Brabante de 1356. Los posteriores teóricos absolutistas del «Renacimiento» sostenían que los súbditos debían lealtad incondicional al monarca.
