Desde que las imágenes de la policía desplegando vehículos blindados contra manifestantes pacíficos en Ferguson, Missouri, salieron al aire en 2014, el programa del Pentágono de suministro de equipo militar «excedente» a los departamentos de policía locales ha sido una noticia. También ha recibido una atención intermitente en el Congreso y el poder ejecutivo.
Desde 1997, el Programa 1033 del Pentágono, como se le llama, ha canalizado a 8.000 agencias de aplicación de la ley separadas más de 7.400 millones de dólares en equipo excedente, incluyendo vehículos protegidos contra emboscadas resistentes a las minas (MRAP) del tipo utilizado en los campos de batalla de Irak y Afganistán, junto con rifles, municiones, lanzagranadas y dispositivos de visión nocturna. Como Brian Barrett ha señalado en Wired, «Las fuerzas del orden locales que responden incluso a las protestas no violentas a menudo se parecen más a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos». El politólogo Ryan Welch es coautor de un estudio de 2017 que sugiere, en lo que respecta a los departamentos de policía equipados de tal manera, «que los oficiales con equipo y mentalidad militar recurrirán a la violencia más a menudo y más rápidamente».
Dadas las circunstancias y dado quien provee el equipo, no se sorprenderá al saber que el Programa 1033 también sufre de una supervisión laxa. En 2017, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO por sus siglas en inglés) creó una falsa agencia de aplicación de la ley y fue capaz de adquirir 1,2 millones de dólares en equipos a través del programa, incluyendo gafas de visión nocturna y rifles simulados M-16A2. La solicitud fue aprobada en el plazo de una semana a partir de la solicitud de la GAO.
La administración Obama finalmente implementó algunas reformas a raíz de Ferguson, prohibiendo la transferencia de vehículos de rastreo, lanzagranadas y aviones armados, entre otras cosas, mientras que requería que los departamentos de policía proporcionaran razones más detalladas que describieran su necesidad de equipos específicos. Pero esos modestos esfuerzos—y de hecho resultaron ser modestos—se abandonaron rápidamente cuando Donald Trump asumió el cargo. Y los cambios en la administración de Trump tuvieron rápidamente un efecto perceptible. En 2019, el Programa 1033 tuvo uno de los años más grandes de su historia, con cerca de 15.750 artículos militares transferidos a las fuerzas de seguridad, una cifra superada sólo en 2012, en los años de Obama, cuando se distribuyeron 17.000 de esos artículos.
Como se ha señalado, se ha demostrado que la mera posesión de equipo militar ha alimentado la «cultura guerrera» cada vez más fuerte que ahora caracteriza a tantos departamentos de policía, como lo demuestra el uso de equipos de Armas y Tácticas Especiales (SWAT) armados con armamento militar para actividades rutinarias de lucha contra las drogas. Sin embargo, no son sólo los equipos SWAT. El armamento y los artículos relacionados proporcionados en el marco del Programa 1033 son ampliamente utilizados por las fuerzas policiales ordinarias. NBC News, por ejemplo, informó que los vehículos blindados se utilizaron por lo menos 29 veces en respuesta a las protestas de Black Lives Matter organizadas desde el asesinato de George Floyd, incluso en las principales zonas urbanas como Filadelfia y Cincinnati. La NBC también ha determinado que más de 1.100 vehículos protegidos contra emboscadas resistentes a las minas han sido distribuidos a los organismos locales de aplicación de la ley en el marco del programa MRAP, que van a comunidades grandes y pequeñas, incluyendo Sanford, Maine, con una población de 20.000 habitantes, y Moundsville, West Virginia, con una población de 8.400 habitantes.
Un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha documentado de manera similar el uso de equipos suministrados por el Pentágono en las invasiones de casas sin llamar, incluyendo la conducción hasta las casas de la gente en estos vehículos blindados para lanzar las redadas. La ACLU llegó a la conclusión de que «la militarización de la policía estadounidense es evidente en el entrenamiento que reciben los agentes de policía, que los alienta a adoptar una mentalidad “guerrera” y a pensar en las personas a las que se supone que deben servir como enemigos, así como en el equipo que utilizan, como arietes, granadas de destello y APC [vehículos blindados de transporte de personal]».
¿Quién se beneficia?
Las empresas del complejo industrial-militar ganan miles de millones de dólares vendiendo armas, así como construyendo y operando prisiones y centros de detención, y abasteciendo a la policía mientras que teóricamente tratan con problemas de profundas raíces sociales y económicas. En términos generales, para cuando terminan, esos problemas sólo se han vuelto más profundos y arraigados. Tomemos, por ejemplo, los gigantescos contratistas de armas como Lockheed Martin, Boeing y Raytheon que se benefician tan espléndidamente de la venta de sistemas de armas a la Arabia Saudita, armamento que a su vez se ha utilizado para matar a decenas de miles de civiles en el Yemen, destruir la infraestructura civil de ese país y bloquear el suministro de la asistencia humanitaria que tanto se necesita. El resultado: más de cien mil muertes en ese país y millones más al borde de la hambruna y las enfermedades, incluido COVID-19.
Estas grandes empresas de armamento también han estado al frente cuando se trata de beneficiarse de las interminables guerras de Estados Unidos después del 11 de septiembre. El Proyecto de Costos de Guerra de la Universidad de Brown estima que los Estados Unidos han gastado más de 6,4 billones de dólares en sólo algunos de esos conflictos en el extranjero desde 2001. Cientos de miles de millones de esos dólares terminaron en los bolsillos de los contratistas de defensa, mientras que los problemas en los EEUU, dejados mucho menos financiados, sólo crecieron.
Y por cierto, el presupuesto regular del Pentágono, combinado con el gasto directo en guerras, también se las arregla para proporcionar enormes beneficios a esos fabricantes de armas. Casi la mitad del presupuesto de 750 mil millones de dólares del departamento va a ellos. Según el último informe del Sistema Federal de Datos de Adquisiciones sobre los principales receptores de contratos gubernamentales, los cinco mayores fabricantes de armas de EEUU por sí solos—Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, y General Dynamics—dividen más de 100 mil millones de dólares en premios del Pentágono entre ellos en 2019. Mientras tanto, esas mismas cinco empresas pagan a sus directores generales un total de aproximadamente 100 millones de dólares al año, y cientos de millones más van a otros altos ejecutivos y miembros del consejo de administración.
Mientras tanto, en los años de triunfo, la militarización de la frontera se ha convertido en una oportunidad de negocio particularmente lucrativa, con General Atomics, por ejemplo, suministrando cada vez más drones de vigilancia y General Dynamics suministrando un sistema de vigilancia por sensores remotos cada vez más intrincado y caro. También hay millones de personas que se ganarán dirigiendo prisiones y centros de detención de inmigrantes privatizados, llenando las arcas de empresas como CoreCivic y el Grupo GEO, que han asegurado beneficios récord en los últimos años mientras que obtienen cerca de la mitad de sus ingresos de esas dos fuentes.
Por último, pero no menos importante, está el mercado de más equipo policial. Las fuerzas locales se benefician de subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional para comprar una amplia gama de artículos para complementar el Programa 1033 del Pentágono.
El verdadero resultado final
Se ha escrito mucho sobre las fallidas guerras de los Estados Unidos después del 11 de septiembre, que han costado billones de dólares en tesoros de los contribuyentes, cientos de miles de vidas (americanas y no americanas) y lesiones físicas y psicológicas a cientos de miles más. Estas guerras también han apuntalado regímenes sectarios y corruptos que han facilitado la formación y propagación de grupos terroristas como Al-Qaeda e ISIS. Piense en ello como el efecto bumerán definitivo, en el que la violencia engendra más violencia mientras permite que prosperen las organizaciones terroristas en el extranjero. Como ha señalado el periodista Nick Turse con respecto a la militarización de la política de los Estados Unidos en África, el aumento de las operaciones militares estadounidenses en ese continente ha procedido de manera bastante sorprendente en conjunción con la proliferación de nuevos grupos terroristas. Poner la mejor luz sobre ellos y las operaciones antiterroristas de los Estados Unidos allí han sido ineficaces. Lo más probable es que simplemente hayan contribuido a generar un mayor aumento de las actividades terroristas en la región.
[Esta es una selección de un ensayo más largo publicado en TomDispatch.com.]
