Un legislador estatal Demócrata de Illinois ha presentado una ley que obliga a los residentes no vacunados a pagar de su bolsillo los servicios sanitarios. Todo ello forma parte de un esfuerzo por idear nuevas y creativas formas de castigar a las personas que se niegan a recibir la vacuna antivariólica. WBBM Radio en Chicago informa:
La legislación de [Jonathan] Carroll modificaría el código de seguros del estado para que «una persona que reúna los requisitos para recibir la vacuna contra la COVID-19 y elija no vacunarse pague los gastos de atención médica de su bolsillo si la persona es hospitalizada debido a los síntomas de la COVID-19».
En otras palabras, Carroll está tratando de garantizar que a los no vacunados se les niegue el seguro médico para los tratamientos contra el covid, incluso en los casos en que el seguro privado ya está comprado y pagado. Además, intervenir en los seguros privados ni siquiera será necesario en muchos casos, ya que un tercio de la población ya recibe asistencia sanitaria financiada por el gobierno.
Esta política es bastante sorprendente viniendo de un progresista como Carroll. Después de todo, durante décadas, hemos estado escuchando a la izquierda que «la asistencia sanitaria es un derecho humano» y que debe ser proporcionada a todos y cada uno a expensas de los contribuyentes. Todo lo que no sea una asistencia sanitaria universal subvencionada por el Estado, nos han dicho, es inaceptable.
Sin embargo, aparentemente los defensores de las vacunas obligatorias—que se encuentran en gran medida en la izquierda, por supuesto—están tan obsesionados con forzar las vacunas obligatorias en toda la población que ahora están buscando maneras de negar a la gente la asistencia sanitaria.
Pero deberíamos haberlo visto venir. Hasta hace poco, la izquierda también afirmaba que quería el empleo universal y un «pollo en cada olla». Pero desde que el gobierno de Biden urdió la idea de vincular el empleo a las vacunas a principios de este año, los defensores de los mandatos de las vacunas quieren ahora que te quedes en la indigencia y sin trabajo si te niegas a recibir la vacuna.
Los mismos impulsores del mandato también han diseñado hábilmente sus mandatos de vacunación para garantizar que, en caso de que te despidan por negarte a recibir la vacuna, no tengas derecho a recibir el seguro de desempleo. Aunque los mandatos se imponen a los empleadores en muchos casos, los responsables políticos estatales han llegado a la conclusión de que el despido por negarse a la vacuna constituye un despido «con causa». Esto permite denegar el seguro de desempleo a estos disidentes.
(Ni que decir tiene que los legisladores progresistas no han intervenido para ampliar el estado benefactor en este asunto. Sólo los gobiernos estatales controlados por los Republicanos han tomado medidas para abrir el seguro de desempleo a los disidentes de las vacunas).
Resulta que la asistencia sanitaria, el empleo y la «red de seguridad social» no son derechos después de todo. Ahora, los defensores del mandato de vacunación han decidido que tanto los programas sociales como los poderes reguladores pueden emplearse cínicamente como medio para obtener la conformidad de los ciudadanos.
En Estados Unidos, el gobierno federal lleva tiempo preparando poco a poco esto. Por ejemplo, si los defensores del mandato quieren perseguir un esquema de «permiso para trabajar», no hay que buscar más allá del programa E-Verify, impulsado desde hace tiempo por los defensores de la inmigración. Se trata de una base de datos federal diseñada para denegar el empleo a las personas que no tienen la documentación de inmigración adecuada. No hace falta ser un oráculo para ver cómo se podría utilizar una infraestructura normativa similar para vincular estrechamente el estado de vacunación con el empleo.
Un sistema de «crédito social» por la puerta trasera basado en el estado de vacunación
Una lección aquí es que la infraestructura de un potencial estado de vigilancia médica ya ha sido establecida por programas y regulaciones que no tienen nada que ver con los pasaportes de vacunas. En todo esto, los EEUU están siguiendo los pasos de los estados más centralizados, donde los recursos se planifican de forma más centralizada.
Por ejemplo, incluso antes de la crisis del covid, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido había comenzado a negar la atención médica a los pacientes con sobrepeso y a los que son fumadores. En 2017, algunos «comités locales de salud» controlados por el Estado pasaron a «prohibir el acceso a la cirugía rutinaria, o no urgente, en el marco del Servicio Nacional de Salud hasta que los pacientes «mejoren su salud».» Dada la naturaleza de la sanidad británica, estos pacientes tienen pocas opciones salvo someterse a los edictos de los burócratas sanitarios del gobierno. Al haber establecido un monopolio casi total de la asistencia sanitaria en el Reino Unido, el NHS puede dictar más o menos quién recibe atención y quién no.
Del mismo modo, en el estado policial conocido como Singapur, el régimen anunció en noviembre que negará las prestaciones sanitarias del Estado a los no vacunados en caso de que necesiten atención médica.
Pero tal vez el juego final más inquietante de todo este tipo de programas sea el sistema de «crédito social» de China, que puede utilizarse para cualquier número de fines.
De hecho, en cierto modo, el «pasaporte de vacunas» se está convirtiendo en una versión de cosecha propia del sistema de «crédito social» de China, en el que la obediencia al Estado chino sirve como medida de cuántas «libertades» se le permiten a un ciudadano chino. Como informó Associated Press en 2019:
El año pasado, 17,5 millones de pasajeros no pudieron comprar boletos por infracciones de «crédito social», como impuestos y multas impagadas, en virtud de un controvertido sistema que, según el Partido Comunista en el poder, mejorará el comportamiento del público....
Las autoridades llevan experimentando con el «crédito social» desde 2014 en zonas de toda China. Se restan puntos por infringir la ley o, en algunas zonas, por infracciones tan leves como pasear al perro sin correa.
Como señaló Eunsun Cho para el Journal of Public and International Affairs, el sistema es un «proyecto impulsado por datos para supervisar, evaluar y moldear el comportamiento de todos los ciudadanos y empresas». Diseñado originalmente para lograr ciertos fines económicos, como el pago de impuestos, el plan pronto se amplió y
una vez que se descubre que un individuo ha incurrido en una conducta deshonesta, se enfrentará a restricciones en una amplia gama de actividades relacionadas directa e indirectamente con dicha conducta. Por ejemplo, el incumplimiento de una sentencia judicial puede dar lugar a limitaciones no sólo en la solicitud de subvenciones públicas o de determinadas licencias profesionales, sino también en la venta de activos, la explotación de empresas, el uso de medios de transporte y el consumo de artículos de lujo.
Nótese que el propósito más amplio del sistema es siempre la obediencia. Los que disienten y se niegan a obedecer se enfrentan a «sanciones». El sistema de crédito social sirve de modelo para los actuales esfuerzos por imponer restricciones al pasaporte de vacunas en todo el país. El hecho de que el Estado chino controle las pensiones y el empleo en una amplia gama de industrias es extremadamente útil para el Estado.
El futuro del Estado benefactor: utilizando «beneficios» para conseguir conformidad
El crecimiento del Estado regulador y del Estado benefactor ha allanado el camino para nuevas formas de obtener el cumplimiento de las vacunas—y potencialmente de casi todo lo demás. Deberíamos esperar que se utilicen ampliamente los poderes reguladores en cualquier área en la que estos poderes ya hayan sido confirmados. Por ejemplo, el congresista Don Beyer de Virginia ya ha presentado una ley que vincula el «derecho» a viajar en tren o en avión con el cumplimiento de las vacunas.
En Estados Unidos, sin embargo, los límites a los poderes policiales y regulatorios del gobierno federal probablemente resultarán ser un impedimento en este sentido. Por lo tanto, debemos esperar que el gobierno federal utilice su poder financiero sobre los contratistas y beneficiarios del gobierno—como ya hemos visto—lograr el cumplimiento.
Pero si millones de americanos también dependen de los cheques de asistencia social del gobierno de diversos tipos, entonces el estado regulador ni siquiera será necesario. El régimen sólo tiene que ofrecer la zanahoria de los «beneficios sociales» para conseguir lo que quiere.
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En este sentido, las posibles propuestas de «renta básica universal» podrían ser especialmente útiles para el régimen. Un programa de renta básica universal podría emplearse como «zanahoria» para ganarse al público a todo tipo de mandatos y requisitos gubernamentales. La ecuación es sencilla. El régimen sólo tiene que decir: «Haz esto y recibirás 1.000 dólares al mes».
Este dinero «gratuito» podría estar vinculado al cumplimiento de cualquier número de mandatos ideados por las agencias gubernamentales. Cuando la mayor parte de la población depende del Estado para recibir asistencia sanitaria o un cheque mensual, las posibilidades son prácticamente infinitas.
