Tras las decisiones de la semana pasada, que supusieron un duro golpe para el Estado administrativo americano, hoy, la Corte Suprema hizo lo que se esperaba ampliamente: fallar a favor de Donald Trump en un caso relacionado con la acusación federal sobre el 6 de enero. En una decisión de 6-3, el tribunal dictaminó que los presidentes tienen «presunta inmunidad» por «actos oficiales» mientras están en el cargo.
La decisión no necesariamente mata el potencial de enjuiciamiento federal, pateando la pregunta a un tribunal de distrito inferior sobre si las acciones de Trump constituyen o no un «acto oficial.» En la práctica, sin embargo, retrasa efectivamente cualquier decisión futura hasta después de las elecciones de noviembre.
El resultado, nada excepcional, ha sido recibido con la previsible histeria de los críticos del ex presidente, con rabiosos seguidores en línea que sugieren que la Administración Biden tendría ahora luz verde para emprender acciones extraordinarias contra un oponente político. Por supuesto, este mismo día, un destacado aliado de Trump, Steve Bannon, ha recibido la orden de entregarse a la custodia federal por no cumplir con una investigación politizada del Congreso, lo que ilustra hasta qué punto las acciones extraordinarias ya se han convertido en algo habitual en Washington.
Sin embargo, la histeria inane no se ha limitado a los guerreros progresistas del teclado. Tomemos, por ejemplo, una opinión disidente escrita por la jueza Sonia Sotomayor.
Concluye con lo siguiente:
«Nunca en la historia de nuestra República ha tenido un presidente motivos para creer que sería inmune a la persecución penal si utilizaba los atavíos de su cargo para violar la ley penal. Sin embargo, a partir de ahora, todos los ex Presidentes gozarán de dicha inmunidad. Si el ocupante de ese cargo hace un mal uso del poder oficial en beneficio propio, la ley penal que el resto de nosotros debemos acatar no le proporcionará un respaldo».
«Temiendo por nuestra democracia, disiento.»
Quienes desean una sociedad con igual protección ante la ley probablemente estarían de acuerdo en que ningún presidente debería estar «por encima de la ley». El problema, por supuesto, es que lo que Sotomayor está describiendo no es una abominación moderna impuesta por un tribunal partidista fuera de control decidido a proteger a un patrón político. Por el contrario, la inmunidad presidencial por mala conducta ha sido el status quo operativo en este país durante décadas.
La objeción actual a su aplicación aquí es que está impulsada por una mezquina animadversión partidista, no por una preocupación idealista por la naturaleza sagrada de la democracia americana.
Como se ha documentado bien en sitios como Mises.org desde hace bastante tiempo, la tradición de conducta delictiva del poder ejecutivo se ha arraigado en el propio cargo. Ejemplos obvios modernos incluyen la declaración unilateral de guerra sin la autorización del Congreso, a menudo con el deliberado uso de mala inteligencia. Incluye ordenar la muerte de ciudadanos americanos en el extranjero con el pretexto de estas aventuras militares. El presidente Biden ha ignorado las preocupaciones de la propia Corte Suprema con respecto a la acción sobre los prestamos estudiantiles.
Si se reevalúa la presidencia se podrían encontrar muchos otros ejemplos, como el uso secreto por parte de Franklin Delano Roosevelt del programa de préstamo-arrendamiento para subvencionar activamente a la Unión Soviética antes de la participación americana en la Segunda Guerra Mundial. O la erosión general de la Carta de Derechos por la expansión gradual del poder federal desde hace más de un siglo.
Aun así, los defensores reflexivos de la institución de la presidencia pueden sugerir que estas infracciones oficiales del Estado de derecho deben considerarse por separado de la naturaleza más vulgar de lo que los fiscales federales afirman que Trump es culpable: el ejercicio del poder de la presidencia para servir a sus estrechos intereses personales. En palabras de Sotomayor, «usos indebidos [del] poder oficial para beneficio personal».
Esto también se queda corto. Al fin y al cabo, Bill Clinton fue uno de los que mejor supo rentabilizar el cargo para él y su familia. Cuando estaba en camino a la puerta, los indultos iban por unos cientos de miles de dólares.
Una vez más, las críticas del régimen a Donald Trump suenan totalmente huecas porque sus propias acciones, en su parte más condenable, son todas conductas que ellos mismos se han sentido cómodos permitiendo a los que consideran suyos.
La perlería de quienes se engañan a sí mismos como defensores engreídos de la democracia ha sembrado las semillas de la creciente desilusión de las instituciones americanas. Aunque intelectualmente sean incapaces de apreciarlo, este comportamiento absurdo ha sido su mayor contribución a la sociedad americana.
