El enfrentamiento entre el gobierno de Biden y el de Texas salió a la luz la semana pasada, cuando la Corte Suprema de EEUU dictaminó que las autoridades federales podían retirar las alambradas que el gobernador de Texas, Greg Abbott, había estado instalando a lo largo de la frontera con México para impedir que los millones de inmigrantes ilegales cruzaran a los Estados Unidos.
Esta vez Abbott no se echó atrás. En su lugar, emitió un comunicado en el que declaraba que se está produciendo «una invasión en virtud del Artículo I, Sección 10, Cláusula 3» de la Constitución de EEUU e invocaba «la autoridad constitucional de Texas para defenderse y protegerse.»
Aquí el gobernador Abbott responde a una importante pregunta que planteé en mi campaña presidencial de 1988: ¿en qué momento la apertura de fronteras y la inmigración ilegal masiva en EEUU se convierten en una «invasión», que otorgaría a los gobernadores la autoridad —y la obligación— de actuar?
Según algunas estimaciones, más de seis millones de inmigrantes ilegales han cruzado a los Estados Unidos durante los tres años de la administración Biden. Es probable que estos ilegales procedan en su mayoría de México y Centroamérica, pero lo cierto es que no tenemos ni idea de cuántos de ellos pueden estar llegando desde, por ejemplo, Oriente Medio u otras zonas del mundo asoladas por la guerra. El mes pasado, incluso el New York Times escribió sobre el desastre de la frontera de EEUU que «miles de migrantes llegan a la frontera cada día, caminando desde los confines del planeta, desde África a Asia y Sudamérica, empujados por la violencia implacable, la desesperación y la pobreza».
Con el mundo inundado de armas de EEUU, no es difícil imaginar el peligro de la situación.
Es un problema que la administración Biden no está dispuesta a abordar, probablemente por razones políticas, especialmente en un año electoral. Y Biden encontró un aliado en la Corte Suprema de EEUU y en el Presidente de la Corte Suprema, John Roberts, con la decisión de que los agentes federales pueden empezar a retirar las barreras establecidas por las autoridades de Texas. Pero la intensidad de la disputa se hizo patente esta vez cuando 25 estados liderados por Republicanos emitieron declaraciones en apoyo de Texas.
Empezó a parecer un enfrentamiento y muchos incluso empezaron a invocar palabras como «secesión».
Sin embargo, si la administración Biden pretende utilizar la sentencia de la Corte Suprema para tomar medidas contra la barrera fronteriza de Texas, existen formas más inmediatas de defender la frontera. La semana pasada, el representante Thomas Massie acudió a Twitter para relatar una reunión que él y un grupo de miembros de la Cámara de Representantes de EEUU mantuvieron con el difunto juez Antonin Scalia. En el desayuno, escribió Massie, el juez Scalia dijo al grupo que dejaran de quejarse de las sentencias de la Corte Suprema y empezaran a desfinanciar las sentencias a las que se oponían.
Como explicó Massie en otro tuit, «el Congreso puede hacer IRRELEVANTE la decisión de 5-4 de la Corte Suprema contra Texas simplemente negándose a financiar la eliminación de las medidas de seguridad fronteriza de Biden». La anulación a través del «poder del monedero» es una importante herramienta que la Constitución de EEUU otorga al Congreso y que podría ejercerse fácilmente en este caso.
Biden está claramente jugando a la política con la crisis de la inmigración, afirmando la semana pasada que tan pronto como el Congreso apruebe otro proyecto de ley de «reforma» de la inmigración —uno que incluye 100.000 millones de dólares en beneficencia militar para Ucrania, Israel y Taiwán— tomará medidas para abordar la Frontera. El Congreso debería rechazar este chantaje y los estados de EEUU deberían seguir tomando medidas —incluida la anulación de la sentencia de la Corte Suprema— para protegerse de la invasión.
