En lo que no puede ser sino una medida sorprendente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha desafiado abiertamente a la Casa Blanca y ha invocado el artículo 1, sección 10, de la Constitución de EEUU como razón para ignorar la exigencia de la administración Biden de que el gobierno del estado deje de erigir una barrera fronteriza a lo largo de la frontera entre Texas y México.
Durante meses, el gobierno federal ha intensificado las amenazas contra el gobierno estadual y ha condenado a Texas por erigir barreras de alambre de espino y otros impedimentos a la migración. La Casa Blanca ha interpuesto una demanda para forzar la demolición de estas barreras en un nuevo intento de aumentar la inmigración extranjera en Texas. Texas emprendió acciones legales por su cuenta contra la orden federal. Sin embargo, el lunes, la Corte Suprema de EEUU dictaminó que el gobierno federal podía seguir adelante con sus planes de cortar la barrera de alambre de espino.
Sin embargo, las autoridades de Texas se han negado a permitir el acceso de los agentes federales a la frontera. Esto amplía una política de Texas que esencialmente ha expulsado al personal federal de un tramo de 2,5 millas del Río Grande en Eagle Pass que ha sido ampliamente utilizado por coyotes, cárteles y migrantes como punto de entrada a los EEUU.
La situación sigue agravándose, y ahora los Demócratas de Washington exigen que Biden «tome el control» de la guardia nacional y la vuelva contra el gobierno estadual.
La situación es chocante porque los gobiernos estaduales y locales controlados por Republicanos rara vez muestran voluntad de oponerse a las usurpaciones federales de la autoridad local. Durante décadas, el procedimiento operativo estándar de los Republicanos ha sido rendirse instantáneamente en cuanto alguien en Washington pronuncia la frase «cláusula de supremacía» o la Corte Suprema dicta una sentencia. Los Demócratas, en cambio, se burlan habitualmente de la supremacía federal, como con las «ciudades santuario».
Se trata de un raro caso en el que un gobierno estadual controlado por Republicanos no ha doblado inmediatamente la rodilla en nombre de la unidad nacional y de «la ley y el orden».
¿Qué dice exactamente la declaración del gobernador de Texas? En general, sostiene que la administración Biden ha estado ignorando las leyes federales de inmigración y retirando ilegalmente las operaciones de control fronterizo de la frontera entre Texas y México. Abbott concluye:
Bajo las políticas fronterizas sin ley del presidente Biden, más de 6 millones de inmigrantes ilegales han cruzado nuestra frontera sur en sólo 3 años. Eso es más que la población de 33 estados diferentes en este país. Esta negativa ilegal a proteger a los estados ha infligido un daño sin precedentes al Pueblo en todo los Estados Unidos.
Si eso fuera todo, lo consideraríamos un documento que no es más que una carta al director. Pero entonces Abbott dice que la Constitución de EEUU pone remedio a la situación:
los Redactores incluyeron tanto el Artículo IV, § 4, que promete que el gobierno federal «protegerá a cada [estado] contra la invasión», como el Artículo I, § 10, Cláusula 3, que reconoce «el interés soberano de los estados en proteger sus fronteras».
El último párrafo es donde la cosa se pone interesante. Abbott escribe:
El incumplimiento por parte de la administración Biden de los deberes impuestos por el Artículo IV, § 4 ha desencadenado el Artículo I, § 10, Cláusula 3, que reserva a este estado el derecho de autodefensa. Por estas razones, ya he declarado una invasión en virtud del Artículo I, § 10, Cláusula 3 para invocar la autoridad constitucional de Texas para defenderse y protegerse. Esa autoridad es la ley suprema de la tierra y reemplaza cualquier estatuto federal en contrario. La Guardia Nacional de Texas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y otro personal de Texas están actuando en virtud de esa autoridad, así como de la ley estadual, para asegurar la frontera de Texas.
Abbott está diciendo esencialmente que la supremacía federal en este caso ha quedado anulada por la negativa federal a aplicar la ley federal.
¿Puede salirse con la suya?
Para mayor claridad, veamos el artículo 1, sección 10. Dice así:
Ningún estado podrá, sin el Consentimiento del Congreso, imponer Derechos de Arqueo, mantener Tropas o Buques de Guerra en tiempos de Paz, celebrar Acuerdos o Pactos con otro Estado o con una Potencia extranjera, ni entrar en Guerra, a menos que sea realmente invadido o se encuentre en un Peligro tan inminente que no admita demora.
La frase clave aquí es «a menos que sea realmente invadido». Tal vez sea discutible si la actual avalancha de inmigrantes a través de la frontera constituye o no una «invasión», tal como se afirma aquí. Sin embargo, lo que es evidente aquí es que corresponde al gobierno estadual determinar por sí mismo si el estado está siendo invadido o no. Al fin y al cabo, el objetivo de la sección es conceder ciertos poderes a los estados al margen de la autoridad del gobierno federal. Si el gobierno federal también puede determinar por sí mismo si el estado está siendo invadido o no, entonces la sección carece de sentido.
Por lo tanto, una lectura honesta de este texto debería impedir que la administración Biden o la Corte Suprema de EEUU volvieran y dijeran «no están siendo invadidos, ahora hagan lo que decimos».
La carta del gobernador también está bien redactada en el sentido de que declara que las acciones del estado están directamente autorizadas por la constitución de EEUU y, por tanto, no están sujetas a meros estatutos federales. Esto será útil para resistir cualquier intento federal de federalizar la Guardia Nacional de Texas.
Es decir, si la administración Biden intenta tomar el control de la Guardia, como generalmente está autorizada a hacer en la ley federal, Abbott podría decir «nuestro derecho a comandar la guardia nacional bajo el Artículo 1, Sec 10 reemplaza su reclamo de federalizar la Guardia bajo el estatuto federal».
Después de todo, los detalles de la autoridad del presidente para «convocar a la milicia» se basan principalmente en estatutos federales, y no en la Constitución. Históricamente, los gobiernos estaduales han tenido un amplio margen para vetar los intentos presidenciales de utilizar tropas estaduales. Esos poderes de veto estaduales fueron abolidos en gran medida en los últimos cincuenta años por los conservadores, los Guerreros Fríos y otros simpatizantes del Pentágono.
Por la forma en que está redactada la declaración de Abbott, podría estar argumentando que tiene autoridad constitucional sobre los intentos presidenciales de hacerse con el control de la guardia nacional.
La situación ha ido más allá de los argumentos legales
A medida que avance la situación, es probable que oigamos hablar mucho a los juristas sobre qué tribunal dijo esto y qué texto judicial dijo lo otro. Sin embargo, en una situación de crisis como la actual, las sentencias judiciales serán cada vez más irrelevantes a medida que avance la situación. La política y la opinión pública tomarán el relevo como verdaderos criterios de lo que es factible para cada bando.
En este punto, la administración Biden está claramente motivada para entrar en Texas, tomar el control de la situación y abrir de par en par la frontera. En un año electoral, sin embargo, esto será problemático para Biden con muchos electores. Muchos verán la situación como lo que es: un poderoso establishment de Washington, sin la piel en el juego en el sur de Texas, aparece para decir a los lugareños que por la presente se les ordena alojar a un número ilimitado de inmigrantes no cribados en sus propios barrios, y que los pagadores de impuestos cubran el coste. Con los medios heredados de su lado, Biden podría salirse con la suya.
Sin embargo, esto es lo que debería ocurrir. Cualquier agente federal que intente intervenir a agentes estaduales en la frontera debería ser arrestado y juzgado por obstrucción y allanamiento según la ley de Texas. Los intentos federales de tomar el control de la Guardia Nacional deberían ser declarados no aptos por el gobernador en virtud de la Sección 1, Artículo 10.
No está claro cuál sería el siguiente paso de Washington. Después de todo, los federales están acostumbrados a la obediencia incondicional de los gobiernos estaduales. Es seguro que la Casa Blanca buscaría inmediatamente medidas de represalia, como negar a los texanos el acceso a los fondos federales —que los tejanos ya pagan a través de sus nóminas e impuestos sobre la renta. El Departamento de Defensa enviará a sus generales títeres a amenazar a las autoridades estaduales por no acatar las órdenes del Pentágono, de forma similar a su oposición a los proyectos de ley de Defensa de la Guardia.
Si la Corte Suprema sigue emitiendo sentencias que posteriormente son ignoradas, entonces la SCOTUS sólo conseguirá hacer el ridículo. Es probable que lo evite, por lo que la situación se basará en realidades políticas, no jurídicas. Lo que es agradable de ver, sin embargo, es que el aura de autoridad en torno al gobierno central está siendo gradualmente perforada y destruida. Ya era hora de que ocurriera algo así.
