Tax Tyranny
por Pascal Salin
Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar, 2020, 224 pp.
Jörg Guido Hülsmann (guido.hulsmann@univ-angers.fr) es profesor de economía en la Universidad de Angers.
Pascal Salin es uno de los economistas más importantes de Europa continental. A lo largo de su carrera, ha desarrollado y defendido los principios de una sociedad libre frente a las invasiones del Estado. Empezó como friedmanita en los años 60 y luego se volvió cada vez más austriaco gracias a sus encuentros personales con Friedrich von Hayek en los años 70, lo que le llevó a descubrir y apreciar las obras de Ludwig von Mises, Murray Rothbard e Israel Kirzner. Es autor de unas dos docenas de libros. Sus principales campos de investigación han sido la competencia, la economía monetaria internacional, el comercio internacional, la macroeconomía y la economía pública. También se ha dado a conocer como defensor del austrolibertarismo, especialmente a través de su tratado Libéralisme (2000).
Aunque el profesor Salin es muy prolífico, la mayoría de sus escritos se han publicado en su francés natal. Por ello, el libro que reseñamos es muy bienvenido, ya que se trata de la primera edición en inglés de un texto que ha sido publicado en varias ediciones francesas a partir de 1985. Primero se publicó con el título L’arbitraire fiscale y luego, en 2014, con el título actual, La tyrannie fiscale. También se ha traducido al italiano y a otros idiomas. El libro tiene 206 páginas, está organizado en 12 capítulos y cuenta con un índice de 7 páginas.
Tax Tyranny es un ensayo sobre los principios de la fiscalidad. Está escrito de forma no técnica y es accesible a un amplio público. Sirve muy bien como texto introductorio para estudiantes universitarios, sobre todo de macroeconomía o economía pública, pero también aporta muchos elementos de reflexión originales que merecen la atención de académicos y profesionales de la fiscalidad. La tesis central es que no hay motivos racionales para los impuestos y que, por tanto, éstos nunca pueden justificarse. Por su propia naturaleza, el Estado fiscal nunca puede ser un Estado justo. Cuando grava a sus ciudadanos, es arbitrario y tiránico.
El profesor Salin comienza destacando el carácter destructivo de los impuestos y luego recorre los diversos argumentos destinados a presentar la imposición proporcional («flat tax») y más aún la imposición progresiva de las rentas y el ahorro como una cuestión de justicia distributiva. Como estas justificaciones no resisten el escrutinio, el capítulo 2 lleva el título de «El mito de la fiscalidad progresiva». Salin sostiene que el principio de igualdad ante la ley es irreconciliable con la imposición proporcional y progresiva. El núcleo de su argumento es que es imposible evaluar objetivamente la renta real y la riqueza real de cada ciudadano. Los ingresos y la riqueza tienen varias dimensiones personales que no pueden traducirse fácilmente en términos monetarios. En consecuencia, cuando el Estado se propone gravar a los ciudadanos basándose únicamente en sus ingresos monetarios, respectivamente en la expresión monetaria de su riqueza, no trata a los ciudadanos en igualdad de condiciones, sino que crea privilegios para unos y desventajas para otros. Esto le lleva a una conclusión radical: «La elección de la renta o de la riqueza como base imponible no responde a ningún criterio de racionalidad ni de justicia. Es tan arbitraria como lo sería una modulación del impuesto según la edad o el color de la piel de un contribuyente». (p. 35) Los impuestos proporcionales y progresivos son arbitrarios por su propia naturaleza. No pueden basarse en un tratamiento igualitario de los ciudadanos. El Estado tributario es un Estado tiránico. Sus actos no se basan en la razón y la justicia. «La realidad es muy diferente: Al igual que un ladrón tiene interés en atacar al que tiene dinero en lugar de al que no lo tiene, el Estado toma el dinero donde está». (ibid.)
En los capítulos 3 a 5, Salin profundiza en la sobrecarga fiscal del ahorro, que está sujeto a múltiples y superpuestas capas de impuestos: «[...] el que ahorra puede tener que pagar el impuesto sobre la renta por su ahorro actual, el impuesto sobre el patrimonio por la acumulación de ese mismo ahorro y el impuesto sobre la renta por los rendimientos futuros de ese ahorro. [...] Así, el carácter extraordinariamente arbitrario del impuesto sobre la renta se debe al hecho de que ciertos recursos se gravan una vez, otros dos veces y otros no.» (p. 52)
Citemos también el siguiente pasaje del brillante capítulo 4, en el que trata de los impuestos sobre la herencia:
«También podemos eliminar inmediatamente el argumento estatista de que la herencia no es “justa” porque no se ha “ganado”. Tal acusación es realmente graciosa viniendo de personas cuyos recursos se obtienen por coacción y cuyo principal objetivo suele ser aumentar la parte de los ingresos de los ciudadanos que no depende de los servicios que han prestado a los demás. ¿Por qué sería “justo” recibir una renta no ganada cuando proviene del Estado y no cuando proviene de los propios padres?» (p. 67)
El impacto macroeconómico de la sobreimposición del ahorro se analiza en el capítulo 6. Pascal Salin sostiene que una economía carente de ahorro sufre tasas de crecimiento bajas o negativas. Como consecuencia, los dirigentes políticos se ven tentados a sustituir el ahorro por créditos baratos salidos de la imprenta, lo que a su vez hace que la economía sea propensa a las crisis económicas. En el capítulo 7, presenta una concepción general para la reforma fiscal, muy en línea con la idea de un impuesto al consumo puro según Irving y Herbert Fisher (1942).
El capítulo 8 aborda el problema de la incidencia de los impuestos. Salin hace aquí la observación habitual de que las personas que pagan un impuesto no son necesariamente las que lo soportan, es decir, que no son necesariamente sus ingresos los que disminuyen como consecuencia del impuesto. Pero añade algunas consideraciones importantes. Sostiene que las empresas no soportan la incidencia de los impuestos por la sencilla razón de que las empresas son abstracciones jurídicas y administrativas (véanse las páginas 83 y siguientes, 120). Las empresas no son más que contratos entre seres humanos y, por lo tanto, los impuestos que debe pagar una empresa recaen en última instancia sobre los seres humanos individuales que están relacionados contractualmente con esa empresa, ya sea como empleados, proveedores, directores o clientes. Además, es imposible determinar a priori cuál de estas partes soportará efectivamente la parte del impuesto. La incidencia de los impuestos sobre los beneficios y de los impuestos de sociedades depende de la apreciación subjetiva de todas las partes implicadas y de otras circunstancias concretas que prevalecen en el entorno institucional.
Por lo tanto, la verdadera importancia del importe de los impuestos pagados por las empresas es que la incidencia de ese mismo importe se difumina. Pascal Salin subraya esta implicación: «Esta cifra [el importe de los impuestos pagados por las empresas] es ante todo una indicación de la arbitrariedad de los impuestos». Las afirmaciones habituales sobre los aspectos justos y eficientes de la fiscalidad parecen especialmente cuestionables cuando se entiende que no sabemos quién paga realmente [soporta] una parte tan importante de los impuestos». (p. 124) Unas páginas más adelante, profundiza en el significado político de este hecho: «Precisamente porque no se sabe, ningún grupo de presión lucha contra esta categoría de gravámenes, aparte de la organización de los empresarios». (p. 126) Pero los representantes de esas organizaciones están poco interesados en emprender la lucha contra los impuestos que pagan las empresas porque la incidencia sobre ellas mismas no está clara y probablemente sea pequeña. «Así pues, ¿quién puede promover y hacer aceptar la idea de que hay que suprimir todos los gravámenes sobre las empresas? [...] ¡La imposición de impuestos a las empresas, es decir, a los contribuyentes que no tienen derecho a voto, es ciertamente ideal! Por lo tanto, no es de extrañar que la fiscalidad sea arbitraria, irracional e injusta». (p. 126)
En los últimos cuatro capítulos, el profesor Salin critica las justificaciones más importantes de los impuestos. En el capítulo 9, sostiene que el Estado es un mal asegurador y que, por lo tanto, no es apto para crear y gestionar planes de seguros patrocinados por el Estado, sobre todo el seguro de salud público y los planes de pensiones públicos. Asimismo, no hay razón para confiar al Estado la misión de cuidar de los jóvenes, los ancianos y los discapacitados. En sus palabras:
«Es [...] innegable que el ejercicio de la solidaridad está presente en toda sociedad y que es el resultado de un sentido de la benevolencia propio de la mente humana. [...] pero es necesario impugnar las pretensiones de los estadistas [...] de utilizar la coartada de la solidaridad para justificar acciones que deberían estar cubiertas por el seguro y, por otra parte, de monopolizar el ejercicio de la solidaridad, tanto más cuanto que dan a este término un contenido indefinidamente ampliable. Hacen que la solidaridad sea obligatoria (por tanto, amoral), incondicional (por tanto, inmoral) y financiada por coacción (por tanto, injusta).» (p. 135)
En el capítulo 10, el profesor Salin aborda otra idea de moda, según la cual la fiscalidad debe «armonizarse» a nivel internacional para crear unas «condiciones equitativas» para la competencia en el mercado. Esta idea ha desempeñado un papel importante en la integración política de la Unión Europea y también en el contexto del TLCAN y otros acuerdos comerciales. Salin ofrece una breve y elegante explicación de por qué toda esta idea es infundada: ignora el principio económico de la ventaja comparativa. «Incluso si los costes reales de producción son más altos para todos los productos en un país que en otro, el comercio es posible y rentable, ya que hay diferencias en los costes relativos». (p. 147) Concluye: «Si alguna vez las diferencias en los tipos impositivos pudieran explicar las diferencias en los precios absolutos de las mercancías [...] no tendrían estrictamente ninguna influencia en los precios relativos entre las mercancías. Por lo tanto, de acuerdo con el principio general de especialización, no afectarían al comercio entre ambos países. Por esta sencilla razón, la armonización de los tipos impositivos es, pues, innecesaria». (ibid.) Pascal Salin recomienda, por tanto, que nos olvidemos de la idea de armonizar los tipos impositivos. Lo que hay que hacer es centrarse en la competencia fiscal.
En el capítulo 11, procede a diseccionar las justificaciones económicas más importantes del Estado, sobre todo la teoría de los bienes públicos. En el último capítulo 12, aplica un escrutinio similar a la idea de que la fiscalidad podría basarse en el consentimiento y no en la coacción. Refuta la idea de que la democracia pueda sustituir al consentimiento individual, así como la idea de un contrato social. De hecho, a sus ojos, ninguna de las justificaciones típicas del Estado se sostiene. Y subraya la conclusión ineludible: «Todo impuesto es arbitrario, todo impuesto se basa en el uso de la coacción». (p. 183) Cuando se trata de la reforma fiscal, lo mejor que se puede conseguir, a falta de abolir el Estado, es aplicar una serie de remedios de segundo orden. «Limitar la arbitrariedad, acercarse a los deseos de los contribuyentes, tal es el programa mínimo que se puede proponer». (ibid.)
La selección anterior de los puntos más destacados de Tax Tyranny no debe interpretarse erróneamente como una especie de resumen ejecutivo. El libro es mucho más rico y merece un estudio atento por parte de todos los estudiantes y profesionales. Como muestra de nuestra propia lectura atenta, señalemos algunas deficiencias de esta obra, por lo demás excelente.
Las deficiencias más molestas se refieren a dos cuestiones editoriales: las notas finales (en lugar de las notas a pie de página) y la calidad de la traducción. Pascal Salin es un escritor muy elegante y claro en su francés nativo. Lamentablemente, la traducción al inglés es a menudo deficiente y a veces adolece de rarezas e imprecisiones. Por ejemplo, mientras que en la página 47 el texto contiene la frase correcta de la «correspondencia entre el capital y la renta», en otros lugares presenta la frase evidentemente errónea de una «equivalencia entre la renta y el capital» (pp. 46, 54 y passim). En la página 121, la frase «Sin embargo, la existencia de estas cargas no afecta a los asalariados [...]» es incomprensible y debería decir en realidad «Sin embargo, la existencia de estas cargas no afecta sólo a los asalariados [...]».
Tax Tyranny es un ensayo y no pretende ser un tratado exhaustivo con documentación completa. Aun así, habría sido oportuno citar en varios lugares la teoría de las ilusiones fiscales de Amilcare Puviani (1903), y habría estado bien encontrar una referencia a Friedrich von Wieser (1893 [1889], Bk. VI, cap. IV), que justificó el impuesto progresivo sobre la renta con la ayuda de la teoría del valor marginal, un enfoque que Salin critica muy pertinentemente (véanse las pp. 20-23). Además, el profesor Salin cita ocasionalmente el libro Power and Market de Murray Rothbard, que, aunque tiene un alcance mucho mayor, cubre el mismo terreno que Tax Tyranny. Por lo tanto, habría sido muy útil que Salin se hubiera tomado la molestia de discutir los argumentos de Rothbard (1977 [1970], 108 y ss.) contra la posibilidad misma de un impuesto al consumo puro, así como el caso relacionado de Rothbard contra la posibilidad y la conveniencia misma de gravar el consumo más que el ahorro (ibíd., pp. 99 y ss.).
