¿Utilizar las leyes de curso legal contra el Estado?
Círculo Bastiat, 21 de octubre de 2012
La inacabable guerra contra los pagos en efectivo iniciada por gobiernos en todo el mundo quizá donde haya ido más lejos es en Escandinavia. La razón ostensible dada por nuestros gobernantes para suprimir el efectivo es mantener a la sociedad a salvo de terroristas, evasores de impuestos, blanqueadores de capitales, cárteles de droga y diversos otros villanos, reales o imaginarios. Pero el objetivo real de la reciente inundación de leyes haciendo las transacciones en efectivo menos cómodas o limitándolas o incluso prohibiéndolas es obligar a la gente en general a hacer pagos a través del sistema financiero para sostener a los inestables bancos de reserva fraccionaria y, más importante, expandir la capacidad de los gobiernos de espiar y conocer los acuerdos financieros más privados de sus ciudadanos. Un ingenioso amigo de Noruega ha luchado por proteger su derecho a utilizar efectivo invocando las propias leyes de curso legal de su gobierno contra este. He aquí el relato en sus propias palabras:
Hace aproximadamente un mes, tenía una cita con el doctor en la sala de urgencias de los servicios sanitarios de la ciudad (institución pública).
Cuando me iba, pedí pagar en efectivo. Se me dijo que estaba cerrada la oficina del cajero, que se me haría una factura y que generalmente no aceptaban efectivo. Recordé a la ¿enfermera? La obligación respecto de la moneda de curso legal.
Cuando tuve la factura, reclamé que vinera alguien de contabilidad. Dije a la contable que quería pagar en efectivo. Se me dijo que no era posible. Le pregunté si conocía lo que era el curso legal, refiriéndome a la legislación concreta. Se puso completamente a la defensiva, como percibí claramente. Incluso afirmó que los asuntos legales con la disposición de no uso de efectivo se habían resuelto. Dije que presentaría una queja por escrito.
Lo hice. Llamé pocos días después para verificar si se había recibido la queja, cosa que confirmaría. Ahora la contable aparentemente estaba más interesada en discutir el tema.
Ayer recibí la respuesta por escrito. Se me daba la oportunidad de pagar en efectivo en este caso si llevaba la cantidad exacta. Además, no se harían cambios en las disposiciones generales. Hoy hice el pago en efectivo.
¿Por qué hicieron esto? Yo diría que se dieron cuenta de que tenían una mala defensa legal, que estaban tratando con alguien que aparentemente no se iba a rendir y que permitirlo en este caso evitaría tratar con alguien con un interés legal formal en desafiar su sistema anti-efectivo, siendo las alternativas cambiar su sistema voluntariamente y luchar en un caso administrativo de quejas, o peor un juicio ante un tribunal.
Por supuesto, las cosas serían mucho mejores si no se nos forzara a utilizar este dinero fiduciario. Sin embargo, es razonable esperar que las instituciones públicas cumplan con las regulaciones de curso legal del propio gobierno.
La guerra sueca contra el efectivo se choca con un muro —y un banco heroico
Círculo Bastiat, 27 de diciembre de 2012
La guerra contra el efectivo en Suecia puede estarse atascando. El movimiento anti-efectivo ha sido promovido vigorosamente por importantes bancos comerciales suecos, así como el Riksbank, el banco central sueco. De hecho, para tres de los cuatro mayores bancos suecos combinados, 530 de sus 780 oficinas ya no aceptan o entregan efectivo. En el caso de Nordea Bank, 200 de sus 300 sucursales no tienen ahora efectivo y tres cuartas partes de las sucursales del Swedbank ya no manejan efectivo. Como admite libremente Peter Borsos, un portavoz del Swedbank, su banco está trabajando «activamente para reducir la [cantidad] de efectivo en la sociedad». Las razones de este impulso hacia una sociedad sin efectivo, por supuesto, no tienen nada que ver con aumentar los ingresos por comisiones bancarias en tarjetas o, más importante, con librar a los bancos de reserva fraccionaria de las limitaciones de las corridas bancarias. No, según Borsos, las razones son el medio ambiente, costes y seguridad: «Emitimos 700 toneladas de dióxido de carbono por transporte de efectivo. Eso cuesta a la sociedad 11.000 millones al año. Y el efectivo facilita los atracos». Hans Jacobson, jefe de Nordea Bank, argumenta de manera similar: «Nuestra misión es hacer que la gente entienda las tarjetas, las tarjetas son más seguras que el efectivo».
Por suerte, parece que el pueblo sueco no está cayendo en la propaganda anti-efectivo lanzada por banqueros privados y funcionarios del Riksbank y está resistiendo a la tendencia hacia una economía sin efectivo. Se informa de que el pasado año el valor de las transacciones en efectivo en Suecia fue de 99.000 millones de coronas, lo que representa solo una disminución marginal respecto de hace diez años. Y las tiendas pequeñas continuando haciendo de un tercio a la mitad de su negocio en efectivo. Además, un estudio de satisfacción de clientes de bancos publicado por el Índice Sueco de Calidad en octubre de 2012 indicaba que el índice de satisfacción había caído entre clientes de Swedbank, Nordea y SEB por su política de eliminar las transacciones en efectivo en sus sucursales. Más reconfortante resulta el hecho de que el Handelsbanken, el banco más grande de Suecia, se ha comprometido a atender a clientes que pidan efectivo. Como dice Kai Jokitulppo, jefe de servicios privados del Handelsbanken:
Mientras sepamos que nuestros clientes están pidiendo efectivo, es importante que como banco lo proporcionemos. (…) Vemos sitios en los que otros bancos están tomando otras decisiones, conseguimos clientes de ellos y una respuesta positiva.
Menos de 10 de las 461 sucursales del Handelsbanken no manejan actualmente efectivo y el objetivo del banco es tener efectivo en todas las sucursales en el primer trimestre de 2013.
Francia intensifica la guerra contra el efectivo
Círculo Bastiat, 17 de febrero de 2013
La oficina de auditoría del Estado de Francia, Cour des Comptes, informó al gobierno francés de que era «un sueño» predecir que la economía francesa creciera este año un 0,8%, lo que le permitiría cumplir con su objetivo de déficit del 3% del PIB. La oficina dijo al primer ministro francés Jean-Marc Ayrault que una tasa de crecimiento del 0,3% era más probable, lo que no sería suficiente para cumplir el objetivo de reducción del déficit. Era así a pesar de que (o más bien debido a) el hecho de que se acababa de fijar un aumento en los impuestos sobre una amplia base que extraería otros 32.000 millones de euros a los abrumados negocios y familias franceses este año. ¿Abriría finalmente los ojos Ayrault a la realidad económica y recortaría el presupuesto del burocrático e hinchado Estado francés, un presupuesto que está liberalmente engrasado con subvenciones sociales y rescates propios de un corporativismo fascista? No, en modo alguno. Por el contrario, Ayrault convocó una reunión de la Comité Nacional Antifraude para cavar con los engaños fiscales presidido por él mismo: «lo primero para un jefe de gobierno», alardeó.
El fraude fiscal en Francia se ha estimado que está en el orden de 60.000 a 80.000 millones de euros anuales. Escondida en la propuesta de Ayrault de acabar con los engaños fiscales y exprimir más ingresos de sus «residentes fiscales» (aquellos ciudadanos y extranjeros que no se han exiliado a tiempo parcial para escapar de los impuestos franceses) hay una disposición draconiana que rebajaría el pago máximo en efectivo por transacción de €3.000 a €1.000. Bajo el nuevo límite, un ciudadano francés no podría comprar un coche usado con efectivo. Sin embargo la disposición no se aplicaría a ciudadanos y extranjeros ricos y suficientemente sabios como para haber puesto sus rentas lejos de las garras del rapaz Estado francés convirtiéndose en residentes fiscales de otros países. Estarían sujetos a un límite de €10.000 por compra en efectivo, rebajando el límite actual de 15.000€ por compra. Esta podría llamarse la excepción Depardieu, porque el actor francés Gerard Depardieu causó conmoción pública al obtener el pasaporte ruso para aprovechar el impuesto de la renta de tipo único de Rusia del 13%.
Un comentarista agudamente resumía la relación inextricable entre la guerra contra el efectivo y la guerra contra las libertades personales:
Con esta ley, el gobierno francés será capaz de apretar las tuercas a su pueblo una vuelta más, restringiendo su libertad de elección (cómo pagar), eliminando cualquier privacidad en esas transacciones e imponiendo otra capa de control público. Una vez la gente se haya acostumbrado al límite de los €1.000 —basado en el gran principio del incrementalismo con el que las restricciones de la libertad se aprueban en las democracias— la tuerca se apretará más, hasta que el gobierno pueda documentar toda compra realizada por «residentes fiscales».
