El anuncio de la administración Biden a mediados de abril de retirar las tropas americanas parece un primer paso positivo en la dirección correcta para poner fin al conflicto militar más largo de América hasta la fecha. Sin duda, sigue habiendo dudas sobre la sinceridad de dicha retirada, y sobre si todavía quedará una presencia militar residual bajo el manto de la «lucha contra el terrorismo» o algún tipo de acuerdo con contratistas de defensa privados para mantener el orden en el cementerio de los imperios.
Mirando hacia atrás, fue bastante divertido todo lo que la prensa corporativa sacó para descarrilar los intentos anteriores del ex presidente Donald Trump de retirar las tropas de Afganistán. El programa de recompensas ruso se llevó la palma como la noticia más significativa utilizada para frustrar la sensata propuesta de retirada de Trump en Afganistán. En aquella ocasión, los medios de comunicación comenzaron a difundir historias sobre el pago de recompensas por parte de la inteligencia militar rusa a militantes relacionados con los talibanes por matar a estadounidenses y fuerzas armadas aliadas en el conflicto afgano. En su previsible salva contra la administración Trump, la prensa corporativa hizo un gran escándalo sobre este programa a lo largo de las elecciones de 2020, añadiendo otro capítulo a la ridícula saga antirrusa.
Curiosamente, una vez que Biden se instaló con seguridad en el cargo, la comunidad de inteligencia de EEUU comenzó a retractarse de las acusaciones sobre el programa de recompensas, señalando que no había pruebas suficientes de la inteligencia militar de EEUU para corroborar su existencia. Se puede especular si la retirada de Biden estuvo motivada por la política.
Más allá de las implicaciones partidistas de la retirada afgana, hay que preguntarse si la anterior administración Trump desaprovechó una auténtica oportunidad para romper con el orden hegemónico liberal que el gobierno de EEUU ha presidido desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Por muy ingenuos que fueran algunos observadores sobre el funcionamiento de la administración Trump como bola de demolición de este orden internacional, yo incluido, muchos subestimaron el nivel de inercia institucional presente en la burocracia de la política exterior junto con la constante propaganda mediática diseñada para fomentar las tensiones con cualquier país que la clase dirigente considere adverso.
La elección de Donald Trump ofreció una tentadora ilusión de esperanza para los no intervencionistas y los moderados que cuestionaron los programas de construcción de naciones que emprendió DC en las últimas décadas. En la campaña electoral, Trump hizo los ruidos adecuados sobre los fracasos de las incursiones en Irak. Incluso puso en duda la viabilidad de los acuerdos de alianza como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la que EEUU es miembro desde 1949.
En opinión de Trump, EEUU era el principal país que asumía la mayor parte de la carga de defensa de esta alianza. Las constantes quejas de Trump dieron lugar a algunos cambios en la forma en que los países contribuyen a la OTAN. Por ejemplo, Alemania acabó aumentando su gasto en defensa para cumplir con los requisitos de la OTAN.
Aunque el intento de Trump de hacer que los países miembros de la OTAN pongan más de su parte fue sólido, todavía no abordó la cuestión subyacente de la participación de Estados Unidos en lo que equivale a una alianza enredada que ya no tiene un propósito útil tras la disolución de la Unión Soviética hace tres décadas. No debemos olvidar que incluso Dwight Eisenhower, cuando asumía el papel de comandante supremo de la OTAN en 1951, declaró que «si dentro de 10 años no se han devuelto a Estados Unidos todas las tropas americanas estacionadas en Europa con fines de defensa nacional, todo este proyecto habrá fracasado».
La OTAN se diseñó originalmente como una alianza temporal para equilibrar a la Unión Soviética que acabaría desapareciendo, no como un acuerdo de seguridad permanente que los responsables políticos pudieran manipular para satisfacer sus deseos de difundir los «valores» democráticos universales de América. Poco se imaginaba el expresidente que la OTAN seguiría existiendo hasta bien entrado el siglo XXI y que serviría como herramienta para la expansión de los intereses del estado de seguridad nacional.
La defensa no está exenta del mismo «efecto trinquete» presente en la política interior, por el que las crisis provocan un aumento de la actividad gubernamental que resulta difícil de revertir una vez que las organizaciones burocráticas se consolidan. Milton Friedman afirmó que «nada es tan permanente como un programa gubernamental temporal», una dinámica presente en el moderno estado de seguridad nacional. Lo que originalmente comienza como un programa temporal se convierte más tarde en un pilar insustituible de la política pública. Esa es la naturaleza del crecimiento del gobierno, y no importa la agencia gubernamental, aparentemente opera de manera uniforme.
No podemos separar tan fácilmente los asuntos de defensa de los asuntos económicos, ya que el denominador común de estas actividades es el gigantesco gigante que es el Estado. El Estado domina ambos ámbitos, con todos los defectos que conlleva. Por ejemplo, el despilfarro gubernamental del que suele quejarse el conservador medio también está presente en el sector de la defensa. De hecho, no hay nada de especial en los gastos de defensa del gobierno. No son inmunes al despilfarro y la corrupción.
La mayoría de los defensores de los gastos de defensa pasan por alto una de las leyes de hierro de cualquier análisis serio de la economía política: el concepto de lo que se ve y lo que no se ve de Frédéric Bastiat. Lo que se ve son los juguetes militares de lujo: me viene a la mente el despilfarro fiscal que supone el avión de combate F-35. Según algunas estimaciones, este sistema de armas tiene un precio de por vida de 1,5 billones de dólares. Dejando a un lado los costes gigantescos, este sistema de armamento será sin duda un buen reclamo para las fuerzas aéreas. Además, dará a los políticos otro programa del que presumir, argumentando que el gasto de enormes sumas de dinero es la clave para mantener a América «segura».
Pero lo que no se recoge en toda esta orgía de gastos son los numerosos bienes y servicios productivos que se habrían creado en circunstancias económicas normales. En un mundo en el que el gasto en defensa es restringido, el dinero de los contribuyentes permanecería en manos de los ciudadanos privados, donde se ahorraría y se invertiría en empresas productivas. En Acción humana, Ludwig von Mises comprendió cómo el gasto desmesurado en defensa es un lastre para el desarrollo económico:
Todos los materiales necesarios para la conducción de una guerra deben ser proporcionados mediante la restricción del consumo civil, utilizando una parte del capital disponible y trabajando más. Toda la carga de la guerra recae sobre la generación viva.
Una política económica menos militarista mejoraría el nivel de vida general, mientras que el gasto excesivo en defensa beneficia a grupos de interés concentrados a expensas de los americanos de a pie. Acabar con el actual estado de guerra perpetua será una tarea difícil. Es demasiado fácil decir: «Sólo hay que votar a las personas adecuadas». La cuestión que nos ocupa es más profunda. Va más allá de quien ocupe un cargo político en un momento dado. Es, en última instancia, de naturaleza ideológica.
La administración Trump, ostensiblemente contraria a las guerras interminables, tuvo problemas para llevar a cabo incluso la más básica de las retiradas de tropas. Mucho de esto puede atribuirse a la inercia institucional presente en el régimen estadounidense. El surgimiento del Estado profundo -una burocracia que no rinde cuentas y que se ha transformado en un gobierno permanente en la sombra- no es una aberración, sino más bien una característica indispensable del actual Estado administrativo que está respaldado por una ideología intervencionista.
El estado de guerra y el estado de bienestar han crecido juntos. Muchos de los mismos preceptos de ingeniería social en los que se basa la política interior se aplican, en última instancia, a la política exterior, en la que los fanáticos intervencionistas están firmemente comprometidos a mantener intacto el proyecto imperialista del régimen.
Aunque Mises no era pacifista, entendía que los valores occidentales, como la libertad de expresión y el libre mercado, no podían difundirse a golpe de pistola. De hecho, para Mises, la guerra constante era uno de los catalizadores del despotismo. En cambio, los países podían dar un fuerte ejemplo moral a seguir practicando un gobierno limitado y fomentando el comercio pacífico entre naciones. En Acción humana, Mises también observó:
Derrotar a los agresores no es suficiente para que la paz sea duradera. Lo principal es desechar la ideología que genera la guerra.
Un repliegue medido de los asuntos exteriores haría obviamente mucho para revertir muchos de los efectos secundarios persistentes de las equivocadas aventuras exteriores del siglo pasado y permitiría a América centrarse en sus asuntos internos, que parecen estar destrozándolo en este momento. Sin embargo, para llegar a este punto, las ideologías intervencionistas deben ser completamente desacreditadas.
Han perecido demasiadas vidas inocentes, y se han gastado billones de dólares para seguir complaciendo las ensoñaciones quijotescas de los responsables de la política exterior que eluden cualquier forma de responsabilidad por sus fechorías.
