El 14 de febrero, Justin Trudeau invocó los poderes de emergencia para reprimir la protesta pacífica de los camioneros en Ottawa. La Ley de Emergencia se convirtió en ley en 1988, y nunca se había utilizado hasta ahora. La ley contiene
«una definición específica de «emergencia nacional» que aclare la gravedad de una situación para poder recurrir a la Ley. Una emergencia nacional es una situación urgente, temporal y crítica que pone en grave peligro la salud y la seguridad de los canadienses o que amenaza seriamente la capacidad del Gobierno de Canadá para preservar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Canadá. Debe tratarse de una situación que no pueda ser resuelta eficazmente por las provincias y territorios».
La ley faculta al gobierno a hacer prácticamente todo lo que quiera. Por ejemplo, las empresas de grúas se han negado a las peticiones de la ciudad de Ottawa de retirar los camiones grandes. En virtud de la ley, el gobierno puede ordenar a estas empresas/conductores que realicen el trabajo e imponer fuertes sanciones por desobedecer la orden. En otras palabras, el gobierno puede confiscar y utilizar recursos privados, incluida la mano de obra.
Se trata de un hecho aterrador porque se basa en las afirmaciones infundadas de Trudeau de que la protesta de Ottawa es peligrosa. Al parecer, el gobierno desactivó las cámaras de CCTV en el centro de Ottawa porque las imágenes de vídeo mostrarían una protesta pacífica, lo que revelaría las mentiras de las autoridades. Hasta aquí la transparencia del gobierno, una de las muchas promesas incumplidas con las que Trudeau fue elegido.
El Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales (JCCF) respondió a la declaración de emergencia nacional de Trudeau:
«Los manifestantes pacíficos que dan de comer a los sin techo, quitan la nieve, recogen la basura, bailan en las calles, juegan al hockey callejero, ondean banderas canadienses, cantan el himno nacional y montan castillos hinchables para los niños no «ponen en grave peligro la vida, la salud o la seguridad de los canadienses», ni estas actividades pacíficas «son de tal magnitud o naturaleza que excedan la capacidad o la autoridad de una provincia para hacerles frente», afirma [el abogado Jay Cameron, director de litigios del Centro de Justicia].
Las declaraciones juradas sobre la situación en Ottawa, presentadas ante los tribunales, indican que los camioneros son «amables, corteses, humildes, considerados y pacíficos».
El carácter pacífico de la protesta de los camioneros también ha sido confirmado por numerosos medios de comunicación y por cientos, si no miles, de vídeos tomados por personas sobre el terreno en Ottawa.
«Los camioneros en Ottawa sentados en jacuzzis junto a sus camiones no «amenazan seriamente la capacidad del Gobierno de Canadá para preservar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Canadá». La única razón por la que los camioneros siguen en Ottawa es porque la arrogante élite política se niega a discutir las preocupaciones de los camioneros sobre la pérdida de sus libertades civiles, y los mandatos autoritarios de vacunación», declaró Cameron.
Los camioneros quieren que se restablezcan sus libertades civiles. «Acabar con los mandatos». Eso es todo lo que piden. Simplemente quieren recuperar su libertad. Andrei Mincov, un abogado canadiense, escribió: «Si la palabra “libre” ha de tener algún significado real, tiene que implicar no estar sujeto al control o a la dominación de otro, ya sea una fuerza exterior, la fuerza del gobierno nacional o la fuerza de otras personas u organizaciones ... si la palabra “libre” ha de tener algún significado, debería significar algo más que cualquier libertad que quede después de que el gobierno haya terminado de restringirla».
Tampoco es aceptable que el gobierno restrinja la libertad en nombre de la salud pública, y hay una buena razón para ello. Hay pruebas abrumadoras que demuestran que los mandatos covídicos del gobierno han sido mal informados y contraproducentes. Pero, ¿dónde está la responsabilidad?
Definir la responsabilidad
Si usted rompe la ventana de su vecino, por accidente o no, debe pagar por la sustitución. Tanto si pagas por voluntad propia como si te presionan para que lo hagas, es probable que los demás vecinos estén de acuerdo en que se trata de una solución adecuada. Usted causó el daño y pagó dinero para revertirlo. La indemnización sale de su propio bolsillo. Se le ha hecho responsable de sus actos.
En cambio, cuando un partido en el poder pierde unas elecciones, la mayoría de la gente dice que los políticos han rendido cuentas de sus errores. De hecho, los expertos siempre nos dicen: «Si no te gusta el gobierno, no te olvides de votar, porque es tu oportunidad de pedir cuentas a los políticos».
¿De verdad? ¿Así es como definimos la responsabilidad en política? ¿Se alivia nuestra rabia y frustración cuando echamos a los vagos de sus cargos? ¿Basta con ver a los políticos con los ojos llorosos pronunciar discursos de concesión la noche de las elecciones?
No nos equivoquemos, si el primer ministro o los primeros ministros provinciales pierden sus puestos por sus políticas contra el covid, esto no significa que hayan tenido que rendir cuentas por sus acciones. Una verdadera responsabilidad les exigiría —no al gobierno (es decir, a los contribuyentes)— compensar personalmente a los canadienses que han sufrido bajo sus protocolos contra el covid. Esto incluye indemnizar a los familiares de los miles de canadienses que murieron debido al retraso en la atención sanitaria durante los cierres. E incluye compensar a innumerables canadienses que perdieron sus empleos y/o se vieron obligados a aislarse por el estrés, la ansiedad y la desesperación que experimentaron, todo ello a causa de los cierres. E incluye compensar a quienes sufrieron un aumento de los niveles de abuso de sustancias, delincuencia, suicidio, homicidio, abuso infantil, violencia doméstica, divorcio y enfermedades cardiovasculares debido a los efectos del desempleo y el aislamiento, todo ello a causa de los cpnfinamientos.
Según la ley, tras declarar formalmente la emergencia nacional, lo que el gobierno hizo el 14 de febrero,
El gobierno debe presentar una moción tanto en la Cámara de los Comunes como en el Senado, en un plazo de siete días de sesión, en la que solicite la confirmación de la Declaración y explique los motivos de la misma.
Tanto la Cámara de los Comunes como el Senado deben votar la moción. Si la Cámara de los Comunes o el Senado no votan a favor de la Declaración, ésta queda revocada ese mismo día.
Esperemos que prevalezca la cordura.
