La autodefensa es una antigua ley consuetudinaria en virtud del cual se puede utilizar la fuerza necesaria y razonable para defender la propia persona o propiedad. Así lo expresó Sir Edward Coke en 1604: «La casa de cada uno es para él como su Castillo y Fortaleza, así como para defenderse contra lesiones y violencia... si los ladrones llegan a la casa de un hombre para robarle, o asesinarle, y el propietario o sus sirvientes matan a cualquiera de los ladrones en defensa de sí mismo y de su casa, no es delito grave, y no perderá nada».
El significado de fuerza razonable siempre ha dependido en gran medida del contexto, teniendo en cuenta los hechos del caso, incluidas las intenciones de las partes. Si fuera necesario un juicio en el supuesto descrito por Coke, el tribunal tendría que establecer que los intrusos eran efectivamente ladrones con intención de robo o asesinato, o en todo caso que el propietario de la vivienda creía razonablemente que así era. El uso de la fuerza para defenderse de un ataque conlleva intrínsecamente el riesgo de causar la muerte del atacante, por lo que es necesario determinar que no se trataba de un mero homicidio disfrazado de defensa propia. De lo contrario, cualquiera podría disparar a otro y alegar que pensaba que se trataba de un intruso, como ocurrió en el caso de Oscar Pistorius.
Si el atacante dispara primero, está claro que no es irrazonable devolver el disparo. Los casos difíciles surgen cuando el atacante está desarmado o armado sólo con las armas naturales de sus propios puños. La antigua norma del derecho consuetudinario, recogida por la Michigan Law Review en 1904, era la siguiente
no era necesario que la agresión se hubiera realizado con un arma mortal, sino que una agresión sólo con los puños, si existía el propósito aparente y la capacidad de infligir la muerte o lesiones corporales graves, era suficiente para justificar el homicidio en defensa propia. . . . una mera agresión con los puños por sí sola no justificará un homicidio, ni siquiera cuando exista una gran disparidad de poder físico, sin una clara manifestación de intención delictiva.
La intención delictiva del agresor (intención de causar la muerte o lesiones corporales graves) se ha considerado durante mucho tiempo la clave para justificar la muerte del agresor, y dicha intención sólo podía juzgarse en todas las circunstancias del caso. Las meras palabras no bastarían, ya que alguien podría gritar «¡Te voy a matar!» sin tener intención ni capacidad de cometer un delito grave, y a la inversa, la intención y la capacidad de matar pueden manifestarse claramente sin pronunciar palabra alguna.
En el contexto del derecho comparado, Uwe Steinhoff va polémicamente más allá al sostener que la autodefensa debería ser lícita aunque el agresor no utilizara los puños: «Un ataque no tiene por qué implicar fuerza física; más bien, un ataque es toda amenaza de violación o violación real de un interés protegido por la ley (es decir, de un derecho) en la medida en que esta amenaza se derive de la acción humana». Steinhoff distingue entre un «ataque» y un «daño», ya que, en su opinión, uno sigue teniendo derecho a defenderse de un ataque sin esperar a ver el grado de daño, en su caso, que podría resultar del ataque.
Imaginemos un escenario en el que un hombre débil y enclenque se lanza contra un campeón de halterofilia con intención de causarle daño, sólo para que los puños del atacante reboten sin efecto contra su víctima (como le ocurrió una vez a Arnold Schwarzenegger). En opinión de Steinhoff, la víctima en este caso, por más grande y fuerte que sea su atacante, tendría sin embargo derecho a defenderse con un grado razonable de fuerza.
El objetivo de mencionar estos ejemplos no es comentar la ley actual, que está demasiado circunscrita por la legislación y la jurisprudencia como para permitir un breve resumen. El objetivo es, en cambio, destacar algunas de las dificultades para determinar los límites de la legítima defensa. Las normas legislativas suelen ser detalladas y abarcan numerosas condiciones y excepciones.
Por ejemplo, en Nueva York, la «fuerza física mortal» generalmente no puede utilizarse a menos que
«el actor cree razonablemente que esa otra persona [el atacante] está usando o está a punto de usar fuerza física mortal. Sin embargo, incluso en tal caso, el actor puede no usar la fuerza física mortal si sabe que con total seguridad personal, para sí mismo y para los demás, puede evitar la necesidad de hacerlo retirándose».
Eso es fácil de afirmar, pero en realidad, ¿cómo podría uno «saber que con total seguridad personal» se puede evitar la violencia retirándose? En muchas circunstancias en las que se utiliza o amenaza con utilizar la fuerza letal, no hay garantías de «completa seguridad personal». En el ejemplo de Steinhoff, rara vez está claro que no haya otra forma de salvar a Blancanieves que no sea eliminando a la reina malvada: «Sin embargo, uno está ciertamente autorizado a enfrentarse a la reina malvada con fuerza física para evitar que le dé la manzana a Blancanieves si no hay otra forma de salvar a Blancanieves».
En la práctica, suele ser difícil (aunque no imposible) demostrar que no había otra forma de evitar la amenaza que no fuera el uso de la fuerza letal, principalmente porque las decisiones deben tomarse a menudo en fracciones de segundo. La cuestión aquí es que, en una prueba de razonabilidad, no bastaría simplemente con decir «no había otra manera», sino que sería necesario demostrar que, de hecho, era así. Una cosa es comprender claramente el significado de la autodefensa y otra determinar si la acción defensiva está justificada en los hechos de casos concretos.
Ley natural y derechos naturales
Desde la perspectiva de la ley natural, el derecho a la autodefensa es un elemento del derecho a la autoposesión. La autodefensa implica el derecho a esgrimir la fuerza para defenderse de cualquier invasión por la fuerza. Como explica Murray Rothbard
Si todo hombre tiene el derecho absoluto a su propiedad justamente poseída, entonces se deduce que tiene el derecho a conservar esa propiedad, a defenderla por la violencia contra la invasión violenta... porque si un hombre posee una propiedad y sin embargo se le niega el derecho a defenderla contra un ataque, entonces está claro que se le está negando un aspecto muy importante de esa propiedad.
Esto no es más que un punto de partida, ya que sigue siendo necesario determinar el alcance del derecho a la autodefensa. Rothbard pregunta:
¿Hasta dónde llega el derecho de un hombre a la autodefensa de su persona y su propiedad? La respuesta básica debe ser: hasta el punto en que empieza a infringir los derechos de propiedad de otra persona. . . . De ello se deduce que la violencia defensiva sólo puede utilizarse contra una invasión real o directamente amenazada de la propiedad de una persona, y no puede utilizarse contra ningún «daño» no violento que pueda afectar a los ingresos o al valor de la propiedad de una persona. (énfasis añadido)
No es en absoluto sencillo decidir qué significa «amenaza directa de invasión» en casos concretos. En el ejemplo de Rothbard, cuando «alguien te aborda en la calle, saca una pistola y te exige la cartera», la amenaza está clara. Sin embargo, señala que una invasión o amenaza de invasión no tiene por qué ser una «agresión física real», sino que puede incluir la intimidación o incluso el fraude, que es un «robo implícito» y, por tanto, una amenaza contra la propiedad de uno. Sin embargo, Rothbard insiste en que la amenaza debe ser directa, manifiesta y clara; debe ser «palpable, inmediata y directa», no «vaga y futura».
Rothbard advierte que «en el caso inevitable de acciones difusas o poco claras, debemos hacer todo lo posible para exigir que la amenaza de invasión sea directa e inmediata... la carga de la prueba de que la agresión ha comenzado realmente debe recaer en la persona que emplea la violencia defensiva». Así, la violencia sólo puede desplegarse en respuesta a la violencia: «Sería claramente grotesco y criminalmente invasivo disparar a un hombre al otro lado de la calle porque su mirada enfadada te pareciera presagiar una invasión», y la respuesta a una amenaza violenta debe ser proporcionada: «El criminal, o invasor, pierde su propio derecho en la medida en que ha privado a otro hombre del suyo». Disparar a matar a un ladrón de tiendas, por ejemplo, sería desproporcionado: «De hecho, el tendero se ha convertido en un criminal mucho mayor que el ladrón, ya que ha matado o herido a su víctima, una invasión mucho más grave de los derechos de otro que el hurto original».
En efecto, sería grotesco ejecutar sumariamente a personas por robar en una tienda, pero eso supone un caso sencillo en el que está claro que el intruso sólo tiene intención de robar. El caso sería diferente en circunstancias en las que es imposible distinguir entre un mero ladrón y un intruso cuya intención, en la medida en que puede determinarse dadas las circunstancias, parece razonablemente ser causar daños corporales graves. Por ejemplo, en el caso de Tony Martin, el resultado dependió del hecho de que los ladrones estaban huyendo cuando él les disparó:
Fearon, de 29 años, y Fred, de 16, habían viajado desde Newark, en Nottinghamshire, la noche del 20 de agosto para asaltar Bleak House, la granja semiderruida de Emneth Hungate, en Norfolk. . . Al oírles, Martin bajó de un dormitorio del piso superior y abrió fuego con una escopeta de bombeo. Martin afirmó haber actuado en defensa propia; los fiscales argumentaron que se había anticipado a la pareja y les había acechado.
El caso habría sido diferente si les hubiera disparado al entrar en lugar de al salir. Después de todo, puede que no tuviera claro si la intención de los ladrones era simplemente robar o causarle daños físicos. En teoría, podría haber gritado a los intrusos: «¡Alto y declarad vuestras intenciones!», a la manera de un soldado de patrulla, pero es poco probable que la mayoría de los delincuentes que pretenden causar daño cedan pacíficamente a una interpelación de este tipo.
En el contexto del common law, todas estas cuestiones son componentes de la fuerza razonable. La fuerza letal empleada en respuesta a una amenaza que no es directa ni inmediata, sino meramente especulativa o remota, no se consideraría razonable.
Resolución pacífica de litigios
Para evitar estas dificultades, las jurisdicciones de derecho consuetudinario han mantenido durante mucho tiempo una fuerte preferencia política por la resolución pacífica de los conflictos y han limitado en la medida de lo posible el uso de la fuerza. En Jacque v. Steenberg Homes, Inc. (1997), el Tribunal Supremo de Wisconsin observó en un caso de usurpación que una de las razones por las que el Estado interviene para reivindicar las violaciones de los derechos de propiedad es disuadir a las personas de recurrir a remedios de «autoayuda». De este modo, los tribunales esperan disuadir a la gente de utilizar la fuerza en defensa de sus propios derechos:
En McWilliams, el tribunal reconoció la importancia de impedir la práctica del duelo, permitiendo a los jurados castigar el insulto con una indemnización ejemplar. Aunque el duelo no suele ser una forma moderna de autoayuda, es fácil imaginar a un terrateniente frustrado tomándose la justicia por su mano cuando se enfrenta a un intruso descarado.
El objetivo político es «la preservación de la paz» o «proporcionar un incentivo para que los demandantes lleven ante los tribunales los pequeños ultrajes» en lugar de resolver la disputa lanzando precipitadamente el guante en un arrebato de mal genio. Por ejemplo, el caso de la Michigan Law Review citado anteriormente se refería a unos padres que se peleaban por el comportamiento agraviante de sus hijos:
La mañana del asesinato, los acusados pasaban por delante de la casa de Hallgarth cuando éste les llamó y se produjo una acalorada conversación sobre algún problema relacionado con los hijos de Gray en el colegio. Hallgarth saltó la valla, pero sin más armas que sus puños desnudos, y avanzó amenazante hacia Gray, quien sacó su pistola y le advirtió que desistiera.
El razonamiento que subyace a la regulación legislativa de la autodefensa es disuadir a la gente de saltar las vallas y recurrir a los puñetazos en las disputas con sus vecinos. La mayoría de las jurisdicciones también prohíben o desaconsejan enérgicamente la autodefensa en disputas sobre la propiedad, especialmente en el contexto de los arrendamientos, a favor de llamar a las autoridades para que se ocupen de cualquier violación de los derechos del propietario:
Seguiría siendo necesario prohibir formas de autoayuda, como el candado, debido a la previsible y, por tanto, innecesaria confrontación cara a cara. . . . No hace falta ser un místico o un psicólogo para ver las posibilidades de violencia y conflicto en estos escenarios. Un intento de cierre, ya sea cara a cara o como un ladrón en la noche cuando el ocupante está fuera, puede ser un acto provocador. «Es difícil imaginar una situación más volátil de la que se pueda anticipar razonablemente una violencia extrema que la sustracción subrepticia de la vivienda de un hombre, ya sea alquilada o hipotecada».
No obstante, los libertarios deben preguntarse si está justificado que el Estado, en su intento de mantener la paz, limite el derecho a la autodefensa. Incluso si estipulamos que el Estado es un parásito y que, por lo tanto, todo lo que hace el Estado es inherentemente malo, seguiría siendo necesario abordar la cuestión de cómo se puede mantener una interacción pacífica en situaciones en las que los seres humanos son propensos a perder los estribos y a dispararse unos a otros con o sin armas. Siendo la naturaleza humana lo que es, este problema también se plantearía para las agencias de defensa privadas a las que la gente de una sociedad libertaria se hubiera suscrito voluntariamente.
Para evitar el conflicto violento en la resolución de una disputa, es sin duda una buena idea fomentar la adjudicación pacífica. Sin embargo, es importante reiterar que el derecho que se reivindica a través de dicha adjudicación no es el derecho a un juicio justo, sino, según Rothbard, el derecho a la autodefensa:
Presumiblemente, un mercado libre tenderá a llevar a la mayoría de la gente a elegir defenderse con aquellas instituciones privadas y agencias de protección cuyos procedimientos atraigan el mayor acuerdo de la gente de la sociedad. En resumen, personas que estarán dispuestas a acatar sus decisiones como la forma más práctica de aproximarse a la determinación de quién, en casos concretos, es inocente y quién culpable. Pero éstas son cuestiones de descubrimiento utilitario en el mercado en cuanto a los medios más eficientes de llegar a la autodefensa, y no implican ningún concepto tan falaz como el de «derechos procesales».
Por lo tanto, acordar la resolución de disputas mediante procedimientos de arbitraje, por ejemplo, o cualquier otra forma institucional de resolución de disputas no debe tomarse como una razón para socavar el derecho a la autodefensa. El derecho a la autodefensa reside en la persona cuyo derecho de propiedad es violado y no en la sociedad o en el Estado. Por lo tanto, el individuo también tiene un derecho natural a portar armas como emanación del derecho a la autoposesión. Como explica Rothbard «Todo hombre tiene el derecho absoluto a portar armas, ya sea para defensa propia o para cualquier otro propósito lícito».
