El elevado precio de la insulina está cada vez más presente en el discurso político americano cuando los candidatos presidenciales alardean de intervenciones; mientras, la Comisión Federal de Comercio, los estados e incluso condados y consejos escolares han presentado demandas, alegando prácticas abusivas de precios y connivencia entre los gigantes farmacéuticos y las farmacias. Sin embargo, como es habitual en la política americana, los responsables políticos ignoran la realidad de que son ellos —y no el mercado— quienes han creado estos problemas, y que las soluciones que proponen no harán sino agravarlos.
De hecho, los precios de la insulina se han disparado. Una variedad —Humalog—, aunque inicialmente tenía un precio de 21 dólares el frasco, ahora se vende por más de diez veces esa cantidad y, obviamente, estos precios están perjudicando a los consumidores, algunos de los cuales se ven obligados a pagar más del 40% de sus ingresos posteriores a la subsistencia por este medicamento vital. No son infrecuentes los casos de personas que utilizan insulina caducada y la racionan a costa de su propia salud. Como era de esperar, la desesperación ha llevado a algunos a recurrir a la economía sumergida —hacer trueque y donarla o comprarla por una fracción del precio en México para luego pasarla de contrabando a través de la frontera.
Si aplicamos la teoría básica de los precios, sabemos que los precios no son arbitrarios, sino que, de hecho, son manifestaciones de realidades subyacentes. La población diabética está creciendo y su demanda es en gran medida inelástica, por lo que, por un lado, deberíamos esperar que esta demanda se refleje en el precio. Sin embargo, por el otro lado de la moneda, tenemos la oferta, que, —en condiciones normales de mercado—, debería aumentar para satisfacer la creciente demanda, ya que los productores, motivados por las ganancias prospectivas, se esfuerzan por satisfacer las necesidades de los consumidores.
¿Por qué la oferta no aumenta para satisfacer la demanda? Los costos de producción no han aumentado, de hecho, han disminuido un 20 por ciento entre 2007 y 2021. Si bien este problema es particularmente frecuente en los Estados Unidos, como señala un informe al Congreso, «los precios de los análogos de insulina cuestan diez veces más en los Estados Unidos que en cualquier otro país desarrollado».
En el capitalismo de libre mercado, los productores competitivos deberían estar constantemente presionando a la baja los precios del mercado. Sin embargo, evidentemente eso no está sucediendo y, como explica el mismo informe, el mercado está dominado por tres empresas —Ely Lily, Novo-Nordisk y Sanofi—, que son las productoras exclusivas para el consumo americano y, en conjunto, acaparan aproximadamente el 90 por ciento del mercado mundial.
¿Cuál es la conclusión obvia? No se trata de un mercado libre en absoluto, sino de uno en el que la oferta está restringida por la fuerza mediante privilegios monopólicos concedidos por el Estado. Hay varios factores que contribuyen a la monopolización. Los demandantes harían bien en recordar que no sería posible ninguna colusión si las personas tuvieran libertad para comprar insulina por sí mismas en lugar de hacerlo a través de una farmacia autorizada y con una receta de un médico autorizado. Un mundo en el que las personas puedan pasar por alto a los profesionales autorizados puede ofender algunas sensibilidades, pero no cabe duda de que la concesión de licencias crea monopolio y restringe la oferta.
Mientras que el libre mercado incentiva a los productores a innovar, el Estado regulador desalienta la innovación en el país e impide que las innovaciones externas lleguen a los consumidores. De hecho, existen alternativas a la insulina. Los «biosimilares», por ejemplo, son una alternativa a las insulinas «biológicas» que dominan el mercado americano. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha tardado en actuar. Un estudio de 2018 concluyó que «al menos 11 biosimilares de insulina se comercializan (bajo marcos regulatorios menos estrictos) a precios considerablemente más bajos en China, India, México, Pakistán, Perú y Tailandia». Sin embargo, la FDA se negó a aprobar un producto de insulina biosimilar hasta 2021.
Peor aún, el sistema de patentes restringe la oferta al otorgar privilegios monopólicos a un único productor. La investigación empírica confirma que las concesiones de monopolio del sistema de patentes, las ampliaciones de las mismas y las patentes para productos complementarios (por ejemplo, dispositivos de administración de insulina), combinadas con la negativa de la FDA a aprobar productos competidores, han contribuido directamente a los precios más altos.
Por supuesto, los críticos replican que no habría innovación sin protección de patentes, especialmente en la industria farmacéutica. Sin embargo, los datos sugieren lo contrario. En su libro de 2008, Against Intellectual Monopoly, Michele Boldrin y David Levine descubrieron que las innovaciones farmacéuticas cayeron en los países una vez que se adoptó un sistema de patentes. En Italia, encontraron que las innovaciones farmacéuticas cayeron del 9,28 por ciento del total mundial al 7,5 por ciento una vez que se introdujeron las patentes. Encontraron que «India se ha convertido en el principal centro de producción farmacéutica sin protección de patentes. El crecimiento y la vitalidad de la industria india es similar al de la industria anterior a 1978 en Italia». Casualmente, la insulina es uno de los muchos medicamentos que encontraron que se descubrió con poca o ninguna influencia del sistema de patentes.
Además, si se eliminara al gobierno de la escena, los monopolistas quedarían destronados y los competidores volverían a llevar el mercado hacia el equilibrio. Esto implica desmantelar los monopolios dondequiera que se encuentren —licencias, regulaciones y patentes. El clamor político no es del todo injustificado. Los precios son exorbitantes, pero es culpa del gobierno —como en otros casos de supuestos «fallos del mercado»—. Los precios son altos porque hay una oferta artificialmente insuficiente para satisfacer la demanda. La oferta que existe porque los productores pueden obtener ganancias (lo que se consigue estafando a la población diabética en el proceso). Si se impusieran topes forzados a los precios —como proponen ignorantemente los políticos—, se eliminarían esos incentivos. Además, la solución para bajar el precio de la insulina no son los controles de precios ni las demandas judiciales, sino dejar que el mercado funcione.
