Un anuncio reciente de una autoridad de tráfico local en Virginia muestra cómo el Department of Homeland Security (DHS) y la Transportation Security Administration (TSA) están creando una red masiva e intrusiva de vigilancia a partir del sistema de transportes de Estados Unidos.
La Greater Richmond Transit Company (GRTC) anunció recientemente planes para instalar más de 100 cámaras de vigilancia en vivo en paradas a lo largo de una línea de transporte rápido. Según un informe de la WTVR, la GRTC planea instalar aproximadamente cuatro cámaras en cada una de las 26 paradas de la línea de autobuses Pulse a lo largo de Broad Street. El sistema estará activo 24 horas al día y conectado directamente a la comisaría de policía de la ciudad.
La ACLU de Virginia se opone al sistema. El director de comunicaciones estratégicas de la organización dijo que la monitorización constante cambia la naturaleza de una comunidad.
“Hay pocas evidencias de que este tipo de vigilancia mejore la seguridad pública y hay muchas razones para pensar que coarta a la gente. Que nos hace comportarnos de manera diferente de la que tendríamos si no nos estuvieran mirando”, dijo Bill Farrar, añadiendo que el sistema “monitoreará” a la gente que confía en transporte público.
“GTRC ha dicho al promover esto, al promover la necesidad de esta línea concreta, que queremos ayudar a la gente a salir del desierto alimentario del East End. Así que estamos diciendo: usad esto para conseguir la comida que necesitáis, pero vamos a veros mientras lo hacéis”.
GRTC Pulse es “un sistema de tránsito rápido y moderno, de alta calidad y alta capacidad que atiende una ruta de 7,6 millas”. Fue desarrollado a través de un consorcio entre el Departamento de Transporte de EEUU, el Departamento de Transporte de Virginia, la ciudad de Richmond y el condado de Henrico.
Según Style Weekly, “este nuevo sistema hará que el número total de cámaras fácilmente accesibles de propiedad de la ciudad o el gobierno disponible para la policía y otras autoridades sea de más de 300, incluyendo aproximadamente 200 cámaras fijas a las que la policía de Richmond tiene fácil acceso y 32 cámaras propiedad de la policía de la ciudad”.
Farrar califica de “preocupante” la proliferación de cámaras en la ciudad.
“En la práctica, el uso de estos sistemas y los datos que recogen casi siempre se expande, dando a las fuerzas del orden más información de la que necesitan o deberían tener acerca de las vidas personales de las personas cumplidoras de la ley”.
Según WTVR, el gobierno federal obligó a la instalación de cámaras de vigilancia a lo largo de la nueva ruta como condición para la financiación del proyecto.
“Cargos oficiales dijeron que la concesión federal TIGER usada para financiar la mitad del proyecto obligaba la instalación del sistema de cámaras”.
Esto pone de manifiesto cómo el gobierno federal usa la financiación para incentivar que las instituciones estatales y locales participen en la expansión de un estado nacional de vigilancia. No solo ponen condiciones a la financiación de proyectos, como este requisito de las cámaras en Richmond, sino que también financian directamente muchos programas estatales y locales de vigilancia.
Las instrucciones estatales y locales tienen acceso a una variedad asombrosa de equipos de vigilancia. El gobierno federal ofrece concesiones y otras fuentes de financiación para este equipamiento espía. Sacando partido del dinero federal, los agentes del orden público pueden a veces incluso mantener “fuera de los libros” las compras de tecnología de vigilancia.
En otras palabras, pueden adquirir equipos de vigilancia de alta tecnología sin ninguna supervisión del gobierno local ni pública. De hecho, ayuntamientos, gobiernos de los condados y alcaldes puede que ni siquiera sepan que la policía ha obtenido los equipos. Esto hace difícil determinar lo expansivo que se ha convertido el estado estadounidense de vigilancia.
Cuando aparecen informes como la reciente revelación de las cámaras de las paradas de autobús de Richmond, se abre una brecha en la puerta que nos permite ver cómo trabajan los federales con las instituciones estatales y locales para expandir su masiva red de vigilancia.
En este caso, se revela que el gobierno federal se aprovecha de los sistemas de transportes para espiar a los estadounidenses.
MassPrivatel monitoriza el estado de vigilancia en expansión en EEUU. Un post reciente del blog de su sitio web afirmaba que el “papel del DHS y la TSA a la hora de convertir el transporte público en redes de vigilancia policial en toda la ciudad es inequívoco”.
Profundizando en este plan público de transformar el sistema de transportes en una plataforma de vigilancia, se revela una red complicada de agencias públicas estatales, locales y federales, junto con organizaciones privadas, todas implicadas en expandir el estado de vigilancia.
Un informe de 2010 de la US Government Accountability Office (GAO) titulado “Public Transit Information Sharing” destaca el papel de la TSA y el DHS a la hora de crear una gigantesca red de vigilancia en el transporte público trabajando mediante diversas asociaciones. El informe también revela información compartida entre las autoridades de tránsito local, fuerzas del orden locales, el DHS y la TSA.
Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno federal, incluyendo el DHS, ha adoptado una serie de acciones para mejorar la seguridad de los sistemas de transporte. Estas acciones incluyen la mejora en la compartición de información con los interesados de este sector crítico, lo que se destaca que en la Department of Homeland Security Information Sharing Strategy de 2008, así como en el National Infrastructure Protection Plan (NIPP) de 2009. Para ayudar a facilitar la compartición de información con el sector del transporte público, el DHS y la Transportation Security Administration (TSA) han creado y financiado diversos mecanismos, incluyendo el Public Transportation Information Sharing and Analysis Center (PT-ISAC), que está administrado por la American Public Transportation Association (APTA). El PT-ISAC se creó bajo la dirección del Departamento de Transporte en 2003 y está actualmente financiado por la TSA a través de la Federal Transit Administration (FTA) del Departamento de Transporte. Además del DHS, otras agencias federales, como el Departamento de Justicia, el FBI y la FTA han adoptado también acciones para mejorar sus esfuerzos por compartir información relacionada con la seguridad con interesados públicos y privados, incluyendo agencias de transporte público.
La APTA es una organización sin ánimo de lucro que actúa como defensora de las mejoras en programas e iniciativas de transporte público en EEUU. Su sitio web la describe como “la fuerza principal para la mejora en el transporte público”. Pero, como indica el informe de la GAO, también administra el PT-ISAC, un programa de vigilancia en el transporte. El PT-ISAC recoge, almacena y distribuye información relacionada con la seguridad y transporte. También publica el Transit And Rail Intelligence Awareness Daily (TRIAD).
“El TRIAD está integrado por numerosas fuentes de inteligencia disponibles hoy para la comunidad del transporte, centrándose en contraterrorismo, informes de actividades sospechosas y conciencia general de seguridad. La Surface Transportation Security Information Library, disponible para los autorizados a recibir el TRIAD, actúa como un repositorio de información que alberga todas las fuentes de información proporcionadas en el TRIAD, además de otros productos de seguridad, reseñas de información e inteligencia no ofrecida en el TRIAD. La información permanecerá disponible para los usuarios como un medio para acceder a la totalidad de la inteligencia revisada en el TRIAD y otra información relevante, sirviendo como recurso para futuras investigaciones sobre amenazas o técnicas de mitigación”.
¿De dónde viene la información que integra la Surface Transportation Security Information Library? Casi sin duda de los sistemas de cámaras y otras tecnologías de vigilancia financiadas por el gobierno federal u obligadas por él en las concesiones de ayudas al transporte, como la usada para financiar la línea de transporte rápido de Richmond.
Una investigación adicional revela cómo funciona esto.
Una empresa privada llamada IIT opera el PT-ISAC en nombre de la APTA. El sitio web de la empresa confirma que todo el sistema funciona como una autopista de información de dos direcciones con los datos de vigilancia moviéndose adelante y atrás por las agencias estatales, locales y federales.
“El PT-ISAC recoge, analiza y reporta información crítica de seguridad cibernética y física y amenazas a partir de innumerables fuentes, que incluye las infraestructuras privadas de EEUU, la comunidad de inteligencia de EEUU, el gobierno de EEUU, el ejército de EEUU, fuerzas de orden público, universidad y la comunidad internacional CERT 24 horas al día y 7 días a la semana. El PT-ISAC proporciona una estructura de reporte y análisis segura y de doble dirección, que permite la transmisión de alertas y avisos críticos, así como la recogida, análisis y reporte de información de seguridad para agencias de transporte en toda la nación”.
Por resumir, el DHS y la TSA continúan desarrollando una red masiva e intrusiva de vigilancia construida a partir del sistema estadounidense de transporte. Una organización privada sin ánimo de lucro administra el sistema y una empresa privada es la que lo gestiona realmente.
Entretanto, las agencias federales, incluyendo el DHS, el Departamento de Transporte y el Departamento de Justicia financian el equipo usado para recoger montones de información sobre millones de estadounidenses y también obliga a la participación en el estado de vigilancia como condición para financiar diversos proyectos de infraestructura de transporte.
Esto demuestra la dependencia del gobierno federal de los actores públicos estatales y locales para hacer funcionar la vigilancia siempre creciente. También revela su talón de Aquiles. Si los gobiernos estatales y locales prohibieran la participación en esos planes, podrían en la práctica firmar la sentencia de muerte para estos programas de vigilancia.
Hay varios pasos que tienen que dar los gobiernos estatales y locales.
- Rechazar fondos federales que requieran la participación en programas de vigilancia.
- Prohibir el almacenamiento y compartición sin permiso de datos de vigilancia con otras agencias.
- Instituir requisitos de permiso para tecnologías de vigilancia como rastreadores de móviles, drones y cámaras móviles.
- Obligar a las agencias públicas a obtener la aprobación del gobierno local antes de adquirir o usar tecnología de vigilancia.
