En el panorama en constante evolución de la teoría y la política económicas, pocos conceptos han sido tan influyentes y controvertidos como la «destrucción creativa» de Joseph Schumpeter. Esta poderosa idea, que describe el proceso por el que la innovación reconfigura continuamente los mercados, desafía la sabiduría convencional sobre la competencia, los monopolios y el papel de la intervención gubernamental. A medida que nos enfrentamos a las complejidades de la era digital, la tensión entre la destrucción creativa y los marcos reguladores, como las leyes antimonopolio y la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea, se ha hecho cada vez más evidente.
La destrucción creativa, tal y como la articuló Schumpeter en su obra de 1942 «Capitalismo, socialismo y democracia», se refiere al: «proceso de mutación industrial que revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo incesantemente la antigua, creando incesantemente una nueva». Esta fuerza dinámica impulsa el progreso económico sustituyendo continuamente tecnologías, modelos empresariales e industrias obsoletos por otros más innovadores y eficientes. A diferencia de los modelos económicos tradicionales que hacen hincapié en el equilibrio estático y la competencia de precios, la visión de Schumpeter retrata el capitalismo como un sistema en perpetuo flujo, donde el verdadero motor del crecimiento no es la optimización de las estructuras existentes, sino su transformación al por mayor.
Las implicaciones de la destrucción creativa para la legislación antimonopolio son profundas y potencialmente inquietantes. La teoría antimonopolio convencional, —arraigada en la economía neoclásica— considera que la concentración del mercado y el poder de monopolio son intrínsecamente perjudiciales para el bienestar de los consumidores. Esta perspectiva ha conducido a un enfoque regulador que trata de mantener un panorama «competitivo» disolviendo las grandes empresas e impidiendo las fusiones que podrían conducir a un dominio del mercado. Sin embargo, desde el punto de vista de la destrucción creativa, este enfoque puede ser erróneo e incluso contraproducente.
Schumpeter sostenía que los monopolios temporales, lejos de ser perjudiciales para la innovación, podían fomentarla. Las grandes empresas con un poder de mercado significativo suelen estar mejor situadas para invertir en investigación y desarrollo a largo plazo, asumiendo riesgos que los competidores más pequeños no pueden permitirse. Las rentas de «monopolio» de que disfrutan estas empresas proporcionan tanto el incentivo como los medios para llevar a cabo innovaciones revolucionarias. Al centrarse únicamente en la concentración del mercado y en los efectos de los precios a corto plazo, la legislación antimonopolio puede ahogar inadvertidamente el mismo dinamismo que supuestamente trata de promover.
Además, la visión schumpeteriana sugiere que el dominio del mercado suele ser transitorio, constantemente amenazado por la siguiente ola de innovación disruptiva. El «monopolista» de hoy puede ser la reliquia obsoleta de mañana, convertida en irrelevante por una nueva empresa ágil con una idea revolucionaria. Desde este punto de vista, las intervenciones antimonopolio corren el riesgo de interrumpir el ciclo natural de destrucción creativa, preservando potencialmente a los titulares ineficientes a expensas de los innovadores emergentes.
La historia está repleta de ejemplos de industrias transformadas, no por la intervención gubernamental, sino por innovadores externos que revolucionaron mercados enteros. Desde la llegada del automóvil, que diezmó la industria de los coches de caballos, hasta el auge de los gigantes del comercio electrónico, que revolucionaron la venta al por menor, los avances más significativos no han sido fruto de retoques normativos, sino de audaces emprendedores dispuestos a desafiar el statu quo.
Es en este contexto de competencia dinámica y destrucción creativa en el que debemos considerar la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea, una extralimitación normativa que representa la cúspide del intervencionismo equivocado. Lejos de fomentar la innovación o proteger a los consumidores, la DMA amenaza con calcificar la economía digital, sofocando las mismas fuerzas que han impulsado un progreso tecnológico sin precedentes y el beneficio de los consumidores.
La premisa fundamental de la DMA —que las grandes plataformas digitales deben ser restringidas para garantizar una competencia leal— es profundamente errónea, como ya he comentado anteriormente. Asume que los burócratas de Bruselas poseen la omnisciencia para determinar lo que constituye «justo» en el panorama digital en rápida evolución. Esta arrogancia no sólo está fuera de lugar, sino que es peligrosa. Al imponer una serie de regulaciones ex ante a las llamadas plataformas « guardianes», la DMA corre el riesgo de estrangular la innovación en su cuna.
La prohibición de prácticas como la autopreferencialidad revela un profundo desconocimiento del funcionamiento de los ecosistemas digitales. La integración de servicios y funciones es a menudo el mecanismo por el que las plataformas crean valor para los consumidores. Al imponer separaciones artificiales, la DMA podría privar a los usuarios de sinergias y eficiencias beneficiosas. La ironía es palpable: en su afán por promover la competencia, la DMA bien podría reducir la calidad y utilidad de los servicios digitales para millones de europeos.
El enfoque erróneo de la DMA se ejemplifica además con su insistencia en la interoperabilidad entre plataformas. Este requisito, lejos de fomentar la competencia, amenaza con homogeneizar los servicios digitales y ahogar la innovación. Al obligar a las plataformas de éxito a abrir sus ecosistemas cuidadosamente elaborados a la competencia, la DMA socava la propia diferenciación que impulsa el progreso en el sector tecnológico. La interoperabilidad puede sonar atractiva en teoría, pero en la práctica puede conducir a una carrera a la baja en términos de características y seguridad. Ignora el hecho de que los ecosistemas cerrados suelen ofrecer experiencias de usuario superiores y protecciones de la privacidad más sólidas. Además, la interoperabilidad obligatoria puede afianzar a los actores dominantes al reducir los costes de cambio y disminuir el incentivo de los usuarios para buscar plataformas alternativas.
Tal vez lo más atroz sea que el enfoque único de la DMA para regular a los «guardianes» no tiene en cuenta la naturaleza matizada y polifacética de los mercados digitales. Empresas como Amazon y Google operan en diversos sectores, mezclando los ámbitos digital y físico de maneras que desafían una categorización simplista. Intentar meter con calzador a estas complejas entidades en marcos reguladores rígidos es un ejercicio inútil que solo puede tener consecuencias imprevistas y perder oportunidades de innovación.
Los defensores de la DMA afirman proteger a las pequeñas empresas y a los competidores potenciales, pero la realidad es mucho más insidiosa. Al imponer onerosos costes de cumplimiento y restricciones operativas a las plataformas de éxito, la ley erige formidables barreras de entrada para los aspirantes a innovadores. El resultado es una forma perversa de captura regulatoria, en la que los actores establecidos quedan aislados de la competencia disruptiva por las mismas normas que pretenden limitarlos.
Además, el enfoque de la DMA sobre la preservación de las estructuras de mercado existentes malinterpreta fundamentalmente la naturaleza del progreso tecnológico. Las innovaciones más revolucionarias no sólo compiten en los mercados existentes, sino que crean otros completamente nuevos. Al fijarse en mantener la competencia en los paradigmas actuales, la DMA corre el riesgo de no ver el bosque por los árboles, sofocando potencialmente la próxima generación de tecnologías transformadoras antes incluso de que puedan surgir.
La idea de que los reguladores pueden anticipar el futuro de la tecnología y legislar al respecto es irrisoria. Si las mentes más brillantes de Silicon Valley tienen dificultades para predecir el próximo gran avance tecnológico, ¿qué esperanza tienen los burócratas de elaborar normativas que no queden obsoletas antes de que se seque la tinta?
La DMA representa un intento arrogante de controlar lo incontrolable, de domar las fuerzas salvajes de la innovación que han impulsado el progreso humano durante siglos. Como señaló Ludwig von Mises en Acción humana: «Si fuera posible calcular la estructura futura del mercado, el futuro no sería incierto. No habría ni pérdidas ni beneficios empresariales. Lo que la gente espera de los economistas está más allá del poder de cualquier hombre mortal».
Los defensores de la DMA, y de la regulación antimonopolio en general, a menudo esgrimen sus argumentos en términos de protección del consumidor y equidad. Se trata de una cortina de humo para ocultar lo que no es más que planificación económica centralizada o amiguismo con otro nombre. La idea de que los consumidores necesitan protección frente a las mismas empresas cuyos productos y servicios eligen voluntariamente es, en el mejor de los casos, condescendiente y, en el peor, autoritaria.
En realidad, la protección más eficaz para los consumidores no es la regulación, sino la competencia; no la competencia artificial y gestionada que imaginan los abogados antimonopolio, sino la competencia dinámica e impredecible, impulsada por la destrucción creativa. Es esta fuerza la que ha proporcionado a los consumidores teléfonos inteligentes, comercio electrónico, motores de búsqueda e innumerables innovaciones que han transformado la vida moderna. Cada uno de estos avances no es fruto de mandatos gubernamentales o marcos reguladores, sino de la búsqueda incesante de mejores productos y servicios en un mercado libre.
El camino a seguir está claro, aunque pueda resultar incómodo para quienes están acostumbrados a la ilusión de control que ofrecen los regímenes reguladores. Debemos resistirnos a los cantos de sirena de la legislación antimonopolio y rechazar de plano iniciativas equivocadas como la Ley de Mercados Digitales (DMA). En su lugar, debemos abrazar el proceso dinámico, a menudo caótico, de destrucción creativa que ha demostrado una y otra vez ser el verdadero motor del progreso.
En conclusión, el concepto de destrucción creativa expone los defectos fundamentales tanto de la legislación antimonopolio tradicional como de los esfuerzos reguladores modernos como la DMA. Estas intervenciones, lejos de promover la innovación y proteger a los consumidores, sólo sirven para impedir la evolución natural de los mercados y las tecnologías. La mayor amenaza para el bienestar de los consumidores y el progreso económico no es el supuesto poder monopolístico o la concentración del mercado, sino la pesada mano de la regulación que ahoga el espíritu emprendedor que impulsa la innovación.
Nos encontramos en la cúspide de nuevas revoluciones tecnológicas en inteligencia artificial, biotecnología y otros campos. ¿Permitiremos que las fuerzas de la destrucción creativa nos impulsen hacia un futuro de progreso y prosperidad inimaginables? ¿O sucumbiremos a la fatal presunción de los reguladores que creen que pueden planificar y controlar lo imprevisible? La elección es nuestra, y las consecuencias de esa elección repercutirán en las generaciones venideras.
