La política se traslada del campus al Main Street. Es probable que el próximo ataque político se dirija al debido proceso—el fundamento de la propia justicia occidental. Mucho depende de qué lado del actual debate sobre las audiencias por mala conducta sexual en los campus gane. ¿Merece una persona acusada de mala conducta sexual el debido proceso en la investigación y la audiencia que determinan su futuro? ¿O son las tradiciones como la presunción de inocencia y el derecho al contrainterrogatorio simplemente una forma de retraumatizar a una «víctima» a la que se debe creer y proteger automáticamente? Todo se reduce a los derechos individuales frente a la justicia social.
El conflicto tiene un pasado largo e ideológico, que gira en torno al título IX de la Ley de Enmiendas a la Educación de 1972; esta medida prohíbe a las escuelas que reciben fondos federales la discriminación sexual. Con el tiempo, las definiciones de discriminación y acoso sexual dentro de la disposición se han ampliado drásticamente y el debido proceso para cualquier persona acusada se ha erosionado.
Una carta «Dear Colleague» de 2011 de la administración Obama fue un punto de inflexión. La carta instruía a las universidades a utilizar el Título IX para implementar un objetivo mucho más amplio que la simple no discriminación: la «equidad de género». Todos los estudiantes debían disfrutar de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades equivalentes. Esto requería algo más que la igualdad de trato en las políticas de las escuelas; requería un trato privilegiado para los estudiantes que se consideraban parte de una minoría oprimida, como las mujeres. El trato privilegiado tuvo profundas implicaciones en las audiencias por mala conducta sexual en los campus. Los acusadores, que eran en su inmensa mayoría mujeres, debían creerles automáticamente. A los acusados, que eran en su inmensa mayoría hombres, se les negaban las garantías procesales por miedo a volver a traumatizar a la acusadora. A veces el acusado ni siquiera conocía el nombre de su acusador, aunque un veredicto de «culpabilidad» podía significar la expulsión y la destrucción de sus perspectivas profesionales.
Con criterios poco estrictos de proceso y prueba, las denuncias ante la Oficina Federal de Derechos Civiles en virtud del Título IX se han cuadruplicado en la última década, pasando de 17.724 (2000-10) a 80.739 (2011-20). Las demandas contra las universidades presentadas por los acusados también se han disparado. Hasta marzo de 2021, los estudiantes acusados habían presentado más de 680 demandas de este tipo. Según la revista académica Inside Higher Ed,
Más de una cuarta parte de las 305 demandas del Título IX analizadas en un estudio de 2015 realizado por United Educators (UE) fueron impugnadas por estudiantes que presentaron demandas en los tribunales federales o presentaron quejas a través de la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación. Existe un consenso entre los expertos en educación superior y en materia jurídica de que los estudiantes reclaman cada vez más audiencias defectuosas o sanciones disciplinarias injustas como resultado de fallos de procedimiento en sus universidades, dijo Jake Sapp, coordinador del Título IX ... en Austin College.
Los tribunales están cada vez más de acuerdo. Andrew Miltenberg, un abogado que representa a los estudiantes acusados, explicó en un artículo de 2019: «Estamos viendo, por primera vez, en el último año más o menos, los tribunales están empezando a abrazar el concepto de que podría haber problemas de debido proceso». Un informe del 22 de abril de 2021 amplía el punto de Miltenberg. Appellate Court Decisions for Allegations of Campus Due Process Violations, 2013-2020, realizado por Stop Abusive and Violent Environments (SAVE por sus siglas en inglés), resume veintitrés decisiones de tribunales de apelación en cuanto a los procedimientos por los que las universidades manejaron las acusaciones de mala conducta sexual. Un comunicado de prensa de SAVE señala el consenso general de estas decisiones. Se necesita un amplio abanico de protecciones procesales
en los campus universitarios en lo que respecta a la notificación adecuada de las acusaciones, las investigaciones imparciales y precisas, la revelación de las pruebas al acusado, el contrainterrogatorio, las audiencias justas, la falta de conflicto de intereses entre los funcionarios universitarios, el uso adecuado de los testimonios y el cumplimiento institucional de sus propias políticas.
Las decisiones de los tribunales de apelación son especialmente significativas, porque otros tribunales de la misma región seguirán estas sentencias como precedente. Las sentencias de apelación citadas en el informe de SAVE se aplican a las universidades, públicas y privadas, de treinta y un estados; el 67% de todas las universidades se encuentran en este territorio. El propio alcance de las sentencias podría suponer un cambio radical en la forma en que los campus abordan la conducta sexual indebida.
Pero hay un poderoso obstáculo: la política.
El 6 de mayo de 2020, el Departamento de Educación de Trump cambió el Título IX para revertir la carta Dear Colleague de Obama, restaurando el debido proceso. Los acusados de acoso o agresión podrían cuestionar las pruebas y repreguntar a los acusadores, por ejemplo. Cuando se promulgó la nueva normativa en agosto, el entonces candidato presidencial Joe Biden prometió en campaña que la derogaría. Está cumpliendo esta promesa, iniciando el proceso formal conocido como «propuesta de reglamentación», que incluye comentarios públicos y debate.
Muchas universidades aplauden la vuelta de Biden al grito de guerra de la justicia social de «¡Cree a la mujer!», que significa «¡Niega el debido proceso!»; muchos campus están ideológicamente comprometidos con este principio de justicia social. Harvard es un ejemplo. La revista estudiantil Harvard Crimson señala que el 77,6% de los profesores se autodefine como de izquierdas, mientras que sólo el 2,9% se considera conservador. Harvard es un ejemplo de la división desequilibrada en esta cuestión. Sin embargo, el debido proceso no muere sin lucha. En 2014, el Harvard Crimson señaló que «veintiocho profesores de la Facultad de Derecho pidieron a Harvard que retirara su recién instalada política de acoso sexual en una punzante carta abierta». La burocracia de la escuela se mantuvo firme detrás de la justicia social. El ex decano de la Facultad de Harvard, Harry Lewis, explicó que ese es el objetivo básico de la escuela: promover ideas radicales. «Es casi por definición antipreservacionista», dijo.
La furia actual y venidera del debate gira en torno a los derechos individuales frente a la «justicia» colectiva, lo que también se conoce como política de identidad. Se trata de las sentencias de los tribunales y de la justicia occidental frente a los burócratas y la ideología.
No se trata de hombre frente a mujer, aunque a menudo se presenta de esta manera. El debido proceso no es ni masculino ni femenino en su protección; es un derecho humano. Aquellos que sofocan la cuestión en términos de género están haciendo suposiciones falsas. Asumen que los hombres perpetran los abusos sexuales y que las mujeres son víctimas, por ejemplo, cuando el Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual estima que «el 15% de los hombres universitarios son víctimas de sexo forzado». También asumen que la burocracia protege a las mujeres y a las víctimas mejor que los derechos individuales, el autocontrol individual.
Si el debido proceso pierde este debate, si la burocracia gana, una observación escalofriante dentro del informe SAVE se convertirá en una norma del campus. La página web del Oberlin College, según el informe, se jacta de tener un índice de condenas del 100% en los casos de mala conducta sexual. En otras palabras, ser acusado es ser condenado. Oberlin considera que esto es una ventaja, un punto publicitario.
El camino hacia el poder en nuestra sociedad pasa por el campus. Los legisladores, académicos, abogados, expertos, ejecutivos de empresas y otros profesionales que controlan gran parte de la sociedad comenzaron como estudiantes. La realidad en las universidades hoy se convierte en realidad en las calles mañana. Tanto la agresión sexual como el debido proceso deben tomarse en serio. Pero esto es precisamente lo que hace el debido proceso. Sostener cada caso con pruebas y un proceso justo significa tomarse en serio cada acusación de conducta sexual indebida; significa tomarse en serio los derechos humanos. No ponen en peligro la seguridad individual de las mujeres ni de los hombres. Son su mayor protección.
