El 22 de septiembre, el Presidente Trump firmó el Decreto Ejecutivo sobre la Lucha contra los Estereotipos Raciales y Sexuales. La orden habla de «estereotipos de raza o sexo», que se define como el acto de «atribuir rasgos de carácter, valores, códigos morales y éticos, privilegios, estatus o creencias a una raza o sexo, o a un individuo por su raza o sexo». Las agencias o entidades federales que reciben fondos federales tienen prohibido hacer estereotipos en sus procedimientos de capacitación o educación. Si una organización quiere dinero federal, por ejemplo, su material no puede afirmar que los hombres individuales son racistas, sexistas u opresivos simplemente porque son hombres, blancos o heterosexuales. Hacerlo es un estereotipo racial y sexual.
La orden tiene dientes de dos maneras. Presumiblemente, el ejecutivo puede obligar al cumplimiento dentro de sus propias agencias federales. Los receptores de impuestos, incluidos los contratistas, que no cumplan pueden ser defraudados o despojados de «licencias»; una universidad podría perder dinero federal, el acceso de los estudiantes a los préstamos federales o la acreditación.
La gente se opone a la participación del gobierno en cuestiones de discriminación, y con razón, porque los individuos tienen derecho a la libertad de asociación. La ley no tiene por qué regular las interacciones pacíficas o las negativas a interactuar. Pero el gobierno ya está involucrado hasta la médula, y la orden ejecutiva busca dar varios pasos atrás. Además, la dinámica de la discriminación o los estereotipos cambia cuando es un organismo gubernamental o una entidad financiada por los impuestos la que discrimina. Son responsables ante el público de cómo se utiliza el dinero de los impuestos, o deberían serlo. Y la reserva de dinero nunca debe utilizarse para promover el trato desigual de las personas por su raza o sexo (si las leyes o la financiación deben existir en absoluto es una discusión importante pero separada).
La discriminación contra los hombres es actualmente común en los organismos gubernamentales y en los receptores de impuestos federales. Las últimas décadas han convertido a los hombres en una clase baja que está virtualmente excluida de los servicios federales, como los programas de violencia doméstica financiados por el Departamento de Justicia.1 La redefinición del decreto ejecutivo de la discriminación —estereotipos raciales y sexuales— es un desafío y un rechazo largamente esperados de la política de identidad y su mantra dogmático de que los hombres oprimen a las mujeres, que los hombres y las mujeres son enemigos de clase, y que los hombres se lo merecen. Sólo después de desacreditar la ideología de la política de identidad pueden desmantelarse las leyes, políticas e instituciones basadas en ella.
¿Qué es lo que específicamente redefine el orden?
Comienza con la declaración más famosa de Martin Luther King Jr. «Sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter.» Hoy, el sueño de King se ha vuelto del revés para que se diga que la justicia para sus hijos requiere discriminación por raza y sexo. El contenido del carácter es secundario, en el mejor de los casos.
Dos tendencias ideológicas lograron esta hazaña: la política de la identidad y la teoría crítica de la raza. Las políticas de identidad afirman que los individuos no se definen por sus elecciones o su carácter, sino por la clase o clases a las que pertenecen, por ejemplo, los blancos o las minorías, los hombres o las mujeres. La teoría crítica de la raza es un marco postmoderno por el que todas las instituciones y dinámicas de la sociedad se analizan en términos de raza y jerarquía. En el decreto ejecutivo se resumen estas tendencias: «Muchas personas están impulsando una visión diferente que se fundamenta en jerarquías basadas en identidades sociales y políticas colectivas, en lugar de en la dignidad inherente e igualitaria de cada persona como individuo». Esta visión ve a los Estados Unidos como «un país irremediablemente racista y sexista» en el que «algunas personas, simplemente por su raza o sexo, son opresores». Por el contrario, la orden ejecutiva vuelve al sueño de King al desfinanciar la diversidad de impuestos y la formación antirracista que se basa en la política de identidad y la teoría crítica de la raza. En teoría, la orden significa que toda esa formación financiada por el gobierno federal cesará.
Esto parece ser un empuje serio. Un memorándum del 4 de septiembre emitido por la Oficina de Administración y Presupuesto abrió el camino para la orden ejecutiva. «Capacitación en el Gobierno Federal» instruyó a las agencias a «comenzar a identificar todos los contratos u otros gastos de la agencia relacionados con cualquier capacitación sobre la teoría crítica de la raza» o el racismo institucional. El memorándum indignó y alarmó a sus objetivos, por supuesto, que parecen igualmente serios en cuanto a resistirse al empuje. La Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE), que representa a setecientos mil empleados federales y de DC, lo condenó rápidamente. «Mientras la injusticia racial continúa sacudiendo esta nación», declaró el presidente nacional de la AFGE, «deberíamos construir más puentes de entendimiento». Pero todo lo que este presidente parece saber hacer es construir muros de división.» Es probable que haya alguna forma de obstrucción.
Para fundamentar el conflicto que se avecina en la realidad práctica: ¿Qué tipo de agencia está siendo atacada, y específicamente para qué? Tres ejemplos son instructivos. El orden es único:
- El Departamento del Tesoro, un departamento ejecutivo, que celebró un seminario en el que sostuvo que «prácticamente todos los blancos... contribuyen al racismo». Los asistentes fueron instruidos para evitar abogar por el daltonismo o dejar que las «habilidades y personalidades de las personas sean lo que las diferencie». Juzgar a la gente por sus méritos se considera racista.
- Argonne National Laboratories, una entidad federal, que declaró en su material que el racismo está «entretejido en cada tejido de América» y describió el «daltonismo» o la defensa de una «meritocracia» como «acciones de prejuicio».
- La Institución Smithsoniana, financiada en gran medida con dinero federal, afirmaba que conceptos como «el pensamiento lineal racional y objetivo», «el trabajo duro» y la «familia nuclear» eran «aspectos y supuestos de blancura» divisorios.
Claramente, la nueva política se aplicará agresivamente en todos los ámbitos.
Las instituciones más interesantes para observar pueden ser las universidades. Son fuentes de políticas de identidad y teoría racial crítica, así como pioneras en la demonización de los hombres. Prácticamente todas las universidades reciben fondos federales, si no directamente, entonces indirectamente a través de mecanismos como los préstamos estudiantiles. En teoría, esto significa que todas ellas alterarán drásticamente su material de formación y probablemente sus planes de estudio. Los académicos también han reaccionado con indignación y alarma. En una declaración conjunta, los decanos de las cinco facultades de derecho de la Universidad de California dieron una defensa inusualmente apasionada de la teoría crítica de la raza, llamando a la «retórica de Trump con reminiscencias del macartismo y el miedo al rojo». Es probable que haya alguna forma de obstrucción.
Las universidades tienen razones para estar asustadas, porque el día del juicio final puede estar cerca. Considere sólo una forma en la que este cambio de política podría alterar el campus americano. Cada programa de estudios de la mujer promueve la teoría del patriarcado, que se define como un «sistema social injusto que subordina, discrimina o es opresivo para las mujeres». Los opresores son hombres como clase; las víctimas son mujeres y minorías. Esto hace que cada programa de estudios de las mujeres sea culpable de los estereotipos sexuales descritos en la orden. En teoría, estos programas necesitan abandonar su ideología o enfrentar el desfinanciamiento y la posible pérdida de acreditación.
En teoría, hay que hacer hincapié en estas palabras cuando se discute el impacto del decreto ejecutivo, porque es inevitable una reacción burocrática, y será feroz. Las universidades son bastiones de una infraestructura impenetrable que cierra filas cuando son atacadas. Exponer el sistema como intelectualmente corrupto, crudamente discriminatorio y vicioso hacia los jóvenes a su cargo hará que los vagones den vueltas. Las universidades son la colina en la que esta orden ejecutiva puede morir.
La cuenta está vencida. Esta vez el costo está cayendo en las universidades en vez de en los estudiantes varones. ¿Pagará el sistema? Si ocurre en el campus, entonces ocurrirá en todos los demás sitios.
O las universidades podrían convertirse en el trampolín para un método más cuerdo de cómo las personas deben asociarse entre sí, es decir, como individuos que se conectan basándose en su propia evaluación de los méritos de cada uno. La justicia social se derramó del campus a la calle principal; tal vez lo mismo pueda decirse de la razón y el respeto por el individuo.
- 1Y sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han encontrado consistentemente que los hombres y las mujeres son víctimas de la VD al mismo ritmo básico. El informe La mayoría de los programas educativos de VD carecen de precisión, equilibrio y veracidad, resume los resultados de los CDC y otros estudios sobre este punto.
