Las noticias procedentes de Italia empiezan a sonar como buenos incipientes para una novela de fantasía distópica o como un déjà vu que recuerda a la Unión Soviética. Hace un par de semanas, un nuevo decreto del gobierno de Draghi estableció más normas que restringen la vida de las personas que no han sido inyectadas con el último refuerzo de la vacuna y que, por lo tanto, no pueden mostrar la última versión del Pase Verde. A estos ciudadanos de segunda clase, que ya han sido despojados de su derecho a moverse, trabajar y participar en un gran número de actividades sociales, se les prohíbe ahora entrar en las oficinas de correos para retirar su pensión, y sólo se les permitirá acceder a los supermercados para comprar «bienes de primera necesidad». En otras palabras, el gobierno italiano decide qué tipo de alimentos y qué otros bienes (si los hay) podrán comprar estas personas. No está claro cómo pretende exactamente el gobierno hacer cumplir este nuevo decreto: ¿Veremos a policías metiendo las manos en las bolsas de los compradores? ¿Se considerará el pan como un bien «primario» mientras que la espuma de afeitar y los caramelos serán confiscados? La locura no tiene límites. Y una reciente nota del ejecutivo para aclarar la situación no ha hecho más que empeorar las cosas: el Estado decreta ahora que los no vacunados también pueden comprar productos no primarios en las pocas tiendas a las que se les permite entrar. Por el momento. En otras palabras, Italia es ahora una sociedad en la que tu ámbito de acción llega sólo hasta donde la página web del primer ministro lo permite explícita y graciosamente. ¿Vas a dar un paseo por el parque? Será mejor que consultes la última entrada del blog de Mario Draghi para ver si te concede explícitamente esta libertad.
¿Cómo se ha llegado a esto?
Entre los países occidentales, Italia ha sido uno de los que ha experimentado la negación más sistemática de los derechos civiles básicos en los últimos dos años. Los gobiernos de coalición encabezados primero por Giuseppe Conte y luego por Mario Draghi han otorgado poderes a un comité no elegido de «expertos» llamado Comitato Tecnico Scientifico, que a su vez ha otorgado poderes a los gobiernos asignando un aura científica a cada decreto, cada acción y cada palabra procedente del ejecutivo. Esto ha dado lugar a una serie interminable de medidas de bloqueo que durante largos periodos han borrado la libertad de movimiento, el derecho al trabajo, los derechos de propiedad sobre empresas y comercios, la libertad de reunión, la libertad de culto, e incluso la distinción de esferas jurisdiccionales entre la iglesia y la autoridad política (con burócratas estatales que cierran iglesias y luego reparten pequeñas instrucciones sobre qué ritos pueden llevarse a cabo, cómo deben restringirse las liturgias y cuántas personas, si es que hay alguna, pueden estar presentes en misas y funerales). Mientras tanto, el poder legislativo ha sido humillado, y el gobierno mediante decretos urgentes del ejecutivo se ha convertido en la norma. La propia estructura constitucional del país se ha doblado, y se ha inventado de la nada un nuevo concepto llamado «stato di emergenza» (estado de emergencia), a pesar de que no se encuentra en ninguna parte de la constitución republicana de Italia.
Si no viviéramos en la era de la CNN, de las noticias falsas y de las escandalosas subvenciones concedidas por los políticos a los periódicos y a los medios de comunicación, uno podría preguntarse legítimamente dónde estaban los periodistas mientras todo esto ocurría. De hecho, los periodistas en Italia están entre los principales culpables de la actual realidad distópica, ya que han dado plataformas a «expertos» que estaban de acuerdo con los cierres y otras medidas que ampliaban el control del gobierno sobre todos los aspectos de la vida, mientras que al mismo tiempo se burlaban ferozmente y condenaban al ostracismo a los médicos y científicos que se atrevían a cuestionar la lógica de los mandatos de máscaras al aire libre y los toques de queda para los restaurantes. Cualquiera que se atreviera a señalar las desastrosas consecuencias de un bloqueo prolongado en la salud mental y en las personas que sufren otras patologías, o el vínculo entre la economía y la salud pública, era acusado de ser un «negador del covid». Este es un patrón que seguramente los lectores reconocen, ya que lo han visto en Estados Unidos y en muchos otros países en los últimos dos años. El hecho de que prácticamente todas las opiniones etiquetadas por los medios de comunicación como «teoría de la conspiración» hayan resultado ser ciertas apenas tres o cuatro meses después no ha hecho nada para sacudir la arrogancia de los corruptos medios de comunicación de masas, atrincherados en su monopolio sobre el ciclo de noticias, gracias a su acceso a la financiación estatal y a los favores políticos. Y esto es así en Italia como en casi todo el mundo.
A la administración de Giuseppe Conte le siguió otra coalición de gobierno encabezada por el primer ministro Draghi, no gracias a unas elecciones libres, sino por una maniobra del presidente de la república, Sergio Mattarella. En un solemne discurso pronunciado el 2021, el jefe de Estado explicó al país que era inoportuno celebrar unas elecciones en medio de una pandemia, a pesar de que en el mismo periodo Rumanía y Portugal tuvieron elecciones y su tasa de contagio no se vio alterada. En su lugar, Mattarella confió el gobierno a Draghi, afirmando que éste sería un «gobierno técnico», no partidista, encargado simplemente de las tareas de obtener fondos de la UE y supervisar la campaña de vacunación. Obviamente, la idea de un gobierno «técnico» y neutral es absurda, ya que todo Estado moderno expropia, infla y traslada la riqueza de unos grupos sociales a otros.
No voy a entrar en las numerosas mentiras vertidas por Draghi y sus ministros sobre la eficacia de las vacunas, ni en la serie de grotescas restricciones impuestas progresivamente a los no vacunados. Baste decir que, una vez más, los medios de comunicación fueron cómplices, ya que durante meses cubrieron cualquier fracaso del gobierno de Draghi con acusaciones salvajes contra los «no-vax». Al igual que los acusados de ser «negadores del covid» nunca negaron la existencia del covid, los que ahora son etiquetados como «no-vax» no tienen en la mayoría de los casos nada en contra de las vacunas en sí. Muchos de ellos se limitan a explicar que tomar o no la vacuna debe ser una decisión libremente tomada por cada persona, teniendo en cuenta su edad, su historial clínico y otros factores; y señalan correctamente la superioridad de la inmunidad natural sobre la inmunidad vacunada. Pero estos son detalles sin importancia para los periodistas, que en la rueda de prensa de fin de año ofrecieron un espectáculo digno de una república bananera al saludar a Draghi con vítores y un largo aplauso en lugar de con preguntas inquisitivas. Curiosamente, el cambio de timón de Conte a Draghi ha tenido el efecto de mostrar los verdaderos colores de los liberales italianos, que son en realidad estatistas mal disimulados.
Incluso Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la discriminación de las personas no vacunadas en Italia, mientras que los liberales e izquierdistas italianos vitorean a Draghi. La única oposición coherente y valiente a Draghi proviene de los márgenes y de aliados improbables como el profesor marxista Ugo Mattei y el profesor libertario Carlo Lottieri (amigo del Instituto Mises). Mattei ha denunciado incansablemente la naturaleza inconstitucional del «estado de emergencia», así como el cobarde chantaje a los trabajadores que se ven obligados a decidir entre vacunarse o perder su empleo. Lottieri ha liderado el pequeño movimiento de resistencia entre los profesores universitarios que luchan contra la discriminación de los estudiantes no vacunados y explican cómo la pandemia ha sido una excusa para que los estados modernos den un paso más en su control sobre el cuerpo y la mente de cada individuo.
Las medidas a las que se ha sometido a los italianos en estos dos largos años de estatismo desenfrenado y propaganda descarada no sólo han sido injustas: también han sido totalmente inútiles para combatir la pandemia. Italia ha visto exactamente las mismas trayectorias y plazos en las diferentes oleadas del virus que las experimentadas por países como Suecia o incluso el Reino Unido, donde las libertades y la economía no han sido pisoteadas —¡o al menos no han sido pisoteadas en la misma medida! El fracaso de las oleadas de decretos gubernamentales no es una sorpresa para quienes, habiendo leído a Ludwig von Mises y a F.A. Hayek, saben muy bien que las sociedades humanas son complejas y que debemos ser humildes a la hora de idear soluciones desde arriba. La planificación centralizada —ya sea de la economía o de la sanidad— está destinada al fracaso. Por otro lado, la planificación centralizada sirve a una clase política y a unas corporaciones amiguistas que intentan incesantemente microgestionar nuestras vidas.
