Uno de los mitos más persistentes en el ámbito de la economía es el de los supuestos beneficios del gasto gubernamental en la economía. Los apologistas incluirán el gasto gubernamental en las medidas del producto interior bruto, como si la producción gubernamental fuera realmente «productiva». Un argumento habitual a favor del gasto gubernamental es el gasto en defensa nacional.
El senador de EEUU Tommy Tuberville (R-AL) declaró en Twitter que votaría en contra de un paquete de defensa que enviaría más dinero a Ucrania e Israel. Marc Thiessen, miembro del American Enterprise Institute, citó al senador en Twitter,
El dinero de la ayuda ucraniana se destina a Alabama para producir los siguientes sistemas Sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS), jabalinas, tanques M1A1 Abrams, vehículos de combate de infantería M2A4 Bradley, cohetes Hydra-70, piezas de obuses M777 (Paladin M109A7), vehículos M88A2 Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift Evacuation System (HERCULES) y vehículos blindados de transporte de tropas Stryker.
Esto es crear puestos de trabajo para sus electores y líneas de montaje calientes en fábricas de Alabama que beneficiarán a la seguridad nacional de EEUU.
¿Por qué vota en contra de los empleos de defensa en Alabama?
Se puede discutir la ética del gasto en defensa, pero eso es otra forma de análisis. Es importante desentrañar si esta afirmación es exacta. ¿Es beneficioso un mayor gasto de defensa para los electores y los consumidores?
En primer lugar, describamos con precisión el argumento a favor de un mayor gasto de defensa. El argumento es probablemente el siguiente: la legislación que envía más dinero al Departamento de Defensa saldrá en forma de contratos gubernamentales a los fabricantes privados. Estos fabricantes crearán más puestos de trabajo, crearán más bienes para la defensa y, en general, «impulsarán la economía». Estos empleos dan salarios a los trabajadores que demandan bienes de otras industrias, y así sucesivamente.
El argumento de Thiessen va más allá. Cuando se aprueba una ley, puede estar destinada a contratistas de una determinada localidad. Los legisladores aportan beneficios a sus electores en forma de nuevos puestos de trabajo. Así pues, los legisladores tienen un incentivo para apoyar esa legislación, ya que traerá puestos de trabajo a sus distritos.
A menudo se denomina legislación «pork-barrel». Los legisladores llenan un proyecto de ley que se tramita en el Congreso con asignaciones de gasto gubernamental destinadas a sus electores e intereses especiales. Este método se utiliza para conseguir votos a favor de una ley haciéndola «beneficiosa» para todos los que la apoyan. Se ofrecen enmiendas para conseguir más votos, y los beneficios se distribuyen entre los electores que votarán en las próximas elecciones. Suele utilizarse como táctica para ayudar a leyes con intereses especiales que, de otro modo, serían impopulares.
La primera crítica adecuada a este método se refiere, por supuesto, a la financiación de la legislación y los contratos. No se trata de una crítica ética, sino económica. El gasto gubernamental debe financiarse de alguna manera. Los tres medios son los impuestos, la inflación y los préstamos. O impuestos, impuestos ocultos e impuestos diferidos. Siempre es un impuesto a los ciudadanos.
Los más fáciles de identificar son la fiscalidad normal y el endeudamiento. La fiscalidad es bastante fácil de entender. El endeudamiento implica la emisión de bonos del Tesoro a cambio de dólares privados, con la expectativa de un futuro reembolso de esos bonos con intereses en el futuro. Es una promesa de impuestos futuros.
La inflación se produce cuando los bancos centrales intervienen en este último proceso. El banco central compra bonos del Tesoro a lo que en los Estados Unidos llamamos operadores primarios y crea dinero nuevo en forma de pedidos de moneda física a través de la Oficina de Grabado e Impresión o añadiéndolo a sus cuentas en la Fed. La nueva moneda para financiar el gasto fiscal hará subir los precios en el sector privado, especialmente a través del mercado de préstamos. Todos estos métodos son regresivos.
En el caso de los impuestos simples, el efecto sobre los mercados es bastante claro: Los impuestos se aplican a los ingresos o a un bien o servicio. Cuando van unidos a un bien o servicio, por ejemplo un impuesto sobre los cigarrillos, se produce una pérdida de peso muerto, ya que hay menos intercambio.
Figura 1: Pérdida de peso muerto de un impuesto
Fuente: Wikipedia.
Los impuestos a la renta darán lugar a una reducción de los ingresos. Los ingresos se desviarán únicamente hacia las necesidades más urgentes, lo que podríamos llamar las necesidades de mayor orden. Hay menos capacidad para consumir y demandar bienes que podrían estimular la producción. Hay menos capacidad de ahorro, lo que perjudicará las posibilidades futuras de producción y quizá los mercados de préstamos.
La inflación también afectará al gasto. La inflación aumenta el precio de los bienes y servicios. Empujará a los consumidores a gastar en el momento, por miedo a que los precios sigan subiendo. Esto reduce la demanda de bienes que satisfacen necesidades de menor orden. Los austriacos van más allá y describen cómo se producen los ciclos económicos a través de este proceso. Todos los métodos de financiación distorsionarán las acciones de los consumidores y de los productores que los atienden.
Continuando con la financiación, las acciones de los propios contratistas afectarán al mercado. Para ello es fundamental comprender los precios de mercado. Los precios de mercado son el resultado de las preferencias demostradas por los consumidores. Los consumidores compran o no compran bienes a determinados precios, y los productores toman decisiones anticipando un determinado precio para un bien o servicio. Las acciones de productores y consumidores de acuerdo con sus preferencias y demandas son cruciales para la correcta coordinación de la tierra, el trabajo y el capital.
Los contratistas gubernamentales entran en el mercado con fondos que no les dan los accionistas. Compran capital, alquilan o compran tierras y alquilan mano de obra a cambio de un salario. La acción de un gobierno no es la de los particulares. Se financia con dinero tomado por la fuerza. Estos contratistas no suministran bienes a individuos con demandas, sino que es una agencia gubernamental la que realiza amplias peticiones. Estos contratistas no son un fenómeno natural del mercado que produce bienes para verdaderos consumidores.
Los recursos como la tierra, el trabajo y el capital no se demandan por sí mismos. Se valoran porque se utilizan para producir bienes de orden inferior, siendo el inferior los bienes de consumo. Los panes de hamburguesa que compra una franquicia de McDonald’s no se valoran porque McDonald’s quiera consumirlos, sino porque producen un bien que espera vender. Lo mismo ocurre con los trabajadores que emplea. Su trabajo se exige para producir los bienes que quieren vender a los consumidores. Lo mismo ocurre con la tierra alquilada o comprada para la empresa. Estos recursos son bienes de orden superior.
Los empresarios deciden qué tierras, mano de obra, capital y procesos emplear en función de sus previsiones sobre los precios de mercado del bien de menor valor que producen. El contratista gubernamental no opera de esta manera. El contratista gubernamental ya tiene ingresos asegurados por contratos. No responde a los precios de mercado y, por lo tanto, tampoco responde a su demanda de bienes de mayor valor (los recursos utilizados para crear un bien de menor valor).
Los recursos que normalmente se destinarían a producir bienes para los consumidores son demandados en cambio por los contratistas que atienden al gobierno. Compiten por el capital y afectan a los precios de mercado de los bienes de mayor demanda. El aumento de la demanda de estos bienes elevará sus precios y los contratistas del gobierno desviarán recursos de las industrias que crean bienes de consumo. Los consumidores salen perjudicados y los recursos se destinan a los contratistas.
Así llegamos al «problema de los bienes públicos». El análisis típico de los bienes públicos describe un bien público como un bien que es «no excluible» y «no rival». Esto significa que un bien público está a disposición de todos los ciudadanos, no disminuye su oferta con el uso, o ambas cosas. El problema es que muchos de los llamados bienes descritos podrían no cumplir estas condiciones. Sería mejor describir un bien público como un monopolio gubernamental sobre un bien o servicio.
Los problemas de los bienes públicos son el polizón y la falta de precios adecuados. En este artículo nos centraremos en este último. La falta de precios en el mercado implica una falta de demanda o un monopolio total de los bienes por parte del gobierno. La demanda de estos bienes no es el resultado de que los particulares exijan aviones de combate, nuevos buques de guerra y misiles. Tal vez si se les permitiera lo harían, pero por ahora son el resultado de las proclamaciones del gobierno.
La demanda de estos bienes por parte de los fabricantes no refleja la demanda real de los consumidores. No son bienes que vaya a consumir el americano medio. Estos bienes no son «productivos» (es decir, el resultado del mercado natural). En lugar de tener bienes que ayuden al consumidor, recibimos las órdenes de los políticos y del Departamento de Defensa que están supeditadas a algún conflicto esperado en el futuro.
Contrariamente a lo que sostiene el Sr. Thiessen, un mayor gasto gubernamental no ayudará necesariamente a los americanos. Los métodos de financiación del gasto distorsionarán el mercado perjudicando a consumidores y productores. Sea cual sea el método impositivo utilizado —ordinario, diferido u oculto—, el mercado se desviará de sus actividades naturales. Los recursos, incluidos la mano de obra y el capital, que fluirían hacia los verdaderos bienes de consumo se desvían en su lugar hacia las demandas del gobierno. En lugar de permitir que el mercado proporcione los bienes y servicios materiales que demandan los consumidores, el gobierno desvía recursos de la América productiva. Cavar zanjas no contribuye al bienestar de los ciudadanos.
