La frase común «El poder no hace el bien» resuena como un principio universal, ya que relaciona claramente la idea de que ser poderoso no hace que las acciones de uno sean inherentemente justas. La mayoría de la gente está de acuerdo intuitivamente con este concepto. De hecho, sugerir lo contrario probablemente provocaría sospechas y, si se actuara en consecuencia, condena. Una persona que justifique sus acciones únicamente por su poder o su fuerza sería vista como un mal actor y evitada por los demás.
Sin embargo, este simple dicho puede decirnos mucho más que cómo debemos actuar en nuestros asuntos personales y contiene verdades útiles sobre cómo puede funcionar en la realidad una sociedad libre o libertaria. Después de todo, el uso del término «correcto» en la frase implica la existencia de una moralidad objetiva, un marco ético independiente de la dinámica de poder en cualquier conflicto. Este concepto de moralidad objetiva constituye una base importante para comprender la justicia, la equidad y el tipo de cultura e instituciones necesarias para crear y mantener sociedades libres.
El papel de la fuerza en la consecución del derecho
En primer lugar, es necesario hacer algunas aclaraciones. Aunque «la fuerza no hace el derecho» es un principio noble, los conflictos del mundo real revelan a menudo que el derecho sigue requiriendo la fuerza para prevalecer. Si una parte agrede a otra, la parte agredida debe seguir controlando recursos suficientes —ya sean materiales, institucionales o comunitarios— para hacer valer su derecho. La justificación moral por sí sola no obliga necesariamente a los agresores a poner fin a sus acciones o a reparar el daño causado.
De hecho, la ventaja de una sociedad libre no es que elimine la necesidad de la fuerza —los liberales no son utópicos—, sino que hace que la fuerza sea más accesible a quienes la merecen y menos accesible a quienes no la merecen. Imaginemos una sociedad en la que las disputas se resuelven exclusivamente por la fuerza, sin apelar a la moralidad. En una sociedad así, la parte agraviada necesitaría siempre una fuerza abrumadora para obtener justicia, algo que no todas las partes agraviadas pueden tener. Consideremos ahora una sociedad que valora la moralidad. La víctima sigue necesitando recursos para hacer valer sus reclamaciones. La diferencia radica en los sistemas de apoyo disponibles: una sociedad que defiende los principios morales permite el uso de mecanismos institucionales —como cortes y organismos encargados de hacer cumplir la ley— para apoyar a la parte justa, mientras que priva al agresor de tales ventajas.
Así, aunque la fuerza no justifica las acciones, suele ser necesaria para traducir el derecho moral a la realidad práctica.
Instituciones de justicia en una sociedad libre
En nuestro mundo, los actores intencionados hacen uso de recursos escasos, incluidos sus propios cuerpos y otros bienes a los que tienen derecho. Los conflictos surgen cuando individuos o grupos se disputan las reclamaciones sobre estos recursos. Las leyes, por lo tanto, existen para proporcionar normas para resolver tales disputas de una manera moralmente correcta.
Según el teólogo y filósofo del siglo XIII Tomás de Aquino, la virtud de la justicia consiste en «dar a los demás lo que les es debido». Para que las leyes sean justas, deben ajustarse a normas morales objetivas, presuponiendo que la rectitud o la bondad son descubribles. Sin la existencia de una moralidad objetiva, ninguna resolución podría considerarse universalmente preferible, dejando esencialmente ambiguas todas las resoluciones de disputas y abandonando a la sociedad a un paradigma insatisfactorio de «el poder hace el bien».
Por lo tanto, una sociedad verdaderamente libertaria o libre debe establecer instituciones ampliamente respetadas para descubrir resultados moralmente justos en las disputas y hacer cumplir esos resultados. Pero, en primer lugar, ¿cómo pueden determinarse objetivamente los resultados moralmente justos?
Argumentación y principio de no agresión
La moralidad objetiva se descubre más eficazmente a través de la argumentación, un proceso sistemático de razonamiento para apoyar ideas o acciones. La argumentación es intrínsecamente pacífica y presupone ciertas normas morales, como el reconocimiento de los derechos de propiedad. Por ejemplo, los participantes deben ser dueños de sus cuerpos y de los recursos necesarios para mantener su participación. Además, al argumentar, los individuos aceptan implícitamente el principio de no agresión (PNA), que afirma que la fuerza no provocada contra la persona o la propiedad de otro es intrínsecamente incorrecta. La fuerza sólo está justificada para contrarrestar una agresión o su amenaza inminente.
Esto se debe a que argumentar a favor de la agresión es contraproducente, ya que cualquier norma basada en la agresión contradice la premisa pacífica de la argumentación y no puede considerarse justa. Argumentar en contra del uso de la argumentación para resolver disputas y al mismo tiempo participar en la argumentación es una contradicción lógica y performativa. Si alguien realmente creyera en la agresión por encima de la razón, simplemente actuaría de acuerdo con esa creencia sin recurrir a la argumentación en primer lugar.
Al comprometerse a descubrir el resultado más justo en caso de disputa a través de la argumentación, los participantes se encuentran automáticamente en el camino correcto y sólo necesitan tener en cuenta todos los hechos relevantes y ser coherentes en su razonamiento a lo largo del camino para ofrecer una resolución objetivamente moral al conflicto en cuestión.
Un marco libertario para la justicia
Para que una sociedad libertaria funcione, un número suficiente de sus miembros e instituciones deben dar prioridad al descubrimiento de sentencias justas que sean coherentes con el principio de no agresión sobre el uso irracional de la fuerza. Cuando éste sea el caso, aquellos que busquen una justicia genuina descubrirán que son capaces de movilizar una mayor fuerza, o poder, a su favor que sus adversarios malhechores.
En una sociedad así, los jueces podrían ser elegidos en función de su reputación y de su historial de fallos justos. Estos jueces arbitrarían los litigios y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, también elegidos por sus capacidades, actuarían dentro de los límites de la sentencia de un juez para lograr el resultado deseado.
Cuando se aplica de forma coherente, este enfoque tiene implicaciones políticas significativas, en particular que ninguna institución, incluido un gobierno, tendría el monopolio de la fuerza o la justicia, ya que esto requeriría un acto de agresión por parte del gobierno para suprimir a los proveedores alternativos de estos servicios. Por lo tanto, los órganos de gobierno tendrían que funcionar únicamente mediante el consentimiento mutuo y la adhesión al principio de no agresión, lo que los asemejaría más a las asociaciones de propietarios de viviendas, los operadores de centros comerciales o las sociedades de ayuda mutua que a los Estados irresistibles a los que nos enfrentamos hoy en día.
Este resultado descentralizado garantiza que ninguna entidad ejerza un poder incontrolado. Los jueces y los agentes encargados de hacer cumplir la ley obtendrían legitimidad de su adhesión a normas morales objetivas, no de mandatos estatales. Cualquier intento de un órgano de gobierno de actuar a la vez como juez y ejecutor, especialmente en sus propios conflictos, socavaría su credibilidad y correría el riesgo de ser rechazado por la sociedad.
La financiación de estos servicios privados de resolución judicial y ejecución sólo podría tener lugar de forma voluntaria. Aunque la financiación caritativa es posible en la mayoría de los casos, es más probable que sea financiada por las partes que hacen uso de los servicios necesarios, ya sea directamente o a través de pólizas de seguros u otra forma de financiación. Dada la ausencia de un monopolio estatal y la posibilidad de múltiples proveedores, es probable que la dinámica del libre mercado garantice que el coste y la calidad de los servicios de resolución y ejecución se optimicen constantemente en beneficio de los consumidores.
Los requisitos culturales de la libertad
La teoría libertaria no prescribe un marco completo de cultura o estilo de vida, sino que permite la proliferación pacífica de infinitas formas de vivir. Sin embargo, sea cual sea la forma que adopte una sociedad libre, en el fondo la libertad requiere una cultura intelectual y espiritual de toda la sociedad que valore la justicia y la razón por encima de la fuerza bruta para sobrevivir. Para que la libertad florezca, un número suficiente de individuos e instituciones deben abrazar el principio de que es posible descubrir una moralidad objetiva, de que la fuerza no hace el bien, y actuar en consecuencia. Una cultura de este tipo garantizaría que la fuerza cayera generalmente del lado del bien, asegurando que prevaleciera una condición general de paz y seguridad.
Históricamente, las sociedades influidas por el cristianismo han proporcionado un terreno fértil para tales preferencias culturales. La creencia de que la moral se origina en un Dios eterno, justo y amoroso, y no en construcciones humanas, puede explicar por qué la civilización occidental —a pesar de muchas interrupciones de tiranos, déspotas e ideologías contrarias a la libertad— se ha inclinado con frecuencia hacia la libertad.
Hoy en día, ganar corazones y mentes es esencial para hacer avanzar la libertad. Los defensores libertarios no sólo deben centrarse en la teoría política y económica, sino también promover una cultura de justicia razonada y rechazar las tendencias hacia el relativismo y el nihilismo que plagan nuestro panorama intelectual y cultural actual. Si tienen éxito, estos esfuerzos garantizarán que cuando surjan oportunidades para reducir el poder del Estado, se aprovechen y se construyan con éxito. Una sociedad libre y todos los beneficios que ello conlleva dependen no sólo de sus instituciones, sino también de la voluntad colectiva de sus ciudadanos de hacer honor al dicho «el poder no hace el derecho», por muy atractivo que pueda parecer el camino de ceder o participar en la agresión.
