Según la sabiduría convencional, uno de los requisitos previos para una sociedad civilizada es un sistema de licencias públicas obligatorias para numerosas ocupaciones.
Las leyes de licencia establecen los estándares (por ejemplo, educativos) que tiene que cumplir la gente antes de que se le permita legalmente vender servicios concretos. El gobierno dice que las seguridad y bienestar de los competidores le empuja a aprobar estas leyes, que aseguran la calidad superior de diversos productos y servicios adquiridos por consumidores, frente a los que habría disponibles en ausencia de dichas leyes.
Por desgracia, las licencias legales también crean desempleo e infraempleo, lo que afecta desproporcionadamente a los pobres, produciendo al tiempo rentas superiores para los empleados en las ocupaciones protegidas, precios más altos para los consumidores, con menores opciones disponibles para estos, alejándonos así del objetivo público declarado.
Licencias médicas
Si pudiera haber solo una ocupación sometida a licencia legal, la mayoría de la gente probablemente diría que deberían ser los doctores. Sin embargo, antes de la intervención pública de las licencias, nuestros antepasados tenían una opinión distinta. En Canadian Medicine, A Study In Restricted Entry (p 125), Ronald Hamowy escribía:
A pesar de las acciones del Colegio para eliminar a los médicos no registrados, la gente continuaba oponiéndose firmemente a la persecución de estos doctores a lo largo del siglo XIX. Tampoco lo creían el Colegio y las revistas médicas cuando insistían en que su campaña contra los “charlatanes” estaba pensada para distinguir a los médicos con formación de los no cualificados. (…)
Muchos canadienses, especialmente los más pobres, siguieron consultando a médicos sin licencia, cuyas tarifas eran inferiores y no parecían menos competentes a la hora de prescribir medicación que sus compañeros registrados. El intento de la profesión de eliminar a estos doctores no estaba motivado por un interés altruista por mejorar la calidad de la atención médica ofrecida al público, sino por el deseo de disminuir la competencia, lo que a su vez aumentaría sus ingresos.
Durante más de dos siglos, los economistas, incluyendo a Milton Friedman, han apreciado los motivos ulteriores que subyacían la imposición de las leyes de licencia. Como escribía el economista Murray Rothbard (p. 1097):
Por certificación me refiero a la aprobación, ya sea mediante examen o por cualquier otro método, de los profesionales médicos por algún organismo semipúblico o privado que no esté autorizado legalmente para restringir la entrada en la profesión ni para impedir la práctica de médicos no certificados. (…)
No hay evidencias contundentes de que las licencias, al contrario que la certificación, mejoren la calidad de la atención médica disponible para el público: de hecho, hay muchas evidencias que sugieren que la verdad es la contraria. E indudablemente estos efectos explican por qué las leyes de licencia médica se han aprobado originalmente a requerimiento de la propia profesión y raramente han sido promovidas por los consumidores de atención médica, sus supuestos beneficiarios.
Igual que en el campo médico, lo mismo pasa prácticamente en todas las ocupaciones sometidas a licencia. Diversas asociaciones profesionales, no los consumidores, cabildean ante el gobierno para aprobar nuevas leyes de licencia o añadir nuevas restricciones a las actuales.
Al apreciar que las diferencias en el campo médico son contraproductivas, debería ser evidente que deberían derogarse todas las licencias. Desde el depilado de pestañas, al cuidado de perros, a los floristas, a los strippers, al trenzado de pelo, al segado de césped, hay numerosas ocupaciones cuyas licencias solo sirven para proporcionar ingresos al gobierno y beneficios a los intereses creados, todo a costa de consumidores y buscadores de empleo.
Los estudios han demostrado que las licencias reducen la cantidad de personas empleadas en las ocupaciones licenciadas, lo que, al haber suprimido coactivamente la competencia, a menudo genera una menor calidad de los servicios ofrecidos al público, que es exactamente lo contrario de lo que nos promete gobierno.
El gobierno no practica lo que predica
La verdadera preocupación del gobierno acerca de los riesgos para el público queda a la vista por el hecho de que este frecuentemente ignora sus propias leyes de licencia. Tampoco la manera en que se aplican las leyes nos convence de que estas existan para proteger a los consumidores. Aquí van dos ejemplos.
Primero, en Ontario, todas las casas de acogida deben tener licencia o estar aprobadas y están sometidas a inspecciones regulares del gobierno. Sin embargo, el gobierno ha reducido sus inspecciones, incluyendo menos inspecciones de la alimentación “cuando al menos tres casas han sido demandadas por supuestos errores que han causado que los residentes se hayan ahogado”. En lo que parece una típica respuesta burocrática a una de las muertes por ahogamiento, el gobierno llevó a cabo una investigación y publicó un informe de seis páginas anunciando que “el Licenciado no ha [seguido los procedimientos adecuados]”. ¿Se revocó la licencia? No.
Segundo, una investigación sobre las deplorables condiciones de vida de un inquilino en London, Ontario, revelaba que el ayuntamiento desobedeció sus propias normas de licenciamiento de unidades residenciales alquiler, así como la ley de alquileres residenciales de Ontario.
La hipocresía (o incompetencia) del gobierno es claramente evidente. La palabra “licencia” no es un sinónimo de “competencia”.
Tampoco la palabra “político”.
